![Los líderes cocaleros señalan que los procesos de aspersión solo trasladarían los problemas de cultivos ilícitos a zonas donde antes no había.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/X5222S6VQJD6RN3NRJHRC6S75E.png?auth=f2ee364b508eef0957b2b2e6aa54194a5beda4c9ae5b2d6cccfb9f56470c2359&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Después de que el Ministerio de Justicia presentara el borrador de decreto para retomar las aspersiones aéreas con glifosato con el fin de erradicar cultivos de coca, múltiples organizaciones nacionales e internacionales se han pronunciado para rechazar esta decisión. Esta vez, a través de una carta, 150 académicos y académicas de Colombia y múltiples países le piden al presidente de los Estado Unidos, Joe Biden, que reconsidere el apoyo dado a esta medida tomada por el gobierno de Iván Duque.
El documento, también dirigido a la vicepresidenta Kamala Harris, los expertos y expertas en drogas exponen sus argumentos en contra de retomar esta práctica. Advierten que al apoyar la reanudación de las fumigaciones con glifosato, la administración Biden está “respaldando el legado dañino de Trump en Colombia”, quien recién posesionado en el cargo pidió que se retomara esta práctica “que tiene importantes riesgos para el medio ambiente y para la salud de las poblaciones afectadas”. Gracias a numerosas investigaciones se han comprobado que “la exposición a agentes activos causa cáncer, abortos espontáneos, enfermedades respiratorias y otras consecuencias graves”
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Además, consideran poco eficientes las fumigaciones: los porcentajes de resiembra que se evidencian alcanzan un 36% e, incluso, cuando no se puede resembrar en el mismo sitio, se desplazan a otras áreas donde no está permitido fumigar, como los parques nacionales. Eso sin contar con los altos costos.
“Las fumigaciones aéreas son mucho más costosas que otras opciones: aunque las estimaciones varían, es probable que las fumigaciones aéreas cuesten aproximadamente 19.000 dólares por hectárea asperjada y para reducir el cultivo en una hectárea, tendrían que ser fumigadas entre 33 y 45 hectáreas. Mientras que la alternativa más efectiva, la sustitución de cultivos, cuesta alrededor de 10.000 dólares por familia cultivadora”, dice el documento.
Por otro lado, resaltan que en el Acuerdo de Paz, firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc, se habla del problema de la erradicación forzada de cultivos como una medida que debe tomarse cuando la sustitución voluntaria no funcione: “Las estrategias voluntarias no solo son más baratas y efectivas, sino también más humanas, ya que protegen los medios de vida de las poblaciones más vulnerables de Colombia y sus recursos naturales más preciados”.
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Por último, investigadores e investigadoras le sugirieron al gobierno de Joe Biden que, así como ha tratado el problema de las drogas en su país desde un enfoque de salud y no punitivo, haga lo mismo en sus relaciones con Colombia. Le recuerdan, además, que la Comisión Bipartidista de Estado Unidos calificó el Plan Colombia, que se adelantó en el país en el gobierno de Andrés Pastrana, como un fracaso que no solucionó el problema de la proliferación de los cultivos y tampoco el conflicto armado.