Conflicto

24 Oct 2021 - 2:00 a. m.

La paz nunca llegó al río San Juan, en Chocó

Las comunidades afrocolombianas de esta región viven bajo el fuego cruzado. Tras los desplazamientos masivos de agosto y septiembre han retornado a sus pueblos sin garantías. Las minas antipersonales, las amenazas, los asesinatos y los combates se han instalado allí.

Camilo Alzate González / @camilagroso

En el río San Juan nació la propuesta de Acuerdo Humanitario Ya para Chocó, que busca un diálogo con el Eln. / Camila Morales López
En el río San Juan nació la propuesta de Acuerdo Humanitario Ya para Chocó, que busca un diálogo con el Eln. / Camila Morales López

David* viajó a San Miguel para asistir al entierro del señor Libardo Sánchez la tarde del pasado 13 de septiembre. San Miguel es un pueblo largo a orillas del río San Juan, en Chocó, a dos horas en bote desde el municipio de Istmina. David recuerda que en la mitad del sepelio los dolientes no esperaron siquiera a que acabara la novena y varios comenzaron a gritar “vámonos, vámonos”. David, que es oriundo de la región y trabaja con varias organizaciones sociales, no entendía por qué salían atropellados y sin despedirse. Lo entendió cuando ya estaba en el bote de regreso hacia Istmina y se cruzaron con varias lanchas repletas de paramilitares. “Nosotros salíamos y ellos venían entrando”, dice.

Los paramilitares (miembros de las Agc o Clan del Golfo) confundieron a Ñeque, un motorista del pueblo, creyendo que era guerrillero. Le dispararon y averiaron el motor de su lancha, pero Ñeque salió ileso. Al día siguiente la mitad del pueblo abordó embarcaciones y escapó hacia Istmina. La guerrilla del Eln dijo que debían “desocupar”, luego los combates se sucedieron varios días dentro del mismo caserío.

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Algunas personas en la zona denunciaron una presunta connivencia entre la Fuerza Pública y los paramilitares, pues el 14 de septiembre las Agc coparon el pueblo y las tropas del Ejército permanecieron en las inmediaciones sin atacarlos. “En una punta del pueblo el Ejército y en la otra los paramilitares”, cuenta un líder de la región.

Una semana antes David se había llevado a su mamá para Istmina temiendo lo que ahora se confirma: la expansión de las Agc para controlar el río San Juan ha roto un pacto de no agresión que el comandante Uriel, del Ejército de Liberación Nacional (Eln), había establecido de modo tácito con ellos hace años.

Uriel habló del asunto en entrevistas, y múltiples fuentes de la región lo confirmaban: las Agc controlaban los caseríos próximos a Istmina, pero nunca cruzaban río abajo más allá de Primavera y La Unión, dos aldeas ribereñas del San Juan. El Eln controlaba el resto del río y devolvía el favor: jamás incursionaba hacia arriba.

Uriel, quien se llamaba Andrés Felipe Vanegas y fue comandante del frente Che Guevara, murió en un operativo militar en octubre del año pasado. Muchos temieron que su muerte podría quebrar aquel equilibrio de la confrontación, pero las cosas siguieron iguales.

Hasta que todo cambió el pasado 13 de agosto, cuando el pacto de no agresión se rompió definitivamente después de que un centenar de hombres de las Agc llegaran a Dipurdú del Guásimo y se trenzaran en un combate de varios días, que obligó al Eln a replegarse. Todo el pueblo huyó desplazado rumbo a Isla de Cruz, un caserío vecino; otros hacia Istmina, donde fueron acogidos en la sede del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan).

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La población retornó sin ninguna garantía ni acompañamiento una semana más tarde, cuando el Ejército ya hacía presencia en la zona. Los soldados borraron con pintura blanca todos los letreros que las Agc habían hecho en las casas y los habitantes encontraron que su pueblo había sido minado por la guerrilla para contener el avance de los “paras”. El 21 de agosto, el campesino José Rivas cayó en un campo minado y fue evacuado por las tropas hacia Quibdó, con su pierna derecha destrozada. Tres días más tarde un soldado de la Fuerza de Tarea Titán pisó otra mina y tuvieron que sacarlo en helicóptero.

Soldados en Dipurdú confirmaron a Colombia+20 que se han presentado varios heridos con minas y aún no avanzan en el desminado, porque los perros para detectar explosivos se enferman por las duras condiciones del terreno.

El Eln ha instalado minas también en los alrededores de Sipí y San Miguel, donde el indígena Carlos Alberto Parra perdió una de sus piernas el 12 de octubre. Mientras sus vecinos intentaban sacarlo hacia Istmina por el río, los paramilitares detuvieron el bote creyendo que se trataba de un guerrillero herido. Un reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 28 víctimas de minas antipersona en Chocó durante lo corrido de 2021. Es el tercer departamento más afectado después de Norte de Santander y Cauca.

“Se está sobrepasando la capacidad institucional para hacerle frente al tema humanitario”, reconoce William Halaby Palomeque, secretario del Interior de la Gobernación de Chocó. Halaby admite que muchas veces la Gobernación no tiene ni los recursos ni la capacidad para atender los confinamientos y desplazamientos, por ello deben apoyarse en la cooperación internacional y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas.

Sobre los desplazados y confinados recientes, Halaby aclara que la Gobernación ha realizado visitas y comisiones de verificación, y que la segunda semana de octubre aportó 500 mercados para que fueran canalizados a través de la Alcaldía de Istmina. Yolima Córdoba, enlace de la Unidad de Víctimas, asegura que la Unidad apoyó con kits de aseo y algo de comida para las ollas comunitarias de los desplazados mientras permanecieron en Istmina. Según cálculos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, el desplazamiento forzado ha sido el hecho victimizante más común en el Chocó, afectando al 73% de las víctimas registradas.

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Las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo pronosticaban esta crisis por lo menos desde febrero de 2018, cuando se reconfiguró el conflicto armado en la región tras la salida de las Farc, un vacío de poder que rápidamente llenaron el Eln y las Agc. La última de esas alertas tiene fecha del 13 de octubre de este año, y avisa de la “altísima probabilidad del incremento de desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos, homicidios selectivos y múltiples, masacres, amenazas e intimidaciones”.

No obstante, las comunidades insisten en que la ayuda estatal es nula e insuficiente. “Que nos escuchen ya es una ganancia para nosotros”, lamenta Rodolfo Esquivel Hernández, un viejo líder del río Copomá. Reclaman, además, que se atienda a los confinados que resisten en su territorio sin desplazarse.

“Todos los grupos aparecen y se recuestan a las comunidades. Cuando un grupo se siente acorralado busca es la comunidad”, se queja Carlos Alberto Victoria, otro campesino del Copomá, donde varias personas advierten que en los operativos recientes miembros del Ejército usaron brazaletes para hacerse pasar como miembros del Eln en septiembre. Unas denuncias similares hicieron, en junio, los pobladores de Panamacito, después de un operativo militar en el que dispararon contra las casas de la vereda Montebravo y detonaron granadas dentro del caserío.

Tratamos de contactar al brigadier general Óscar Leonel Murillo, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, quien coordina las operaciones militares en Chocó, para consultarle por estas denuncias. Sin embargo, al cierre de la edición no fue posible obtener una respuesta.

El San Juan ya suma tres desplazamientos masivos entre agosto y septiembre, con un aproximado de 2.200 personas afectadas, según los cálculos de las organizaciones étnicas. En solo dos meses, la región ya acumula casi la mitad de todos los desplazamientos reportados en Chocó este año.

“La búsqueda de la paz no tiene límite, no tiene fecha de vencimiento”, dice Elizabeth Moreno Barco, líder del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), la mayor organización de la zona, que además impulsó la propuesta de Acuerdo Humanitario Ya, una iniciativa para desescalar la guerra con el Eln, que las comunidades étnicas de Chocó defienden como solución a la crisis. Además, exigen una presencia integral del Estado: “No más desfile de chalecos, necesitamos desfile de oportunidades, de ayuda”.

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Pero la paz no se concreta en el San Juan. El Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito fracasó en la región, donde inicialmente estuvo uno de sus proyectos pilotos con comunidades étnicas. Muchas de ellas firmaron acuerdos colectivos de sustitución que el Gobierno incumplió cuando Chocó finalmente fue excluido del programa. Los proyectos del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que se formularon en alianza con las alcaldías y la Gobernación, apenas comienzan a viabilizarse cinco años después de la firma del Acuerdo de Paz. Lo único certero y eficaz son las balas. El último hecho ocurrió el 16 de octubre, cuando varios guerrilleros del Eln llegaron a Pangalita y asesinaron a Ómar Cárdenas Lozano, quien era líder comunitario, según versiones de los vecinos.

“Este año se nos ha agudizado la violencia, podemos decir que todo el río San Juan ha estado confinado”, señala Amparo Murillo, otra integrante de Acadesan. “Uno activa las rutas de atención de derechos, pero no recibe la atención que las comunidades necesitan. A mí me tocó vivirlo, venía para mi casa desde Istmina y llegué a San Miguel con mis hijos en el momento que empezaba la confrontación, es muy difícil y muy doloroso sentir que estamos en un lugar donde todos podemos perder la vida”.

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