Hace 31 años, en desarrollo del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las Farc, nació la Unión Patriótica (UP). En marzo de 1986 participó por primera vez en un proceso electoral y obtuvo 14 curules a Senado y Cámara. Sin embargo, desde el inicio de sus actividades, la UP fue blanco de una campaña sistemática de exterminio de sus líderes y simpatizantes. Entre dos candidatos presidenciales, siete congresistas, 13 diputados, 11 alcaldes y 69 concejales, fueron más de 3.000 los miembros de la UP asesinados.
Ayer, en un acto voluntario del presidente Juan Manuel Santos, enmarcado en el quinto punto del pacto de paz de La Habana (Cuba), referente a “Acuerdos tempranos de reconocimiento de responsabilidad”, el primer mandatario reconoció y recordó la tragedia que vivió el movimiento Unión Patriótica. En sus palabras, jamás debió haber ocurrido, y admitió que las autoridades no tomaron las medidas suficientes para impedir y prevenir los asesinatos, los atentados y demás violaciones a sus derechos.
En el contexto de la lucha de los sobrevivientes y defensores de la Unión Patriótica por recobrar la memoria y preservar la verdad de lo sucedido contra sus militantes, esta es la primera vez que un presidente en ejercicio asume esa responsabilidad. Y lo hizo reconociendo que el exterminio de la Unión Patriótica, así denominado por el Consejo de Estado, se consumó a pesar de las evidencias de una persecución en desarrollo. Santos resaltó que fue una tragedia que llevó a su desaparición como organización política, causando un daño a miles de familias y a la democracia.
La Unión Patriótica surgió en el contexto de los acuerdos de cese el fuego suscritos entre la administración Betancur y las Farc en marzo de 1984. Un año después, con la idea de constituir un amplio movimiento para garantizar las perspectivas de paz, se dio a conocer su plataforma política. En marzo de 1986 tuvo vía libre para participar en procesos electorales. Primero en los comicios legislativos de ese año y posteriormente en la primera elección popular de alcaldes en Colombia, que se realizó el 13 de marzo de 1988.
Incluso antes de que la UP acudiera a las urnas, sus líderes y seguidores empezaron a ser asesinados. Después de la elección parlamentaria de 1986, en cinco meses cayeron tres de los congresistas elegidos: Leonardo Posada, Pedro Nel Jiménez y Octavio Vargas. De ahí en adelante, el exterminio de sus miembros fue constante. Dos candidatos presidenciales, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, corrieron la misma suerte. Los crímenes selectivos y las masacres fueron el común denominador de sus victimarios.
En diciembre de 1993, en representación de la Fundación Reiniciar, la dirigente Jahel Quiroga presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el exterminio de la UP. Cuatro años después, en marzo de 1997, la CIDH admitió el examen del caso y pidió explicaciones al Estado colombiano. En marzo del 2000 se llegó a un acuerdo para buscar una solución amistosa entre el Estado y las víctimas de la UP. Sin embargo, esta opción fracasó por desinterés del Estado y el caso sigue en la CIDH.
Al margen de este capítulo en la justicia internacional, que después de 23 años está a punto de resolverse, el presidente Santos optó por reconocer el exterminio de la Unión Patriótica, para señalar que hoy constituye una responsabilidad del Estado garantizar que algo similar no vuelva a suceder. El primer mandatario se comprometió, ante víctimas de la UP y defensores de su memoria histórica, a adoptar las medidas que sean necesarias para que nunca más en Colombia una organización política vuelva a enfrentar lo que sufrió la Unión Patriótica.
Jahel Quiroga, directora de la Corporación Reiniciar y la persona que ha dado la batalla en los organismos internacionales, observó que el acto de reconocimiento del presidente Santos “es muy satisfactorio porque admite que hubo una persecución política contra la UP y que el Estado tuvo la intención de exterminar el partido”. No obstante, precisó que este acto no sustituye el litigio ante la CIDH, que en los próximos días tendrá que establecer conclusiones sobre temas concretos en materia de verdad, justicia, reparación y no repetición.
Con toda seguridad, recalcó Quiroga, la CIDH recibirá muy bien el gesto de paz que realizó el presidente Santos en un ambiente de reconciliación y de perdón. Así será porque reafirma lo que se dirá en la resolución de responsabilidad del Estado. De todos modos, puntualizó la dirigente, la reparación integral de la UP es una garantía de no repetición para las Farc: “Si no nos reparan será muy difícil para la paz”. Quiroga recordó que una sola prueba demuestra las dimensiones y la gravedad de lo ocurrido con la Unión Patriótica.
“Tenemos un listado de 6.500 casos de crímenes cometidos contra la UP, pero apenas en 800 se reporta algún nivel de investigación judicial. No tenemos conocimiento de alguna condena”, concluyó Jahel Quiroga, quien destacó el reconocimiento hecho por el primer mandatario. “Es satisfactorio. Fue pactado en los acuerdos de La Habana y lo aceptamos”, expresó la dirigente, pero de todos modos insistió en que lo más importante es la resolución que emita la CIDH respecto a la demanda de 1993.
A su vez, la dirigente política Aída Avella, hoy presidenta de la UP, resaltó que se trata del primer acto de reconocimiento de todo lo que ha sucedido con el partido a lo largo de los años. “Siempre sentíamos que este genocidio, que fue tan fuerte y duro, era más reconocido a nivel internacional que nacional, pero creo que llegó la hora de la paz y nuestros muertos también están hablando”, dijo la dirigente política Aída Avella, quien vivió muchos años en el exilio después de ser blanco de un atentado en 1996, del cual por fortuna salió ilesa.
“Hace 30 años se nos escapó la paz, pero esta vez no va a ser así. Vamos a reconstruir entre todos una patria más generosa. Y por nosotros habla Bernardo Jaramillo, habla Jaime Pardo, habla José Antequera, habla Manuel Cepeda, y tantos otros que cayeron asesinados”, agregó la presidenta de la UP, quien, sin embargo, hizo ver que en las últimas semanas se han presentado hechos de violencia que preocupan a sus militantes, “por eso le pedimos al Gobierno que tome medidas contundentes para evitar que asesinen a la gente y se arruine la paz”.
Al acto público de reconocimiento acudió también Imelda Daza, quien igualmente estuvo muchos años en el exilio después de que varios de sus compañeros en el Cesar fueron asesinados. En su criterio, el acto representa un día histórico para la UP, pues después de tantos años de silencio del Gobierno, el sistema judicial y el Estado, por fin se da un avance de responsabilidad. Es decir, todo lo que se dijo sobre el genocidio de la UP no fue un invento, realmente ocurrió y debe existir reconocimiento a la verdad.
“En lo personal, tengo un cruce de sentimientos. Me satisface que el gobierno Santos diga algo, pero tengo una enorme nostalgia por los compañeros, los hermanos del alma que cayeron asesinados en la orgía criminal contra la UP. Los recuerdo a todos, me duelen hoy tanto como el día que los mataron. Nos hacen mucha falta”, manifestó Daza, quien además reflexionó que seguramente, si la UP no hubiera sido extinguida, “la paz en Colombia hoy tendría de 30 a 32 años y el país sería muy distinto”.
El presidente Santos cerró el acto manifestando que el reconocimiento de lo sucedido con la Unión Patriótica constituye también un reconocimiento de la valentía y perseverancia de sus miembros, militantes y sobrevivientes. “Esos padres, madres, esposos, hijos, hermanas, trabajadores, luchadores que se comprometieron valientemente con un proyecto político y tenían sueños de una Colombia mejor y más incluyente, deben hoy inspirar nuestro compromiso por construir el país que todos queremos”, puntualizó el primer mandatario en el acto público.