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17 Apr 2022 - 2:00 a. m.

¿Y si hablamos de Bruno, el arroyo que desvió Cerrejón en La Guajira?

Comunidades wayuus denuncian que la empresa y entidades del Gobierno concluyeron el estudio técnico que ordenó hacer la Corte Constitucional para decidir si el arroyo debe volver a su cauce original. El problema, aclaran, es que se habría decidido mantenerlo en la ruta artificial sin su participación. Expertos señalan vacíos en este informe.

Daniela Quintero Díaz

Periodista Medio Ambiente

María Mónica Monsalve

Periodista Vivir
Comunidades indígenas en el manantial Cañaverales, en La Guajira, durante la visita de parlamentarios europeos  para conocer la situación del desvío del arroyo Bruno. / Cortesía Cinep
Comunidades indígenas en el manantial Cañaverales, en La Guajira, durante la visita de parlamentarios europeos para conocer la situación del desvío del arroyo Bruno. / Cortesía Cinep

En la zona alta de la serranía del Perijá, dentro de la Reserva Forestal Montes de Oca (La Guajira), nace el arroyo Bruno. Recorre cerca de 21 kilómetros y desemboca en el río Ranchería, la principal fuente hídrica del departamento. Históricamente, el arroyo Bruno no solo ha sido una fuente de agua y de bienestar cultural y espiritual para las comunidades wayuus que habitan en la zona, sino también es considerado un corredor biológico entre Perijá y la Sierra Nevada de Santa Marta.

En los últimos días el Bruno ha vuelto a ser noticia. La primera semana de abril, hasta el resguardo wayuu Provincial, situado en el municipio de Barrancas, llegó un grupo de parlamentarios de Reino Unido e Irlanda, junto a funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ONG. Participaban de la “Misión por la vida”, una serie de visitas a comunidades de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta que conviven con proyectos extractivos. (En contexto: Arroyo Bruno (La Guajira): ante posible aval a desviación, comunidades protestan)

Durante el recorrido visitaron Manantial Cañaverales, El Rocío y llegaron hasta el antiguo cauce del Bruno, una zona árida y seca por donde pasó hasta hace unos años el cuerpo de agua. “Soy muy consciente de que estamos parados sobre lo que alguna vez fue el cauce de un río que por generaciones les dio sustento a las comunidades que aquí habitan”, dijo Gary Gannon, del Comité de Asuntos Exteriores de Irlanda, durante su visita al cauce natural del arroyo. “Tenemos una responsabilidad con estas comunidades. Estamos aquí, para escuchar sus demandas y asegurarnos de que sean escuchadas en un escenario global”, agregó.

La referencia de Gannon corresponde a lo sucedido en 2016, cuando la empresa Cerrejón, encargada de uno de los proyectos de explotación de carbón más grandes del mundo, ubicado en La Guajira, desvió el arroyo Bruno a lo largo de 3,6 kilómetros en la parte baja, reorientándolo 700 metros hacia al norte, para luego devolverlo a su cauce natural en el río Ranchería (ver mapa). Esto con el fin de poder ampliar su exploración y explotacióna través del tajo minero conocido como La Puente.

En respuesta, las comunidades wayuus de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero presentaron una tutela argumentando que sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria se estaban vulnerando. La petición llegó hasta la Corte Constitucional, que en 2017 emitió una sentencia (SU - 698/17), considerada histórica en términos ambientales. No solo plantear que las decisiones sobre el Bruno deben tomarse en común acuerdo, incluyendo a las comunidades, sino porque fue de las primeras sentencias en incorporar conceptos claves como los servicios ecosistémicos. “Argumentamos que este es un fallo innovador en América Latina, dado que es la primera vez que un tribunal utiliza un enfoque basado en los servicios ecosistémicos para proteger los derechos ambientales de las comunidades étnicas”, señala un artículo publicado en la revista científica Environmental Management y firmado por Luisa Gómez Betancourt, Sandra Vilardy y Davir Torres, en mayo de 2021.

La Corte ordenó mantener la Mesa Técnica Interinstitucional en la que participaban entidades del Estado como el Ministerio de Ambiente, la Anla y la Agencia Nacional de Minería y también El Cerrejón, con la orden de “abrir espacios de participación suficientes” a las comunidades para futuras decisiones sobre el arroyo Bruno. Además, dispuso que esa Mesa produjera un informe técnico para resolver ciertas incertidumbres ambientales, sociales y científicas sobre qué pasaba si el Bruno se mantenía desviado. A partir del informe se debía definir sí se podía tomar una decisión informada sobre dejar el arroyo en el trayecto que le dio El Cerrejón o devolverlo a su ruta original.

Sin embargo, hace unas semanas, y justo tras la visita de los parlamentarios, las comunidades wayuus y afrodescendientes del territorio pidieron, como en otras ocasiones, la atención nacional. “El Gobierno avala la destrucción del arroyo Bruno”, manifestaron a través de redes sociales. ¿Por qué? En una comunicación enviada por correo electrónico, la funcionaria del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Andrea Corzo Álvarez, directora de Asuntos Ambientales Sectorial y Urbana, informó a los intervinientes de la sentencia que el estudio técnico ya estaba completo. Y que, potencialmente, los datos recolectados darían el aval para que el Bruno se mantuviera desviado. (Le puede interesar: Decisiones sobre arroyo Bruno, ¿de espaldas a la comunidad wayuu?)

El documento también manifestó que para resolver el tema “cosmogónico, espiritual y cultural” de los wayuu con el arroyo Bruno, se habían usado como insumos los “aportes” de la comunidad de La Horqueta, una de las tres comunidades accionantes. Así mismo, que dichas recomendaciones serían “igualmente aplicables a todas las comunidades que cobija la sentencia”. A la vista de los demás accionantes, intervinientes y organizaciones, se trata de un incumplimiento a las exigencias de participación.

“Las entidades se atienen demasiado al ‘resuelve’ y no a la parte considerativa de la sentencia, que es donde se habla de esa participación real y efectiva de esas comunidades de todos los espacios. Por eso nosotros creemos que sí se está vulnerando ese derecho, porque a las comunidades solo se les convocó en una ocasión para socializarles el resultado del estudio en el que decidieron que el arroyo debería continuar desviado. Y una mera socialización jamás se podrá entender como un proceso de participación real y efectiva”, aseguró Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar).

Otras dudas sobre el informe que daría el aval al desvío del Bruno

Para Cerrejón y otras expertas, como Brigitte Baptiste y Julia Miranda, la intervención de la empresa sobre el nuevo cauce del arroyo Bruno es “admirable”. “Es un arroyo vivo”, insisten, con fauna y flora, con una recuperación de la ronda hídrica y “con agua que beneficiará a la población que la recibirá más adelante”. Se trata, agrega un comunicado de la empresa, de uno de los arroyos más estudiados en el país, gracias a sus campañas de monitoreo. “Con la modificación parcial del arroyo Bruno, un proyecto de ingeniería único en Colombia, Cerrejón ha demostrado que sí es posible unir la ecología y la ingeniería para hacer minería de manera responsable con el medio ambiente y las comunidades”, se lee en el comunicado.

Pero hay inconformidades que persisten entre quienes habitan el territorio. “Se dedican de forma exclusiva a hablar y avalar las bondades del canal artificial, con información predominante de la empresa, sin realizar una evaluación comparativa del cauce natural”, aseguran desde Cajar. “No se analizan los impactos que tuvo el desvío sobre el cauce natural que, como pueden ver en las fotografías, está totalmente seco”, agrega Misael Socarrás, líder wayuu y accionante de la tutela que llegó hasta la Corte. “Estamos solicitando una audiencia y una inspección judicial a la jueza de control y seguimiento. Pero queremos que no vayan solo a ver el canal artificial, sino lo que pasó con el canal natural y lo que está pasando aguas arriba y abajo”, agrega la investigadora del Cinep Jenny Ortiz.

Para otras expertas, como Sandra Vilardy, que por su conocimiento de los sistemas socio ecológicos fue llamada como interviniente ante la Corte mientras era decana de la Facultad de Ciencias de la U. del Magdalena, el informe se queda corto: tanto en forma como en fondo. Para empezar, explicó, el informe no tiene ni autores y hay citaciones incompletas o mal citadas. Aunque aclara que a ella no le han hecho llegar ningún documento oficial por vías regulares, y que el informe que revisó se lo compartieron los abogados de la comunidad. Más allá de la forma, las dudas sobre el alcance del informe a nivel ecosistémico son varias. Ella puntualiza dos.

La primera es que una de las incertidumbres identificadas por la Corte era que no se tenían claras las consecuencias de intervenir el bosque seco tropical. Y aunque en el informe se hace un análisis multitemporal de las coberturas del bosque en el área entre 2020 y 2017, según Vilardy, “no hay nada sobre indicadores de salud del bosque, fenología u otros indicadores de paisaje del bosque (efectos de borde, fragmentación, conectividad)”. Por lo tanto, la incertidumbre no se resuelve.

Algo similar sucede con una incertidumbre clave cuando se habla de La Guajira: la de qué pasaría con el arroyo Bruno ante los posibles impactos del cambio climático (incertidumbre 3). En el informe se concluye que “para el departamento de La Guajira fue posible identificar que las dimensiones de seguridad alimentaria y biodiversidad presentan los valores más altos de riesgo por cambio climático”. Esto a partir de información que obtuvieron de la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, un documento que construyó el Ideam a nivel nacional. Sin embargo, como también lo aclara Vilardy, no resuelve la incertidumbre, ya que sigue explorando el tema a escala nacional, y no local. Además, no aborda la duda sobre de qué pasará con el Bruno ante el cambio climático. “No se habla nada sobre las consecuencias de intervenirlo bajo este escenario de vulnerabilidad climática”.

Estos puntos no son los únicos que el informe habría dejado en el aire. Nurys Esperanza Silva, quien en su momento le dio el concepto técnico a la Corte como parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, también encontró varios vacíos. “Una de las incertidumbres fundamentales que no resuelve es qué va a pasar con el agua después de que el tajo minero avance”, comentó. Es decir, el informe se estaría limitando a analizar solo qué implica el desvío del Bruno, pero no menciona cómo afectará los recursos hídricos el proyecto minero para el cual se está desviando el arroyo.

“También evita señalar qué ha pasado con otros desvíos que ha hecho Cerrejón en la región”, agregó la experta. “En otras ocasiones desviaron una porción del arroyo Aguas Blancas o Chivo Feliz, argumentando que no iba a tener efectos sobre el caudal de la parte alta del mismo. Y la realidad es que, después de la intervención, ese arroyo se secó”. Entre otros de los reparos que plantea Silva está que el informe se limita a citar los mismos estudios elaborados por Cerrejón, excluyendo otros análisis independientes que sí encuentran impactos negativos con en el desvío del Bruno, y no les da crédito a las perspectivas de las comunidades. “El documento no es el resultado de procesos de participación como lo solicita la Corte, no tiene criterios de selección de la información para evitar el sesgo y, por lo tanto, no es un documento imparcial o carente de interés, está claramente elaborado para favorecer el avance de la explotación minera”.

Consideraciones culturales, lo que también se omite con la decisión

Cuando los wayuus se saludan en su lengua materna, wayuunaiki, no suelen decir buenos días. Su saludo común es “Kasa pülapüinyaaka?”, ¿qué soñaste?. A través de los sueños es que el espíritu que cuida el agua se les manifiesta para hacer peticiones, asegura Misael Socarrás, líder wayuu en la defensa del arroyo Bruno. Esa conexión espiritual, señalan, es una de las que no se ha tenido en cuenta a la hora de calcular los efectos de la desviación.

“El agua”, dice, “es el lugar sagrado. Con el agua es que nosotros hacemos los trabajos espirituales de sanación a través del sueño. Vamos a hacer pagamentos, baños, encontramos nuestras plantas medicinales”. Nuestros sueños nos dicen a qué punto debemos ir, qué planta debemos tomar, dónde debemos bañarnos. Pero con ese desvío ya no existe la conexión espiritual del agua con la tierra. La sentencia de la Corte reconocía este vínculo. “La subsistencia física y espiritual de la comunidad está dada por el vínculo con su entorno natural y con el ecosistema en general”.

Pero las medidas que tiene el estudio técnico para “compensar” los impactos espirituales y culturales de los wayuus, además de no ser consultadas, consideran que son insuficientes. “Dicen que van a colocar una enramada para continuar las prácticas espirituales. Nosotros no tenemos esos procesos en las enramadas. Las enramadas son para conversar, recibir la palabra, pero no para trabajos espirituales”, agrega el líder wayuu.

Al preguntarle a Cerrejón sobre estos vacíos en el estudio técnico, la empresa dijo que quien debía dar respuesta era el Ministerio de Ambiente, ya que son los “voceros de la Mesa Interinstitucional”. El Ministerio, por su parte, expresó que esta cartera no era la vocera de la Mesa, pero que iba a elevar las preguntas al grupo. Al cierre de esta edición, El Espectador no recibió respuesta alguna.

No se trata, sin embargo, de la primera vez que se cuestiona la implementación de la sentencia. En el 2020 la Contraloría publicó un informe con doce hallazgos sobre ese incumplimiento. En un auto de seguimiento de la misma Corte, que se conoció en febrero de este año, se lee que “han pasado más de dos años desde que se notificó la sentencia y, a la fecha, según la información allegada, no se han cumplido todas las órdenes, por lo que el riesgo de amenaza o vulneración de los derechos de las comunidades wayuú parece ser aún mayor”. Bajo este contexto y solo un mes después del auto de la Corte, las comunidades supieron que el estudio técnico estaba listo y que daría el aval a que se mantenga el arroyo Bruno desviado.

Gracias al registro público del expediente, la semana pasada se conoció que la Corte Constitucional reasumió la verificación del cumplimiento de las órdenes de la sentencia. Asimismo, que las comunidades wayuus presentaron ante la Corte una nueva solicitud para que se decrete una medida provisional “ordenándole a la empresa y al Estado que paren cualquier tipo de actividad relacionada con la explotación del arroyo”, agrega Mateus de Cajar. También decidieron aportar una solicitud de medidas cautelares ante el Sistema Interamericano.

Desviar un arroyo para producir carbón en medio de la crisis climática

Jakeline Romero Epiayu es parte de la organización Fuerza de Mujeres Wayuu, que ha acompañado a las comunidades en la región por más de 15 años. Las recientes noticias sobre el arroyo Bruno la hacen recordar una duda que ella y su comunidad han tenido en los últimos años. “¿Por qué seguir dando estas batallas frente al carbón, cuando estamos en plena política global de cómo mitigar el cambio climático? No tiene sentido”, cuenta. “Nos han sacrificado a vivir sin agua en una zona que, de por sí, es desértica”.

En varias ocasiones, investigadores como Rosa Peña, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), han señalado que así no se consuma el carbón en Colombia, pues la mayoría se exporta, hay un doble discurso frente a la política climática de Colombia. Así las emisiones del carbón que se producen en Colombia se generen en China o en Estados Unidos, estas contribuirán al cambio climático en todos los países, incluyendo Colombia, un país bastante vulnerable. “Es un tema de corresponsabilidad”, señaló en una ocasión a El Espectador.

De hecho, la semana pasada el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), un grupo de expertos convocados por la ONU, publicó un informe en el que señaló que si el mundo quiere lograr la meta de limitar el calentamiento de la Tierra a 1,5° C, el uso del carbón debe caer entre un 67 y 82 % para 2030. Al preguntarle a Cerrejón cuáles eran sus planes frente al cambio climático o cuál es el carbón que esperan obtener con el tajo La Puente, por el cual se desvió el arroyo Bruno, señalaron: “Nosotros no estamos hablando de esos temas ni de potenciales expectativas”. Aclararon, eso sí, que no se utilizará “ni una gota de agua del arroyo Bruno”. “En Cerrejón hemos logrado que el 85 % del agua que utilizamos para nuestros procesos mineros (principalmente para el control de polvo) provenga de las escorrentías de lluvias y de los mantos de carbón, agua que por su origen, no es apta para el consumo humano, animal ni agrícola”.

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