Los 263.000 litros de glifosato que el gobierno Duque le dejará al de Petro

Según el último informe, Colombia tiene 143 mil hectáreas sembradas con coca. / Carlos Ortega-EFE.

Foto: (EPA) EFE - Carlos Ortega

A menos de dos semanas de la posesión de Gustavo Petro como presidente y a pesar de su negativa a usar glifosato para la erradicación de cultivos de uso ilícito, el 21 de junio de 2022 la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional firmó un contrato por $12.500 millones para comprar 263.000 litros de ese herbicida. Se trata del gasto más elevado en la historia del país para ese suministro agrícola.

El contrato se le entregó a la empresa comercializadora de insumos Del Monte Agrosciences SAS, a la que el gobierno Duque le ha adjudicado tres contratos más desde 2020, que suman otros $15.565,5 millones. Esta última compra es de 1.316 canecas de 200 litros. Con esa cantidad, sumada a las 180 que le quedan del año pasado, Antinarcóticos espera erradicar casi 30.000 hectáreas de matas de coca: 25.828 en la segunda mitad de 2022 y 4.080 en 2023.

Ante las dudas que desató el contrato, el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que el agroquímico será utilizado únicamente para la aspersión terrestre. “Esas compras que se están haciendo obedecen a un proceso normal de compra para la erradicación manual. Recuerden que hay una aspersión que se hace con glifosato con una bomba en la espalda que llevan los policías a las diferentes zonas de erradicación. Vamos a seguir erradicando hasta el 7 de agosto”, explicó. Pese a ello, ni el proceso de adjudicación ni el contrato final especifican con qué método será utilizado el herbicida. De hecho, uno de los requisitos para el contratista fue adjuntar un dictamen técnico de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) que evalúa los riesgos del “escenario de aspersión tanto aérea como terrestre”.

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Además, según información recogida por el equipo de empalme de Petro en temas de drogas y confirmada por fuentes de la Policía a este diario, el gobierno Duque está intentando retomar los llamados Equipos de Aspersión Teledirigidos que hacen uso de drones para regar el glifosato sobre las plantas.

La estrategia, señala Felipe Tascón, el coordinador del equipo de empalme en estos temas, “es una interpretación errada, que va en contra del fallo de la Corte que suspendió la aspersión aérea”. Y aseguró que sin importar el método, “sea con drones o con aviones, no habrá aspersión aérea durante el gobierno Petro”.

Sobre la aspersión terrestre con bombas en la espalda, en cambio, no fue tan tajante. “La recomendación que haremos es que se debe superar el glifosato en todo sentido. La política de drogas tiene que cambiar de enfoque: no debe ser desde la criminalización de los campesinos como en los últimos 50 años, sino mediante alternativas para ellos. El problema es económico y la solución debe ser económica”, sentenció.

En esa misma vía se han manifestado el mismo presidente Petro y la ministra de Ambiente designada, Susana Muhamad, quien aseguró que habrá una “política integral de drogas que no dependa de envenenar el suelo, el agua y las comunidades” con glifosato.

Sobre el tema, Tascón aseveró que “ni Ministerio ni Antinarcóticos pueden dar directrices para final de este año o para el próximo”. Lo que debe ser claro, afirma, es que estas políticas no podrán detenerse “el 7 de agosto por la noche”. “Habrá un momento de transición en el que resolveremos cuáles serán las políticas institucionales para cambiar el eje hacia el desarrollo del campo y no hacia la criminalización del campesino; ese es un compromiso del presidente Petro con las comunidades”, dijo.

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Este diario intentó obtener respuesta tanto del Ministerio de Defensa como de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía sobre por qué se firmó el contrato a pesar de que la campaña de Petro, el comité de empalme en temas de drogas y la nombrada ministra de Ambiente han manifestado públicamente su rechazo a este herbicida. Antinarcóticos dijo que debía responder el Ministerio y el Ministerio volvió a remitirse a Antinarcóticos. Finalmente, este último se negó a dar información al respecto.

Alerta de irregularidades

Para Miguel Tunjano, coronel retirado de la Policía e ingeniero agrónomo, lo que se cometió fue una irresponsabilidad.

Además, dice Tunjano, hay evidencia técnica de que se puede acabar con la erradicación y llevar a cabo otras acciones “que tienen menor esfuerzo económico y mayor impacto contra el narcotráfico”.

Colombia+20 revisó el contrato y, tras la consulta a un técnico y a un abogado especialista en contratación estatal, se encontraron alertas de irregularidades. La primera es sobre el alto costo de los insumos. Mientras que Del Monte Agrosciences ofertó las canecas de 200 litros a $9’215.000 y las de 20 litros a $970.000, en otras grandes distribuidoras la caneca de 20 litros está entre $695.000 y $750.000. Eso significa que la caneca de 200 litros estaría en el mercado a 6’950.000 o $7’500.000, al menos $2 millones por debajo del precio adquirido. Sobre esto, Del Monte Agroscienses SAS argumentó que el alto costo se debe a varias razones. “Primera, por la calidad del glifosato; segunda, tengo que entregar el producto en las bases de la Policía y eso tiene un riesgo, por lo tanto, un costo mayor. Tercera, también debemos hacer la capacitación presencial. Cuarta, todo subió de precio, el dólar subió y los precios que se encuentran ahora son de los insumos que se compraron en el pasado”, enumeró un directivo de la compañía que prefirió no revelar su nombre.

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En el proceso de contratación registrado en el Secop hay otras dos alertas de irregularidades lanzadas por la empresa Márquez Asociados, el otro oferente para la adjudicación. La primera consiste en que dentro de las especificaciones técnicas mínimas, Antinarcóticos les pide a los oferentes que el fabricante del producto cuente con el “registro como establecimiento fabricante ante la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos EPA”. Márquez Asociados asegura que el certificado presentado por Del Monte Agrosciences acredita a la empresa Shandong Weifang Rainbow Chemical como distribuidor y no como fabricante. Pero sobre esto Del Monte Agrosciences SAS aseguró que no tiene sentido la reclamación porque la empresa china es fabricante y está inscrita como tal, según lo evidenció en documentos enviados a este medio.

La tercera irregularidad consiste en que, sin previo aviso, Antinarcóticos anticipó la adjudicación del contrato. Estaba programada para el 21 de junio y cuatro días antes, el 17, decidieron adelantarla y entregarla. Es decir, el mismo día respondió a las observaciones enviadas por los oferentes, modificó el cronograma y adjudicó el contrato. Colombia+20 intentó obtener respuesta por parte de esa entidad, pero su oficina de prensa reiteró que el director, Ricardo Alarcón, no hablaría del tema.

Reparos históricos al uso del glifosato

Luis Felipe Cruz, coordinador de investigación en el área de Drogas de Dejusticia, lo ha repetido: “Se ha demostrado que la estrategia más eficiente para acabar con los cultivos de uso ilícito es la sustitución, que también es la que demanda mayor acción integral por parte del Estado. En cambio, la erradicación tanto terrestre como aérea genera un daño muy alto y un beneficio muy bajo”.

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Pese a que el ministro Diego Molano señaló que durante el gobierno del presidente Iván Duque se han erradicado 398 mil hectáreas, la disminución en la cifra total reportada año a año no lo evidencia. Este gobierno inició con el registro de 171.495 hectáreas sembradas con coca en 2017, en 2018 se registraron 169.018, cifra que pasó a 154.476 en 2019 y llegó a 142.784 en 2020, según el último reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci). La reducción real ha sido de 28.711 hectáreas. Los expertos y la ONU coinciden en que el Acuerdo de Paz estableció la sustitución voluntaria como medida principal y la erradicación forzada como subsidiaria.

Esto lo trajo a colación esta semana la representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette de Rivero, en entrevista con Colombia+20. “Hay que estudiar con mucho cuidado este tipo de medidas (de erradicación forzada), que son generadoras de violencia y muchas veces no aportan soluciones, pero sí incrementan la violencia en el territorio. La ruta es reforzar la implementación del programa de sustitución de cultivos en los territorios, como lo estableció el Acuerdo, y crear una política de drogas que tenga un enfoque de derechos humanos”, puntualizó.