:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/8L9VGO_g0Zsa6ZceyoX4nCme96g=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/HT7C3ZM3CVCO3F32ZJXGHOXB6Y.jpg)
Mapiripán (Meta) fue el escenario de una nueva masacre tras la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc. En hechos aún por esclarecer fueron asesinadas seis personas. Entre 2017 y 2018 se han perpetrado siete masacres. La primera de ellas la ejecutó el Eln en la zona rural de Litoral del San Juan (Chocó). A las 5 de la tarde del 25 de marzo de 2017, encapuchados del frente Ernesto Che Guevara de esa guerrilla llegaron hasta la comunidad de Carrá y abrieron fuego indiscriminadamente; cinco personas murieron. Las 17 familias que vivían allí se desplazaron. Hoy, tras casi dos años de ese episodio violento, denuncian que el Estado los tiene abandonados.
Quienes vivían en Carrá solo tienen ganas de salir adelante. En un principio, todos los habitantes de la comunidad se desplazaron al casco urbano de Litoral del San Juan, ubicado a cinco minutos en lancha del sitio de la masacre. Hámilton Waipotó, representante legal del consejo comunitario de Carrá, cuenta que la Alcaldía municipal les entregó las ayudas humanitarias durante tres meses, el tiempo estipulado en la ley. Luego, la Unidad para las Víctimas les ha entregado ayudas cada tres meses, pero en este momento no tienen medios para subsistir. “Las instituciones piensan que uno en un año ha solucionado los problemas, pero ahí siguen, y más duros”, enfatiza.
Debido a la falta de atención estatal, señala Waipotó, algunos han decido irse a otros municipios, como Buenaventura o Cali. En Litoral quedan 11 familias desplazadas que viven en condiciones dramáticas. “A algunos miembros de nuestra comunidad los han sacado de casas por no pagar arriendo”, cuenta el mismo líder.
También lea: “Le cortaron la cabeza y le arrancaron el corazón”: Defensor del Pueblo
Hámilton Waipotó, representante legal del consejo comunitario de Carrá.
Esa situación contrasta con la que vivían en Carrá, un pequeño caserío de casas de madera ubicado en la margen izquierda del río San Juan. Allá cada familia tenía una vivienda y parcelas con cultivos característicos de esa región, como la papa china y el plátano. “La vida que llevábamos en la comunidad y la que tenemos acá no se pueden ni comparar. En la orilla uno vive muy sabroso”, cuenta Waipotó. Allá pescaban y cazaban. En la cabecera municipal dependen del dinero para vivir. “Allá no había necesidad de comprar el pescado”, resume el líder.
Un caso que retrata las dificultades de la desplazada comunidad de Carrá es el de Leonidas Hurtado, un hombre de 76 años. En septiembre lo sacaron de una casa porque no logró conseguir dinero para pagar el arriendo. Salió para una vivienda de un solo cuarto que le pertenece a una cuñada, pero a finales de ese mes también le tocó salir de ahí. Ahora está en otra casa.
Debido a la falta de medios de subsistencia en la cabecera municipal, Hurtado ha optado por visitar esporádicamente Carrá para sacar algo de los cultivos que tenía. “Nos preocupamos porque no sabemos qué le puede pasar por allá y menos con la edad que tiene”, cuenta Waipotó.
Al preguntarle a Hurtado si quiere volver a Carrá agacha la cabeza y responde con melancolía: “No, señor, pa allá, ¡ay!, para allá no volvemos”. Al preguntarle por qué, argumenta: “Allá pasó un caso”. Sobre ese “caso” no habla. Su hijo de 16 años, Wílinton Hurtado Salazar, murió en medio de la masacre. Según cuentan testigos del hecho, el adolescente corrió intentando huir de las balas que disparaban los guerrilleros, saltó al río San Juan y se ahogó. Wílinton era un destacado futbolista en la región. Waipotó cuenta que cuando había torneos las otras comunidades siempre intentaban ficharlo.
El dolor de Hurtado no acaba ahí. La Unidad para las Víctimas no reconoce a su hijo como víctima del conflicto armado. Según una resolución del 25 de agosto del 2017, firmada por Gladys Celeide Prada Pardo, quien fungía como directora técnica de registro y gestión de la información de dicha entidad, “no se encontraron suficientes elementos que permitieran dar cuenta de la configuración del hecho victimizante de homicidio por cuanto la causa de la muerte de Wílinton Hurtado Salazar es ahogamiento”. La institución resolvió no incluir a la familia del joven como víctima. Waipotó critica la decisión estatal argumentando que lo que causó la muerte del joven fue la incursión armada.
Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, se comprometió a que si la Personería municipal interpone un recurso de apelación la entidad volverá a estudiar el caso. “Podemos volver a revisarlo”, enfatizó.
Lea también: Guapi e Iscuandé, dos caras de la misma moneda
En el momento de la masacre, el San Juan era escenario de una guerra por control territorial. Ante la salida del frente 30 de las Farc, tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016, el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) quisieron copar los espacios que dejó ese grupo armado. El mencionado afluente es codiciado debido a su posición estratégica. El río tiene siete salidas al mar al Pacífico, por lo que es transitado por comerciantes de armas, drogas, oro, madera y otras mercancías y actividades ilícitas. En el 2017 se tuvieron que desplazar 5.748 personas en Buenaventura y 1.459 en Litoral del San Juan, según la Unidad para las Víctimas.
Durante el 2018, los combates disminuyeron, según una persona que ha estudiado el conflicto armado en la región pero que pide no ser identificada para poder seguir haciendo trabajo de campo, debido a que al parecer hubo una división territorial entre los armados. Las Agc controlan las bocanas, mientras el Eln hace lo propio sobre todo en el San Juan medio. La Unidad para las Víctimas registró que entre el 1º de enero y el 1º de diciembre de 2018 se desplazaron forzosamente 2.801 personas en Buenaventura y 108 en el Litoral del San Juan.
A pesar de la disminución del desplazamiento persisten las afectaciones a las comunidades por cuenta del control de los grupos armados. Por ejemplo, la caza y la pesca están restringidas. Hace unos años, miembros de las comunidades indígenas y negras que habitan a orillas del río pescaban en las bocanas. Ahora los armados prohíben estar en las salidas al mar. También se ha reducido el territorio para la cacería debido al temor de encontrarse con los grupos.
Por la masacre de Carrá está preso un presunto integrante del Eln. Se trata de Jesús Becerra Rodríguez, a quien la Fiscalía señala de ser la persona que comandaba el frente Che Guevara cuando ocurrió la matanza. Por su parte, la comunidad pide apoyo para superar los impactos psicológicos que les dejaron los hechos ocurridos en marzo de 2017.
Salud mental sin atención
“Todas las muertes fueron duras, pero él era un pelado, un menor de edad que no se metía con nadie”, cuenta el representante legal de Carrá sobre la muerte de Wílinton Hurtado. La comunidad no ha superado las heridas psicológicas que dejó la matanza. Han recibido atención de parte de organizaciones no gubernamentales, como el Consejo Noruego para los Refugiados, el Servicio Jesuita para los Refugiados y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Agradecen esos apoyos. Incluso, Waipotó dice que cuando recibió esa atención vio “las cosas de otra manera”. Sin embargo, creen que psicológicamente ha sido insuficiente para encontrar tranquilidad.
Les preocupa la salud mental de los niños. Algunas madres comunitarias que los cuidan se han acercado a Hámilton para decirle que algunos presentan comportamientos anormales. Luz Soide Waipotó es una de ella y trabaja con niños entre los dos y los cinco años. Dice que frecuentemente relatan lo que sucedió. Como ella también fue testigo de la masacre, y se ve afectada al recordar los hechos, cuando los menores de edad intentan hablar sobre eso ella desvía el tema. También ha visto que se asustan al ver hombres armados. Al pueblo a veces llegan integrantes de la Infantería de Marina y la Policía tiene una base que los uniformados custodian con armas largas.
Luz Soidé también ha notado secuelas en los niños más grandes. Ella está en contacto con un grupo de niños entre los siete y los nueve años y algunos de ellos le han expresado su voluntad de entrar a la Policía o al Ejército cuando sean grandes, con el fin de vengar a sus familiares. También tienen juegos en los cuales algunos hacen los roles de guerrilleros mientras otros tienen que hacer las veces de la Fuerza Pública.
Lea también: Un Pacífico arrinconado por los violentos
La madre comunitaria asegura con impotencia que no sabe cómo tratar los traumas de los niños. “Muchas veces he pedido ayuda, que lleguen psicólogos para uno saber qué hacer, pero nunca han venido”, enfatiza. Dice que se han reunido con personal de ONG, pero implementan procesos muy cortos que no solucionan las afectaciones que causó la matanza. Una muestra de eso es que el pasado 7 de diciembre, cuando se celebraba el Día de las Velitas, hubo fuegos pirotécnicos en el pueblo. Luz Soidé relata que los niños que pertenecen a comunidades víctimas de hechos violentos pensaron que se trataba de una balacera y se asustaron.
La atención psicosocial para las víctimas del conflicto es responsabilidad del Ministerio de Salud a través de las secretarías de cada municipio. A pesar de que intentamos entrevistar al alcalde de Litoral del San Juan, Wíllinton Ibargüen, desde el pasado miércoles fue imposible tener la conversación.
Desde que ocurrió la tragedia, la comunidad de Carrá ha buscado enterrar dignamente a sus muertos. Sin embargo, debido a la falta de recursos económicos, no han podido hacerlo como quisieran. Las lápidas del mausoleo donde se encuentran los cuerpos de las víctimas no están terminadas. Finalizar ese trabajo es un punto de honor y dignidad para los amigos y los familiares de quienes murieron en la masacre.
Según cuentan algunas personas de la comunidad, en un principio todo pareció estar resuelto. Dicen que el alcalde de Litoral del San Juan, Ibargüen, les dijo textualmente: “Hagan eso que nosotros les solucionamos el problema”. Les habría prometido $5 millones para construir un mausoleo para enterrar a las víctimas. Por eso algunas personas fueron a una tienda del pueblo y pidieron los materiales para elaborar ellos mismos las lápidas.
De los recursos prometidos por el mandatario solamente habría llegado un millón, según las mismas personas. La comunidad quedó endeudada. Lo que estimaron en un principio que sería suficiente para las lápidas no les alcanzó, por lo que hoy, además de la deuda, cargan con la frustración de no haber podido completar el trabajo. Fue imposible conocer la versión de Ibargüen sobre el tema.
Carrá es un caserío fantasma. Nadie duerme allá por el temor a que los grupos armados les vuelvan a hacer daño. La violencia en el río San Juan ha hecho desaparecer a las comunidades Olave negro, Cacahual y Chavica, según el Consejo Comunitario General del San Juan. Un recorrido por el río revela varios caseríos en los que la vegetación asfixia las desoladas casas de madera. “Quisiera que la comunidad se reubicara, retornara o la hiciéramos de nuevo”, insiste Hámilton. Sin embargo, denuncia que no los han convocado ni al primer comité de justicia transicional (instancia a la que asisten varias entidades para definir la hoja de ruta con las comunidades desplazadas) desde que ocurrió la masacre. Su convocatoria es responsabilidad de la Alcaldía.
El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, se comprometió, en medio de una entrevista con Colombia 2020, a organizar una jornada de atención a las víctimas de Litoral del San Juan. Ese día escucharán y resolverán, con especial atención, las inquietudes de los sobrevivientes de la masacre de Carrá. El plazo que el mismo funcionario puso fue el primer trimestre del 2019.
En Carrá, las viviendas no han sucumbido y Hámilton no se resigna a que su comunidad sea arrasada por la guerra. Sueña con reconstruirla, honrar la memoria de sus seres queridos y volver a la orilla del río donde nació y donde no hay que comprar el pescado.