“La protección de defensores de derechos humanos no debe ser un tema partidista”, Centro de DD.HH del ABA
En un informe dirigido al Ministerio de Interior, especialistas de The American Bar Association plantean al Gobierno sus recomendaciones sobre la Política Pública para la protección de los defensores de DDHH en el país. Piden unificar la base de asesinatos de líderes sociales, la entrega de informes públicos sobre investigaciones en curso y la coordinación del poder judicial y la Fiscalía.
En proceso de formulación se encuentra la Política Pública de Protección Integral para Líderes y Lideresas Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en cabeza del Ministerio de Interior. El marco de esta respuesta institucional, formulada para frenar y prevenir los asesinatos de personas que lideran procesos comunales en sus regiones, fue presentado hace siete meses por el presidente Ivan Duque. Esta vez, contará con un nuevo insumo formulado por el Centro de Derechos Humanos de The American Bar Association.
Estos especialistas aseguran que “los esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, se han estancado en parte porque los líderes de estas comunidades han enfrentado niveles de violencia sin precedentes”. Asimismo, aseguran en el informe dirigido al Ministerio del Interior, que urge la puesta en marcha de medidas efectivas por parte del Gobierno para contrarrestar este fenómeno.
Por este motivo, el Centro de DD.HH, que ha brindado asistencia a defensores en riesgo en cerca de 65 países, plasmó una serie de recomendaciones para que sean estudiadas en la formulación y socialización de la Política Pública que busca garantizar los derechos y la vida de los líderes, defensores y periodistas en el país. Este esfuerzo tiene como objetivo aumentar la transparencia de las medidas de investigación en casos de amenazas y asesinatos a líderes y lideresas, así como, asegurar la independencia de organismos de investigación relevantes.
La primera recomendación es la elaboración de informes públicos sobre los avances de las investigaciones. Esta práctica, aseguran los especialistas, es “recomendada para garantizar la priorización de los esfuerzos fundamentales de la justicia penal”. Lo ideal sería que en estos informes se detallara la unidad policial, el tribunal y la fiscalía asignada a la investigación de ataques en contra de los defensores de derechos humanos. Asimismo, debería “incluir información sobre la cantidad de acusaciones presentadas, el porcentaje que llegó a juicio y el porcentaje que resulto en una sentencia condenatoria de los autores materiales e intelectuales del delito”.
De acuerdo con los analistas, estos informes ayudarían a “abordar las inquietudes de larga data sobre investigaciones estancadas que impiden el apoyo de la comunidad a la Policía y al proceso judicial en general”. Aseguran que, hasta la fecha la confianza pública se ha debilitado como consecuencia de informes gubernamentales contradictorios sobre ejecuciones a defensores y líderes sociales, en los que se han presentado discrepancias en los números informados por el Estado y aquellos informados por instituciones multilaterales.
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Esto se debe, según el documento, a que en Colombia hay diferentes bases de datos de ejecuciones y agresiones contra defensores de derechos humanos: algunas en manos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, otra en las de la Defensoría del Pueblo y, la tercera, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “cuyos números son utilizados por la Fiscalía General”. Debido a que los números de estas bases de datos discrepan, es aún más difícil identificar patrones, autores y planificar estrategias para disminuir y prevenir la cantidad de ejecuciones. Por este motivo, recomiendan “unificar una base de datos que recopile toda la información de los ataques obtenida tanto por organismos estatales como las cifras de organizaciones multilaterales y de la sociedad”.
La siguiente recomendación se enfoca en la coordinación con la Fiscalía General. Los especialistas reconocen las medidas tomadas por el Gobierno y aseguran que, para lograr la protección efectiva de los defensores de derechos humanos, “es fundamental incluir mecanismos de coordinación entre las actividades de la Policía, los fiscales y los jueces”.
Frente a este tema la Fiscalía ha tomado medidas en el asunto como por ejemplo la Directiva 002 en noviembre de 2017, que establece pautas para la investigación de delitos cometidos en contra de los y las defensoras de derechos humanos. A pesar de estos desarrollos, asegura el Centro, “las organizaciones y líderes siguen preocupados por la baja tasa de sentencias condenatorias para los autores y la falta de una investigación integral de la variedad de amenazas en contra de los defensores”.
Otras organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), también han reconocido los esfuerzos para esclarecer la responsabilidad de los asesinatos de líderes y lideresas, sin embargo, esta entidad ha instado al Gobierno colombiano para avanzar en el procesamiento de los autores intelectuales de dichos ataques.
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Finalmente, en el informe, se solicita al Gobierno garantizar la independencia e integridad de las unidades de investigación y protección especializadas para la defensa de los líderes sociales. “La protección de los defensores de derechos humanos no debería ser un tema partidista. Dado el historial de manipulación de las unidades de investigación especiales con el fin de proteger a los organismos gubernamentales contra el control”.
Entre las propuestas está la asignación de funcionarios con el máximo nivel moral y un registro distinguido de desempeño para puestos clave del sector de la justicia. Por ejemplo, hay que recordar el rechazo de plataformas de derechos humanos y la preocupación de organizaciones internacionales luego de la designación del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO). Esto debido a que el uniformado había sido retirado de la comandancia de las FF.MM. en 2014 y además, fue mencionado en el informe “Ni delincuentes, ni combatientes”, entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre el caso de ejecuciones extrajudiciales cometidos en el municipio de Pisba (Boyacá), durante 2004 y diciembre de 2005, cuando Barrero era el comandante de la Brigada dieciséis del Ejército en Casanare.
Asimismo, en mayo de 2020, llovieron críticas cuando la Ministra del Interior, Alicia Arango, designó como coordinador de víctimas a Jorge Rodrigo Tovar, hijo de “Jorge 40″, exjefe paramilitar condenado en Estados Unidos por tráfico de droga. Pese a que este nombramiento recibió un rechazo por parte de colectivos de víctimas, la cartera lo defendió y aseguró que se trataba de “una señal de reconciliación”.
El informe concluye que a pesar de los avances del estado colombiano para investigar y procesar los ataques contra los defensores de derechos humanos son necesarios esfuerzos adicionales para promover la transparencia en el avance de las investigaciones y la incorporación activa de la sociedad civil en la planificación de esta política pública.
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Los antecedentes
Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc se han incrementando los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el país. De acuerdo con la organización Somos Defensores, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2020 serían al menos 442 personas asesinadas que lideraban procesos comunitarios, eran reclamantes de tierras o defendían los DDHH en su región.
Con el fin de hacerle frente a este fenómeno los últimos dos gobiernos, el del expresidente Juan Manuel Santos y el del actual mandatario Ivan Duque, han puesto en marchas algunas respuestas institucionales. Por ejemplo, antes de su salida, Santos anunció planes de seguridad en las zonas más afectadas como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
Por su parte, el gobierno Duque hace casi dos años (en agosto de 2018), firmó un “Pacto por la Vida” para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos, en Apartadó (Antioquia). Allí se dio luz verde al Plan de Acción Oportuna para la prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO).
Este plan, de acuerdo con el decreto 2137 de 2018, estaría conformado por una Comisión Intersectorial liderada por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa.
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Vale recordar que, según algunas organizaciones y líderes sociales, “el PAO no ha sido una respuesta efectiva, entre otras razones, porque desconoce el marco normativo derivado del Acuerdo de Paz”. Asimismo, los reparos a este plan también responden a que el enfoque de la militarización en las regiones como única respuesta a la seguridad a los y las líderes, pone en riesgo a las comunidades donde hay presencia y enfrentamientos de grupos armados ilegales por el control del territorio.
No todo son críticas. Pese a los reparos, también se reconocen los avances del Gobierno para adelantar el plan de acción encaminado a proteger a las mujeres lideresas y defensoras de DD.HH. De acuerdo con algunas de ellas, ha sido un espacio útil para socializar cómo viven de manera diferencial, desde sus territorios, el ejercicio de liderazgo. Asimismo, resaltan la necesidad de “llevar a cabo la construcción de paz en las regiones, reconocemos que todo es gradual, una cosa es el Acuerdo de Paz y otra el Marco de la Implementación, nosotras como lideresas reconocemos avances pero nos toca seguir incidiendo para que se cumplan”, asegura una de ellas.
A estas voces y conceptos sobre el PAO y la política pública para la defensa de los líderes sociales, defensores, activistas y periodistas, se ha sumado también la Fundación para la Libertad para la Prensa (FLIP). La FLIP asegura que es fundamental la participación de la sociedad civil en los talleres de socialización del marco de la política. Así como también, “la eliminación de las estigmatizaciones en la protección a defensores de derechos humanos, líderes y periodistas, debido a que esta problemática genera repercusiones serias como legitimar las agresiones a medios o comunicadores, a líderes o activistas, sobre todo cuando los señalamientos vienen de funcionarios públicos”.
Le recomendamos este pódcast, producido por el equipo periodístico de Colombia 2020.
En proceso de formulación se encuentra la Política Pública de Protección Integral para Líderes y Lideresas Sociales, Comunales, Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, en cabeza del Ministerio de Interior. El marco de esta respuesta institucional, formulada para frenar y prevenir los asesinatos de personas que lideran procesos comunales en sus regiones, fue presentado hace siete meses por el presidente Ivan Duque. Esta vez, contará con un nuevo insumo formulado por el Centro de Derechos Humanos de The American Bar Association.
Estos especialistas aseguran que “los esfuerzos para implementar el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 con la extinta guerrilla de las Farc, se han estancado en parte porque los líderes de estas comunidades han enfrentado niveles de violencia sin precedentes”. Asimismo, aseguran en el informe dirigido al Ministerio del Interior, que urge la puesta en marcha de medidas efectivas por parte del Gobierno para contrarrestar este fenómeno.
Por este motivo, el Centro de DD.HH, que ha brindado asistencia a defensores en riesgo en cerca de 65 países, plasmó una serie de recomendaciones para que sean estudiadas en la formulación y socialización de la Política Pública que busca garantizar los derechos y la vida de los líderes, defensores y periodistas en el país. Este esfuerzo tiene como objetivo aumentar la transparencia de las medidas de investigación en casos de amenazas y asesinatos a líderes y lideresas, así como, asegurar la independencia de organismos de investigación relevantes.
La primera recomendación es la elaboración de informes públicos sobre los avances de las investigaciones. Esta práctica, aseguran los especialistas, es “recomendada para garantizar la priorización de los esfuerzos fundamentales de la justicia penal”. Lo ideal sería que en estos informes se detallara la unidad policial, el tribunal y la fiscalía asignada a la investigación de ataques en contra de los defensores de derechos humanos. Asimismo, debería “incluir información sobre la cantidad de acusaciones presentadas, el porcentaje que llegó a juicio y el porcentaje que resulto en una sentencia condenatoria de los autores materiales e intelectuales del delito”.
De acuerdo con los analistas, estos informes ayudarían a “abordar las inquietudes de larga data sobre investigaciones estancadas que impiden el apoyo de la comunidad a la Policía y al proceso judicial en general”. Aseguran que, hasta la fecha la confianza pública se ha debilitado como consecuencia de informes gubernamentales contradictorios sobre ejecuciones a defensores y líderes sociales, en los que se han presentado discrepancias en los números informados por el Estado y aquellos informados por instituciones multilaterales.
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Esto se debe, según el documento, a que en Colombia hay diferentes bases de datos de ejecuciones y agresiones contra defensores de derechos humanos: algunas en manos de la sociedad civil y organizaciones de derechos humanos, otra en las de la Defensoría del Pueblo y, la tercera, en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “cuyos números son utilizados por la Fiscalía General”. Debido a que los números de estas bases de datos discrepan, es aún más difícil identificar patrones, autores y planificar estrategias para disminuir y prevenir la cantidad de ejecuciones. Por este motivo, recomiendan “unificar una base de datos que recopile toda la información de los ataques obtenida tanto por organismos estatales como las cifras de organizaciones multilaterales y de la sociedad”.
La siguiente recomendación se enfoca en la coordinación con la Fiscalía General. Los especialistas reconocen las medidas tomadas por el Gobierno y aseguran que, para lograr la protección efectiva de los defensores de derechos humanos, “es fundamental incluir mecanismos de coordinación entre las actividades de la Policía, los fiscales y los jueces”.
Frente a este tema la Fiscalía ha tomado medidas en el asunto como por ejemplo la Directiva 002 en noviembre de 2017, que establece pautas para la investigación de delitos cometidos en contra de los y las defensoras de derechos humanos. A pesar de estos desarrollos, asegura el Centro, “las organizaciones y líderes siguen preocupados por la baja tasa de sentencias condenatorias para los autores y la falta de una investigación integral de la variedad de amenazas en contra de los defensores”.
Otras organizaciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), también han reconocido los esfuerzos para esclarecer la responsabilidad de los asesinatos de líderes y lideresas, sin embargo, esta entidad ha instado al Gobierno colombiano para avanzar en el procesamiento de los autores intelectuales de dichos ataques.
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Finalmente, en el informe, se solicita al Gobierno garantizar la independencia e integridad de las unidades de investigación y protección especializadas para la defensa de los líderes sociales. “La protección de los defensores de derechos humanos no debería ser un tema partidista. Dado el historial de manipulación de las unidades de investigación especiales con el fin de proteger a los organismos gubernamentales contra el control”.
Entre las propuestas está la asignación de funcionarios con el máximo nivel moral y un registro distinguido de desempeño para puestos clave del sector de la justicia. Por ejemplo, hay que recordar el rechazo de plataformas de derechos humanos y la preocupación de organizaciones internacionales luego de la designación del general Leonardo Alfonso Barrero Gordillo como director del Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Líderes Sociales y Periodistas (PAO). Esto debido a que el uniformado había sido retirado de la comandancia de las FF.MM. en 2014 y además, fue mencionado en el informe “Ni delincuentes, ni combatientes”, entregado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sobre el caso de ejecuciones extrajudiciales cometidos en el municipio de Pisba (Boyacá), durante 2004 y diciembre de 2005, cuando Barrero era el comandante de la Brigada dieciséis del Ejército en Casanare.
Asimismo, en mayo de 2020, llovieron críticas cuando la Ministra del Interior, Alicia Arango, designó como coordinador de víctimas a Jorge Rodrigo Tovar, hijo de “Jorge 40″, exjefe paramilitar condenado en Estados Unidos por tráfico de droga. Pese a que este nombramiento recibió un rechazo por parte de colectivos de víctimas, la cartera lo defendió y aseguró que se trataba de “una señal de reconciliación”.
El informe concluye que a pesar de los avances del estado colombiano para investigar y procesar los ataques contra los defensores de derechos humanos son necesarios esfuerzos adicionales para promover la transparencia en el avance de las investigaciones y la incorporación activa de la sociedad civil en la planificación de esta política pública.
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Desde que se firmó el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc se han incrementando los asesinatos de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el país. De acuerdo con la organización Somos Defensores, desde septiembre de 2016 hasta marzo de 2020 serían al menos 442 personas asesinadas que lideraban procesos comunitarios, eran reclamantes de tierras o defendían los DDHH en su región.
Con el fin de hacerle frente a este fenómeno los últimos dos gobiernos, el del expresidente Juan Manuel Santos y el del actual mandatario Ivan Duque, han puesto en marchas algunas respuestas institucionales. Por ejemplo, antes de su salida, Santos anunció planes de seguridad en las zonas más afectadas como Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Risaralda, Nariño, Córdoba y Chocó.
Por su parte, el gobierno Duque hace casi dos años (en agosto de 2018), firmó un “Pacto por la Vida” para proteger a líderes sociales y defensores de derechos humanos, en Apartadó (Antioquia). Allí se dio luz verde al Plan de Acción Oportuna para la prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO).
Este plan, de acuerdo con el decreto 2137 de 2018, estaría conformado por una Comisión Intersectorial liderada por el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de Protección (UNP), el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Defensa.
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Vale recordar que, según algunas organizaciones y líderes sociales, “el PAO no ha sido una respuesta efectiva, entre otras razones, porque desconoce el marco normativo derivado del Acuerdo de Paz”. Asimismo, los reparos a este plan también responden a que el enfoque de la militarización en las regiones como única respuesta a la seguridad a los y las líderes, pone en riesgo a las comunidades donde hay presencia y enfrentamientos de grupos armados ilegales por el control del territorio.
No todo son críticas. Pese a los reparos, también se reconocen los avances del Gobierno para adelantar el plan de acción encaminado a proteger a las mujeres lideresas y defensoras de DD.HH. De acuerdo con algunas de ellas, ha sido un espacio útil para socializar cómo viven de manera diferencial, desde sus territorios, el ejercicio de liderazgo. Asimismo, resaltan la necesidad de “llevar a cabo la construcción de paz en las regiones, reconocemos que todo es gradual, una cosa es el Acuerdo de Paz y otra el Marco de la Implementación, nosotras como lideresas reconocemos avances pero nos toca seguir incidiendo para que se cumplan”, asegura una de ellas.
A estas voces y conceptos sobre el PAO y la política pública para la defensa de los líderes sociales, defensores, activistas y periodistas, se ha sumado también la Fundación para la Libertad para la Prensa (FLIP). La FLIP asegura que es fundamental la participación de la sociedad civil en los talleres de socialización del marco de la política. Así como también, “la eliminación de las estigmatizaciones en la protección a defensores de derechos humanos, líderes y periodistas, debido a que esta problemática genera repercusiones serias como legitimar las agresiones a medios o comunicadores, a líderes o activistas, sobre todo cuando los señalamientos vienen de funcionarios públicos”.
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