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El año electoral en Colombia arranca en medio de la violencia: tres masacres en seis días

Los hechos, registrados por Indepaz, ocurrieron en Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Este mapa de violencia confirma que el debate sobre la seguridad marcará el 2026.

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Redacción Colombia +20
07 de enero de 2026 - 07:04 p. m.
En 2026, la primera masacre del país se registró en el departamento del Cauca.
En 2026, la primera masacre del país se registró en el departamento del Cauca.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Colombia entra al año electoral con un mapa teñido por la violencia y el control armado en distintas regiones del país.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en los primeros seis días de enero se registraron tres masacres en Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Los hechos dejaron al menos diez personas asesinadas y evidencian el reto del Estado para garantizar la seguridad de la población civil.

La primera masacre de 2026 ocurrió el 3 de enero en Santander de Quilichao, Cauca. Allí, hombres armados asesinaron a Irma Yulie Erazo Reina dentro de un establecimiento comercial. Horas después, durante su velorio, atacaron a varios asistentes y asesinaron a Angélica María Cantoní Estacio, de 35 años, y a Reina Nancy Stella, de 53 años.

En esta zona, la Defensoría del Pueblo ya había emitido un llamado a la acción inmediata ante el alto riesgo derivado del control armado. “Esta advertencia se suma a la AT 036/25, que incluye a Santander de Quilichao y advierte sobre el alto riesgo para la población por la presencia y confrontación de disidencias de las FARC, principalmente el Frente Dagoberto Ramos, asociadas al control territorial y a economías ilícitas”, se lee en el reporte de Indepaz.

Tres días después de los hechos en Cauca, el 6 de enero, se registró otra masacre en San José de Cúcuta, Norte de Santander. En una trocha que comunica el sector de Cormoranes con el Anillo Vial Occidental, “hombres armados que se movilizaban en motocicleta dispararon de manera indiscriminada contra tres hombres que se encontraban en el lugar, causándoles la muerte de manera inmediata”, señaló Indepaz.

En esa ciudad confluyen varias estructuras armadas ilegales que disputan el control social y territorial. La situación de seguridad se extiende a todo el departamento. Los recientes enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 en la región del Catatumbo han provocado una nueva ola de desplazamientos y amenazan con repetir la crisis humanitaria registrada hace un año.

En contexto: Guerra en Catatumbo entre el ELN y el frente 33 deja 500 desplazados en cinco días

La tercera masacre del año también se registró el 6 de enero, en los límites entre Amalfi y Remedios, en Antioquia. Cuatro personas fueron asesinadas tras haber sido retenidas días antes, al parecer por integrantes del Clan del Golfo. Tres de las víctimas pertenecían a una misma familia y sus cuerpos fueron hallados en distintos municipios del nordeste antioqueño.

Los tres hechos ocurrieron en municipios con alertas tempranas vigentes de la Defensoría. La entidad ha insistido en el riesgo que representa la imposición de normas y formas de gobernanza criminal, así como en la necesidad de adoptar medidas urgentes de prevención y protección.

¿Cuáles son los retos de seguridad que enfrentará el próximo gobierno?

Frente a este mapa de violencia, se confirma que el debate sobre la seguridad marcará 2026 y que el país está a la espera de la estrategia que adopte el próximo gobierno.

Reynell Badillo, investigador y estudiante del doctorado en ciencia política de la Universidad de Chicago, explicó hace unos días a este diario que existen al menos tres retos principales.

El primero es evitar una mayor fragmentación de los grupos armados y que los conflictos escalen, como ya se ha visto recientemente en varias regiones del país.

El segundo tiene que ver con las gobernanzas armadas. “La consecuencia es que ahora cuando los grupos son hegemónicos, gobiernan, reducen la violencia, y producen mucha estabilidad. El nuevo gobierno tendrá que considerar si quiere romper esas gobernanzas, generando potencialmente más violencia en el corto plazo, o coexistir con ellas”, explicó Badillo a este diario.

El último reto –sañaló el investigador– es contener un eventual rebrote de la violencia urbana cuando terminen las negociaciones con grupos en las ciudades.

“El gobierno empezó a negociar con múltiples grupos en las ciudades sin considerar que algunos de ellos son más jerárquicos que otros, y que algunos quizá no tienen la capacidad real de contener a los que llaman sus tropas. Las ciudades se han pacificado temporalmente, a costa del incremento de la violencia en las áreas metropolitanas o municipios aledaños. Quizá el efecto lo verá el próximo gobierno: al acabar las negociaciones, la violencia regresará al núcleo: las ciudades”, dijo el investigador.

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