Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Mientras el Estado intenta contener la violencia, los grupos armados ilegales afinan una estrategia silenciosa pero efectiva: hacer del reclutamiento una oferta estable, con pagos, incentivos y hasta “periodos de vacaciones”. Esa fórmula ayuda a explicar por qué hoy son más grandes, más extendidos y cada vez más difíciles de contener.
Lejos de ser un fenómeno aislado, esta modalidad de vinculación se ha convertido en una práctica sistemática dentro de varias estructuras armadas. Un análisis reciente de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) advierte que los grupos han transformado sus mecanismos de reclutamiento, incorporando incentivos económicos y sociales que buscan reducir las barreras de entrada y ampliar su base de apoyo en los territorios.
Ese modelo de vinculación se vuelve aún más relevante en un contexto de crecimiento acelerado de las estructuras armadas. Según la FIP, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, el ELN y otros grupos ilegales suman hoy más de 27.000 integrantes, la cifra más alta desde la firma del Acuerdo de Paz. Ese aumento no solo refleja la capacidad de reemplazar bajas, sino la necesidad permanente de incorporar nuevos miembros para sostener estructuras cada vez más amplias y dispersas territorialmente.
Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco pasaron de 3.279 a 4.019 miembros, con un incremento del 23 %, mientras que la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, creció un 22 %, al pasar de 2.415 a 2.958 integrantes.
El ELN también aumentó su tamaño, al pasar de 6.245 a 6.810 integrantes, lo que representa un crecimiento del 9 %. Las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) al mando de Iván Mordisco pasaron de 3.279 a 4.019 miembros, con un incremento del 23 %, mientras que la disidencia Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Calarcá Córdoba, creció un 22 %, al pasar de 2.415 a 2.958 integrantes.
Otras estructuras, como el Comando Nacional del Ejército Bolivariano (CNEB),al mando de Walter Mendoza, registraron un aumento del 25 %, y la Segunda Marquetalia creció un 15 %. Incluso organizaciones más pequeñas, como los Comuneros del Sur -el frente que se separó del ELN-, mostraron incrementos, lo que confirma que el fortalecimiento no es un fenómeno aislado, sino transversal.
El informe advierte que este crecimiento ocurre en paralelo a una intensificación de las disputas armadas entre grupos, que obliga a reforzar presencia y control en múltiples frentes al mismo tiempo. En ese escenario de confrontación y fragmentación, el reclutamiento —incluido el de redes de apoyo— se convierte en un recurso estratégico para resistir la presión de otros actores armados y de la Fuerza Pública. De ahí que salarios, bonos y “vacaciones” no sean solo incentivos, sino mecanismos clave para alimentar una guerra en expansión.
¿Cómo funciona la nueva modalidad de reclutamiento?
Según el informe, estas organizaciones armadas ya no dependen exclusivamente de la coerción o del reclutamiento forzado. En su lugar, ofrecen pagos periódicos, bonos por tareas cumplidas y periodos de descanso que funcionan como “vacaciones”, especialmente para labores que no implican combate directo. Estas tareas incluyen vigilancia, control de accesos, mensajería y apoyo logístico, funciones de bajo riesgo que permiten vincular a más personas sin integrarlas plenamente al frente armado.
Paula Tobo, investigadora de la FIP, explica que esta estrategia apunta a hacer del reclutamiento una opción atractiva y normalizada dentro de comunidades con escasas alternativas económicas. “Los grupos se han esforzado en hacer esta puerta mucho más atractiva, no solo por lo económico, sino por el ascenso social que esto puede brindar (…) Te pagan, por ejemplo, por hacer tareas de vigilancia, que son de bajo esfuerzo, y te ofrecen vacaciones”, señala.
El informe subraya que estos incentivos cumplen un doble propósito. Por un lado, garantizan un flujo constante de nuevos integrantes o colaboradores; por otro, fortalecen las redes de apoyo que sostienen el control territorial y la vigilancia cotidiana. Aunque estas personas no siempre portan armas, su rol es clave para imponer normas, alertar sobre movimientos de la Fuerza Pública y mantener la gobernanza ilegal.
Para la FIP, este tipo de reclutamiento plantea un desafío particular para el Estado. Al presentarse como una oferta laboral —aunque precaria e ilegal—, los grupos armados logran competir con las economías locales y afianzar su arraigo social.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.