Conflicto

16 Oct 2021 - 2:00 a. m.

“No hay un empresario, terrateniente o gran ganadero apresado por deforestación”

Luz Mery Panche, lideresa indígena nasa de San Vicente del Caguán, quien participó en el diálogo nacional de la Comisión de la Verdad para detener la guerra, denuncia la crisis que en el territorio amazónico ha generado la Operación Artemisa contra la deforestación. Las comunidades están entre los operativos del Ejército y las amenazas de los armados en los Llanos del Yarí.
Sebastián Forero Rueda

Sebastián Forero Rueda

Periodista Colombia 2020
Luz Mery Panche integra la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz.
Luz Mery Panche integra la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz.
Foto: Óscar Pérez

Desde un auditorio en el centro de Bogotá, la lideresa indígena nasa Luz Mery Panche Chocué le contó a Colombia la crisis que atraviesan las comunidades indígenas y campesinas que habitan la Amazonia colombiana. Tras ser escogida por líderes y lideresas de todo el país para el diálogo nacional de la Comisión de la Verdad, sobre la no continuidad de la guerra, esta indígena de San Vicente del Caguán fue contundente en sostener que el fin del conflicto y la construcción de paz pasan también por el respeto a la autonomía de los territorios y los pueblos étnicos del país.

Allí, Panche puso sobre la mesa la amenaza que para esas comunidades representa la Operación Artemisa del Gobierno contra la deforestación, que ha judicializado a campesinos e indígenas que habitan los territorios protegidos desde antes de que fueran declarados como Parques Naturales o Áreas de Reserva. En entrevista con Colombia+20, la integrante de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán y de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para la Implementación del Acuerdo de Paz asegura que mientras los uniformados arriban a sus territorios en helicópterosy en amplios despliegues militares, a sus resguardos llegan panfletos de disidencias de las Farc y grupos paramilitares que también quieren sacarlos de la zona.

¿Cuál es la crisis humanitaria que viven indígenas y campesinos en Caquetá?

Tenemos una violación de derechos a raíz de la Operación Artemisa, que se adelanta tras la Sentencia 4360 de 2018, en la que la Corte Suprema de Justicia declaró la Amazonia como sujeto de derechos. Vemos que se ha militarizado la política de conservación ambiental y se vienen haciendo desalojos de campesinos de las áreas de Parques Nacionales. El pasado 18 de septiembre, después de que salimos de la audiencia pública con el Congreso en La Macarena, precisamente para tocar este tema, se dio ese operativo que dejó nuevamente a campesinos judicializados, que les quemaron sus casas. Reinaldo Quebrada, gobernador indígena del cabildo nasa La Esperanza, en inmediaciones del Chiribiquete, también fue capturado en San José del Guaviare. Lo liberaron, pero quedó con cargos. Justo en el marco del paro habíamos tocado el tema con ese cabildo y para el 22 y 23 de septiembre teníamos reunión con Parques Nacionales, el Minambiente y la Agencia Nacional de Tierras, porque al parecer hay violación del derecho fundamental de consulta previa por la ampliación del Parque Nacional Chiribiquete, pero por la captura del compañero tuvimos que aplazarla.

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¿A quiénes están capturando en esos operativos?

Están capturando a campesinos vulnerables, gente que ha estado desde antes de que fuera área protegida, que tiene algún tipo de propiedad que colonizó en el territorio, propiedades muy pequeñas, pero de las que no han podido legalizar la tenencia por el tema de la Ley 2ª de 1959 (de Reserva Forestal). En la audiencia pública, el delegado del Ministerio de Ambiente dijo que ellos tienen la tecnología y los satélites para medir en tiempo real y saber dónde se está deforestando. Entonces la pregunta que nosotros hicimos es por qué no se ha actuado frente a deforestaciones tan grandes de 1.000, 2.000 y 3.000 hectáreas que se han dado dentro de los parques Tinigua y Chiribiquete. No hay ningún empresario, ningún terrateniente, ningún gran ganadero apresado o con situación judicial en este momento. Vemos una arremetida contra la campesinos e indígenas con el propósito de desalojarlos, de sacar a la gente de esos territorios.

¿Qué interés puede haber en querer sacar a las comunidades de la zona?

Por área del Parque Cordillera de Los Picachos se prevé la construcción del oleoducto Tapir, que va a salir a Buenaventura. Además, según nuestra investigación, para Caquetá hay 44 bloques petroleros, incluso sobre territorios de resguardos indígenas. Se prevé la entrega de más de 50 títulos mineros y la construcción de 14 hidroeléctricas sobre los principales ríos. Llamamos la atención, porque la explotación petrolera está pensada para el arco nororiental de la Amazonia, el norte de Caquetá, cerca del Piedemonte Andino, donde nace el agua, y eso va a generar la pérdida de las fuentes de agua que alimentan la cuenca del Amazonas. Les hemos preguntado a las instituciones cómo se van a garantizar los derechos que tiene la amazonia como lo declaró la sentencia, porque no es solo deforestación, se trata también de la apertura de infraestructura vial, especialmente de la Marginal de la Selva; del envenenamiento que tienen nuestros ríos con Mercurio, como ya lo han documentado institutos como el Sinchi y el Humboldt.

Pero los campesinos que han capturado también tienen ganado y han tumbado monte…

Pero tienen muy pocas cabezas de ganado. Entre 2018 y lo que iba corrido hasta la audiencia de septiembre pasado la Fiscalía nos habló de la confiscación de más o menos 90 cabezas de ganado, es decir no es una ganadería grandísima. Pero sí hay ganaderos en el territorio que tienen 1.000, 2.000, 3.000 cabezas de ganado, a ellos no los tocan. Esa es la situación que para nosotros evidencia persecución a los campesinos para desalojarlos.

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¿Qué pasa con las comunidades después de esos operativos? ¿cuáles son las consecuencias que eso está dejando?

A quienes están siendo judicializados les están haciendo firmar un documento donde se comprometen a no volver a ocupar esas parcelas que tenían. Para nosotros eso es un desplazamiento forzado gravísimo porque no les brindan ninguna garantía de poder reubicarlos en otro territorio o por lo menos plantearles algún contrato de conservación, nada. Estamos bastante preocupados porque se insiste en continuar con los operativos, la región ha sido declarada ‘Zona futuro’, y no se garantiza la implementación del Acuerdo en lo que tiene que ver con la entrega de los títulos de propiedad jurídica de la tierra a los campesinos, no les han hecho procesos de sustracción.

¿Qué plantean ustedes?

Existe una agenda de 13 puntos. Uno de los primeros es revisar el tema de derechos humanos, para mirar cuál es el estado de los casos de judicialización que se han dado. Al Ministerio de Defensa le solicitamos copia de las hojas de ruta que deben tener esos operativos, porque deben tener algún tipo de reglamentación, no puede ser que lleguen con el Esmad y quemen todo sin ninguna garantía. Estamos solicitando la presencia de la Defensoría y la Procuraduría en esas operaciones. También hemos buscado el acompañamiento de abogados para que hagan la defensa de esos campesinos. Estamos planteando la constitución de las zonas de reserva campesina en la región, como la de Losada-Guayabero, porque esa figura permite tener más control territorial. Igual que con la ampliación de los resguardos indígenas. También hay que mirar cómo resolvemos el tema de las vías terciarias que han construido campesinos e indígenas desde hace tiempo, que les han venido haciendo mantenimiento, y que se han declarado ilegales, no tienen licencia ambiental, por lo cual no se puede invertir en ellas, lo mismo que con las escuelas y los puestos de salud.

También habló de amenazas a las autoridades indígenas...

Las amenazas arreciaron después del paro, especialmente en el resguardo Yaguará II, de los Llanos del Yarí. Ya van tres panfletos que han aparecido. En el caso nuestro, tenemos amenazado al compañero exgobernador José Elías Inseca, que tiene esquema de seguridad, y Alexánder Bocanegra, presidente de la Asociación de Cabildos, quien también tuvo que salir del territorio por amenazas. En esos panfletos hay una amenaza colectiva para líderes campesinos y voceros de la minga indígena. Eso lo hemos denunciado en los Consejos Territoriales de Paz. En la Mesa Regional Amazónica que se hizo en Caquetá tratamos de hacer las denuncias, pero las instituciones competentes no fueron y por eso se tuvo que suspender la mesa, que se va a retomar a finales de noviembre.

¿De dónde vienen las amenazas?

En la región están las disidencias de las Farc, que es un asunto conocido por la institucionalidad. También nos hablan de la presencia de un grupo conocido como La Mafia Sinaloa, que está entrando al territorio, porque se está presionando para la siembra de cultivos de uso ilícito. Recibimos un panfleto firmado por el bloque Capital de las Águilas Negras, otro firmado por el Comando de Frontera, que no amenazaba, sino que nos invitaba a unirnos con ellos, porque dizque teníamos objetivos parecidos, pero para nosotros eso es una amenaza también. Las amenazas vienen desde que exigimos el compromiso del Gobierno frente al manejo adecuado del territorio de la Amazonia y la entrega de las tierras con títulos de propiedad. Creemos que la creación de las zonas de reserva campesina puede ser una motivación, porque terratenientes, grandes ganaderos y palmicultores tienen interés en el territorio.

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