Colombia + 20

24 Sep 2022 - 9:33 p. m.

Expolicía que accederá a eutanasia dice que enfermedad es causada por el glifosato

Gilberto Ávila Llano accederá a la eutanasia el próximo lunes 26 de septiembre. Después de 16 años luchando contra el parkinson juvenil, dice que no ve otra salida mejor que la muerte. Asegura que otros tres expolicías que trabajaron con él en la dirección de Antinarcóticos de la Policía también desarrollaron esa enfermedad después de años trabajando en las aspersiones aéreas con glifosato.
Gilberto Ávila Llano, sargento retirado de la Policía, quien accederá a la eutanasia el próximo lunes 26 de septiembre.
Gilberto Ávila Llano, sargento retirado de la Policía, quien accederá a la eutanasia el próximo lunes 26 de septiembre.
Foto: Cortesía

En 1981, cuando Gilberto Ávila Llano, a sus 18 años, entró a la Policía, cumplió un sueño: el de portar un uniforme que representaba, para él la protección de los colombianos. Trabajó por casi dos décadas en la institución, en la Dirección de Antinarcóticos en la lucha contra el narcotráfico, y fue hasta 1987 que comenzó a trabajar implementando la aspersión aérea con glifosato a los cultivos de uso ilícito. Hoy, a sus 59 años, el sargento (r) asegura que el glifosato fue lo que lo enfermó. El próximo lunes, 26 de septiembre, Ávila se convertirá en el tercer colombiano en acceder a la eutanasia por una enfermedad no terminal: el parkinson juvenil que sufre hace 16 años.

Amante del deporte y el ejercicio. Oriundo de Génova (Quindío), el sargento (r) que le entregó su vida a la Policía, lleva varios meses intentando visibilizar el abandono en el que lo dejó la institución después de conocer su diagnóstico médico, por el que le dieron el retiro. Ha tenido que recurrir a médicos especialistas, neurólogos y psiquiatras. Fue hasta el pasado 21 de abril de este año que Gilberto Ávila solicitó formalmente la eutanasia, luego de tres años de haberlo contemplado sin tomar una decisión de fondo. “Hace tres años he pensado que lo mejor es terminar con esto que llevo 16 años padeciendo. Llevo dos cirugías fallidas. Lo peor está por venir. No puedo hacer nada. Si me acuesto no puedo voltearme sin ayuda. Cada dos horas me quedo rígido. Con la pasta puedo moverme dos horas al día, que aprovecho para hacer algunas cosas”, dice uno de los documentos médicos conocidos por Colombia+20 que son parte de su historia clínica, pero que no serán publicados por respeto al paciente.

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Carlos Arturo López, exsargento de la Policía y veedor ciudadano en el departamento del Quindío conoció la historia de Gilberto Ávila hace apenas 10 días. “Cuando nos reunimos, él me dijo: Yo a usted lo he visto, trabajamos juntos en Antinarcóticos. Quiero que usted me ayude a visibilizar esto para que mi muerte no sea en vano”, relata el veedor que se dedica a denunciar irregularidades e injusticias en el sistema de salud de los uniformados. Desde entonces, López se ha dedicado a publicar a través de sus redes sociales la historia de su colega y amigo, a quien acompañará hasta su último día de vida.

En Google hay 1.310 artículos científicos y académicos que ratifican la relación que hay entre la manipulación de hercibidas tóxicos como el glifosato y el desarrollo de la enfermedad del parkinson. La más reciente investigación es de tres estudiantes de la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña (Norte de Santander), que en septiembre de este año denunciaron altos niveles de glifosato en el agua superficial y potable proveniente del río Algodonal, que abastece a gran parte de la región del Catatumbo, y ratifica la relación entre el uso de ese químico y otros problemas en la salud como el parkinson.

López sabe que hablar sobre las afectaciones del glifosato a la salud de los policías es como “pisar callos”. Actualmente, acompaña a otros dos uniformados que también trabajaron por la misma época que el sargento (r) Gilberto Ávila en la dependencia de Antinarcóticos y que también desarrollaron parkinson juvenil. “Pero además llevo casi un centenar de otros casos de afectaciones a la salud -física y mental- de policías, sobre todo los que tuvieron que enfrentar el conflicto armado”. Gilberto Ávila no es ajeno a eso: dice que se considera una víctima olvidada del conflicto. “Nadie habla de esto, nadie nos tiene en cuenta”.

Asegura que durante sus años de servicio como integrante del grupo especial en Cusiana (Casanare), pudo consolidar un equipo de 25 personas que trabajaban con él codo a codo en esa región y en el departamento del Guaviare que constantemente vivía enfrentamientos con la otrora guerrilla de las Farc en los años 90. Comenzaron las aspersiones en 1995. “Éramos tres comandantes y dos resultaron muertos: el capitán Quintero y el sargento Rodríguez. Y otros tres resultamos enfermos de parkinson, tenemos la misma enfermedad y nos exponíamos al mismo químico en la misma época. Todos duramos más de 16 años inhalando y bañándonos con ese químico en la selva. Cuando terminaba la aspersión nos tocaba bajar a verificar que sí se había fumigado todo y ahí seguíamos inhalando el glifosato”.

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En 2009, cuando el sargento todavía continuaba en la institución, fue diagnosticado con esa enfermedad. “Cuando yo informé a la Policía que tenía parkinson me dieron $30 millones. Eso fue como haberle dado un dulce a un niño. El problema no fue ese sino que después de eso se volvió una tortura acceder al sistema de salud y a los cuidados paleativos. Ni me reconocieron la enfermedad”, narra con la voz pausada y apagada. Dice que se siente abandonado por la institución a la que sirvió con vocación por más de la mitad de su vida.

Gilberto asegura que siempre ha sido un defensor de la vida. En 2014, cuando la enfermedad del parkinson juvenil apenas se asomaba y podía combatirla con medicamentos y otros buenos hábitos de vida como el ejercicio, ya hablaba sobre la guerra como un episodio que no quería repetir y que esperaba que el país no siguiera viviendo. “La violencia es el miedo a los ideales de los demás”, posteó en su perfil personal de Facebook.

Justamente por esa defensa de la vida, pero de la vida digna, dice que prefiere morir dignamente antes de convertirse en una carga para su hermana y un sobrina, su única red de apoyo familiar. Los últimos años los ha pasado desde una casa una pequeña vereda llamada Boquia, ubicada en el icónico pueblo de Salento (Quindío), a donde llegó en busca de una vejez más tranquila. Sin embargo, hace cuatro años desarrolló una alergia al humo de los carros. “Hace que me ponga más rígido todavía, entonces ya casi no puedo salir de la casa”.

Una de las más grandes dificultades a las que se ha enfrentado es a acudir a las citas médicas a las afueras de su municipio. El 27 de julio pasado, por ejemplo, se desplazó hasta Pereira (Risaralda), para acudir a una cita en el Instituto de Epilepsia y Parkinson del Eje Cafetero. “Él es quien debe salir a la calle para tomar transporte y llegar a esas citas médicas. Cuando ha tenido que interponer tutelas ante el sistema de salud de la Policía también lo ha hecho solo y lo más triste de todo es que esas tutelas se las han impugnado siempre, como si ese nivel de deterioro en la salud no importara”, cuenta el veedor Carlos López.

La última vez que tuvo que pasar por una travesía similar fue el 21 de septiembre pasado. “Se tuvo que ir solo, sin compañía, en bus desde Salento hasta Armenia para terminar de tramitar unos documentos médicos para la eutanasia. ¿Cómo es posible que la institución (Policía), sabiendo que se está muriendo no pueda tramitar al menos un vehículo para que él pueda tener unas garantías mínimas en sus últimos días de vida?”, reclama Carlos López, que se ha convertido en su vocero y amigo en esta petición.

Su legado es para que su historia no se repita

El sargento (r) Ávila es reiterativo en que no busca dinero ni protagonismo. “Para qué, si yo ya me muero el 26″, repite con tranquilidad y resignación. Su petición va más allá: quiere que se consolide una mesa de investigación y acompañamiento a policías con parkinson. Su deseo es que se logre establecer una relación entre esa enfermedad y el uso -y el abuso- del glifosato en Colombia. Las investigaciones científicas ya existen, pero quiere que quede ratificado que muchos de los uniformados en este país que han trabajado en esa labor en la lucha contra las drogas, están sufriendo consecuencias a su salud irreversibles.

Lo pide desde su experiencia, porque cuenta que aunque ningún médico de los que lo ha tratado se ha atrevido a certificar que su enfermedad es producto de las jornadas en las que se exponía a ese herbicida, dice que esa ha sido una constante afirmación verbal que le han hecho los doctores cada vez que llega con su historia clínica bajo el brazo. Además, el hecho de conocer a otros policías que trabajaron en las mismas aspersiones aéreas con él y que han desarrollado la misma enfermedad, ha sido un punto de partida para asegurar que sí hubo una relación directa entre su trabajo y esa enfermedad degenerativa.

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El veedor de salud que acompaña el caso dice que otra de sus peticiones es buscan a un toxicólogo que pueda acompañar otros casos de Policías con patologías similares para identificar casos en otras regiones del país que puedan ser visibilizados. “En esas operaciones de aspersión se usan muchos más litros que los empleados en la agricultura comercial. Entonces el riesgo para los que deben manipularlo es alto, muy alto”, expresa con preocupación el sargento (r) López, quien también trabajó en la Unidad Antinarcóticos en los años 90 y conoce de cerca esa realidad.

Desde que su caso se hizo conocido por las redes sociales, la Dirección de Sanidad de la Policía emitió un comunicado de prensa confirmando que conocían el caso y que su procedimiento con la eutanasia se realizaría en una IPS con la que tiene alianza la institución. No se refirieron a la enfermedad del parkinson ni a su labor manipulando glifosato por casi dos décadas. Hablaron sobre su compromiso con contribuir “a la calidad de vida” de los policías en servicio activo y de los que piden el retiro. Sin embargo, no emitieron una respuesta sobre las tutelas que han impugnado durante casi 15 años de lucha contra la enfermedad.

Este lunes 26 de septiembre, a las 10:00 a.m., el sargento Ávila recibirá la eutanasia. Dice que su última voluntad es que su caso no se repita y que a ningún otro policía le suceda lo mismo que a él. Habla sobre la negligencia del sistema de salud de la Policía y de las trabas que le ha puesto la institución para acceder a sus tratamientos médicos. Pide, además, que la decisión de la Corte Constitucional en 2015 de prohibir la erradicación de cultivos ilícitos con ese químico se haga realidad. Su vocero, el sargento (r) Carlos López será quien llevará su legado: la primera semana de octubre radicará una acción popular para defender los derechos a la salud de casi 100 policías, algunos que trabajaron Antinarcóticos, y que desarrollaron enfermedades como cáncer, parkinson y otras patologías neurológicas.

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