Decisión judicial retrasaría, de nuevo, objetivo del gobierno de reanudar fumigación con glifosato

La Comisión Nacional de Territorios Indígenas identificó que en más de 1’133.000 hectáreas se traslapan territorios étnicos con áreas que serán fumigadas con glifosato.

Foto: Policía Nacional

Justo cuando el panorama para que el Gobierno Duque pudiera retomar las aspersiones con glifosato parecía más claro, luego de haber logrado en diciembre pasado la audiencia pública para la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del programa de fumigación, una nueva decisión judicial parece ponerle un freno al proceso. Una tutela presentada por todas las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas del Pacífico Nariñense, agrupados en la Redhpana, y el colectivo Orlando Fals Borda logró que una resolución de la dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior, que había estado en el fondo de la discusión para el regreso del glifosato, fuera suspendida.

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Se trata de la Resolución 001 de 2020, en la que la Dirección de Consulta Previa del Mininterior certificaba que en el área de los 104 municipios de los seis núcleos geográficos en los que se pretende asperjar estaban excluidos los territorios étnicos, por lo cual no procedía el mecanismo de consulta previa, un derecho para estas comunidades. Con base en ello, el PMA que elabora la Policía, quien ejecuta ese programa de fumigación, siguió su curso en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en donde el 19 y 20 de diciembre del año pasado surtió audiencia pública ambiental, luego de que ese espacio fuera suspendido varias veces por decisiones judiciales, después de que organizaciones sociales habían entutelado ese encuentro.

En esta nueva tutela las comunidades del Pacífico nariñense y el Fals Borda pedían como medida provisional, es decir, antes del fallo, que se suspendiera esa resolución y se reevaluara la afectación directa que, a su juicio, sí tendrían los territorios étnicos. En estos últimos, además, incluyeron los territorios que están en trámite de constitución de resguardos y consejos comunitarios.

El Tribunal Superior de Pasto, en decisión de este miércoles 13 de enero, admitió la tutela y además acogió la medida provisional que se pedía en ella por lo cual “se ordena la suspensión de la Resolución 001 de 2020 emitida por la dirección de consulta previa del Ministerio del Interior, hasta tanto se resuelva de manera definitiva la presente acción constitucional”, según se lee en la decisión.

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Desde el colectivo Orlando Fals Borda explicaron a Colombia2020 que la decisión implica “que los efectos de dicha resolución quedan suspendidos, sin efectos jurídicos y por lo tanto, se abre la posibilidad de que para el trámite de modificación de licenciamiento ambiental que se requiere para el reinicio del programa de fumigación sea necesario agotar el proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado. No se ordena la realización de la consulta, eso esperamos que suceda en la decisión de fondo, pero sí se suspende la orden de no hacer consulta previa”.

Las otras vías jurídicas abiertas que frenarían la fumigación

Pese a que en junio de 2019, desde Londres (Reino Unido), el presidente Iván Duque y el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, anunciaban que el regreso de las aspersiones era “cuestión de semanas”, de eso ha pasado ya más de un año y medio, ha pasado más de la mitad del mandato de Duque, y el gobierno no ha logrado despegar las avionetas, que dice tener listas.

Pero haber sacado adelante la audiencia pública de la ANLA para el Plan de Manejo Ambiental se había leído como un paso decisivo para el proceso. Era tan importante esa audiencia, que durante 2020 un sinnúmero de organizaciones sociales, jurídicas, étnicas y campesinas entutelaron su realización, argumentando que de manera virtual no era posible garantizar la participación de las comunidades afectadas. Esa participación es un requisito que estipuló la Corte Constitucional en 2017, cuando reafirmó la suspensión de la fumigación con glifosato, que había establecido dos años antes el Consejo Nacional de Estupefacientes, en 2015, siguiendo recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, organismo que ha reconocido su toxicidad cancerígena y del Ministerio de Salud.

Inicialmente programada para el 27 de mayo, la audiencia fue suspendida por un fallo de tutela de un juzgado de Pasto que les dio la razón a las organizaciones y luego ratificada en segunda instancia por el Tribunal de Nariño. Fue reprogramada para el 1° de septiembre, pero luego fue suspendida de nuevo hasta que la ANLA y la Policía le argumentaron a ese juzgado que habían adelantado todas las acciones necesarias para garantizar la participación, y se programó para el 19 de diciembre, cuando finalmente se hizo.

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Si bien esa licencia ambiental es solo un requisito para que pueda sesionar el Consejo Nacional de Estupefacientes, donde se toma la decisión final, retrasó todo el cronograma del Gobierno. Una fuente que conoce la ruta desde adentro del Ministerio de Justicia, le dijo a Colombia2020 que, en el cronograma inicial, con la audiencia pública el 27 de mayo, la aspersión iniciaría el 17 de agosto de 2020. Esto contando, por supuesto, que tras la audiencia, la ANLA aprobaría el PMA de la Policía.

La seguridad en ese cronograma se debe a que los otros requisitos que tiene en cuenta el Gobierno para reanudar la aspersión dependen de ellos. Por un lado, el decreto que regula la aspersión, del cual se sabe que estuvo colgado en la página del Minjusticia durante un mes, desde el 30 de diciembre de 2019, para comentarios de la ciudadanía. Se obtuvieron más de 50 observaciones y durante el año pasado estuvieron contestándoles a los ciudadanos. Ese decreto estaría listo.

Por otro lado, los conceptos favorables del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud, requisitos que vienen de la ley 30 de 1986. El primero, según conoció Colombia 2020, está listo. Del segundo se sabe que esa cartera y el Instituto Nacional de Salud lo encargaron a la Universidad de Córdoba, que hacia mediados del año pasado solamente había entregado un estudio para uno de los seis núcleos en los que se planea asperjar, el de Meta-Guaviare-Vichada. Por eso, en el plan inicial el Consejo Nacional de Estupefacientes iba a aprobar la fumigación solamente para esa región. A hoy no se conoce si los estudios para los otros cinco núcleos geográficos ya están listos.

Ahora bien, en diciembre pasado, 13 organizaciones sociales, entre las que se encuentran el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) y la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), radicaron ante la Corte Constitucional una solicitud de revisión de la tutela que pasó por el juzgado de Pasto y el Tribunal de Nariño, la que logró posponer varias veces la audiencia pública de la ANLA.

Allí, principalmente, piden a la Corte que revise dos cosas: por un lado, que el PMA de la Policía no cumplió, según argumentan, con el derecho de las comunidades a la información y a la participación no solo en la audiencia pública virtual, sino en todo el trámite, incluso antes de radicarlo ante la ANLA. Esto, pues debía construirlo y socializarlo con las comunidades afectadas. Según esa solicitud, la Policía argumentó que dicha socialización no se hizo por riesgos de seguridad para las comunidades.

“La orden de la Corte en 2017 fue no solamente ‘haga un proceso de licenciamiento ambiental’, sino ‘escuche realmente a las comunidades afectadas, qué han padecido, cuáles son los daños que han sufrido, cuáles son sus preocupaciones y frente a eso ajuste el plan’. Eso no se hizo. Aquí lo que se hizo fue que la Policía ajustó el plan como quiso y la ANLA hizo un remedo de audiencia, a pesar de que se le advirtió de todas las formas posibles que no había garantías para la participación efectiva”, cuestionó Jhenifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).

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Una visión que comparte incluso el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, Diego Trujillo, pese a que reconoció los esfuerzos de las entidades para garantizar la participación: “Tanto la ANLA como la Policía hicieron un gran esfuerzo, pero no se vio reflejado en la participación de las comunidades, porque en pandemia y debido a la poca conectividad en las zonas rurales no se pudo contactarlas. Eso sería un vicio muy grave, porque la orden de la Corte es clara en cuanto a que la participación tiene que ser garantizada”.

Sobre este punto, desde el ministerio de Justicia le respondieron a Colombia2020 que no se pronunciarían oficialmente pues la decisión sobre el PMA está hoy en manos de la ANLA y cualquier pronunciamiento podría ser leído como una presión indebida para que aprueben el plan.

El otro asunto fundamental que revisaría la Corte es la consulta previa, una discusión que sigue abierta y sobre la que se pronunció ahora el Tribunal de Nariño. La CNTI, por ejemplo, identificó que en más de 1’133.000 hectáreas, en 54 municipios, se traslapan territorios étnicos de 40 pueblos indígenas con áreas que serán fumigadas con glifosato. Además, argumenta que en este momento hay más de 1.000 solicitudes para la constitución de resguardos que están represadas en la Agencia Nacional de Tierras, sobre las cuales no se conoce la totalidad del territorio que está solicitado. Apenas se sabe que 400 de esas solicitudes pretenderían un área de 3.500.000 hectáreas aproximadamente.

Pero además de esos asuntos pendientes, tampoco se ha resuelto otra de las órdenes de la Corte Constitucional, que estableció mediante el auto 387 de 2019: el respeto por el punto 4 del Acuerdo de Paz. Allí se fijó una jerarquización entre los métodos de erradicación, que prioriza la sustitución voluntaria, luego la erradicación manual forzada y solo después de intentar esas dos vías, la aspersión aérea. Para cumplir con ese criterio de la Corte y del Acuerdo de Paz, el gobierno tendría demostrar que demostrar que en un territorio intentó implementar el programa de sustitución, este falló, luego intentó erradicar las matas con la fuerza pública pero tampoco fue posible y solo así podría asperjar.

Teniendo en cuenta esos elementos sin resolver, también en diciembre pasado la Coccam y el Cajar radicaron ante la Corte Constitucional una solicitud para que reasuma la competencia en el seguimiento a las órdenes dictadas en la sentencia t – 236 de 2017 y al auto 387 de 2019 y verifique si en todo el procedimiento el Gobierno ha cumplido con los requisitos que ese alto tribunal fijó.

De continuar adelante con el procedimiento, aún con varios de esos vicios, es muy probable que alguno de los elementos necesarios sea demandado. Así lo explicó Isabel Pereira, coordinadora del área de política de drogas de Dejusticia. “Hay mucha sociedad civil organizada que en caso de que lo adopten rápido iría a demandar eso, nosotros incluidos, y eso entorpecería el proceso, no por entorpecerlo sino por el enorme riesgo que representa”.

Ello implica que las avionetas podrían despegar, pero pocos meses después el programa lo tumbarían jurídicamente. Algunas fuentes consultadas para este artículo señalaron que al Gobierno no le interesaría tanto que perdurara en el tiempo, sino mostrar que salió y alcanzar a reducir el número de hectáreas en el país, una de sus principales apuestas. Además, resaltaron la presión que para esa aspersión ha venido desde la administración Trump.

Lo cierto es que en el trámite para reanudar la aspersión al gobierno colombiano lo cogió el cambio de administración en Estados Unidos y la llegada del demócrata Joe Biden. Aunque algunos han hablado de que esa nueva administración podría significar un cambio en la política exterior de drogas del país norteamericano, el analista de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Adam Isaacson sostiene que la llegada de Biden no significará un timonazo en la política de drogas, teniendo en cuenta que él no ha sido especialmente crítico con la fumigación con glifosato y de hecho hizo parte del Plan Colombia en el año 2000, que multiplicó las aspersiones.

Sin embargo, sí habrá menos presión por parte de su administración sobre el gobierno colombiano que la que se vio durante la administración Trump. “No creo que en la administración Biden van a ‘regañar’ al gobierno de Duque por no fumigar. Más bien será como en el segundo periodo de Barack Obama, donde no hubo una presión particularmente fuerte. Creo que preferirán mucho más apoyar la estabilidad territorial: más los programas de Archila, que los programas de Holmes Trujillo; pero si les toca apoyar ambas prioridades es muy fácil imaginarlos haciéndolo así”.