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Actualmente, no existe un registro nacional y obligatorio para retornados y se desconoce la verdadera dimensión de este flujo. Si bien, para Migración Colombia el número de retornados y colombo-venezolanos es cercano a las 350.000 personas, esta cifra podría ser mucho mayor al haber sido Venezuela, por más de cuatro décadas, uno de los principales destinos de la migración colombiana.
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El retorno de las víctimas del conflicto interno en Colombia también es una de las realidades de la diáspora venezolana. Las largas décadas de conflicto han sido uno de los detonantes de la salida de millones de colombianos hacia varios destinos en el exterior, entre ellos Venezuela, con quien compartimos una porosa frontera que, más allá de ser una extensa línea de división territorial, ha significado para los nacionales de ambos países la posibilidad de acceder a una mejor vida en ciertos momentos de crisis internas.
Desde el 2015, el retorno de colombianos ha aumentado de manera importante. Fecha que coincide con el inicio de la crisis humanitaria en Venezuela y la deportación de cerca de dos mil connacionales en condiciones altamente violatorias del derecho humanitario, hechos desencadenantes del retorno inminente de otros 20.000 compatriotas radicados años atrás en el vecino país.
Gran proporción de estos colombianos fueron desplazados por la violencia entre el 2000 y 2004, un período en el que, según datos del registro de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, hubo más de 3,3 millones de desplazados internos en Colombia del total de los 8,7 millones de víctimas que han sido identificadas desde 1985.
Víctimas que buscaron un refugio en Venezuela esperando obtener la ciudadanía y alcanzar la nacionalidad, una promesa que nunca cumplió el entonces presidente Hugo Chávez; quien buscaba atraer en el 2004 nuevos votantes para su referendo. Por lo tanto, hoy cientos de personas y familias colombianas revictimizadas regresan en estado de total desprotección y requieren el restablecimiento de sus derechos en Colombia.
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Entre el 2012 y 2018 se han atendido a 907.362 víctimas retornadas, de las cuales más de 350.000 han regresado del vecino país. Cifra que tenderá al aumento en los próximos años ante el continuo deterioro de las condiciones socioeconómicas en Venezuela y los procesos de reunificación de familias mixtas.
La estrategia del Gobierno Nacional para la atención de la migración desde Venezuela propuesta en el reciente Conpes 3950, consideró a los retornados del conflicto armado colombiano como parte de los actores de la migración venezolana. Si bien, este es un primer paso en el diagnóstico de la problemática, se evidencian también tres grandes limitantes en esta materia.
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Primero, no es clara la fuente de financiamiento de la implementación de una ley de retorno que aún no ha sido ajustada al contexto venezolano, ni tampoco los costos de funcionamiento de la Unidad de Víctimas y de otros entes territoriales involucrados. Segundo, la mayoría de los retornados desconocen las rutas de atención brindadas por el Gobierno y la normatividad existente. Tercero, aún no existe una adecuada articulación operativa e institucional entre la Unidad de Víctimas y Migración Colombia que aclare los protocolos de atención y seguimiento a las víctimas retornadas.
Asimismo, se requieren programas integrales en las ciudades y en los municipios que han sido azotados por la violencia y que hoy afrontan el retorno y la migración sin tener las condiciones sociales, económicas y de seguridad para atender a la nueva población que está llegando y que demanda al Estado las garantías y el acceso a derechos.
(Ver más: Más de 400.000 colombianos están exiliados por el conflicto)
Antioquia, Bolívar, Magdalena, Cesar, Norte de Santander, La Guajira o Arauca son departamentos que han presentado altos índices de desplazamiento interno y que en la actualidad están recibiendo altas tasas de migración venezolana. Lo cual no quiere decir que haya una correlación directa entre cada fenómeno, pero evidencia los grandes desafíos territoriales que debe abordar conjuntamente el actual Gobierno en materia de gestión migratoria, gobernanza y desarrollo regional y seguridad e implementación de los Acuerdos de Paz.
El que un solo colombiano pueda llevar a la vez las etiquetas de desplazado, emigrante, retornado e inmigrante muestra la complejidad de la movilidad humana en Colombia y la difícil situación por la que ha atravesado una parte importante de los colombianos. Una población que junto con los migrantes, quienes también llevan procesos de pérdidas y rupturas forzosas en un contexto de crisis humanitaria, requieren con urgencia una política migratoria integral de control, regularización, acogida e integración social.
*Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.