Conflicto

15 Aug 2020 - 2:43 p. m.

¿Por qué se recrudece la violencia en los Montes de María?

Desde 2018 la Defensoría alertó sobre el interés de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) de controlar el territorio porque es corredor estratégico de drogas, armas y personas. Las comunidades proponen un plan de seguridad colectiva que esperan que el Gobierno escuche.
En El Salado, corregimiento del Carmen de Bolivar, fueron asesinadas más de 60 personas entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 por 450 paramilitares del Bloque Norte y el Bloque Montes de María / Archivo El Espectador.
En El Salado, corregimiento del Carmen de Bolivar, fueron asesinadas más de 60 personas entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000 por 450 paramilitares del Bloque Norte y el Bloque Montes de María / Archivo El Espectador.
Foto: El Espectador

El pasado 9 de agosto en la vereda Caño Negro, jurisdicción de El Carmen de Bolívar (Bolívar), asesinaron a Manuel Benicio Sotelo Tuberquia en la finca en la que trabajaba. Tres días después, en la misma vereda, hombres no identificados dispararon contra Eduardo Enrique Medina, quien también murió. La zozobra que tenían los habitantes de esta vereda se transformó en miedo después de estos crímenes. El resultado fue el desplazamiento forzado de 27 familias. Pero esta no es una situación nueva en la región de los Montes de María. Desde hace dos años la Defensoría del Pueblo y los líderes y lideresas han alertado sobre la presencia de paramilitares que quieren adueñarse del territorio. Sin embargo, la Fuerza Pública ha afirmado que no hay tal presencia en el Carmen de Bolívar.

Las alertas tempranas que la Defensoría del Pueblo ha emitido desde mediados de 2018 hablan sobre la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en varios municipios de Montes de María. En estas explican que este actor armado busca el control sobre la región porque es una ruta estratégica para el tráfico de drogas, armas y personas, pues la atraviesan las troncales de Occidente y del Caribe y la Transversal de Contenedores, “que facilitan la comunicación hacia diferentes ciudades capitales como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo y el Urabá Antioqueño. Es también una salida estratégica hacia el mar Caribe por el golfo de Morrosquillo a través de la zona montañosa del municipio y por el norte del departamento a través del municipio de María la Baja”, explica la Defensoría.

Mientras que en la alerta temprana de inminencia N° 051 – 18 (2018), el riesgo de la presencia de las AGC ponía en riesgo a los integrantes de la Mesa Municipal de Víctimas y los líderes del Movimiento Pacífico de la Alta Montaña, y a los habitantes de algunas veredas de El Carmen de Bolívar, la alerta N° 006-2020 sitúa como personas en riesgo a prácticamente toda la población. Desde líderes hasta niños, niñas y adolescentes, pasando por mujeres, campesinos, población LGBT, reincorporados y población étnica, entre otros.

Este último documento ya habla de una presencia consolidada de las AGC. “Desde los riesgos advertidos en el 2018, las AGC han fortalecido su estructura y, han expandido su dominio desde la zona rural a la zona urbana, instalándose en corregimientos estratégicos y en el casco urbano del municipio, a través de la presencia de una estructura armada numerosa y compleja, que les ha permitido mayor control de los corredores de movilidad en la zona rural y urbana, así como un alto grado de control territorial”, dice la entidad.

Y agrega que “actualmente, las AGC en el municipio articulan prácticas que no sólo contemplan lo militar, sino que, adicionalmente, construyen estructuras con un alto nivel de incidencia social y en algunas zonas son percibidos como autoridad y como fuente de empleo, especialmente por la población que ha sido excluida de los circuitos económicos convencionales y se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad por el acceso marginal a los derechos económicos, sociales y culturales, como es el caso de la población joven sin acceso a educación técnica o superior, población en situación de desempleo tanto en la zona rural como urbana y habitantes de los barrios con alta vulnerabilidad económica. Así, han establecido un circuito económico de tráfico de estupefacientes que forzosamente se distribuyen y consumen de forma ilícita, así como rentas forzadas y microcréditos que sobrepasan el interés legal vigente (gota a gota o pagadiario)”.

Esto, además, ha llevado a la población a colaborar forzadamente con los armados. Mientras que se registran asesinatos, también se difunden panfletos que imponen toques de queda. Esta situación no es exclusiva de El Carmen de Bolívar, también en municipios como Morroa y San Onofre (Sucre) y María la Baja (Bolívar) se repite la situación.

Para las y los líderes, y para la población en general, esto es preocupante teniendo en cuenta la historia de conflicto armado que sufrió la región entre los 90, cuando ocurrieron decenas de masacres y desplazamientos forzados por cuenta de las Autodefensas Unidad de Colombia (Auc) y la guerrilla de las Farc, y los primeros años de los 2000, cuando continuó esa violencia y se sumó la estigmatización a la población civil, que terminó con la encarcelación al menos 300 personas inocentes acusadas de ser guerrilleras.

Para Ricardo Esquivia, líder de la región y ganador del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos de 2019, “mucha gente ha visto a los hombres armados en el territorio. Las autoridades dicen que no, pero la gente ha visto los grupos de 10, 12 y hasta 14 hombres armados. Eso preocupa mucho porque puede significar el regreso de la violencia”.

La incertidumbre y la posibilidad de salir se complican por cuenta de la pandemia causada por el COVID-19. Por esta razón, Esquivia dice que lo más importante es que “las autoridades se integren con las comunidades para evitar que regrese la violencia aquí. Las autoridades tienen la costumbre en Colombia de que son como bomberos y solamente van donde hay incendios grandes. A los incendios pequeños no les ponen atención sino hasta que están grandes y ahí es difícil apagarlos”.

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Previendo que la violencia se recrudecería, los integrantes de la plataforma Espacio regional de construcción de paz de Montes de María se pusieron en la tarea de construir una propuesta de seguridad colectiva que presentarán al Gobierno Nacional, regional y local el próximo 24 de agosto. Con este plan buscan “integrar la comunidad porque es ella la que en un momento puede respaldar la seguridad colectiva”, aclara Esquivia.

La propuesta consta de siete puntos. El primero es el diagnóstico del territorio a través de un mapa del conflicto. El segundo va enfocado a que las autoridades correspondientes respondan a las alertas tempranas de la Defensoría. El tercero tiene que ver con la implementación del Decreto 660 de 2018, que reglamente el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios. Los líderes y organizaciones de Montes de María piden que se capaciten y organicen a las comunidades, por ejemplo, en las labores de Promotores/as comunitarios/as de paz y convivencia y otras figuras de justicia comunitaria y resolución de conflictos. El cuarto punto se trata de crear un sistema de alerta temprana comunitaria. Para esto solicitan que a cada población se le dote de una tableta y un celular que funcione para que haya una red de comunicación.

“Es la comunidad la que sabe qué personas son de ahí y qué movimiento hay, y tengamos una especie de observatorio comunitario del conflicto”, explica Ricardo Esquivia.

Luego, siguen otros puntos que tienen que ver con garantizar la seguridad a largo plazo. Por ejemplo, otro aspecto habla de garantizar 10 hectáreas de siembra de pancoger en cada uno de los 15 municipios que componen la región. Esta propuesta busca que haya seguridad alimentaria para las personas más necesitadas y las que regresan al territorio después de un desplazamiento. “Si no se les responde por comida, la situación la van a controlar por un lado los grupos armados y por el otro la delincuencia común porque la gente no se va a dejar morir de hambre”, señala el líder.

La alerta temprana de 2020 de la Defensoría, de hecho, pudo establecer que son los jóvenes desempleados los que más tienen posibilidades de vincularse a las AGC porque “los ofrecimientos pasan por la consolidación de un periodo de prueba en el que se pagan aproximadamente entre $700.000 y $800.000, y un pago superior una vez superado el periodo de prueba”.

Por esta razón, la plataforma de derechos humanos también le apunta a que se apoyen los movimientos culturales y deportivos. Y finalmente se busca que haya recursos para un fondo de emergencia que permita movilizar a quien esté en riesgo.

El llamado de las comunidades es a que se les escuche su propuesta, porque están seguros de que invadir los pueblos con soldados no solucionará nada. El apoyo de la Fuerza Pública, consideran, debería estar a los alrededores y en los caminos y carreteras. Piden a las autoridades que actúen para que “los incendios” no crezcan y no regresen los tiempos del horror.

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