Frentes Primero y Séptimo de las disidencias siguen reclutando menores en Guaviare

“Los nuevos métodos de reclutamiento – el ofrecimiento de recursos económicos y ‘oportunidades de empleo’ –, permiten la normalización o la percepción de voluntariedad del reclutamiento”, denuncia el documento de la FIP.

Foto: AFP / Raul ARBOLEDA

El caso más reciente de reclutamiento forzado que se conoce en el Guaviare ocurrió el pasado 11 de julio. Ese día, según la denuncia que conoció Colombia2020, cuatro hombres en motocicleta vestidos de civil y portando armas cortas, que pertenecerían al frente Séptimo de las disidencias de las antiguas Farc, entraron a la vereda San Lucas, de El Retorno, y se llevaron con ellos a cinco jóvenes de entre 15 y 17 años. Allí mismo se detalló que los hombres ya habían estado en la zona y habían tenido contacto con los menores que reclutaron. Advirtieron también que volverían por otras jóvenes de la zona.

Días antes de ese hecho, hombres de ese mismo frente disidente habrían reclutado a una joven de 17 años en San José del Guaviare. El 2 de julio, dos hombres sin identificar que se transportaban en una canoa llegaron a la vereda Puerto Nuevo y allí se la habrían llevado. Según la denuncia, la trasladaron al sector de Brisas del Tunia, en La Macarena (Meta), donde ese grupo armado estaría concentrando a los menores reclutados.

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Mientras a nivel nacional se ha revivido el debate sobre el reclutamiento forzado en las filas de las antiguas Farc, hoy negado por algunos de sus representantes, lo cierto es que esa práctica sigue viva en las estructuras derivadas de esa guerrilla que se apartaron del proceso de paz y en el Guaviare lo saben bien. Así lo documentó la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe que acaba de hacer público sobre la implementación del Acuerdo de Paz en este departamento del sur del país. Según ese documento, la consolidación de los frentes disidentes Séptimo y Primero, no deja sentir los primeros avances de la implementación del acuerdo en buena parte del territorio.

“Los nuevos métodos de reclutamiento – el ofrecimiento de recursos económicos y ‘oportunidades de empleo’ –, permiten la normalización o la percepción de voluntariedad del reclutamiento, práctica que normalizó la comunidad debido a su histórica convivencia con este flagelo”, denuncia el documento. Pero, además, según estableció la FIP, las comunidades indígenas del departamento son las más afectadas por ese delito. Uno de los testimonios que recogió el informe aseguró que “un gran porcentaje” del frente Primero está compuesto por jóvenes indígenas.

Autoridades locales confirman que en los últimos meses se han recibido declaraciones y denuncias por reclutamiento de jóvenes que se llevaron los integrantes de esos grupos, no apuntándoles con un fusil, sino persuadiéndolos con la promesa de una mejor vida. Hay casos registrados recientemente en los sectores de Tomachipán, Guacamayas y Cachicamo, según le dijo a Colombia2020 una fuente institucional de la zona.

El reclutamiento lo estarían aplicando por igual los frentes Primero y Séptimo. Cuando se habla de las disidencias en esta región del país se suele atribuir a la comandancia, de manera homogénea, de Miguel Botache Santillana, conocido como Gentil Duarte. Pero el documento de la FIP sostiene que se trata de dos estructuras completamente distintas que no obedecen a un mismo mando. Además de que tendrían una división territorial clara y que se respetan entre sí. El frente Primero, al mando de Néstor Gregorio Vera, o Iván Mordisco, es el que tiene mayor presencia en el departamento, en sus cuatro municipios (San José del Guaviare, El Retorno, Calamar y Miraflores) y tiene el control sobre puntos estratégicos de los ríos Guaviare, Inírida, Vaupés, así como de sus principales afluentes: los ríos Itilla y Unilla.

El frente Séptimo, por su parte, hace presencia principalmente hacia la región del río Guayabero, en límites con el sur del Meta, en veredas como La Carpa, Puerto Nuevo y Puerto Cachicamo y estaría al mando de Gentil Duarte. Igualmente, ambas estructuras tienen formas distintas de relacionarse con las comunidades. Según los testimonios recogidos por el informe, el frente Séptimo tiene una relación más represiva y hostil con la población, a través de amenazas a líderes sociales, por ejemplo; mientras que el frente Primero le estaría apuntando más a construir base social con los pobladores de la zona.

“No hay evidencia real de que Gentil Duarte haya tomado el control del frente Primero. Es muy difícil que un mando como Iván Mordisco realmente llegue a entregarle el poder a otra persona, siendo que es una de las estructuras más fuertes”, afirma Andrés Cajiao, autor del informe de la FIP, y quien ha seguido de cerca las trayectorias de las disidencias de las Farc.

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Además de las vulneraciones a los derechos humanos de la población por parte de ambos grupos armados, el otro elemento del que hay que hablar al hacer referencia a la implementación del Acuerdo en el Guaviare es lo que sucede allí alrededor de la deforestación. Las cifras son alarmantes: según el Ideam, en 2018 se deforestaron 38.221 hectáreas de bosque en el Guaviare y en 2019 fueron 34.527. Con esas dimensiones, el Guaviare es el segundo departamento del país con mayor deforestación después del Caquetá, con casi el 24% de destrucción de bosques a nivel nacional. En los primeros meses de 2020, se han deforestado 18.498 hectáreas.

Frente a ello, el documento de la FIP es claro: no son los colonos campesinos los grandes promotores de la deforestación. Si bien los grupos disidentes promueven la colonización de campesinos sin tierra hacia las zonas protegidas para ganar base social, este fenómeno no es el responsable de la magnitud de las cifras de deforestación en el departamento. “Los procesos de deforestación son bastante costosos. Para deforestar 200 hectáreas se necesita un capital muy grande. Un colono campesino deforesta dos hectáreas, que es lo que se necesita para sembrar coca o para el tema de la ganadería”, dice el investigador Cajiao.

En cambio, a la zona entran grandes capitales que muchas veces vienen de fuera del Guaviare y están concentrados en el acaparamiento de tierras. Por un lado, para la expansión de la frontera agrícola con ganadería extensiva, pero también para la especulación de tierras en zonas aledañas a la consolidación de la infraestructura vial. “Es el caso del mejoramiento vial en el área de influencia de la Marginal de la Selva (proyecto vial) que atrae a inversionistas externos interesados en la acumulación de tierras. Las tierras deforestadas entran a un mercado informal, donde los colonos venden a terceros, con lo que se va ampliando la frontera agropecuaria y los terrenos se valorizan a medida que se consolida la infraestructura vial”, se lee en el documento.

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Así, el control de la deforestación es uno de los principales medios de financiación para los grupos armados de la zona pues “hacen transacciones y acuerdos con los grandes inversores y acaparadores de tierras para el pago por el ‘permiso’ de entrar al territorio y deforestar”.

Según el documento, la Operación Artemisa, principal estrategia del Gobierno para frenar la deforestación en la región, tiene en realidad un alcance limitado pues se centra en los eslabones más débiles de la cadena, los campesinos, y “no en los terratenientes y acaparadores, que son quienes financian este proceso.” Además, “por su componente coercitivo ha generado constantes tensiones y conflictos entre la Fuerza Pública y las comunidades”.

En un reciente balance entregado por el comandante de la IV División, brigadier general Antonio Beltrán Díaz, sobre las operaciones del Ejército en la zona se da cuenta de que los esfuerzos siguen concentrados en los campesinos cultivadores de coca. “El Ejército en Meta, Guaviare y Vaupés ha desmantelado 151 laboratorios de pasta base de coca y 4 de clorhidrato de cocaína. Asimismo, ha destruido 490 semilleros con aproximadamente 49 millones de matas de coca. Hemos erradicado 2.000 hectáreas, que equivalen aproximadamente a unas 2.600 canchas de fútbol. El Ejército de esta manera ha evitado que estas estructuras Primera, Séptima y Cuarenta, se hayan financiado en aproximadamente $676 mil millones”, dice el informe.

Por eso, los beneficios del Acuerdo de Paz no se han sentido en el Guaviare, a pesar de que allí se lleve a cabo un sólido proceso de reincorporación de excombatientes de las Farc. De los 510 exguerrilleros que viven en este departamento, alrededor de 380 continúan viviendo en los antiguos espacios de reincorporación. En Colinas 250 y en Charras 122. Incluso, el predio donde está el espacio de Colinas fue el primero que el Gobierno compró para poner a disposición de los excombatientes. Allí además se aprobó y se desembolsó un proyecto de caña papelera que está en marcha.

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Además, pese a la fuerte presencia de los grupos disidentes en la zona, las agresiones contra excombatientes son bajas en relación con otras zonas del país. Hasta la fecha, se han presentado cuatro homicidios de exguerrilleros en el departamento. “Los grupos disidentes respetan el proceso de reincorporación, aunque hacen propuestas económicas para incentivar su vinculación”, puntualiza el documento.

Por otro lado, en enero de 2019 se firmó el Plan de Acción para la Transformación Regional de la región Macarena-Guaviare, cuya construcción fue ampliamente participativa y arrojó 1.756 iniciativas municipales y 84 subregionales. Según el documento, a junio de 2020 en el departamento se ejecutaron 72 ‘Obras PDET’ enfocadas principalmente en pequeña infraestructura.

Sin embargo, en la zona la sensación es que no se ha avanzado en el cumplimiento de lo que habían acordado. “Según ellos, a más de un año de la firma del PDET aún no se avanza, lo que muestra la lentitud e incapacidad de las instituciones para cumplir con lo pactado. Además, líderes locales afirman que, tras la firma del PATR, hay cada vez menos presencia institucional y poca claridad sobre la implementación de las iniciativas ahí contenidas”. Eso sí, el asunto fundamental en el Guaviare, que es el acceso a la tierra, sigue pendiente.