Navidad sin luz: el drama de los poblados que no tienen electricidad en Chocó

Esperanza pasa sus noches a la luz de una vela.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Esperanza cuenta que no puede comprar electrodomésticos ni conservar comida en la nevera, desde que tiene memoria la electricidad es un invento lejano, privilegio de quienes viven en la ciudad. Es mediados de septiembre y la oscuridad de la noche en Santa María de Urábara sólo se interrumpe con algún rafagazo de linterna. Cualquiera recuerda cómo se alumbraban antes acá, con los mechones de petróleo encendidos que solían provocar incendios y accidentes.

Santa María de Urábara es el corregimiento más remoto de Nóvita, en la cuenca alta del río Tamaná, una región selvática y montañosa del departamento del Chocó donde no hay carreteras ni servicios básicos. Colombia+20 recorrió esta región en septiembre pasado.

A la mayoría de estos caseríos tampoco han llegado las redes eléctricas, por eso en la jerga oficial se los denomina “localidades no interconectadas”.

Lea: Así es la vida en una región controlada por el Eln

Según datos de un estudio que la Superintendencia de Servicios Públicos realizó en 2020, el Chocó es el segundo departamento del país con mayor cantidad de localidades sin conexión al sistema eléctrico nacional con 500 localidades. En el país son 1.924 pueblos no interconectados, algunas de estas localidades son municipios completos como Bojayá o Litoral del San Juan, otras son aldeas pequeñas con decenas de viviendas, como Santa María de Urábara y sus caseríos cercanos.

En Urábara y otros siete caseríos del río Tamaná la presunta corrupción comenzó en 2018 cuando Faustino Murillo Ramírez, un ingeniero oriundo del Bajo Baudó, prometió a los pobladores que instalaría plantas eléctricas de ACPM para suplir el servicio eléctrico, que beneficiaría casi mil habitantes dispersos del Alto Tamaná. Lo haría a través de una empresa fundada por él y amigos y parientes cercanos llamada ENERPACIFIC SAS.

Pero las plantas tardaron en llegar y estuvieron varios meses abandonadas a la intemperie en un potrero río abajo, antes de que pudieran ser instaladas, según cuentan los pobladores. Después su funcionamiento resultó tan deficiente que no conseguían operar más de uno o dos meses sin fallar.

Colombia+20 comprobó que al menos cuatro de las plantas que pertenecen a ENERPACIFIC en los caseríos de Cocotea, Los Chorros, Sin Olvido y Santa María de Urábara han presentado fallas permanentes.

Faustino Murillo dejó de contestar el teléfono y nadie respondía, ni por las plantas, ni por las entregas del combustible para encenderlas. Este combustible es comprado directamente por el gobierno nacional gracias a los recursos del fondo de solidaridad, de donde salen los subsidios a la energía eléctrica.

Y aunque las plantas estuvieron durante meses dañadas, la empresa ENERPACIFIC sí cobró al Ministerio de Minas desde 2019 los giros de los subsidios a la energía eléctrica, tanto en efectivo como en despachos de ACPM.

La transferencia de recursos públicos a la empresa nunca ha parado, a pesar de los incumplimientos y fallas evidentes en la prestación del servicio, confirmadas por los habitantes en reiteradas denuncias que incluyen una carta a León Fabio Hurtado, alcalde de Nóvita, y quejas ante los medios de comunicación, todo esto Colombia+20 lo pudo constatar en su visita a la zona.

Después de varios intentos de obtener una entrevista formal, el Ministerio de Minas y Energía contestó nuestras inquietudes a través de un derecho de petición, confirmando que ENERPACIFIC SAS ha recibido desde diciembre de 2018 más de 958 millones de pesos en giros por el servicio que dice prestar en las ocho localidades rurales de Nóvita.

Lea también: “Mientras haya coca no vamos a tener paz”

Además, el Ministerio ha transferido 823 millones de pesos adicionales para comprar el combustible de las plantas, estos despachos se efectuaron mes a mes desde febrero de 2019 hasta agosto pasado y fueron recibidos por la empresa, aunque a la región llegaron con inconsistencia o no llegaron, según las denuncias de los pobladores. ENERPACIFIC ha recibido antes subsidios además por otras plantas eléctricas que operaba en regiones diferentes del Chocó.

Durante nuestra visita en septiembre de 2022 las plantas llevaban más de ocho meses averiadas sin prestar el servicio. Unos operarios las cambiaron dos semanas después, el 9 de octubre, según informó la comunidad, desde entonces han funcionado con normalidad.

El argumento del Ministerio para autorizar los giros es que estos se hacen teniendo en cuenta “la información que los prestadores del servicio reportan al Sistema Único de Información administrado por la Superservicios”, por lo tanto, no es de su competencia fiscalizar si el servicio se está prestando de forma adecuada.

Un empresario cuestionado

Faustino Murillo ha sido candidato dos veces a la asamblea del Chocó por el Partido Conservador y Cambio Radical. Ahora se habla de su aspiración con apoyo del Pacto Histórico a la alcaldía del de Bajo Baudó, el pueblo de donde es oriundo, un municipio más conocido por el nombre de su casco urbano: Pizarro. Murillo incluso apareció en un video haciendo proselitismo con la hoy vicepresidenta Francia Márquez antes de las elecciones.

Hasta comienzos del año pasado Murillo figuraba aún como representante legal de ENERPACIFIC, pero en marzo de 2021 transfirió sus acciones a Damaris Conrado Potes, quien figura como nueva representante desde entonces. Es curioso que en el último formulario tramitado este año por ENERPACIFIC ante la Cámara del Comercio del Chocó sigue apareciendo registrado el mismo teléfono celular que se registró cuando Faustino Murillo era el representante legal.

De acuerdo con un funcionario de la alcaldía de Riosucio, Murillo también estaría relacionado con EMCOLEN, una empresa con cuestionamientos similares en una veintena de localidades rurales de Riosucio (Chocó), esta empresa figura a nombre de Luber Mayrena Conrado Potes, una auxiliar contable chocoana que también ha estado vinculada como accionista en otras empresas de Murillo como Representaciones del Pacífico.

Tanto Luber Mayrena como Damaris Conrado Potes tendrían vínculos familiares con Faustino Murillo, aunque esta información no pudo ser confirmada.

En Riosucio los montos son incluso mayores a los de Nóvita: entre 2021 y 2022 la empresa EMCOLEN recibió más de 2.142 millones de pesos en despachos de combustible y 673 millones en giros en efectivo para su operación.

Vea: Gasolina subsidiada para la coca en zonas de frontera

“Entregan el ACPM incompleto, hay comunidades que dicen que no conocen ni las plantas, y lo peor es que le estaban cobrando a algunos indígenas para entregarles el ACPM”, dice Nayith Moreno, periodista de NotiRiosucio que ha hecho eco de las denuncias en ese municipio desde 2021.

Las irregularidades por la presunta corrupción de ENERPACIFIC y EMCOLEN fueron publicadas en marzo de 2021 por el medio La Cola de Rata, al que Faustino Murillo aseguró en entrevista que el servicio se estaba prestando correctamente, aunque luego reconoció que había fallas. “Hay unos intereses particulares y esas personas están buscando cómo me afectan a mí, pero eso afecta más bien es a las comunidades y generan divisiones y malas informaciones”, dijo en esa ocasión.

Intentamos comunicarnos con él en los teléfonos y correos electrónicos con los que fueron registradas sus empresas ante la Cámara del Comercio, pero no obtuvimos respuesta. Tampoco pudimos comunicarnos con Damaris y Luber Mayrena Conrado Potes, quienes figuran como representantes legales de las empresas en la actualidad. También enviamos un cuestionario al número de WhatsApp con el que Faustino Murillo está desarrollando su futura aspiración política, sin que contestara nuestras preguntas.

Un modelo deficiente

Los subsidios a la energía eléctrica en las zonas no interconectadas los pagan los colombianos de mayores estratos con un sobrecosto en su factura. Estos recursos van a un fondo de donde salen los dineros para los despachos de combustible y giros en efectivo que el Ministerio de Minas autoriza a los operadores que demuestren haber prestado determinadas horas del servicio cada mes: “se realiza un desembolso de los recursos del beneficio del subsidio que la empresa le haya otorgado a los usuarios en conformidad con la regulación vigente, con base en la información suministrada por el prestador del servicio al Sistema Único de Información, que se presume veraz bajo el principio de buena fe y la cual es procesada para verificar la consistencia de la misma”, aseguró el Ministerio.

La ley permite que empresas y particulares que cumplan unos requisitos mínimos se constituyan como operadores de servicios públicos domiciliarios, por eso no se requieren permisos ni trámites especiales para que empresas como estas cobren los subsidios después de asegurar que han prestado el servicio en zonas pobres y aisladas como los caseríos del río Tamaná. Los desembolsos se autorizan según la información reportada por los mismos operadores, por eso no hay un control independiente.

A esto hay que agregar que los requisitos para acceder a los subsidios por parte de empresas particulares son mínimos. El Ministerio aseguró que no hay ningún “proceso de selección o contratación para prestarlos; basta que la persona se constituya legalmente como prestador del servicio público, toda vez que la prestación de los servicios públicos es de libre competencia”.

Un viejo funcionario del Ministerio de Minas que ha trabajado en el área explicó que el problema de fondo radica en la imposibilidad de vigilar que estos recursos sean invertidos correctamente por los operadores. Las localidades suelen ser lejanas y dispersas, por eso es difícil ejercer un control. La vigilancia se hace por un sistema de telemetría satelital que verifica cuántas horas de luz se prestaron efectivamente en los poblados, pero este sistema sólo es capaz de medir emisiones de luz de cascos urbanos relativamente grandes, como Bojayá, Beté o Litoral del San Juan.

Le puede interesar: Una noche con los desplazados del río San Juan

Aunque el Ministerio sostiene que el subsidio es a la demanda, porque en teoría lo que “se subsidia es la tarifa a los usuarios de menores ingresos hasta el nivel de consumo de subsistencia”, en la práctica el modelo se invierte, pues quienes controlan los recursos son los operadores, que no necesitan mayores requisitos para recibir despachos de combustible y giros en efectivo, más allá de reportar la información de un servicio que no siempre fue prestado, pues es algo casi imposible de verificar en terreno en la mayoría de localidades.

Justamente para prevenir desfalcos el Ministerio consigna la mayoría del dinero a los distribuidores mayoristas del combustible como Primax o Terpel, pero nadie puede garantizar que los despachos de ACPM lleguen completos a las localidades después que los operadores los reclaman. Las denuncias reiteradas de las comunidades de inconsistencias en los envíos y de cantidades menores a las reportadas en los giros del Ministerio indican que parte del combustible se pierde en el camino.

Este modelo además apuesta por una fuente de electricidad contaminante y poco eficiente basada en combustibles fósiles, que resulta muy costosa ambiental y socialmente.

En su respuesta el Ministerio informó que “realiza un seguimiento a la correcta asignación de subsidios por menores tarifas a los usuarios del servicio público de energía eléctrica, en el sentido de verificar que estos sean causados en la facturación en conformidad con la regulación vigente […] en el eventual caso de encontrar posibles inconsistencias de información, los procesos de liquidación de subsidios pueden suspenderse hasta tanto el prestador brinde las claridades correspondientes”.

No obstante, a la fecha no pudimos confirmar que existiera algún proceso sancionatorio contra las empresas EMCOLEN y ENERPACIFIC, ni contra Faustino Murillo. Los habitantes afectados creen que con todo el dinero que el Ministerio ha girado durante estos años por un servicio de electricidad que nunca llegó ya se habría podido construir una línea de interconexión desde Curundó, otro caserío de Nóvita a siete kilómetros en línea recta en donde sí hay electricidad.