Rastros de violencia y abandono en los Llanos

La precariedad en las vías impide que los pueblos llaneros saquen sus cultivos. / Fotos: Óscar Pérez

Recorrer las trochas de los Llanos Orientales da la sensación de que por años se ha perdido la oportunidad de cortar los cables que por décadas le han dado la electricidad a la violencia. El conflicto armado ha cambiado y los actores ilegales, luego de la firma de la paz con las Farc, han mutado. Y, aunque persisten dinámicas de agresión que dejan víctimas y salen a la luz sus secuelas después de mucho tiempo, los pobladores de los municipios, corregimientos y veredas que parecen adentrarse hacia los Llanos desde los ríos Meta, Arauca y Cravo Norte coindicen en que todo sería diferente si, al menos, las vías de acceso no fuesen tan precarias.

Esa falencia es evidente. De Arauca capital al municipio de Cravo Norte hay algo más de 140 kilómetros. Una distancia que, en condiciones óptimas, podría recorrerse en poco más de una hora, pero que se convierte en un viaje de casi cinco a través de un camino pedregoso e irregular que solo lo hace ameno el paisaje llanero. Eso en el mejor de los casos, y si se corre con la fortuna de contar con una camioneta 4x4. Para un camión el tiempo para trasladarse por ese trayecto se incrementa. Y si llueve, dicen los lugareños, es una misión casi imposible. Por supuesto, en esa región se convive con las heridas aún abiertas del conflicto, pero una vía en mal estado no solo los aísla del resto del país, sino que hace tedioso cualquier intento de las víctimas por buscar una reparación.

De ese y otros males de la región se pudo enterar de primera mano el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, en la más reciente misión humanitaria que la institución realizó durante cinco días por Arauca, Vichada y Casanare. Un recorrido por tierra y río que se inició en Arauca y llegó hasta Yopal, atravesando veredas y corregimientos de Cravo Norte, La Primavera, Santa Rosalía y Orocué. Y que, además, intentó emular la vivencia diaria de los habitantes de una Colombia a la que muy poco se vuelve la mirada.

(Lea también: “Le cortaron la cabeza y le arrancaron el corazón”: Defensor del Pueblo)

La historia de la violencia en los Llanos Orientales tiene tantos años como el conflicto armado en Colombia. Los primeros vestigios del paramilitarismo tienen fechas cercanas a 1953, cuando desmovilizadas las guerrillas liberales en esa región, el Estado se embarcó en un proyecto para crear bloques antiguerrilleros, que vinculó a exguerrilleros y campesinos a los servicios de inteligencia del Estado y las Fuerzas Militares. Tres décadas después la mezcla explosiva entre el narcotráfico y las esmeraldas convirtieron las extensas llanuras en tierras de disputa en las que tenían amplio poder Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el Mexicano, y el esmeraldero Víctor Carranza, a quien hoy todavía los pobladores mencionan en sus relatos de dolor.

La presencia guerrillera que se asentó en la región y el control por las rentas petroleras la convirtió también en el escenario de una guerra que tuvo sus orígenes a finales de los 80, y de la que fueron protagonistas Héctor Buitrago, alias Tripas; luego su hijo, que llevaba el mismo nombre, pero el alias de Martín Llanos, al mando de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), y Miguel Arroyave, alias Arcángel. Un descarnado enfrentamiento que se llevó por delante miles de vidas, que causó terror, desplazó gente y dejó desaparecidos que todavía son buscados por sus familiares.

Lo que hay hoy son las ruinas. De acuerdo con información de la Defensoría del Pueblo, Cravo Norte -que fue un punto de encuentro entre el gobierno de César Gaviria y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército Popular de Liberación (Epl) para pactar el inicio de un proceso de paz- es un territorio estratégico del Eln y las disidencias de las extintas Farc. Su cercanía con los ríos Meta y Casanare funciona como pivote para la movilidad entre los tres departamentos y su condición de limítrofe con Venezuela lo hace propicio para el desarrollo de economías ilegales.

(Lea también: Tumaco, una guerra llamada posconflicto)

“Las víctimas siempre hemos estado en el olvido”

A pesar de que la violencia no es tan cruda como hace unas décadas, las voces de sus habitantes son vehículos de la tragedia. “Mi esposo Nelson José Chávez Sarmiento y mi cuñado William de Jesús Chávez Sarmiento fueron unas de las tantas personas desaparecidas por las autodefensas en 2002”, relata Érica Correa Ramírez, una mujer a la que se le encharcan los ojos cuando recuerda el terror que le tocó vivir y que lleva a cuestas junto a sus dos hijos. Correa cuenta que “primero se llevaron al hermano, que era minusválido, y luego vinieron por él. Tres días después me amenazaron para que no denunciara”.

A la mujer le tocó arrancar con sus hijos de tres y seis años para Cali, en donde solicitó reparación como víctima de desplazamiento, pero en donde encontró el infortunio de ser suplantada y el dinero de la indemnización fue reclamado por otra persona. “Me tocó volver, con trauma y con susto, porque la ciudad es muy cara. Mi hija tiene una leve discapacidad mental y su crecimiento y aprendizaje son más retrasados. Aquí trabajo en un lugar de comidas rápidas y la puedo poner en terapias por ratico”.

A más de 160 kilómetros de ahí, por las aguas del río Meta, se llega a la inspección de Santa Bárbara de Aguaverde, municipio de La Primavera (Vichada). Desde uno de los salones de la escuela de la población, en donde por falta de maestros con frecuencia toca mezclar estudiantes de diferentes grados. El profesor Mauricio Beroy Rojas cuenta las dificultades para subsistir en medio de la nada. “Aquí somos ricos en productos, pero solo podemos sembrar para comer nosotros, porque no nos compra nadie, no tenemos cómo sacarlos. Cultivamos maíz, plátano y mango, pero eso se pierde, toca echarlo a los cerdos”, dice Beroy, que tiene a cargo a su madre de 75 años y con quien vive en una zona rural de la población, a 15 minutos del casco urbano.

(Lea también: Guapi e Iscuandé, dos caras de la misma moneda)

Beroy es uno de los 12 empleados del Estado que hay en Aguaverde, y esa misma condición es la que le lleva a preguntarse de qué viven las cerca de 600 personas que son sus vecinas, sino tienen la facilidad de llevar lo que cultivan al municipio más cercano, que es La Primavera. “Las vías no permiten sacar nada y eso en invierno es impasable. De 100 racimos de plátano, compran 10 en el almacén. De una hectárea de yuca, solo vendemos 20 arrobitas a $12.000. Lo que más intentamos sacar es el maíz, y toca hacerlo por río, en un expreso que cuesta $300.000. Tenemos luz solo cuatro horas en la noche, así que no se puede comprar un pollo, y hay una máquina de bombeo que lleva el agua a las casas tal y como sale de los pozos, sin ningún tratamiento”.

La frustración es evidente en la cara de Beroy cuando habla de lo que es vivir en medio de tanto aislamiento. “Los campesinos sentimos ira, nos sentimos marginados, tenemos enojo con los gobernantes que tienen el poder para hacer algo y no hacen nada”. La forma más fácil de llegar a esta vereda, guardando las proporciones del significado que puede tener esa palabra en esa región del país, es por el río Meta, aguas en las que la lancha en la que viajaba el defensor del Pueblo con su equipo y varios periodistas encalló en medio de un fuerte aguacero durante la misión.

“Los hijos no tienen precio”

Para llegar a Bocas del Pauto, un corregimiento del municipio de Trinidad (Casanare), se cruza en una lancha que se demora unos 25 minutos desde Santa Rosalía (Vichada). Allí, Didier Oropeza acababa de enterrar a una sobrina de 23 años que murió en la mañana del 31 de octubre pasado, porque en el centro médico de la población no había ningún tipo de medicamentos. “Aquí la única salida cuando uno se enferma es morirse”.

(Lea también: Un Pacífico arrinconado por los violentos)

Pero Oropeza lleva en sus espaldas otra tragedia. Busca a su hija que grupos de autodefensa desaparecieron cuando ella tenía 17 años. “Llegaron unos 300 tipos que decían que eran las autodefensas y nos citaron a una reunión. Dije que a mi familia no la llevaba para allá. Al rato llegó mi mamá y me dijo que se habían llevado a Dora Liliana. La fui a buscar con el cura, pero me dijo que no me hiciera matar, que mis otros hijos me estaban esperando. No sabía qué hacer. Se la llevaron y nunca la devolvieron”.

A Dora Liliana, dice su padre, la vieron alguna vez por Puerto Gaitán (Meta), pero paramilitares acogidos a Justicia y Paz confesaron que la habían matado junto con otra mujer y las enterraron en una fosa común que ha sido imposible encontrar, porque el árbol junto al que se cavó el hueco fue talado. Las amenazas, sin embargo, no cesan y, con impotencia, el campesino espera encontrar los huesos para poder decir “ya enterré a mi hija”.