La ruta de protección colectiva, aplastada por la inoperancia del Estado

Gran parte de las medidas que las comunidades afectadas por el conflicto armado quieren no tienen nada que ver con lo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) entiende por protección. / Foto: Santiago Ramírez

Foto: Santiago Ramírez

Mario Angulo Sanclemente, líder afrocolombiano del Proceso de Comunidades Negras, cree que el homicidio de don Temístocles Machado podía evitarse. Don ‘Temis’, como le decían quienes lo conocían, fue un reconocido líder barrial de Buenaventura que dedicó su vida a asesorar a las comunidades más pobres del puerto contra el despojo de empresarios y especuladores urbanos. Cuatro sicarios lo asesinaron a comienzos de 2018 sin que a la fecha haya claridades sobre los autores intelectuales del crimen.

“Si se hubiera cumplido la medida de protección encaminada a resolver el problema de territorio urbano en Buenaventura, se habría podido evitar el homicidio” asegura Angulo, también miembro del paro cívico en Buenaventura. “El mayor riesgo que tiene la organización tiene que ver con el tema de tierras”, agrega.

Angulo explica que en el marco del paro cívico las organizaciones activaron la ruta de protección colectiva del decreto 2078 de 2017, un mecanismo institucional derivado del punto tres del Acuerdo de Paz, que contempla “acciones de protección individual, cuando estas tengan impacto sobre el colectivo objeto de protección, apoyo a la infraestructura física para la protección integral colectiva, fortalecimiento organizativo y comunitario, fortalecimiento de la presencia institucional, establecimiento de estrategias de comunicación, participación e interacción con entidades del orden local, departamental y nacional que disminuyan el grado de exposición a riesgos del colectivo, promoción de medidas jurídicas y administrativas que contrarresten los factores de riesgo y amenaza (…) medidas materiales e inmateriales encaminadas a fortalecer la autoprotección y contrarrestar la estigmatización” entre otras disposiciones.

La ruta está a cargo del Ministerio del Interior y la entidad que la viabiliza es la Unidad Nacional de Protección (UNP). Pero en los territorios su implementación está llena de tropiezos. El caso de las organizaciones étnicas en Buenaventura se repite a lo largo y ancho del Pacífico. Numerosas organizaciones y comunidades que se quejan de la inoperancia y los desencuentros con la institucionalidad.

El caso del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN) es paradigmático. Esta organización agrupa 74 comunidades negras y más de 700 mil hectáreas en el sur del Chocó. Es el segundo consejo comunitario más grande del país, su territorio comprende la cuenca baja y media del río San Juan, una zona en permanente disputa entre la Armada, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y grupos paramilitares ligados al narcotráfico. A raíz de una medida cautelar declarada por un juzgado de restitución de tierras, ACADESAN ingresó a la ruta de protección colectiva.

Desde 2018 hicieron la solicitud para valoración de riesgo y la implementación de unas medidas concretas, como la adquisición de botes y motores que pudieran evacuar personas por el río en caso de situaciones de emergencia. Pero la ritualidad institucional de la UNP supone diagnósticos, caracterizaciones (las mismas que decenas de entidades estatales ya han ido a hacer para otros proyectos y programas), aplazamientos, solicitudes formales, y luego, entre trámites y retrasos burocráticos de la UNP, se debe al final someter todo a un comité que aunque se reúne con frecuencia, puede tardar más de seis meses para aprobar o desaprobar las medidas.

“Este Consejo ha renunciado y no acepta el modelo de protección individual. No quiere ni carros, ni chalecos, ni escoltas. Para sus integrantes esto no genera garantías sino más exposición y riesgo, por eso prefieren el modelo colectivo” explica María Fernanda Angulo, abogada de la organización.

Aunque hay orden de un juez pidiendo celeridad por la urgencia manifiesta de la crisis humanitaria, tres años después la UNP no ha concretado ninguna de las medidas que fueron solicitadas por la comunidad. “Tenemos una medida cautelar, plena disposición del sujeto colectivo y una situación de riesgo que está más que expuesta a toda la institucionalidad, pero seguimos en discusiones poco prácticas, muy mal llevadas técnicamente y que no obedecen a la finalidad de la situación que es proteger a las comunidades. El Gobierno le hace como el juego a quedar siempre bien, cuando aquí no se trata de quedar bien, sino de proteger” asegura Angulo.

Mientras las medidas se dilatan tres años desde que fueron solicitadas, en San Juan han ocurrido cuatro desplazamientos masivos, el último de ellos a comienzos de 2021 en la comunidad de Charambirá; ha habido confinamientos, como los de octubre de 2020 luego de los operativos militares que derivaron en la muerte de Uriel, comandante del Eln, y asesinatos selectivos, como el del reincorporado Robert Hurtado Victoria en mayo de ese mismo año.

Sobre el caso del río San Juan, Camilo González, funcionario de la UNP que ha liderado las reuniones con varias de las comunidades mencionadas, argumenta que “no existe tropiezo en medidas de protección que son meramente materiales. La ruta contempla medidas de protección integrales que incluyen acciones de respuesta articulada por parte de las entidades del Estado, esas acciones son medidas de protección que pueden ser materiales o inmateriales y ese proceso de coordinación estatal específicamente en medidas inmateriales es el que ha retrasado el proceso”.

Diana Cabra participó del primer equipo de la UNP que ayudó a construir la ruta. Dice que notaban la “necesidad de cambiar de perspectiva en relación a entender la protección desde más flancos, aparte de las medidas duras”. Aquello significaba pasar de un enfoque puramente reactivo (escoltas, chalecos blindados, esquemas de seguridad) a un enfoque más integral que interviniera las causas del riesgo.

No obstante, indica que “como no hay recursos extras ni presupuesto para esto, se han presentado muchas reacciones negativas de la institucionalidad. Alcaldías, Corporaciones Autónomas Regionales, independiente de quien fuera responsable de alguna acción se veía falta de voluntad, como decir no hay recursos, no vamos a hablar del tema, o este tema no es relevante, o simplemente no siquiera había un diálogo y había un reconocimiento de un actor político o de las autoridades étnico territoriales en los territorios”.

“No son medidas integrales, se convierten en cosas materiales” asegura Carlos Rosero, reconocido líder afrocolombiano, quien cita el ejemplo de las comunidades negras del norte del Cauca que han accedido a la ruta: “Tampoco son medidas pertinentes para nosotros, porque se enfocan en proteger por ejemplo a Francia Márquez, pues se le generó un riesgo, pero no en resolver el problema, que casi siempre es un problema de derechos. El Estado otorga permisos mineros, y ahí se genera el riesgo. Ellos “protegen” al líder, pero no resuelven el problema. Termina uno en un círculo irrepetible. Se especializan en proteger líderes, pero no en proteger al territorio y su gente”.

La principal queja de las comunidades frente a la ruta tiene que ver justamente con que la UNP sólo ofrece esquemas individuales, carros blindados o chalecos antibalas, pero no asume medidas que nacen desde las iniciativas territoriales adaptadas a la realidad local. Estas medidas, argumenta la Unidad, corresponden a otras instituciones que luego dilatan su rol.

El caso de los Consejos Comunitarios del Naya, en Buenaventura, y de Domingodó, en Chocó, ilustran bien esta situación: ambas comunidades solicitaron a la Unidad botes y motores para garantizar la movilidad en sus territorios donde sólo se puede acceder por río. “Nos dieron una lancha, pero no tienen motorista con licencia para moverse en mar abierto. No fue asignado por la UNP”, sostiene Felipe Angulo, desde el río Naya.

Mientras que en Domingodó “nos cortaron el subsidio para movilidad por el río”, explica Gladys Zúñiga. Otros consejos comunitarios como los del río Truandó, también en Chocó, han solicitado “pangas rápidas y botes de fibra” sin que la Unidad acceda, según confirma José Gil, representante de la Asociación de Campesinos del Municipio de Riosucio.

Gran parte de las medidas que las comunidades quieren no tienen nada que ver con lo que la UNP entiende por protección. Para una población afro en mitad de la selva puede ser más importante (y más útil) tener una cancha bien dotada con escenarios deportivos y actividades frecuentes, que impidan el reclutamiento de sus niños, antes que una camioneta blindada que jamás podrán usar porque en su zona no hay carreteras.

Para un pueblo ribereño puede ser más importante construir escalinatas y accesos seguros hacia el río y los embarcaderos, que eventualmente permitan una evacuación rápida en caso de alerta antes que dotarse con botones de pánico y chalecos antibalas, que es lo que suele ofrecer la UNP a los líderes. Esta última, por ejemplo, ha sido una de las peticiones frecuentes en el río San Juan.

Casi siempre las comunidades proponen mecanismos para asumir “el control y la administración del territorio, de acuerdo a lo establecido en la ley 70 de 1993, el gobierno propio y formas de justicia propia de acuerdo a los mecanismos definidos por ellos” dice Alicia Pradera Martínez, acompañante de procesos sociales en la costa caucana, quien agrega que “aún estamos en un Estado colonial, que no comprende las implicaciones territoriales, geográficas y sociales que tiene hacer la labor de defensa en estos lugares, porque ni siquiera los conoce, no se han tomado la molestia de ir a esos territorios”.

En el río Guajui, en Guapi (Cauca), los consejos solicitaron como medida de protección la construcción de seis casetas comunitarias que ellos llaman “casas para remendar la esperanza”. Son lugares de encuentro con antenas, teléfono, conexión, y también lugares de refugio y toma de decisiones. Nunca pudieron concretarse con la UNP y terminaron haciéndose con recursos propios y donaciones de ONG.

Otro caso fue el del Proceso de Comunidades Negras en Buenaventura: como parte de las medidas propuestas pidieron fortalecer una “Guardia Cimarrona” que cumpla un papel similar al que realizan las guardias indígenas en sus resguardos. “Al principio la UNP lo aprobó, pero luego hubo cierto ruido hacia adentro entonces nos la desmontaron, por eso apelamos la resolución” manifiesta Mario Angulo Sanclemente. “Ellos argumentan un tema jurídico, que no somos entes territoriales, pero el asunto de fondo es el control que podría asumir la gente negra de sus territorios”.

En la zona del Bajo Atrato y el Darién, donde se concentra una tercera parte de las reclamaciones de tierras del Chocó y buena parte de los líderes amenazados del departamento, ni siquiera las medias de protección individual con los esquemas tradicionales de escoltas y carros blindados han funcionado. “Eso fue lo que pasó con el líder reclamante Mario Castaño, que estaba con un esquema de protección extensiva a un núcleo familiar e inclusive a otro líder; cuando el escolta deja el carro en Chigorodó deja suelto a Mario Castaño y ahí es cuando lo asesinan” recuerda Juan Pablo Guerrero, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) y quien asesora procesos de restitución en la zona. “En últimas observamos, es que el decreto es insuficiente, es descontextualizado, las medidas no se cumplen a cabalidad por parte de diferentes entidades públicas. Son millones de pesos invertidos en una protección absolutamente reactiva más que preventiva” concluye Guerrero.

Una funcionaria que trabaja en el Ministerio del Interior y que conoce bien el funcionamiento de la ruta y su implementación asegura que el cambio de gobierno dificultó mucho las cosas, pues casi siempre la aprobación de las peticiones de las comunidades depende de la voluntad política de la UNP y el CERREM, un comité donde asisten delegados de Presidencia, Defensoría, Fuerza Pública y otras entidades. “Hay un discurso muy agresivo, guerrerista. Se había construido una confianza con las comunidades, pero con este gobierno siento que nos devolvimos a esa época en que la gente no hablaba delante de la Fuerza Pública. Ni siquiera los alcaldes confían en la Fuerza Pública”, afirma la funcionaria.

Desde la institucionalidad se insiste en la importancia de la ruta, aunque algunos funcionarios reconocen que hay falencias. Fernando Ibarra, de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos señala que “es un proceso muy importante, en la búsqueda de mitigar los riesgos de las comunidades en sus territorios, que debe fortalecerse y que demanda un compromiso mucho más fuerte de parte de entidades nacionales y territoriales en el diseño e implementación de las medidas de protección colectivas”.

La discordancia de fondo radica en un Estado que rechaza otras maneras de entender la protección y la gestión del riesgo en los territorios, porque ha negado siempre la cosmovisión los pueblos étnicos. Graciano Caicedo, líder del Consejo Comunitario del río Yurumanguí en Buenaventura lo resume en tres frases: “Para nosotros lo importante es proteger el territorio, por ejemplo, la amenaza que tenemos ahora de aspersión aérea. Y eso pasa por un ordenamiento institucional, que no se aprueben megaproyectos mineros, eso es nocivo para nosotros”.

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