Colombia + 20

17 Dec 2021 - 8:26 p. m.

¿Qué está pasando con los ex-Farc en el espacio territorial del Yarí, en Meta?

El ataque durante el traslado de 43 excombatientes y sus familias hacia Caquetá evidenció aún más la situación de violencia en esa zona y los enormes riesgos que siguen teniendo los reincorporados de la exguerrilla de las Farc. Otros espacios territoriales también han dado este tipo de alertas.
Unas 500 personas hacen parte de ese colectivo, entre ellas se encuentran 31 menores de edad, seis personas con discapacidad, una mujer en embarazo y dos adultos mayores.
Unas 500 personas hacen parte de ese colectivo, entre ellas se encuentran 31 menores de edad, seis personas con discapacidad, una mujer en embarazo y dos adultos mayores.
Foto: Centro Poblado Urías Rondón

“Queremos salir con vida”. Ese fue el mensaje que enviaron los 43 excombatientes y sus familias del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Urías Rondón del Yarí, en Meta, tras el ataque del operativo de salida de esa zona en el que fueron impactados con ráfagas de fusil y fue incinerado uno de los camiones que se habían dispuesto para los enseres.

El ataque evidencia aún más la compleja situación de violencia que forzó la salida del colectivo de ese espacio hacia el predio San José, en El Doncello, Caquetá.

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¿Qué ocurrió durante la evacuación?

La negociación del traslado tuvo sus retrasos porque el Gobierno anunció que se haría por helicóptero. Para el colectivo usar este medio de transporte podría ponerlos en riesgo a ellos y sus familiares que aún quedan en la zona al ser leído como una “respuesta militar” por parte de la comunidad. Tras algunos diálogos, el jueves pasado se logró un acuerdo para que la evacuación fuera terrestre.

La caravana humanitaria arrancó por tierra hacia las 9:00 de la mañana. Eran tres buses y 33 camiones con enseres y animales. Sobre las 10 de la mañana entre el sector de La Sombra y La Machaca en límites de Meta y Caquetá, las familias y los reincorporados fueron atacados con ráfagas de fusil y uno de los camiones que transportaba muebles fue incinerado.

La información fue confirmada por el mayor Sergio Tafur, comandante del Comando Conjunto Numero 3, que también indicó que dos hombres que se trasladaban en motocicleta fueron los autores de los hechos.

Vicente Vargas, líder del ETCR de Urías Rondón, le dijo a Colombia+20 que el incumplimiento de las garantías del operativo había iniciado desde la mañana porque el traslado estaba previsto para las 5:00 a.m. y ninguna autoridad se presentó a esa hora. Al menos hasta la 1 de la tarde de este viernes la caravana seguía detenida, aunque Andrés Stapper, director de la Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) confirmó que la misión humanitaria ya retomó el traslado.

Pastor Alape, delegado de Comunes ante el Consejo Nacional de Reincorporación (CRN) también se pronunció a través de un video difundido en Twitter. “Llamamos al Gobierno Nacional a asumir medidas humanitarias efectivas para proteger a la población que está en grave riesgo”, afirmó.

También se pronunció Rodrigo Londoño, presidente de Comunes, quien llamó a la comunidad internacional y a las organizaciones a “no dejar solos a los firmantes”. “No se puede permitir que los violentos desangren el sueño de paz de los colombianos”, dijo Londoño a través de un video.

En un comunicado del Consejo Nacional del partido Comunes señalan que “se responsabiliza al Gobierno de lo que pueda ocurrir tanto a la población firmante, sus familias”. Unas 500 personas hacen parte de ese colectivo, entre ellas se encuentran 31 menores de edad, seis personas con discapacidad, una mujer en embarazo y dos adultos mayores.

Sobre las 7 de la noche de este viernes, Emilio Archila, consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, confirmó que tanto los firmantes como sus familias arribaron a Doncello.

“El traslado hasta El Doncello se cumplió esta noche y las 43 personas en reincorporación y sus familiares llegaron bien a El Doncello, lo que era el compromiso fundamental. El gobierno ha asumido seriamente los compromisos en la reincorporación, sin excepciones, e incluso había propuesto acompañamiento de la fuerza pública y traslado en helicópteros civiles para blindar la operación”, indicó.

La ARN por su parte indicó que se adecuó el terreno para el montaje de carpas, así como el “suministro de alimentación, transporte, una zona de almacenaje para proyectos productivos y una brigada de Salud para atender a la población en el predio”.

¿Qué pasa en la zona del Yarí?

De acuerdo con Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. de Indepaz, los firmantes del acuerdo presentes en el ETCR de Urías Rondón son vistos como “una amenaza” ante grupos delincuenciales residuales.

“Amenaza porque los excombatientes son defensores del acuerdo y pues básicamente algunos puntos como el cuarto pretenden acabar con los cultivos de uso ilícito e implementar el PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos) y eso va en contra de los intereses de esos grupos”, explica.

González afirma que el control no solo se da porque la zona es un corredor de droga, sino porque estos grupos tienen dominio territorial y social. “Esa también era la razón para que el ETCR de Yarí se negara a tener un traslado militar. Hay gente con la que ellos tienen relaciones y que se quedan en el territorio. Ese acompañamiento militar podía entenderse como una connivencia con la Fuerza Pública”, afirma.

Camilo Escudero, del colectivo Gómez Escudero y abogado de los firmantes del Acuerdo de Paz de ese espacio territorial, la respuesta del Gobierno ha sido lenta. “Se han hecho varias alertas desde hace más de un año y recién ahora se viene a dar el traslado. Las garantías en esa zona han sido insuficientes”, indicó.

Para González, esa tardía reacción oficial hizo que la situación en la zona se agravara y que la evacuación se configura como un “desplazamiento forzado”. “Es la incapacidad del Gobierno lo que lleva a que estas personas de Playa Rica deban irse de ese territorio. La situación era inviable”, afirma.

Tanto Escudero como González coinciden en que el traslado a Doncello, en Caquetá no necesariamente es una garantía de la seguridad.

“Hay que tener en cuenta que cuando se traslada a todo un ETCR sí se necesita seguridad, pero también tierras. Esas dos condiciones se deben cumplir. Los ETRC son zonas donde viven los firmantes, pero donde se asientan para hacer sus proyectos productivos. Doncello ofrecía algún tipo de cercanía con ciertas zonas seguras y además la tierra”, indica.

El hecho mismo de que ese atentado se haya dado a la salida del ETCR, incluso con algún acompañamiento militar demuestra el dominio que los grupos armados tienen de la zona, explica González. “Ese hecho fue un llamado de atención. Fue como decir: miren lo que podemos hacer”, afirma.

Violencia contra reincorporados se incrementa

Tras más de un año de concertación entre delegados de los reincorporados y el Gobierno Nacional, apenas el pasado 30 de noviembre se logró un cronograma para la reubicación. La decisión se tomó luego de que la situación se agravara por la incineración de dos vehículos de la Unidad Nacional de Protección -asignados a algunos excombatientes- el pasado 20 de noviembre por parte de hombres armados que irrumpieron en la zona.

Ese hecho se sumó al asesinato de un reincorporado en abril pasado y a las denuncias de amenazas y ataques por parte de grupos armados ligados a las disidencias que operan en la zona.

Desplazamientos como estos ya se habían presentado en otros antiguos espacios territoriales como Ituango, en Antioquia, y Buenos Aires, en el Cauca.

En julio de 2020, al menos 93 personas entre excombatientes y sus familias salieron del ETCR de Santa Lucía hacia Mutatá tras una amenaza colectiva en la que les pusieron un plazo para desalojar el espacio territorial. Hasta esa fecha, 11 firmantes del Acuerdo de Paz habían sido asesinados en ese municipio antioqueño.

Lo mismo ocurrió en el ETCR de Buenos Aires, Cauca. De acuerdo con Leonardo González, coordinador del Observatorio de DD.HH. de Indepaz, la falta de garantías sobre la seguridad de los reincorporados y la lenta implementación del Acuerdo de Paz, ha minado la confianza y ha hecho que varios firmantes abandonen los espacios territoriales. “En Buenos Aires habían cerca de 400 excombatientes, hoy quedan menos de 40 porque han decidido hacer proyectos productivos individuales y desplazarse a zonas urbanas como Popayán o Cali”, explica.

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El pasado primero de noviembre los excombatientes Jorge Vianey García y dos escoltas en El Tambo, Cauca sufrieron otro atentado del que salieron ilesos. Una camioneta del esquema colectivo asignada a la Cooperativa Multiactiva Caminos de Paz (Comcapaz) fue impactada con proyectiles de armas de fuego.

Según la Misión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas, entre 2017 y octubre de 2021, 296 excombatientes de las Farc fueron asesinados. Cauca, Valle del Cauca y Nariño son los departamentos donde más se concentran más de un tercio de esos asesinatos.

Tras firmar la paz, el 24 de noviembre de 2016, 14.020 exmiembros de la guerrilla, incluidos 7.000 combatientes, hicieron el tránsito a la legalidad. La gran mayoría vive por fuera de los antiguos espacios de reincorporación y más de la mitad cuenta con algún proyecto productivo.

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