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A las tres de la tarde ocurrieron los primeros asesinatos, al frente del local comercial donde trabajaba Carmen García, quien para la época no tenía más de quince años y nunca había visto morir a nadie. Dos hermanos cayeron por las balas mientras ella se apresuraba a cerrar el negocio en donde trabajaba. Pocas horas después, a las seis, se fue la luz en el pueblo. Aquella fue la antesala de una de las matanzas más recordadas de las últimas décadas, la masacre de La Gabarra, en un corregimiento del mismo nombre cerca a Tibú, Norte de Santander.
De siete a ocho la gente comenzó a huir del pueblo y hubo un momento a las diez de la noche en que todo quedó en silencio, recuerda Carmen, y sólo se escuchaba el ladrido de unos perros: “como que ellos presentían que algo terrible estaba pasando”. Ella y su prima escucharon cómo le disparaban a los dueños de una residencia que quedaba detrás de la casa, luego buscaron a sus parientes entre los cadáveres un día más tarde. “Fue un golpe muy duro, a pesar de que he tenido psicólogos, a pesar de que ahora soy líder, todavía no he podido superar esa situación”, asegura.
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De acuerdo con testimonios recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), el 21 de agosto de 1999 un grupo de las Autodefensas Unidas de Colombia penetró por la noche en el caserío de La Gabarra mientras con lista en mano ubicó y asesinó a 35 personas que fueron sacando de las tiendas y cantinas del pueblo. Aquello ocurría en medio de un plan coordinado con la Fuerza Pública, según testimonios de los propios jefes paramilitares ante Justicia y Paz, en el marco de una estrategia trazada por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño para arrebatarle a la guerrilla de las FARC el control sobre el Catatumbo y la frontera con Venezuela.
Registros del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía dan fe de por lo menos 77 homicidios en la región entre mayo y agosto de ese año, pues los asesinatos continuaron por varias semanas y aún hoy algunas organizaciones de derechos humanos como el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) hablan de un estimado cercano a las cien víctimas y un número no determinado de desaparecidos.
“Nos quitaron casi toda nuestra vida, porque fue la separación de nuestras raíces, de nuestras familias, de nuestros amigos”, asegura Carmen García, sobreviviente de la masacre, quien ahora lidera la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, una organización de víctimas y familiares que busca a desaparecidos y brinda apoyo y refugio a las mujeres víctimas de la violencia.
Lo más duro, asegura García, fue “presenciar asesinatos como nunca los habíamos presenciado, quitarnos la oportunidad de estudiar o celebrar nuestros quince años, la oportunidad de tener un papá o un hermano, porque lo desaparecieron o lo asesinaron. Por eso día tras día, cada año, venimos conmemorando este día, en recuerdo de aquellos seres que ya no están y los seguimos buscando”.
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¿Por qué se aplaza la conmemoración?
Por lo menos desde el 2008 organizaciones de mujeres, víctimas y la comunidad realizan una conmemoración de estos dolorosos hechos cada 21 de agosto, pero hoy será la excepción. Según Eliana Zafra, defensora de derechos humanos, la iniciativa siempre ha sido de la misma gente y la misma sociedad del Catatumbo, sin mayor apoyo oficial. Desde el principio ha contado con un fuerte componente artístico, que esta vez no podrá llevarse a cabo.
El motivo para cancelar la conmemoración es una difícil situación de orden público impide que el evento pueda llevarse a cabo con la seguridad necesaria, mientras se prolongan hostigamientos, retenes, bloqueos y ataques a la Fuerza Pública en toda la zona. La mayoría de estos hechos se atribuyen a grupos disidentes que se apartaron del proceso de paz con las FARC.
De acuerdo con información recopilada por la Fundación Paz y Reconciliación, desde el 15 de agosto se suceden hechos muy graves que comprometen la seguridad en la región y particularmente la conmemoración a realizarse en La Gabarra. Ese mismo 15 de agosto fue secuestrada una auxiliar del municipio de Convención sin que se conozca a los responsables del crimen.
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Después, durante un consejo de paz en Tibú se conoció que ese día hubo a la madrugada un hostigamiento contra la estación de Policía de La Gabarra, que dejó a cuatro uniformados heridos y a la comunidad del caserío confinada. En otra región del Catatumbo, cerca al municipio de El Tarra, un pelotón del Ejército fue atacado también en la madrugada. Un soldado murió y cuatro más resultaron heridos.
Un día después, el 16 de agosto, en el municipio de Ábrego aparecieron pintadas atribuidas a las disidencias del frente 33 de las FARC. Ese mismo día la carretera entre Cúcuta y El Zulia fue bloqueada por hombres armados que atravesaron un vehículo, aparentemente un carro bomba.
Los bloqueos y hostigamientos en las carreteras han continuado desde entonces, por ello, “por seguridad decidimos aplazar la conmemoración y no realizarla allá en La Gabarra, porque podemos poner a las mujeres en peligro”, aseguró Carmen García a este medio en una llamada telefónica, donde explicó que sólo habrá un breve evento en Cúcuta con participación de algunas de las víctimas: “estamos aquí a pesar de todo lo que pasamos: protegiendo mujeres, protegiendo niños”.
En opinión de Eliana Zafra, del Comité Permanente por los Derechos Humanos, el hecho de que estas víctimas no puedan realizar su conmemoración es una muestra de que el Estado sigue ausente en el Catatumbo y se comete la revictimización contra la comunidad. “Los actores armados recrudecen la guerra e impiden que las organizaciones de derechos humanos acompañemos el espacio es sencillamente revictimizar, porque las organizaciones éramos las únicas que íbamos a acompañar el espacio”.
Zafra asegura que no implementar a cabalidad el Acuerdo de Paz en el Catatumbo lo único que produjo fue que se reciclaran actores armados en dicho territorio. “Es un secreto a voces que los actores armados insurgentes han generado todo un accionar en el que se pone en riesgo a la población civil”, asegura, insistiendo en que el panorama es crítico y la vulneración de derechos humanos a la población es sistemática, no sólo por el conflicto armado sino también por el abandono estatal.
Un conversatorio como última opción
Algunas de las madres de la Asociación de Madres por la Paz se trasladaron hasta Cúcuta en donde realizarán un modesto evento en la casa refugio que tienen en esa ciudad. Intentarán denunciar los hechos a través de sus redes sociales con un video.
“Se va a hacer un conversatorio desde el refugio de madres, porque todas las madres que hacen parte del Catatumbo son sobrevivientes de lo que sucedió en La Gabarra en 1999″, puntualizó Carmen García.
“Vamos a poner en redes unos pequeños videos a manera de conmemoración para pedir una paz total y rechazar todos estos hechos que vienen sucediendo en el territorio. Queremos decirle a los grupos que no olvidamos lo que pasó en 1999, no olvidamos a nuestros muertos y desaparecidos, no queremos más desaparecidos, no queremos más muertos, queremos que se acojan a los acuerdos de paz”, concluyó.