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La reciente decisión del Gobierno y el Frente 33 de la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente, al mando de Calarcá Córdoba, de instalar una Zona de Ubicación Temporal abrió dudas sobre el futuro de la medida y su impacto en una región como Catatumbo, que ha sido epicentro de la mayor crisis humanitaria en las dos últimas décadas.
En el marco del proceso de paz que se adelanta con ese grupo armado, delegados del Gobierno nacional y representantes de ese Frente tuvieron una reunión extraordinaria en Cúcuta para cumplir el Decreto 0448 del 17 de abril de 2025, donde el presidente Gustavo Petro dio luz verde al preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio en Catatumbo con el objetivo de transitar a la vida civil, además de suspender las operaciones militares ofensivas contra esa disidencia.
El anuncio lo dio el mandatario en la noche del sábado 3 de mayo en su cuenta de X, donde compartió un documento firmado por los delegados del Gobierno y los representantes del Frente 33 en el que quedó establecido que la Zona de Ubicación Temporal estará en el área rural del municipio de Tibú, Norte de Santander. Allí se espera que se ubiquen los integrantes del Frente 33 del EMBF.
Sin embargo, la decisión que se comunicó sin mayores detalles abrió dudas frente a la viabilidad de la medida y la forma en cómo se desarrollará dicha zona de ubicación en un territorio todavía en disputa entre la disidencia y el ELN.
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“Estas zonas de ubicación no podemos darlas por sentadas en el sentido en que hay diferentes opiniones sobre si eso es factible. Realmente todos los comportamientos por parte del 33 están en modo de guerra intentando recuperar los terrenos que perdieron en la ofensiva del ELN. Hay combates activos casi todos los días más que todo en Tibú”, aclaró Elizabeth Dickinson, analista senior de Crisis Group.
Según lo estipulado en la Ley 2272 (Ley de Paz Total), quedaron contempladas estas zonas de ubicación, y los guerrilleros que se ubiquen en estos lugares delimitados geográficamente podrán caminar hacia una eventual entrega de armas, pero el documento que compartió el mandatario todavía no específica ese punto crucial.
Frente a esto, Dickinson señala un escenario incierto, sobre todo para la fuerza pública.
“Hay muchas preguntas que no tienen respuesta por parte del Gobierno hasta ahora, sobre cómo serían esas zonas de ubicación y sobre todo el tema de desarme porque realmente sería complejo para una Fuerza Militar del Estado defender una zona de ubicación donde los integrantes del Frente 33 aún tienen sus armas. Hasta que esos temas no estén resueltos, tanto la voluntad de paz como la operación de las zonas con el tema de desarme, diría que es más una sugerencia de cómo avanzar que una certeza”, agregó.
El Frente 33 del EMBF tiene mayor presencia en Catatumbo y ha sido uno de los protagonistas en la reciente crisis humanitaria en ese territorio a raíz de las confrontaciones con la guerrilla del ELN que dejó más de una centena de muertos, más de 60.000 desplazados y 16.000 personas confinadas, por lo que ha sido un desafío en el proceso de diálogo pues el Gobierno necesita ese frente en la negociación, pero debe equilibrar no avalar sus acciones ofensivas.
Esa es precisamente otra de las dudas que surgen frente a la eventual Zona de Ubicación en Tibú. Para Dickinson, esa medida podría tener repercusiones en la comunidad.
“Es bastante peligroso porque el ELN sabe las coordenadas de la zona de ubicación y en cualquier momento pueden volver a atacar. Hay muchas dificultades en el tema de garantías de seguridad tanto para el Frente 33 y la población civil”, explicó.
En eso concuerda Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de Vivamos Humanos, quien señaló que el contexto actual que se vive en Catatumbo genera preocupaciones frente a las garantías de protección a la población civil.
“Es muy complejo que estén pensando en una zona de ubicación temporal porque esto puede poner en peligro a la población rural del área de Tibú, que justo es una zona roja y de disputa entre los dos actores armados. No hay un escenario de preparación en este momento por la crisis estructural. Además, este municipio no ha podido tener una presencia histórica del Estado, ni durante la conmoción interior”, apuntó.
¿Se podría gestar una fractura interna en la disidencia?
Si bien el jefe disidente Calarcá Córdoba ha rechazado dichas zonas de ubicación, Andrey Avendaño, delegado del grupo armado en ese proceso de paz y uno de los mandos políticos del Frente 33, aceptó el plazo que les dio el presidente Petro.
Sin embargo, esa voluntad de paz estaría en entredicho, precisamente por las confrontaciones que se mantienen en el territorio. Dickinson señala la probabilidad de que el Frente 33 intente recuperar su terreno y su acceso a diferentes economías y rutas.
En ese contexto, para Jorge Mantilla, investigador crimen y conflicto, podrían abrirse grietas en el tránsito hacia esa zona de ubicación. “Uno de los mayores retos que tiene esta eventual desmovilización es que sea efectivamente colectiva, no solo por la relación con Calarcá Córdoba y el resto del Estado Mayor de los Bloques y Frente, sino al interior mismo Frente 33. La confrontación con el ELN sigue activa y hay unos ajustes de cuentas y unas lógicas de vendetta muy propias de la lógica social y económica del Catatumbo que aún están irresueltas”, explicó el investigador.
El preagrupamiento: ¿derrota o voluntad de paz?
La idea del preagrupamiento del Frente 33 se viene cocinando, según conoció este diario, desde que se desató la crisis en Catatumbo en enero pasado. Con el ataque del ELN y los posteriores ataques entre esa guerrilla y el EMBF, esa disidencia habría quedado disminuida y el Gobierno buscaba hacer una transición a la vida civil.
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Según el investigador Jorge Mantilla, ese sería uno de los motivos para darle luz verde a la zona de preagrupamiento.
“Esto que ha sido reclamado como una victoria de la paz total no hubiera tenido lugar si no hubiese sido por la arremetida del ELN a principios de año y esto lo que quiere decir fundamentalmente es que el mayor beneficiado con la desmovilización del 33 es el ELN, que culmina su plan a cabalidad en un 100 % y además va a tener todo el control indiscutido y hegemónico sobre Tibú. Valdría la pena recordar los antecedentes que tenemos con diferentes ETCR que tuvieron que trasladarse o que sencillamente quedaron abandonados por la violencia contra los excombatientes”.
*Esta pieza periodística hace parte de la iniciativa “Comunidades que Transforman” de El Espectador, el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ por su sigla en inglés) y la Embajada de la Unión Europea. Esta es una alianza para producir contenidos que narran los esfuerzos de las organizaciones comunitarias, las autoridades y el sector privado en la construcción de paz.
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