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En un documento de doce páginas y con el rótulo de “alerta temprana de inminencia”, la Defensoría del Pueblo hace un fuerte llamado a las instituciones del Estado por lo que está sucediendo con los pobladores de la región de El Naya, ubicada entre los municipios de Buenaventura (Valle) y López de Micay (Cauca).
“Con la salida de las Farc se han configurado nuevas estructuras que quieren hacerse a los corredores de movilidad y a las economías ilegales…La tardía llegada de las instituciones civiles y militares para copar los espacios que dejaron las desmovilizadas Farc-Ep ha favorecido la incursión de dichas estructuras”, señala el informe conocido por este diario.
Según la Defensoría, están en riesgo los indígenas, afrodescendientes y campesinos del corregimiento de El Naya, Buenos Aires (Norte del Cauca); los pobladores del Consejo Comunitario de El Naya y los comuneros del pueblo aborigen Epeara Siapirara, estas últimas comunidades asentadas en la jurisdicción de Buenaventura. Son más de 25.000 habitantes que ocupan las riveras el río Naya desde lo más alto de la cordillera occidental hasta desembocar en el océano Pacífico.
Y es en la punta de esa cordillera donde empieza El Naya. En Buenos Aires, donde está ubicado el Espacio Territorial de Reincorporación La Elvira y donde dejaron las armas los combatientes de los frentes 6, 30 y la columna Jacobo Arenas de las Farc. Cerca de ahí, el 20 de abril de este año, en las veredas El Playón y Sinaí hizo presencia una escuadra que se autodenominó Guerrillas Unidas del Pacifico, el mismo grupo que comanda Walter Patricio Arizala, conocido como “Guacho”, en el Pacífico nariñense. El mismo que secuestró y asesinó a los tres periodistas ecuatorianos. Esta semana fue capturado en Llorente (Nariño) su hermano, Juan Gabriel Arizala, mientras las autoridades le pisan los talones a “Guacho”, en busca de desarticular una de las disidencias más fuertes tras el fin del conflicto con las Farc. En días posteriores ese grupo también fue visto en la parte baja de El Naya.
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Luego, el pasado 27 de abril, a la vereda Pueblo Nuevo Ceral, en horas de la noche ingresaron dos vehículos, una camioneta doble cabina y un camión turbo en el que se transportaban hombres y mujeres, algunos vestidos de civil y otros de camuflado. La vía es aledaña al espacio territorial de La Elvira, por lo que la Defensoría expresa amplia preocupación por los señalamientos de los que han sido objeto los excombatientes de las Farc que se acogieron al acuerdo de paz: los tildan de traidores.
El 28 de abril los pobladores fueron obligados a participar en una reunión en el sector conocido como El Despunte del corregimiento Naya. “Estuvieron cerca de 200 hombres y mujeres armados. Le manifestaron a la comunidad que eran disidentes de las Farc-Ep y que anteriormente pertenecían al Frente 6 y a la columna móvil Jacobo Arenas. Dijeron que llegaban allí para hacerse al control del territorio”, resalta la alerta temprana.
Lo que más preocupa a las autoridades de Cauca y Valle son las confrontaciones de estos grupos ilegales, intentando quedarse con el poder del corredor estratégico para el narcotráfico. Esto ha significado desplazar, confinar y desaparecer líderes de la región. Desde marzo pasado están en confrontación, pero se habla de que a principios de mayo hubo acuerdos entre las Guerrillas Unidas del Pacífico y algunas estructuras disidentes de las Farc.
Por eso, el 19 de mayo se mostraron los dientes. De un lado, los disidentes del frente 30 de las Farc, que conformaron el Frente Unido del Pacífico y la columna móvil Jaime Martínez, y del otro, disidentes de las Farc-Ep que se hacen llamar “Defensores del Pacifico”. Se enfrentaron en la parte alta del río Naya, en el sitio conocido como El Saltillo.
“En la disputa que libran estas estructuras han irrumpido grupos narcotraficantes (que también han armado grupos de vigilancia privada) y han querido sabotear y coaccionar los procesos incipientes que se han gestado para la sustitución de cultivos de uso ilícito que impulsa el Gobierno nacional”, advierte la Defensoría.
El Gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, dijo que el problema arranca desde Jamundí (sur del Valle), en donde se instaló la banda criminal Los Pelusos, traída por narcotraficantes de esa región desde Norte de Santander. “Hace varias semanas se viene desarrollando la operación Atalanta, que incluye esfuerzos de Policía, Armada, Ejército y Fuerza Aérea. A la fecha los resultados son: 70 personas detenidas, 18 toneladas de cocaína incautadas, armas confiscadas y presencia de la Fuerza de Tarea Apolo en el corazón de El Naya que es San Francisco”, dijo el mandatario.
El pasado 27 de mayo, supuestamente, el Frente Unido del Pacífico, a través de un panfleto que circuló por redes sociales, informó que el grupo que se hace llamar “Defensores del Pacífico” será combatido por no pertenecer a su estructura armada. Además, escribieron que ese grupo era el responsable de la desaparición y muerte de los hermanos Obdulio, Hermen e Iber Angulo Zamora, y la de su cuñado, Simeón Olave Angulo.
No obstante, a principios de junio apareció otro video en el que el Frente Unido del Pacífico se atribuye la responsabilidad de lo ocurrido con los hermanos Angulo Zamora. El hombre de camuflado que leyó el comunicado dijo que la masacre contra estos afrodescendientes obedecía a la promoción de grupos paramilitares en El Naya. No obstante, eran líderes sociales, advierten las comunidades.
El fin de semana pasado el gobernador Campo se reunió en Buenaventura con su homóloga del Valle, Dilian Francisca Toro., con el fin de evaluar la situación humanitaria de la región: el desplazamiento forzado, el reclutamiento y las retenciones ilegales que viven a diario estas comunidades del Pacífico caucano. “Sabemos que el río Naya es el paso del narcotráfico, eso no es un secreto, y es precisamente lo que está enfrentando a las disidencias”, manifestó Toro.
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La desaparición de líderes sociales
“He recibido con extrañeza y preocupación un vídeo que se ha hecho público, en el cual una estructura armada, que se hace llamar Frente Unida del Pacífico, hace aseveraciones mentirosas y engañosas respecto al caso en el cual están involucrados como víctimas mis hermanos Obdulio, Hermen e Iber Angulo Zamora, y mi cuñado Simeón Olave Angulo”, dice una carta que Ángel Antonio Angulo Zamora envió al Consejo Comunitario Río Naya el pasado 4 de junio.
Ángel Antonio se refiere al video en el que aparecen los cuatro hombres uniformados y con armas largas, uno de ellos sentado frente a un computador y leyendo lo que para el hermano de las víctimas es una falacia: “…pretenden hacer una justificación de su acción criminal contra mi familia y nuestro pueblo; y considero que tal cosa no puede pasar por alto, por tanto, solicito respetuosamente y con la convicción de tener la verdad de nuestro lado hacer un pronunciamiento público desde el Consejo Comunitario, que certifique el buen nombre y la calidad de líderes comunitarios de nuestra familia”, dice el hermano de los desaparecidos.
La Defensoría del Pueblo también detalló los hechos en los que desaparecieron estas personas. Dice que el 17 de abril Elmer Angulo y Obdulio Angulo fueron contratados para prestar los servicios de transporte fluvial. “Zarparon hacia las 10 de la mañana para luego recoger a Simeón Olave en Juan Núñez Naya”. “Todos pertenecientes a la coordinación política Marcha Patriótica”, enfatiza la Alerta Temprana.
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Posteriormente, el 5 de mayo fue secuestrado Iver Angulo Zamora, quien es el representante legal de la comunidad Juan Santos en la zona selvática de Buenaventura. Fue bajado de la lancha en la que era transportado dentro de la misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo y la Personería local, que buscaba salvaguardar su vida tras las amenazas de la disidencia del frente 30 de las Farc, que lo buscaba desde el 2 de mayo. En el video de principios de junio el grupo ilegal dijo haberlo asesinado.
A todo esto, se suman los desplazamientos masivos, la suspensión de clases desde hace tres semanas en la región y el reclutamiento forzado de niños y niñas, dice el informe. Mientras tanto, los líderes siguen atemorizados por las amenazas de los grupos ilegales. “Lo que puedo decir es que Obdulio fue un compañero de estudio en la Normal Superior de Guacarí (Valle). Luego nos encontramos en la Universidad Tecnológica del Chocó cuando estudiábamos español y literatura. Él era docente de la zona. Lo mismo a Hermes. Lo conocí, la mamá era una líder de la comunidad, fundadora del proceso organizativo que cumplirá 30 años. Al igual que Simeón, el cuñado de ellos, lo conocí en Buenaventura, en Puente Nayero, como cotero y marinero de canoa. Hasta donde yo lo conocí. Esas otras afirmaciones yo las desconozco”, dijo un líder desde el anonimato para evitar represalias.
Por ahora, se espera la respuesta del Gobierno Nacional frente a esta Alerta Temprana que emitió la Defensoría del Pueblo el padado 9 de junio. Y aunque los operativos militares están desplegados desde hace varias semanas, las comunidades siguen pidiendo una presencia permanente y completa de las instituciones estatales. Las autoridades tienen la tarea de identificar a los narcotraficantes que desde las ciudades capitales e intermedias están financiando a estas estructuras armadas con tal de mantener vivo el corredor estratégico e histórico del narcotráfico que traza el río Naya hasta desembocar en el Pacífico.