Colombia + 20

19 Aug 2022 - 12:00 p. m.

Comunidad wayú, en riesgo de desalojo por hermana de excomandante de Farc

Líderes de esta etnia de la comunidad El Rocío, en Albania (La Guajira), denuncian que retornó la zozobra ante nuevas alertas de que serán desalojados por la Inspección de Policía de Maicao. Terceros pretenden venderle la tierra al Cerrejón, pese a que la minera niega tener interés.
Comunidad wayú, en riesgo de desalojo por hermana de excomandante de Farc
Entre 2016 y 2017, Carbones del Cerrejón desvió una parte del arroyo Bruno para expandir el Tajo La Puente.  / Cinep
Entre 2016 y 2017, Carbones del Cerrejón desvió una parte del arroyo Bruno para expandir el Tajo La Puente. / Cinep

Carmen Sierra ha sentido crujir su territorio desde que tiene memoria. Es una indígena wayúu de casi 40 años, morena y de mirada serena que cuando tenía cinco años escuchó las primeras detonaciones con las que la empresa Cerrejón empezó a explotar lo que es hoy la mina de carbón a cielo abierto más grande del continente, en La Guajira. Y poco a poco vio cómo avanzaba el gris de los inmensos agujeros del carbón sobre el verde de la vegetación hasta el límite de El Rocío, su comunidad, ubicada en la frontera entre Albania y Maicao sobre la rivera del Arroyo Bruno.

Pero también escucho explotar su tierra en medio de los enfrentamientos entre el Ejército y los paramilitares de las Auc contra el Frente 59 de las Farc. En tres ocasiones, esa guerra la obligó a ella y a las 30 familias de su comunidad a desplazarse: primero en 1997 por amenazas de los paramilitares y dos más a manos de las Farc, una en 2010 y otra en 2013, cuando la amenaza fue directamente contra ella por oponerse a la tala de árboles. Hoy Carmen es la docente del colegio de El Rocío y aunque ni ella ni sus 30 alumnos temen por esos enfrentamientos continúan viviendo en la zozobra: “ahora estamos en riesgo de desalojo por parte de la Inspección de Policía de Maicao porque dos mujeres que reclaman la propiedad de estas tierras se las quieren vender al Cerrejón”, señala.

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Las dos mujeres son Nazly Altmamira Hernández de González y Zoraida Beatriz Toncel Redondo, quienes son cuestionadas por la comunidad porque son familiares de actores armados y nunca han vivido en el territorio. Nazly Hernández es la viuda de Luis Ángel González, más conocido como “Lucho Ángel” quien, según archivos de prensa y la documentación legal de la comunidad, era un señalado paramilitar de la zona y fue requerido por la Fiscalía y la DEA por su relación con el narcotráfico antes de su muerte en 2004. Zoraida Toncel, por su parte, es hermana de Milton Jesús Toncel Redondo, “Joaquín Gómez”, un comandante de las Farc oriundo de La Guajira.

El lío por esa tierra es complejo, pero Leobardo Sierra, autoridad ancestral de El Rocío y hermano de Carmen, puede recitarlo casi de memoria. “Una gran extensión de tierra alrededor del arroyo es ancestralmente nuestra. Fue heredada de mis tatarabuelos a mi abuelo José Manuel Sierra, quien a su vez se la heredó a mi papá, Blas Sierra y a mis tíos. Estos últimos la dividieron y desde los años 80 vendieron algunos de los predios de manera informal en diferentes momentos e incluso por precios irrisorios en medio de los desplazamientos forzados”, explica. Varias de esas compras fueron realizadas por Luis Ángel González y quedaron registradas a nombre de su esposa Nazly Hernández y su hermano Reginaldo Ramírez Boscán.

“Pero hay 19 hectáreas que nunca se vendieron, que es donde siempre hemos vivido la comunidad El Rocío y que ahora nos quieren quitar porque las cuentan dentro de sus predios, sin ninguna prueba legal de que les pertenece. Nosotros no estamos reclamando por lo que se vendió, sino por lo que es nuestro”, señala Leobardo.

El desalojo

En 2016, Zoraida Toncel interpuso una querella en la Inspección de Policía de Maicao reclamando que se le restituyera un predio llamado “Tigre Pozo”, de 185 hectáreas, y se desalojara a la comunidad El Rocío, quienes según ella habían ocupado el terreno apenas ese año. Cuentan los líderes que ese predio era uno de los que Luis Ángel González había comprado tiempo atrás por medio de su padre, pero resultó en manos de Toncel como forma de pago para que la guerrilla de las Farc liberara a su suegra, a quien habían secuestrado. “A la guerrilla le convenía la tierra para tener por donde andar, además, porque está muy cerca de la frontera venezolana. Entonces se la titularon a la hermana de ‘Joaquín Gómez’”, señala Leobardo. En el Certificado de Tradición del predio, sin embargo, quedó registrada como una compra por 83 millones de Zoraida Toncel a Nazly Hernández en 2003.

En 2016, Nazly Hernández también interpuso otra querella en la Inspección de Policía de Albania, reclamando el desalojo de la comunidad de otro predio denominado “Tigre Pozo 1″, de 435 hectáreas. “El inspector de Albania no la recibió ante la falta de claridad de dónde estaba ubicado el predio, pero en Maicao, que los funcionarios sí eran de la corriente política de ellas, sí asumieron el caso”, explica Sierra.

Luego de surtir todo un proceso judicial en el que la comunidad entuteló al municipio de Maicao para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, tras llevar más 40 años viviendo en esa tierra, en 2019 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha falló a favor de Zoraida Toncel para que continuara el desalojo solicitado en la primera querella.

Pero el proceso se suspendió ese año y se retomó solo en julio pasado. “En 2019 solicitaron que se suspendiera el desalojo porque los propietarios estaban negociando la venta del inmueble al Cerrejón. Y se suspendió. Ahora, el abogado volvió a solicitar que se ejecute”, explicó Orlando Mejía, inspector de Policía de Maicao, quien llegó al cargo en 2019 por lo que señala que la decisión ya estaba tomada por un juez y no era su responsabilidad corroborar la propiedad ni posesión del predio, sino solo cumplir el fallo.

Colombia+20 encontró una inconsistencia entre el predio que se reclama y el lugar sobre el que está asentada la comunidad. La querella interpuesta en 2016 por Zoraida Toncel se refiere al predio Tigre Pozo. Sin embargo, según pudo verificar este medio cruzando el mapa obtenido de la plataforma web del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y una cartografía realizada por el Cinep, la comunidad de El Rocío no se encuentra ubicada dentro del predio registrado con ese nombre, matrícula inmobiliaria y código catastral (ver mapa). Incluso, tampoco se encuentra dentro del predio Tigre Pozo 1, reclamado por Nazly González en la querella rechazada en Albania. En jurisdicción de Maicao, la comunidad se encuentra dentro del predio La Esperanza, que no es reclamado en la querella en curso.

Además, la última anotación en el certificado de tradición de Tigre Pozo registra que Toncel le vendió el predio por 30 millones (50 millones por debajo del precio por el que lo compró) a Luis Ángel José González Hernández, hijo de Nazly Hernández y Lucho Ángel. Aún así, el inspector explicó que el desalojo sigue en pie pese a que quien lo solicitó ya no es la propietaria, hasta que no haya una decisión contraria de un juez.

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Sin embargo, Mejía explicó que hace falta un requisito por parte del municipio de Maicao para llevar a cabo el desalojo. “Aunque ya hay orden judicial, se está esperando a hacer una caracterización de las personas que están allí como perturbadoras, para que no se vulneren derechos de personas desplazadas de la violencia, registradas en el Registro Único de Víctimas”, añadió el inspector.

Para Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), “el caso del Rocío es ejemplo del entramado leguleyo con complicidad de actores como el entonces Incoder, en donde todo parece en orden en los documentos, pero no hubo un trabajo de medición de la tierra y eso genera mayores dificultades para las comunidades, quienes además de eso se enfrentaban con que los predios terminaban a nombre de actores armados y testaferros”. Por eso, para el colectivo, que ha acompañado el caso de la mano del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), lo extraño no es que haya títulos de propiedad a nombre de estas personas relacionadas con actores armados o que ahora los estén reclamando, sino “que las entidades ante quienes se ha presentado la denuncia no hayan iniciado las investigaciones correspondientes para determinar, como sí lo ha hecho el Cajar y el Cinep, que todas esas tierras pertenecían a El Rocío”. Por medio de al menos tres acciones urgentes, esas dos organizaciones han solicitado medidas preventivas a entidades nacionales, departamentales y locales para proteger los derechos de la comunidad, pero no han obtenido respuesta efectiva en estos años

Las organizaciones y la comunidad, además, insisten en que tampoco se ha reconocido el valor simbólico que tiene la tierra para los pueblos indígenas. Leobardo Sierra lo ratifica. “El Wayuu sin su territorio no es nadie. No tiene identidad, ni vale en ninguna parte. Nosotros somos de aquí. Lo mínimo que pedimos es que definan sus linderos y nos dejen quietas nuestras 19 hectáreas, porque no estamos interesadas en vendérselas a nadie”, sentencia.

El Cerrejón niega su interés en el predio

El inspector de Policía, la comunidad y las organizaciones que acompañan el proceso coinciden en que ha habido interés expreso por parte de Cerrejón de comprarle los predios a Hernández y a Toncel. “Nuestras 19 hectáreas son las únicas que impiden que la mina se extienda hacia los predios de Tigre Pozo, propiedad de las señoras, y hacia la parte alta del arroyo Bruno, que era desde donde ellos querían desviarlo inicialmente”, explica Leobardo.

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Sin embargo, en respuesta a este diario, Cerrejón señaló que no tiene interés en ninguno de los predios mencionados en este artículo ni en el territorio sobre el que se encuentra la comunidad El Rocío, por lo que no ha hecho ninguna oferta de compra formal. La empresa también aseguró que no tiene ninguna relación comercial con Toncel ni con Hernández y que no tiene interés en expandirse hacia la parte media y alta del arroyo Bruno. “De hecho, entendiendo la importancia ambiental de la parte media y alta de la cuenca del arroyo, Cerrejón está implementando acciones ambientales, desde 2017, por medio de acuerdos de conservación voluntarios con las comunidades”, aseguró.

Pese a ello, para las organizaciones este tipo de respuesta no es una certeza para las comunidades porque “ya en el pasado la empresa ha comprado predios que han pasado por procesos de desalojo forzado reclamado por terceros”, señala el Cajar. Aunque no hay un documento que compruebe las ofertas de compra que ha realizado la empresa a las dos propietarias, para el colectivo, el riesgo es inminente. “Sobretodo cuando analizamos el contexto y el interés real que puede haber sobre la tierra, el de la explotación del terreno para extraer más carbón. La empresa, como en otros casos que hemos documentado se vería beneficiada de un conflicto que deviene de procesos violentos y desplazamientos forzados. Por eso justamente solicitamos que se realice la investigación, la delimitación del predio y la protección de la comunidad”, cierra Mateus.

*Nota de la editora: El título de esta nota fue cambiado porque si bien hay señalamientos de la comunidad de El Rocío y registros de prensa que relacionan a Luis Ángel González con el paramilitarismo, no hay una sentencia judicial en su contra.

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