Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Las lanchas volvieron a desaparecer del río Baudó. Por orden de la guerrilla del ELN, durante tres días (desde el sábado 3 hasta este lunes 5 de mayo) ningún poblador del sur del Chocó pudo navegar por este cuerpo de agua, la principal vía de comunicación en esos parajes selváticos y olvidados a donde ni el Estado ni las carreteras han llegado. Al menos 32.000 personas se vieron afectadas.
Detrás de este paro armado, el segundo del 2025, está la disputa territorial entre el ELN y el Clan del Golfo por el Chocó.
No es una guerra nueva. Se intensificó en 2021, justo cuando el Frente de Guerra Occidental del ELN recibió un golpe de peso en su comandancia: la muerte de ‘Fabián’, el primer mando de la estructura, quien cayó en una operación del Ejército (un año antes había sido abatido ‘Uriel’, el jefe político del Frente).
“Esta situación de debilidad estratégica fue aprovechada por las AGC (o Clan del Golfo), que iniciaron un proceso de avance desde el Medio hacia el Bajo San Juan, replegando al ELN al sur del Chocó”, explica e investigador Luis Fernando Trejos, docente de la Universidad del Norte.
¿Por qué el ELN acude a los paros armados?
En medio de esa disputa, el Clan del Golfo ha logrado avanzar en varias zonas emblemáticas que controlaba la guerrilla y quitarle el control. Ante esa asfixia, el ELN ha respondido con cinco paros armados en los últimos 15 meses, un mecanismo de defensa para impedir que su enemigo avance más.
“Como es una guerra que está ganando el Clan, lo que hace el ELN es imponer paros armados como una forma de controlar a la población, de tener escudos de protección ante una posible entrada más fuerte”, plantea Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación.
El pasado viernes, el Frente de Guerra Occidental emitió un comunicado en el que advertía sobre el paro. Según la guerrilla, la razón para ordenar la medida son las confrontaciones armadas y las posibles afectaciones que podrían tener las operaciones militares en la región.
En esa misma misiva, el ELN se refirió a los combates en sectores de Puerto Meluk y Pie de Pató, y, una vez más, habló de una supuesta relación de “connivencia” entre las Fuerzas Militares y el Clan del Golfo en la subregión del Baudó.
Sin embargo, dice Bonilla, lo que hay de fondo es una urgencia por robustecer el control social. “Cuando hacen paros armados, los utilizan para carnetizar, censar y asegurarse de que la población no haga parte del grupo enemigo”, explica la investigadora.
Con este panorama, el reciente paro aumentó el miedo de las comunidades. Detener la movilidad en los ríos del Chocó no solo implica la imposibilidad de desplazarse entre poblaciones para trabajar y hacer diligencias, sino también de atender urgencias médicas e, incluso, moverse hasta las fincas para cosechar alimentos o pescar.
“Tanto la guerrilla como los paramilitares están obligados a respetar a las comunidades. Estas acciones agravan la crisis humanitaria y vulneran las normas. En el territorio no sentimos que avancen los diálogos para superar las violencias y disminuir el sufrimiento de los pobladores. La única manera de acabar con esto es retomar las conversaciones de paz, pero no hay ni una palabra del alto gobierno al respecto”, plantea el defensor de DD.HH. chocoano Richard Moreno, coordinador del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano (Conpa).
La respuesta del Estado
El profesor Trejos asegura que desde hace años se viene advirtiendo la capacidad de daño de las estructuras del ELN en esta zona del departamento.
“La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, por medio de su informe Pavimentando el camino hacia la paz total Alertas y recomendaciones para una salida negociada con el ELN le recomendó al equipo de negociador del gobierno estar atento a seis estructuras armadas de los Frentes de Guerra que, por sus antecedentes, podrían tener serias intenciones de sabotear el proceso de negociación", dice el docente.
Tras el anuncio del paro, el Ejército anunció medidas para reforzar el pie de fuerza. Según las autoridades, más de 3.600 uniformados de la Séptima División del Ejército Nacional, de la Fuerza Naval del Pacífico y del Comando Aéreo de Combate No.5 fueron desplegados a lo largo del departamento.
No obstante, para la subdirectora de la Fundación Pares, esa militarización del territorio no garantiza que la situación mejore.
“Con el envío de militares, en esta nueva etapa de mano dura, se responde con una movilización de fuerzas con un impacto temporal muy pequeño en ese tipo de grupos y no afecta su arraigo. Eso implica una inversión muy alta en algo que puede contener, pero que no va a ser sostenible”, explica Bonilla.
En una reciente entrevista de El Espectador con la gobernadora de ese departamento, Nubia Carolina Córdoba, la mandataria local pidió que las negociaciones de paz se enfoque más en los territorios afectados.
Los otros paros armados del ELN en Chocó
Solo en los dos últimos años, el ELN ha decretado once paros armados en esa región del país. Uno de los más complejos fue el que impuso esa guerrilla en noviembre del año pasado, en plena ola invernal.
Precisamente, uno de los efectos más perversos de ese paro armado fue que el Frente de Guerra Occidental impidió la atención a la emergencia. Tanto fue el rechazo que la misma Corte Suprema de Justicia le exigió a la guerrilla “el levantamiento de las acciones violentas y el cese del bloqueo territorial, para que sea posible el ingreso de la ayuda humanitaria”.
En poco más de una semana, ese paro armado afectó a 85 comunidades afros e indígenas (unas 45.000 personas, según cálculos de la Defensoría del Pueblo).
El pasado mes de febrero, cuando el ELN ordenó el primer paro armado de este 2025, las comunidades enviaron un mensaje de alerta por el riesgo inminente de una crisis humanitaria similar a la que se vive en Catatumbo desde enero.
“Lamentamos profundamente lo sucedido en el Catatumbo, pero lo que se está cocinando aquí, en el Medio San Juan, apunta a ser muy doloroso. Está avisado una confrontación entre los diferentes grupos y un desplazamiento de todas estas comunidades a las cabeceras municipales”, dijo en un video el obispo de Istmina-Tadó, monseñor Mario de Jesús Álvarez, quien además pidió intervención urgente e inmediata para frenar la ola de violencia.
Pese a las alertas, el ELN logró, nuevamente, instaurar sus órdenes y detener la movilidad en los ríos. Mientras la guerra con el Clan del Golfo crece, las comunidades siguen a la espera de que el Estado tome medidas eficientes para prevenir y atender la crisis, que podría repetirse en pocos meses.