Por David Filomena*
Este jueves es de vital importancia para el país. En la sala plena de la Corte Constitucional se abordará el cumplimiento de la sentencia T236 de 2017, por medio de la cual, la Corte le ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), dado que se desconocían los riesgos que este podría acarrear en la salud pública y en los ecosistemas de nuestro país.Esta sustancia no ha sido ajena de controversia. Antes de la decisión de la Corte en el 2017, el propio CNE suspendió el PECIG debido a que el Ministerio de Salud, en ese entonces presidido por Alejandro Gaviria, había recomendado hacerlo debido a que la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) había reclasificado la sustancia como probablemente cancerígena para seres humanos.
Es necesario acotar que tanto el acto administrativo del CNE como la sentencia de la Corte no tienen efectos en la comercialización del producto para su uso agrícola. La diferencia radica en que cuando el glifosato es usado en la agricultura sus efectos son asumidos y controlados por el usuario. En cambio, cuando se utiliza en la erradicación forzosa, estos efectos son impuestos, dado que se trata de avionetas que vuelan entre 50 y 120 metros del suelo; la cantidad aplicada es 23,65 litros por hectárea, 5 veces más del promedio de la sugerida en la etiqueta del producto para uso agrícola y la deriva que provoca el viento hace que la sustancia no solo afecte la coca, sino los cultivos de pancoger de las personas que viven estas zonas, independientemente si tienen cultivos ilícitos o no, las fuentes hídricas y los bosques nativos.
Teniendo en cuenta estos factores, la Corte condicionó la reanudación del programa a la realización de una serie de estudios, objetivos e imparciales (las instituciones encargadas de la erradicación no podrían hacer parte en la elaboración de los mismos) en los que se deberían observar los riesgos del glifosato y establecer una serie de herramientas para mitigarlo, en caso de que la sociedad colombiana decida asumir dicho riesgo. Al sol de hoy, no se conoce la existencia de dichos estudios, pero en múltiples escenarios, tanto nacionales como internacionales, el gobierno no ha descartado la reactivación del PECIG, tanto así que después de la intervención de la fuerza pública en el territorio, es la segunda estrategia contemplada en la Ruta Futuro -el documento de política pública mediante el cual el gobierno Duque pretende abordar el problema de las drogas en Colombia- para reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos.
Por otro lado, el jefe de Estado, en varias ocasiones, ha llamado al pueblo colombiano a mantenerse unido. Sin embargo, la eventual reactivación del PECIG contraría este llamado, dado que las condiciones de vulnerabilidad de los municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos -según el Tercer Censo Nacional Agropecuario el 35% de las familias que habitan en zonas de cultivos de coca viven en pobreza extrema- no son idóneas para volver a implementar estrategias militaristas de erradicación. El tejido social existente necesita intervenciones que bajo ningún supuesto pongan en riesgo la su subsistencia de las personas y que fomenten el goce pleno de los derechos sociales, económicos y culturales (salud, educación, vivienda). Entonces, resulta necesario pensar en formas de reducir los cultivos ilícitos, más fraternales y eficaces, que no sean motores de distanciamiento entre la institucionalidad y los habitantes de los municipios en donde hay presencia de estos cultivos.
Algunas de estas pueden ser los programas de desarrollo alternativo y desarrollo territorial, mediante los cuales se priorice la sustitución de cultivos ilícitos acompañada de inversiones en servicios públicos; el fortalecimiento de la justicia, la titulación de tierras, el mejoramiento y la expansión de la red vial y la infraestructura, los programas de impulso a la producción y comercialización agropecuaria, el aumento en la inversión en programas sociales, el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas y la ampliación de las capacidades de la Procuraduría regional, la Contraloría y los gobiernos locales.
Teniendo en cuenta que todas las opciones enumeradas en el anterior párrafo se encuentran presentes en la Ruta Futuro y según la UNODC el porcentaje del cumplimiento del programa de erradicación voluntaria derivado del acuerdo de paz, en el que se suscribieron miles de campesinos que depositaron ciegamente su confianza en el Estado y que no pasa de los dos años de implementación, es del 94% con más de 34.000 hectáreas erradicadas y con una tasa de resiembra del 0,6%; vale la pena preguntarse ¿Por qué pensar en utilizar políticas públicas que fomentan la división?
* Investigador de Dejusticia: dfilomena@dejusticia.org
Por David Filomena*
Este jueves es de vital importancia para el país. En la sala plena de la Corte Constitucional se abordará el cumplimiento de la sentencia T236 de 2017, por medio de la cual, la Corte le ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos Mediante Aspersión Aérea con el herbicida Glifosato (PECIG), dado que se desconocían los riesgos que este podría acarrear en la salud pública y en los ecosistemas de nuestro país.Esta sustancia no ha sido ajena de controversia. Antes de la decisión de la Corte en el 2017, el propio CNE suspendió el PECIG debido a que el Ministerio de Salud, en ese entonces presidido por Alejandro Gaviria, había recomendado hacerlo debido a que la IARC (Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer) había reclasificado la sustancia como probablemente cancerígena para seres humanos.
Es necesario acotar que tanto el acto administrativo del CNE como la sentencia de la Corte no tienen efectos en la comercialización del producto para su uso agrícola. La diferencia radica en que cuando el glifosato es usado en la agricultura sus efectos son asumidos y controlados por el usuario. En cambio, cuando se utiliza en la erradicación forzosa, estos efectos son impuestos, dado que se trata de avionetas que vuelan entre 50 y 120 metros del suelo; la cantidad aplicada es 23,65 litros por hectárea, 5 veces más del promedio de la sugerida en la etiqueta del producto para uso agrícola y la deriva que provoca el viento hace que la sustancia no solo afecte la coca, sino los cultivos de pancoger de las personas que viven estas zonas, independientemente si tienen cultivos ilícitos o no, las fuentes hídricas y los bosques nativos.
Teniendo en cuenta estos factores, la Corte condicionó la reanudación del programa a la realización de una serie de estudios, objetivos e imparciales (las instituciones encargadas de la erradicación no podrían hacer parte en la elaboración de los mismos) en los que se deberían observar los riesgos del glifosato y establecer una serie de herramientas para mitigarlo, en caso de que la sociedad colombiana decida asumir dicho riesgo. Al sol de hoy, no se conoce la existencia de dichos estudios, pero en múltiples escenarios, tanto nacionales como internacionales, el gobierno no ha descartado la reactivación del PECIG, tanto así que después de la intervención de la fuerza pública en el territorio, es la segunda estrategia contemplada en la Ruta Futuro -el documento de política pública mediante el cual el gobierno Duque pretende abordar el problema de las drogas en Colombia- para reducir el número de hectáreas de cultivos ilícitos.
Por otro lado, el jefe de Estado, en varias ocasiones, ha llamado al pueblo colombiano a mantenerse unido. Sin embargo, la eventual reactivación del PECIG contraría este llamado, dado que las condiciones de vulnerabilidad de los municipios donde hay presencia de cultivos ilícitos -según el Tercer Censo Nacional Agropecuario el 35% de las familias que habitan en zonas de cultivos de coca viven en pobreza extrema- no son idóneas para volver a implementar estrategias militaristas de erradicación. El tejido social existente necesita intervenciones que bajo ningún supuesto pongan en riesgo la su subsistencia de las personas y que fomenten el goce pleno de los derechos sociales, económicos y culturales (salud, educación, vivienda). Entonces, resulta necesario pensar en formas de reducir los cultivos ilícitos, más fraternales y eficaces, que no sean motores de distanciamiento entre la institucionalidad y los habitantes de los municipios en donde hay presencia de estos cultivos.
Algunas de estas pueden ser los programas de desarrollo alternativo y desarrollo territorial, mediante los cuales se priorice la sustitución de cultivos ilícitos acompañada de inversiones en servicios públicos; el fortalecimiento de la justicia, la titulación de tierras, el mejoramiento y la expansión de la red vial y la infraestructura, los programas de impulso a la producción y comercialización agropecuaria, el aumento en la inversión en programas sociales, el fortalecimiento de la seguridad y convivencia ciudadana, el robustecimiento de la transparencia y la rendición de cuentas y la ampliación de las capacidades de la Procuraduría regional, la Contraloría y los gobiernos locales.
Teniendo en cuenta que todas las opciones enumeradas en el anterior párrafo se encuentran presentes en la Ruta Futuro y según la UNODC el porcentaje del cumplimiento del programa de erradicación voluntaria derivado del acuerdo de paz, en el que se suscribieron miles de campesinos que depositaron ciegamente su confianza en el Estado y que no pasa de los dos años de implementación, es del 94% con más de 34.000 hectáreas erradicadas y con una tasa de resiembra del 0,6%; vale la pena preguntarse ¿Por qué pensar en utilizar políticas públicas que fomentan la división?
* Investigador de Dejusticia: dfilomena@dejusticia.org