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En los municipios de Mesetas y Uribe (Meta) la población civil, 472 excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc y especialmente los líderes indígenas y campesinos están en alto riesgo de violaciones de derechos humanos, como asesinatos selectivos individuales y múltiples, desplazamiento, amenazas, desapariciones forzadas, minas antipersonales y tomas de poblaciones, debido a la presencia, cada vez mayor, de los frentes 1, 7 y 40 de las disidencias de las Farc y el asedio de Grupos Armados Organizados Sucesores del Paramilitarismo, autodenominados en la región como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y Bloque Meta. Así lo advierte la Defensoría del Pueblo en la Alerta temprana 026-2020 del pasado 19 de junio, que ya está en manos del Ministerio del Interior.
La entidad señala que estas amenazas expresan la debilidad del Estado en esta región, así como la alta presión por los recursos naturales del territorio (minería, tierra y medio ambiente). Así, estos municipios que fueron epicentro de la guerra vuelven a serlo después de la firma del acuerdo de paz.
Sobre las facciones disidentes de las Farc, según la Defensoría, buscan reinstalar su poderío militar en estos sitios. “De lograrlo, podrá extenderse hacia el interior del país (valle del alto Magdalena y al Sumapaz para acceder al altiplano de Cundinamarca), con los Llanos Orientales, las sabanas del Yarí y la Amazonía (Guaviare y Caquetá)”, señala la alerta.
La ocupación del territorio la han hecho de varias maneras, como con “homicidios selectivos de la población que consideran tiene antecedentes con su organización, excombatientes que se niegan a acceder a sus pretensiones u otras personas que no contribuyan forzosamente a sus demandas. Lo anterior se observa en los casos de homicidios, atentados perpetrados, amenazas e intimidaciones vía panfletos o llamadas o mensajes por las redes sociales que se han identificado en los últimos meses”. De esta manera pueden capitalizar las rentas ilegales del narcotráfico, otras economías ilícitas y actividades formales como el cobro de rentas por la comercialización del ganado y de la tierra.
La Defensoría evidencia una situación aún más compleja: la utilización de los líderes a través de la intimidación. “Para garantizar su completa legitimidad en la población y el territorio, también han infiltrado mediante coacción e intimidación violenta todos los espacios de participación social y de ejercicio de justicia comunitaria. Lo anterior se realiza a través de las Juntas de Acción Comunal e instrumentación de los dignatarios comunales, para que sean sucedáneos con sus directrices insurgentes”. Esto pone en un riesgo mayor todos los liderazgos y al resto de la población que debe seguir las imposiciones que determinen los diferentes grupos de disidencia que, además, funge como resolutor de conflictos.
“Como si se hubiera instituido un manual de conductas para los residentes del territorio, la población se ve coartada en sus derechos y en su voluntad a tener que hacer lo que el grupo armado le impone, a nombre de una supuesta decisión comunitaria, como si en tales decisiones todos y todas participaron y estuvieron de acuerdo”, se dice en el documento.
Por otro lado, están los Grupos Sucesores del Paramilitarismo, que si bien no se han consolidado en el territorio, sí lo asedian realizando incursiones eventuales. “De lograr penetrar las fronteras municipales de Mesetas y Uribe, (…) es factible la exacerbación de la violencia letal, materializada en homicidios, tanto selectivos como múltiples, desapariciones forzadas, afectaciones como consecuencia de las acciones bélicas (atentados con minas y/o armas trampa y MUSE), enfrentamientos con interposición de población civil, utilización de métodos para generar terror e intimidación en la población civil (amenazas mediante panfletos, mensajes de texto y verbales), destrucción de bienes civiles, desplazamientos forzados y utilización ilícita y reclutamiento forzado de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y población vulnerable”.
Estas situaciones ya han sido advertidas anteriormente por la misma Defensoría. Por ejemplo, la Alerta Temprana de inminencia No. 047-18 de mayo de 2018 advirtió sobre la vulneración a los derechos de propiedad y riesgo de desplazamiento. Para entonces, alrededor de 24 familias que fueron desplazadas por las Farc en los 90 habían retornado. Sin embargo, en ese mismo mayo de 2018 tuvieron que abandonar sus tierras nuevamente, debido a la intimidación de presuntos integrantes del frente 40 (también llamado frente Tercero) de las disidencias de las Farc. Además, a esta misma zona llegaron familias desplazadas de otras regiones y se asentaron en predios particulares, conflictos que entra a mediar el grupo armado.
Las comunidades también viven “con temor constante ante la advertencia de (Henry Castellanos) “Romaña”, quien amenazó luego de apartarse del proceso de Paz, que regresaría a recuperar las tierras que antes ocupaban las FARC. Dicha advertencia se focaliza en todas las veredas localizadas entre los ríos Duda y Guayabero, constituyendo un corredor de Sur a Norte, que conecta áreas del Parque Tinigua con zonas del Sumapaz”.
Por esta razón, la Defensoría hace un especial llamado a las entidades estatales para que tomen acciones que protejan a los campesinos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes, líderes y lideresas del territorio, comunidades indígenas y excombatientes en proceso de reincorporación. El riesgo que corren lo califican como alto. La entidad hace 33 recomendaciones a entidades entre las que están la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) del Mininterior, la Fuerza Pública, las administraciones locales, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, entre otras.