16 Dec 2020 - 8:12 p. m.

Grupos armados impiden desminado humanitario: MAPP-OEA

Según el más reciente informe de la Misión de Apoyo a la Paz, que se entregó hoy al Consejo Permanente, en Cauca y en Caquetá han terminado expulsando a los operadores civiles que se encargan de esta labor. El documento presenta un crudo balance sobre la violencia en las regiones, aunque también destaca los avances en el punto de la reforma rural del Acuerdo de Paz.

Para levantar las minas antipersonales en territorio colombiano existen únicamente cinco operadores civiles de desminado humanitario. Halo Trust, organización inglesa, es uno de esos operadores y desde 2013 ha adelantado acciones de desminado en varios departamentos del país. Sin embargo, en el primer semestre de este año, grupos disidentes de las antiguas Farc presentes en la región del Naya, específicamente en Buenos Aires (Cauca), impidieron que ese operador avanzara en su tarea de desminado a través de amenazas directas y su personal tuvo que salir del territorio, pese a que contaban con autorización de las comunidades indígenas para desarrollar esa labor.

No es el único caso en que grupos armados han impedido el desminado humanitario. En Caquetá, en los municipios de Milán y San Vicente del Caguán, dos de esos operadores se retiraron definitivamente de la región por las reiteradas amenazas de disidencias de las Farc. La denuncia sobre la obstrucción de esos grupos a la labor del desminado en Colombia está incluida en el más reciente informe semestral que hizo la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (OEA) – Mapp-OEA – y que presentó este miércoles ante el Consejo Permanente.

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El documento detalla la situación de violencia que se vive en varias regiones del país y revisa algunos asuntos fundamentales de la implementación del Acuerdo de Paz. Asimismo, devela un crudo panorama de la guerra, que se recrudeció durante la pandemia del COVID-19 y aún más en medio de las medidas de aislamiento implementadas para combatirlo. El documento fue construido por la Mapp-OEA con base en 495 misiones en terreno, en 404 centros poblados de 159 municipios de 18 departamentos del país; así como de 3.561 monitoreos y acompañamientos virtuales en 257 centros poblados de 154 municipios de 16 departamentos, ejecutados entre el primero de enero y el 30 de junio de este año.

En ese reporte, la Mapp-OEA rastrea a los distintos grupos armados en las regiones en las que tienen presencia y asegura que las disidencias de las Farc registraron “una mayor actividad bélica de confrontación y consolidación territorial, por encima incluso del Eln, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo, los Caparros y el Epl”. En la costa pacífica nariñense, por ejemplo, esas estructuras están atomizadas y fragmentadas, debido en buena medida por la captura o muerte de sus líderes, como ocurrió en febrero de 2020 con ‘Contador’ o la muerte de ‘Mario Lata’ en mayo de 2020. En Roberto Payán, Maguí Payán y Tumaco, el Frente Alfonso Cano se identifica como una facción surgida de rupturas al interior del Frente Oliver Sinisterra.

Los enfrentamientos entre esas estructuras disidentes han generado desplazamientos y confinamientos masivos de comunidades campesinas, afro e indígenas en esa región del país. Pero en otras zonas, dice el documento, las confrontaciones han venido de otros actores. En la zona del río Baudó, en Chocó, la disputa es entre el Eln y las Autodefensas Gaitanistas; en el Bajo Cauca antioqueño y en el sur de Córdoba es entre las Autodefensas Gaitanistas y los Caparros; en el Catatumbo es entre el Eln y el Epl; en el Cauca hay enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el Eln, y en la zona de frontera de Norte de Santander la disputa es entre el Eln y los Rastrojos.

El informe sostiene que en esos escenarios ha aumentado la instalación de minas antipersonal y otros artefactos explosivos improvisados. Según el documento, en Antioquia, Chocó y Nariño el incremento se debe a la confrontación entre los grupos armados, mientras que en otros departamentos, como Cauca y Putumayo, se utiliza como estrategia para proteger los cultivos de uso ilícito. Así también ocurre en municipios antioqueños, como Tarazá e Ituango, donde miembros de la Fuerza Pública murieron en medio de labores de erradicación forzada de los cultivos.

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En el Catatumbo y en la zona rural de Cúcuta, por la confrontación entre Eln y Epl, los grupos instalan minas antipersonales para impedir acciones del contrario o de la Fuerza Pública, lo que ha generado desplazamientos de la población en Sardinata.

“En el caso de territorios colectivos pertenecientes a comunidades indígenas, estas prácticas restringen su movilidad y el ejercicio de sus usos y costumbres, siendo Antioquia uno de los departamentos más afectados. En el municipio de Dabeiba estas afectaciones han impactado a las comunidades indígenas en el acceso a alimentos y el libre desarrollo de sus actividades cotidianas; mientras que en el Resguardo Murrí Pantano del pueblo Embera Ayábida del municipio de Frontino, dos menores de edad fueron víctimas de accidente por MAP”, se lee en el informe.

Sin embargo, el documento también destaca el trabajo que ha adelantado la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en materia de desminado de los territorios. Reconoce que durante el periodo de análisis del informe esa oficina incentivó la inclusión de la Acción Integral Contra las Minas Antipersonal (Aicma) en los planes de desarrollo departamentales y municipales, así como en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Además, resalta que en ese lapso se acreditaron 11 asociaciones y organizaciones étnicas y de sobrevivientes de accidentes con minas.

La pandemia incrementó el reclutamiento

El informe confirma que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes (NNA) continúa dentro del accionar de todos los grupos armados. En el caso de las disidencias de las Farc, reclutaron menores en Arauca, Caquetá, Norte de Santander, Guaviare y Meta. “De manera particular, preocupa que los grupos disidentes de las Farc abordan a NNA desde los 11 años y, en algunos territorios, han iniciado procesos de censo y control para ubicar con facilidad y llevar un registro con el fin de vincularlos a sus estructuras”. Esa situación, según el documento, ocurre en Vistahermosa (Meta), donde las disidencias han empezado a ‘carnetizar’ a los menores para llevar un registro de aquellos que tengan entre 14 y 18 años.

El Eln ha hecho lo propio en Antioquia, Cauca, Chocó, Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, La Guajira y Arauca. “En este último, su estrategia ha sido aprovechar la coyuntura de aislamiento obligatorio para entregar mercados, y aprovechar el cierre de las escuelas, que funcionaban como espacios protectores para los NNA, para convencerlos de unirse a sus filas.”

En las regiones en que esa guerrilla mantiene confrontaciones con las AGC, entre Antioquia y Chocó, ambos grupos han vinculado a menores de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas para que participen directamente de los combates. El informe llama la atención específicamente sobre la instrucción dada por esos grupos a los menores para que instalen minas antipersonales en sus propios territorios, “situación que les ha causado accidentes ante su falta de experticia en el manejo de explosivos”. Así ocurrió con una menor indígena de 16 años, que perdió sus manos instalando una mina en Murindó (Antioquia), denuncia el informe.

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Según las fuentes consultadas en el documento, “los NNA reclutados son trasladados a otros territorios para evitar que sus comunidades intercedan ante los grupos armados ilegales, donde son utilizados en actividades de transporte de estupefacientes y son usados como escudo en los anillos de seguridad de los comandantes de las estructuras”.

Mapp-OEA resaltó avances en los PDET

En contraste con el crudo balance que hace el documento de la situación de violencia en varias regiones, también se evidencia los avances en la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), pactados en el primer punto del Acuerdo de Paz. “Por primera vez en la implementación del Acuerdo Final, mediante la Hoja de Ruta Única se dio la oportunidad de alinear, en el nivel departamental y municipal de gobierno, los ejercicios de planificación pública producto del proceso de construcción participativa de los PDET. Ajustes normativos, institucionales y financieros como el OCAD-Paz u obras por impuestos, realizados en años anteriores para garantizar la implementación y seguimiento de los programas, están posibilitando que estos programas avancen”, exalta la Mapp-OEA.

En medio de esa implementación el documento hizo énfasis en que las ‘obras PDET’ se han contratado con las Juntas de Acción Comunal y han sido ejecutadas por las propias comunidades, lo que fortalece su papel activo en la transformación territorial. “La participación de las comunidades en la construcción de estas obras brinda mayor legitimidad a las acciones de la institucionalidad, impactando estratégicamente en la percepción de avance en la construcción de paz”.

Especialmente, la Mapp-OEA reconoce la labor de la Consejería para la Estabilización y de la Agencia de Renovación del Territorio, en medio de la pandemia. Según el documento, esas instituciones lideraron “una reacción rápida como medida de mitigación dirigida a consolidar la percepción de presencia institucional en momentos de crisis; impulsar la apropiación de los PDET por parte de mandatarios y mandatarias departamentales y municipales y promover la incorporación de las iniciativas que componen los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR) en los planes departamentales y municipales de desarrollo con vigencia para los próximos 4 años”.

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