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3 Mar 2022 - 6:13 p. m.

ONU alerta riesgo en elección de curules de paz por presencia de grupos armados

La representante en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, presentó el Informe Anual del organismo sobre Colombia, en el que además se expresó preocupación por el aumento de masacres, la falta de presencia integral del Estado en las zonas rurales y las más de 202 alegaciones por homicidios de personas defensoras de derechos humanos.
Juliette de Rivero, representante en Colombia de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Juliette de Rivero, representante en Colombia de Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Foto: ACNUDH

La situación de seguridad territorial en Colombia es crítica. Al menos esto lo muestra el más reciente Informe Anual de 2021 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, emitido este jueves y presentado por la representante de este organismo en Colombia, Juliette de Rivero.

La representante indicó que entre los puntos más preocupantes está el alto riesgo en las 16 circunscripciones de paz en donde el próximo 13 de marzo se realizará la histórica de votación para entregar a las víctimas 16 curules para la Cámara de Representantes. “El informe señala con preocupación, la presencia de grupos armados no estatales y organizaciones criminales que operan en zonas que corresponden a esas circunscripciones y su impacto negativo para el proceso electoral”, dijo de Rivero.

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En el informe se destacaron los avances del proceso de paz como la ampliación de la vigencia de la Comisión de la Verdad. En ese punto, el documento insta al Estado y a la sociedad “a continuar apoyando el trabajo de la Comisión de la Verdad, a divulgar su futuro Informe final, y asignar un presupuesto suficiente que permita la efectiva implementación de las recomendaciones formuladas”.

Otra de las recomendaciones del informes es “atender las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes de la Misión de Observación Electoral” y que ello se traduzca en medidas de protección y mayor presencia de la institucionalidad civil en zonas críticas.

De acuerdo el documento, la creación de esas circunscripciones transitorias especiales de paz “es otro avance significativo, en particular con relación a la participación política de las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto armado”, aunque pone énfasis en un incremento de la violencia justamente en esas zonas y otros centros urbanos que “están afectando severamente los liderazgos y la vida comunitaria indígena, campesina y afrodescendiente, y a mujeres en zonas rurales”, precisa ACNUDH.

Sobre la violencia a nivel se zona rural, de Rivero indicó que la situación se ha agudizado y que los niveles de violencia homicida se concentraron mayoritariamente en cuatro departamentos del país, que también en su momento fueron altamente afectados por el conflicto armado. “En total hubo 100 casos de posibles masacres, de las cuales 78 fueron verificadas y mayoritariamente fueron perpetradas en Antioquia, Cauca, Nariño y Valle del Cauca. Estos hechos también estuvieron acompañados por limitaciones de prácticas ancestrales y comunitarias, y demás hostigamientos de grupos armados al margen de la ley”, comentó de Rivero.

“Hay que reforzar la presencia integral del Estado”

En la presentación del Informe Anual, las vulnerabilidades socioeconómicas de distintas zonas del país también fueron puestas sobre la mesa para analizar la situación de seguridad. Se concluyó que en las regiones del Pacífico y del Caribe hubo mayores indicadores de pobreza multidimensional; con un 30,9% y un 28,7%, respectivamente, y que a nivel general la población informal ascendió al 48,1%.

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“El alto nivel de desigualdad y el aumento en reclutamiento de menores y uso de minas antipersonas generan zozobra y desesperanza para millones de familias colombianas. Hay que reforzar la presencia integral del Estado para tratar estas situaciones, porque de lo contrario se pueden aumentar las vulnerabilidades como las que ya hay en lugares como Quibdó, donde los déficits económicos y la presencia de grupos armados ya muestran su intensidad. Con la llegada del Estado hay mayor acceso a la justicia, a los servicios básicos, disminuye la impunidad y se impulsa el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales”, acotó la representante.

Dicha falta de respaldo estatal pleno también se ve reflejado en los homicidios, amenazas y estigmatizaciones que sufrieron los líderes sociales y defensores de derechos humanos. ANUDH indicó en el informe que se presentaron 202 alegaciones de homicidios de personas defensoras de DD.HH., de las cuales 100 tuvieron una relación directa entre su asesinato y su labor social. El 75% de estos hechos tuvieron lugar en Antioquia, Chocó, Valle del Cauca y Cauca.

Entre tanto, hubo 1.116 amenazas contra esta población y contra organizaciones defensoras, con el componente particular de un estudio específico sobre lo que sucedió en las jornadas de movilización social.

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Paro nacional, punto diferenciado del informe

A pesar de reconocer que en Colombia hay una normativa extensa frente a los escenarios de garantías para la movilización social, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que del total de afectaciones sobre defensores de derechos humanos en el país, el 33% de los homicidios se concentraron en las jornadas de protesta.

En cuanto a los niveles de represión, ACNUDH alertó que de las 54 privaciones arbitrarias de la vida de las personas durante el paro, 44 fueron perpetradas por policías, cinco más por militares, dos con presunta responsabilidad del CTI de la Fiscalía y las tres restantes en connivencia entre militares y policías.

Estas privaciones arbitrarias a la vida, también con subregistros de otros organismos nacionales, indican que 29 de ellas fueron producto de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza, 13 en el marco de operativos preventivos, dos en labores contra crimen organizado y dos sucesos por incumplimiento en el deber de protección de víctimas detenidas en estaciones de policía.

“Por este tipo de cosas es que en el informe hablamos de por qué la Policía Nacional debe pasar a un ministerio civil”, sugirió la representante.

Alertas y subregistros

Las Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo siguen siendo un instrumento predilecto para ACNUDH a la hora de medir y evaluar afectaciones. Gracias a esos reportes se adelantaron a lo largo del año pasado 145 investigaciones para esclarecer hechos relacionados con las afectaciones a defensores de derechos humanos. De estos, 49 tienen avances que incluyen sentencias; 18 están en juicio; 18 más tienen orden de captura y 11 restantes siguen en investigación.

“Fenómenos como los desplazamientos forzados, por ejemplo, aumentaron más de un 200% respecto a 2020. Hay aumentos significativos en los reclutamientos forzados y he escuchado de primera mano los testimonios desgarradores de las madres que pierden a sus hijos tras esto. Muchas personas aún temen en poner denuncias y no quieren ser revictimizados, y por eso hay tantos subregistros”, comentó de Rivero.

ACNUDH calculó que en 28 de los 32 departamentos hubo atentados contra la seguridad pública durante 2021. Para ello, también en clave de implementar el Acuerdo de Paz, esta oficina de la Alta Comisionada insta al Estado colombiano a que le dé seguimiento al llamado de las poblaciones afectadas por la violencia que piden la adopción de Acuerdos Humanitarios para la protección de la vida y el respeto de los derechos humanos; a que el Ministerio del Interior refuerce la capacidad y metodología de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas para implementar medidas concretas de prevención de la violencia; a que se fortalezcan las Comisiones Regionales del Ministerio Público para dar seguimiento a las Alertas Tempranas, mediante la articulación entre las Personerías, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo; y a que el Gobierno robustezca y, en algunos casos, reactivar las mesas territoriales de garantías y fortalecer el seguimiento de sus decisiones, entre otros puntos.

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