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Por casi 19 meses, los negros habitantes de las cuencas de los ríos La Larga y Tumaradó han estado esperando protección de la justicia, mientras en su territorio se ven cara a cara con quienes en el pasado fueron sus despojadores. El 3 de mayo pasado, la sección de revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) les dio la razón y le ordenó a la Sala de Reconocimiento de esa misma jurisdicción que en máximo 30 días resuelva la petición de protección de esa comunidad, ante el riesgo extremo en el que se encuentra.
En septiembre de 2020, como lo contó entonces Colombia+20 en este artículo, el Consejo Comunitario de La Larga y Tumaradó (Cocolatu) y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) entregaron a la JEP y a la Comisión de la Verdad un detallado informe que documentaba el despojo de tierras del que ha sido víctima esa comunidad, que abarca 107.000 hectáreas entre Riosucio (Chocó), y Turbo y Mutatá (Antioquia). El documento evidenciaba cómo, después de la arremetida paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), la mayor parte de tierra productiva de su territorio colectivo quedó en manos de un puñado de empresarios y ganaderos que se hicieron a ella a través de compraventas, depredaron el bosque y dejaron vastos potreros donde pastan sus reses y sus búfalos.
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Varios líderes del consejo argumentaron temor de participar en la entrega del documento, que los dejaba expuestos ante quienes eran mencionados allí con nombre propio. No era fortuito su temor. En el informe aparecían reseñados José Vicente Cantero, el principal comprador de tierras del consejo comunitario, quien junto con Dorance Romero – o Wílmer Romero – consolidaron haciendas como La Cuatro, La Seis y la Siete, cuya extensión se estima en 25.000 hectáreas.
Junto a ellos dos aparecían Ángel Adriano Palacios Pino, Jaime Uribe Castrillón, Óscar Mosquera, Francisco Castaño y Juan Guillermo González. En total, una decena de empresarios concentraron alrededor de 60.000 hectáreas de tierra del consejo comunitario, que equivale al 95% de la tierra productiva del territorio colectivo de Cocolatu, pues el resto pertenece a zonas permanentemente inundadas.
Incluso meses antes de que el consejo comunitario y el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) presentaran el informe al sistema de justicia transicional, los hostigamientos y las amenazas habían recrudecido. Particularmente desde febrero de 2020, cuando Cantero quedó en libertad condicional, luego de cumplir una pena en la cárcel por desplazamiento forzado a campesinos, en otro proceso. A partir de entonces, a los pobladores del consejo les volvieron a destruir sus cultivos, sus viviendas y sus cercas.
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En agosto de ese año, Edis Manuel Caré, de 65 años y líder de restitución de tierras de Cocolatu fue asesinado por hombres armados que llegaron hasta su vivienda y lo ultimaron con seis tiros.
Con esos antecedentes, Cocolatu, de la mano con el Cinep, presentó ante la JEP en septiembre de 2020 una solicitud de medidas cautelares de protección. Ello en aras de poder participar plenamente en el macrocaso 04 de esa jurisdicción, que investiga la situación territorial de Urabá y en el que ese consejo comunitario está acreditado como víctima colectiva.
La respuesta de esa justicia no ha sido la que la comunidad esperaba. El 25 de febrero de 2021, al no obtener respuesta, el consejo comunitario presentó un memorial ante la JEP en el que solicitaba darle celeridad a su trámite de medidas cautelares. El 9 de abril de 2021, la Sala de Reconocimiento emitió el auto en que avocó conocimiento de la solicitud de medidas cautelares, acción con la que empieza formalmente el proceso. Para entonces ya se ajustaban siete meses desde que la comunidad había interpuesto la solicitud.
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A partir de entonces, la sala a cargo del trámite emitió otras decisiones en las que requería a diferentes entidades de la zona que remitieran información sobre el riesgo del consejo comunitario, entre otras. Sin embargo, a la fecha, la solicitud de medidas cautelares no ha sido resuelta.
Al completarse, en abril pasado, un año sin respuesta desde que la JEP avocó conocimiento de la petición, Cocolatu y el Cinep interpusieron una tutela ante esa justicia para que resuelva su petición. En el documento, radicado el pasado 18 de abril, se pedía proteger sus derechos al debido proceso, a la vida a la seguridad personal.
Por su parte, en respuesta a la tutela, la Sala de Reconocimiento sostuvo que ha ejecutado las actuaciones correspondientes en medio de la “sobrecarga laboral que recae en estos momentos al interior de los despachos” de dicha sala.
La sección de revisión resolvió la tutela el pasado 3 de mayo. En su decisión, encontró que “si bien se observa que la Sala de Reconocimiento ha surtido actuaciones propias del impulso al trámite de medidas cautelares (…) tales actuaciones no cumplen la razonabilidad en el plazo, especialmente por la urgencia del trámite reclamado”. Agregó que “la forma de proceder por parte de la accionada (Sala de Reconocimiento) no se correspondió con los fines y urgencia de las medidas cautelares”.
Allí detalló que teniendo en cuenta que la última actuación de dicha sala en relación con la solicitud del consejo comunitario fue en diciembre de 2021, “se observa una inactividad de la Sala de Justicia de casi cuatro meses”. Por eso, la sección amparó los derechos al acceso a la administración de justicia, el debido proceso, la vida y la seguridad y ordenó la resolución de la solicitud en 30 días calendario.
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La seguridad para el consejo comunitario y sus líderes, según la solicitud, es clave en este momento. Ahora mismo, su proceso de restitución colectiva de tierras está en la etapa judicial y se encuentra avanzando en el Juzgado Primero Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó. El juzgado está notificando formalmente a cada una de las personas que tienen predios al interior del territorio colectivo, entre los que, evidentemente, están los grandes ocupantes de sus tierras.