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Ante la crisis de seguridad que enfrentan los firmantes de paz en el país, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, lanzó una propuesta para hacerle frente a la situación.
Durante su intervención en la segunda sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional de las garantías de seguridad a los firmantes del Acuerdo de Paz, declarada por la Corte Constitucional, Cristo aseguró que el Estado debe garantizar la vida y la integridad a los excombatientes de las FARC que firmaron el acuerdo, dejaron las armas y cumplen con su proceso de reincorporación.
En ese sentido, el ministro resaltó la consolidación del plan de choque para acelerar a implementación del pacto firmado en 2016. Precisamente uno de los puntos de esta apuesta tiene que ver con la protección de la vida de los firmantes. Al respecto, aseguró que se está avanzando.
La propuesta para reducir instancias
El jefe de la cartera del Interior también se refirió a la baja eficiencia al momento de atender los problemas relacionados con la seguridad de esta población y cuestionó la necesidad de que las instancias no se conviertan en “lugares burocráticos que no resuelven”.
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A raíz de eso, el ministro propuso reducir el número de instancias que se encargan de atender la crisis por la protección de firmantes en diferentes territorios. “Tenemos 20 instancias distintas en materia de protección de derechos humanos. Estamos planteando reducir esas instancias a tres para ser eficaces”, señaló el ministro Cristo durante la sesión ante el alto tribunal.
En ese mismo sentido, el funcionario agregó que desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se han priorizado territorios con el fin de atender más rápido la situación en puntos críticos y señaló que incluso ya tienen dos pilotos preparados.
“Hemos priorizado ocho regiones donde más se presentan amenazas y asesinatos de firmantes. Tenemos dos pilotos en el Norte de Cauca y el Sur de Bolívar, dos zonas especialmente afectadas”, dijo el ministro en su intervención.
Dardos al ELN por violencia en Catatumbo
En su discurso ante la Corte, el ministro también hizo referencia a la crisis de violencia que se presenta en Catatumbo a raíz de los ataques del ELN y posteriores enfrentamientos con la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), al mando de ‘Calarcá Córdoba’. Esas acciones han tenido fuerte repercusión en la población firmante de paz del Acuerdo de 2016.
Cifras obtenidas a corte del 29 de enero dan cuenta de nueve excombatientes de FARC que fueron reportados como desaparecidos en los municipios de Teorama (5), Convención (1), Tibú (1) y El Tarra (2). En esta arremetida violenta también se ha confirmado la muerte de cuatro firmantes del Acuerdo de Paz, al parecer, a manos del ELN.
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Este lunes se conocieron noticias sobre el paradero de cuatro de esos nueve firmantes de paz que habían sido reportados como desaparecidos por la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN). Según informó el Ejército, dos de los excombatientes permanecen en situación de confinamiento, mientras que otros dos se reportaron con vida desde Bucaramanga y Cúcuta.
En términos generales, la crisis humanitaria en esa región de Norte de Santander ha dejado hasta ahora más de 52.800 personas desplazadas y 31.300 confinadas. Así mismo hay una alerta por violencia contra líderes comunales en El Zulia.
El ministro Juan Fernando Cristo también se pronunció al respecto durante la sesión en la Corte y aseguró que el ELN es el único responsable de la muerte de firmantes de paz .
“Hay gente, campesinos y líderes que quedaron sepultados en el Catatumbo luego de esta masacre. Pero hay que decirlo: así como quedaron sepultados estos campesinos, también quedó sepultado políticamente el ELN. Aquí tenemos que entender como sociedad que tenemos que prepararnos para enfrentarlos con toda la capacidad institucional, no solo con las Fuerza Pública, sino con la presencia institucional”, dijo Cristo.
Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), esta violación a derechos humanos en Norte de Santander se constituye como el mayor desplazamiento masivo registrado en los últimos 28 años.
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