Entre las 4:30 a.m. y las 6:00 a.m. del jueves 27 de mayo pasado, agentes del CTI de la Fiscalía junto con uniformados del Ejército y la Policía ejecutaron 11 operativos simultáneos en cinco municipios de Arauca y en Bogotá. El objetivo, hacer efectivas las órdenes de captura que una jueza de control de garantías de Cúcuta había expedido semanas atrás, el 11 de mayo. “Ofensiva contra las disidencias del frente Décimo de las Farc que delinquen en zona de frontera con Venezuela”, presentó después la Fiscalía el operativo.
El resultado fue la captura de 11 líderes sociales, entre ellos toda la dirigencia de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), concejales y funcionarios públicos de alcaldías y la Gobernación: Alexander Botía, secretario de Desarrollo Agropecuario y Sostenible de la gobernación; Nini Johana Cardozo, coordinadora de la Mesa Nacional de Víctimas e integrante del Consejo Nacional de Paz; Anderson Rodríguez, presidente de la ACA; Jhon Alexander Romero, vicepresidente de la ACA; Camilo Espinel, secretario de Educación de la ACA y concejal de Saravena; Ruth Pita, concejal de Fortul; Fredy Leonar Camargo, secretario de Planeación e Infraestructura de Fortul; Samuel Acosta Roa, líder político de Saravena; Danilo Huertas, representante de víctimas de Saravena; Diana Molina, dirigente sindical y enfermera del hospital de Saravena; y Helber Ramírez, empleado del Banco Agrario.
Según la Fiscalía, los capturados integraban “una red de apoyo señalada de abastecer al grupo disidente de elementos y recursos para sostener su actuar ilegal en la región”. Sin embargo, la noticia de las capturas sorprendió en sectores sociales, entidades nacionales e incluso en agencias de cooperación internacional, pues se trata en su mayoría de dirigentes de la ACA, una asociación con 20 años de trayectoria en ese departamento, con alrededor de 3.700 afiliados.
Hace solo unas semanas, Ánderson Rodríguez y Jhon Alexánder Romero, presidente y vicepresidente de la Asociación, venían liderando un proceso de movilización y retoma de tierras en el sector petrolero de Caño Limón, en Arauquita, que había empezado el 8 de marzo. De allí, según la comunidad, salieron desplazadas alrededor de 150 familias desde mediados de 1980, cuando se descubrió el yacimiento, cuya operación siempre perteneció a la Occidental Petroleum Company (OXY), hasta que a finales del año pasado quedó en manos de SierraCol Energy, con quien desde marzo se instalaron las mesas de concertación con los campesinos, mediadas por las autoridades y los organismos de control del departamento.
En esas mesas las caras visibles de la asociación fueron Ánderson y Jhon Alexánder, afirma una integrante de la ACA. Según dijo, en el caso de Ánderson, se trata de un líder agrario de vieja data, reconocido ampliamente en el campesinado araucano; y en el caso de Jhon Alexánder, de un joven líder social encargado de la red de derechos humanos de Arauca.
Roles que confirma por su parte la organización de cooperación sueca ForumCiv, que ha trabajado con la ACA, al menos desde 2017. Según su coordinador del programa País, César Muñoz, esa agencia ejecuta con la asociación campesina el proyecto Aremos Paz, financiado por el Fondo Europeo para la Paz. En medio del proyecto, la interlocución venía siendo con Ánderson y Jhon Alexánder.
Del primero dijo que “tiene un liderazgo territorial que solo tienen los mayores; es una autoridad dentro del territorio. Cada vez que voy a Arauca me reúno con él para definir la agenda, que se encarga de socializar con toda la comunidad, porque lidera la Asociación de una forma profundamente democrática. Sigue siendo un campesino que al caer la tarde vuelve a su finca, dentro de los territorios que le han ido recuperando a Caño Limón”. Y sobre Jhon Alexánder, afirmó que es un joven defensor de derechos humanos con una capacidad enorme para analizar el conflicto en el territorio. “Siempre me presenta los mapas de riesgo del municipio, es muy estudioso de las alertas tempranas de la Defensoría y a él lo consultamos para saber cómo está la situación en el departamento”, dijo Muñoz, quien agregó que el joven fue parte de la Fundación DHOC, reconocida en la defensa de los derechos humanos en el oriente del país.
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Pero dentro de las personas capturadas, al margen de la ACA, también está una lideresa emblemática del departamento en el tema de víctimas, Nini Johana Cardozo, quien de hecho debido a su liderazgo fue catalogada por la Unidad Nacional de Protección con un riesgo extremo y cuenta con cuatro escoltas y dos vehículos de seguridad. Sobre su trayectoria da cuenta la fundación internacional Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), que conoce a la lideresa por su trabajo en el país en temas de mujer y política. Según la coordinadora de proyectos, Alejandra Trujillo, Cardozo pertenece a la red de incidencia de mujeres que apoya esa fundación en el país, denominada Nosotras Ahora, que existe desde noviembre de 2018. Allí fue escogida como una de las 15 comisionadas que a nivel nacional coordinan esa red. “Nini es un referente en política para las mujeres en Arauca”, dijo Trujillo.
Nini Cardozo fue una de las protagonistas del especial Juntas Tejemos Paz, de Rutas del Conflicto, que puede consultar aquí.
Desde Fescol dieron fe de la trayectoria de otra de las mujeres capturadas, Diana Molina, quien también pertenece a la red Nosotras Ahora, es una de sus dinamizadoras en Arauca y además pertenece a un foro de jóvenes sindicalistas apoyado por esa fundación, debido a que pertenece al sindicato del hospital de Saravena.
La acusación de la Fiscalía
Luego de las capturas, los detenidos fueron trasladados al batallón militar de Tauramena, en Casanare, con excepción de Nini Cardozo, capturada en el hotel Dann de Bogotá, quien ha permanecido en el búnker de la Fiscalía. Desde esas ubicaciones han acudido a las audiencias de legalización de captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento, llevadas a cabo en los primeros 15 días de junio, presididas por la jueza de control de garantías de Cúcuta Heidy Polanía y llevadas por el fiscal de la Delegada de Seguridad Ciudadana Mario Andrés Burgos.
Allí, la Fiscalía ha sostenido que los 11 detenidos integran la estructura política Partido Comunista Clandestino Colombiano (PC3) de Arauca, creada por el frente Décimo Martín Villa de las disidencias, comandado por Jorge Eliécer Jiménez, conocido como Arturo Ruiz, y Fabián Guevara, conocido como Ferley González, bajo las orientaciones de Iván Mordisco y Gentil Duarte. La acusación está construida principalmente sobre los testimonios de dos presuntos integrantes de esa estructura que fueron capturados en junio del año pasado: Yolanda González y Yonnier Pinzón, a los que se señala también de ser responsables del homicidio de un periodista comunitario de Saravena y quienes han reconocido para la Fiscalía a cada uno de los 11 capturados.
Según esos testigos, el punto de partida del PC3 en Arauca es una reunión ocurrida en enero de 2020 en Venezuela, en un campamento del frente Décimo. Allí habrían sido convocados 69 líderes sociales con supuestos vínculos con ese grupo y se habría conformado oficialmente el partido y toda su dirigencia. En el Ejecutivo Central del PC3 habrían quedado Luz Perly Córdoba, emblemática lideresa social de Arauca, como secretaria política; Alexánder Botía, como secretario de organización, y Ánderson Rodríguez, como secretario de finanzas. Con la muerte de Luz Perly en febrero de 2020, Botía habría asumido como secretario político y dirigente principal del PC3 en Arauca.
Sobre Jhon Alexánder Romero, la Fiscalía sostiene que es el encargado de certificar a los integrantes del PC3 como voluntarios de DD. HH., con el fin de evadir el control de las autoridades y moverse con libertad por el departamento. Igualmente, sobre Nini Johana Cardozo, dice la Fiscalía con base en los testimonios recogidos, que se encarga de proteger la imagen pública de los líderes del partido y su función es reclutar nuevas personas para la estructura. “Se mueve por todo el departamento con esa fachada de líder social, pero lo que en realidad hace es unirlos al partido clandestino”, dijo el fiscal refiriéndose a los testimonios recogidos.
Con base en la presunta pertenencia de los 11 capturados al PC3, la Fiscalía les imputó el delito de concierto para delinquir agravado. Los detenidos no aceptaron los cargos. La jueza acogió la medida de aseguramiento en centro carcelario que pidió la Fiscalía, aunque por ahora los detenidos siguen en el batallón militar de Tauramena y uno de ellos, Ánderson Rodríguez, tuvo que ser trasladado al hospital de ese municipio por su delicado estado de salud. Regresó al batallón, pero su estado de salud sigue afectado, resultado de la diabetes que sufre y el COVID-19 que se le encontró positivo en medio del proceso.
Persecución sistemática contra la ACA, en manos de la CIDH
Para la Asociación Campesina de Arauca no es nuevo ver a sus principales dirigentes capturados por las autoridades y señalados de tener vínculos con la insurgencia. En la pasada visita que representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hicieron a Colombia, esa asociación les entregó un detallado informe en el que consignó las 36 agresiones que ha sufrido desde su fundación en junio de 2000; en ese documento se evidencia que las capturas y detenciones a sus líderes han sido una práctica común durante su historia.
Según el informe, en 19 de las agresiones los responsables directos han sigo organismos del Estado y en otras 6 han sido grupos paramilitares que habrían actuado en complicidad con esos organismos, por lo cual el documento señala que casi el 70% de las agresiones a la Asociación Campesina de Arauca han provenido del Estado. De esas, 11 han sido detenciones, allanamientos, capturas masivas y torturas.
Como uno de los casos emblemáticos, la ACA incluyó el de la lideresa Luz Perly Córdoba, quien durante sus años de liderazgo sufrió múltiples agresiones por parte de grupos paramilitares y organismos de seguridad del Estado, y quien en febrero de 2004 fue capturada y acusada de rebelión y concierto para delinquir. Sin embargo, aún estando privada de la libertad fue merecedora del Premio Danés de Paz. Tras más de un año detenida, fue puesta en libertad pues no se le comprobó vinculación alguna con la insurgencia. Producto de la persecución, estuvo casi una década exiliada en Suiza hasta que regresó en enero de 2017 a apoyar la implementación del Acuerdo de Paz en el territorio. El 3 de febrero de 2020 la lideresa falleció producto de lo que oficialmente se catalogó como un accidente de tránsito, pero sobre el que las comunidades tienen sus reservas. Hoy, en el proceso contra los 11 capturados, la Fiscalía dice que antes de su muerte fue la dirigente principal del PC3 del frente décimo de las disidencias de las Farc.
