A corte de 30 de abril pasado, al menos 519 personas se encuentran en proceso de reincorporación en el Huila, según cifras de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). De ese total, 43 están ubicados en el municipio de Algeciras, pero la cifra de firmantes de paz que permanecen en ese lugar ha venido disminuyendo en los últimos años por las crecientes olas de violencia, asesinatos y amenazas que se han presentado contra excombatientes.
Uno de ellos es John Smith Rincón Díaz, quien estuvo principalmente en el Bloque Sur de la extinta guerrilla de las Farc. En 2019 fue desplazado de Algeciras, apenas un año después de haber creado la Fundación Social Esperanza y Paz, integrada por 78 niños, niñas y jóvenes de este municipio, en la que ofrece alternativas lúdicas para evitar el reclutamiento forzado de esta población.
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“En ese entonces, el municipio venía presentando bastantes dificultades en materia de seguridad. Se habían presentado asesinatos y desplazamientos de algunos firmantes del Acuerdo, y me tocó a mí también salir de Algeciras. Me tocó salir a la ciudad, a un lugar donde no había vivido antes, donde el clima es distinto, donde existe otra manera de vida. Fue difícil. Incluso, en los primeros días me tocó dormir en el suelo”, le contó Rincón a Colombia+20.
Sandra Milena Ávila es otra firmante de paz oriunda de Algeciras, quien también estuvo en el Bloque Sur. Durante su proceso de reincorporación, trabajó con víctimas, población civil y otros excombatientes en una cooperativa agrícola del municipio. Sin embargo, en febrero del 2020 tuvo que salir del municipio junto con sus dos hijas pequeñas, luego de recibir amenazas vía WhatsApp contra su vida y la de su compañero, también excombatiente.
“Me tocó abandonar el municipio, me mandaron a salir con todo. El 2020 fue muy difícil para más de uno de nosotros en Algeciras, para nuestras familias, porque se vivían muchos asesinatos y a muchos nos tocó anochecer, pero no amanecer en el pueblo. Además, estaban matando a otras personas que no eran reincorporadas, pero que trabajaban con derechos humanos y liderazgo social”, aseguró Ávila.
Las amenazas llegaron por la misma fecha en la que fue asesinado, en Algeciras, Esder Pineda Peña, un reincorporado que lideraba una asociación de productores de huevo e integraba la Cooperativa Cooagropaz. Pineda pidió tres veces protección a la Unidad Nacional de Protección (UNP), pues temía por su seguridad. En su momento, la UNP indicó que sí se habían implementado medidas, pero que el excombatiente no había salido de la zona de riesgo.
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Según cifras de Indepaz, entre agosto de 2018 y el 4 junio de 2022, 245 firmantes del Acuerdo han sido asesinados, incluidas once mujeres. La cifra en el departamento del Huila —desde 2020 hasta lo que va de junio de 2022— es de siete excombatientes muertos. La mayoría de ellos (cinco) en 2020, uno más en 2021 y otro este año.
Las afectaciones de estos desplazamientos no solo han sido económicas, sino también emocionales. “Si económicamente ha sido difícil, emocionalmente ha sido terrible, aun más para mis hijas. Una ya va para los 14 años y le ha tocado escuchar y vivir mucho de esta violenta, escuchar burlas en la escuela; entonces no ha sido fácil”, relató Ávila.
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Según Daniel Narváez Herrera, coordinador del Centro Regional de Atención Integral a Víctimas de Neiva (CRAV) —parte de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos—, entre 2021 y el 31 de mayo del 2022, esa oficina ha atendido 644 personas desplazadas forzadamente a la capital de Huila tras recibir amenazas e intimidaciones en el último año. De ellas, nueve son excombatientes. Cuatro de esos casos de firmantes de paz provienen de Algeciras, el único municipio del Huila que hace parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que fue priorizado para la implementación del Acuerdo de Paz del departamento por las afectaciones a la población civil en el marco del conflicto armado.
Ramiro Durán, exdirigente del partido Comunes en Huila, le dijo a Colombia+20 que las causas de estas violencias tienen raíces históricas relacionadas con el accionar de las Farc en ese departamento. “Las tensiones del conflicto en Huila son muy fuertes. La columna Teófilo Forero hizo acciones militares en el centro de Neiva y eso generó reacciones y heridas que parecieran que hoy no quieren sanar. No es fácil en cualquier escenario de Neiva decir: ‘Yo soy exguerrillero de las Farc’, porque eso genera un rechazo en ese sector social contra el que nosotros estuvimos levantados y enfrentados política y militarmente”, explicó Durán.
A pesar de estas situaciones y la imposibilidad de retornar, los firmantes de paz que salieron de Algeciras y permanecen en Huila siguen comprometidos con sus proyectos sociales y mantienen la esperanza de que se generará un cambio social ante la estigmatización y la violencia de la que han sido víctimas. “Esperamos que en algún momento las cosas puedan cambiar por completo. Que cada uno pueda retornar a sus viviendas, a sus fincas, a sus proyectos productivos y que a pesar de las circunstancias, así sea fuera del municipio, seguimos con el compromiso de trabajar por nuestra comunidad”, recalcó John Smith Rincón.
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El acompañamiento de los casos
En 2016 nació la Ruta de atención a personas en situación de riesgo o amenaza (ver infografía), bajo la coordinación de la Secretaría de Paz y Derechos Humanos del municipio de Neiva. El objetivo es tener un plan para atender los casos provenientes de población civil, víctima y excombatiente.
Esmith Duarte Cano, directora de esta Secretaría, le dijo a Colombia+20 que esta ruta brinda una ayuda humanitaria inicial para acoger a los excombatientes y sus familias, y trabaja articuladamente con la ARN. Sin embargo, Duarte considera que lo más urgente es sumar esfuerzos hacia lo pedagógico para erradicar la estigmatización contra los firmantes de paz en la región, pues para ella ese es el centro del problema.
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“Hay que trabajar para combatir la estigmatización, porque mata y no deja progresar. Se genera por desconocimiento de los procesos que se llevan a cabo desde el Sistema Integral de Paz, pero también de los Acuerdos. Estos esfuerzos son necesarios para combatir el recrudecimiento de la violencia que vivimos en Huila y en todo el país”, comentó Duarte.
A pesar de los esfuerzos, los firmantes de paz del departamento han asumido un rol de bajo perfil en algunos ámbitos de la vida privada y pública para minimizar o evitar riesgos, mientras buscan continuar con sus labores sociales en el territorio. Muchos decidieron menguar su liderazgo y visibilidad para concentrarse en los 332 proyectos productivos que están activos en el departamento.