Cuando son arrastrados a la guerra, los niños pueden tener 9, 10, 11, 12 o 13 años, tal vez un poco más. A sus cuerpos se les pone un precio. Se convierten en mercancía barata para los grupos armados ilegales. Mano de obra. Carne de cañón para las balas antes de que lleguen a los comandantes. Los grupos armados saben que pueden utilizarlos a su antojo para mantener el control territorial y también que pueden prescindir de ellos con facilidad cuando ya no les sirvan.
Así se consolida y se sostiene un drama que se ha profundizado en el conflicto armado colombiano: el reclutamiento infantil.
El informe “Menores en el frente de batalla: detener el reclutamiento infantil en Colombia” del International Crisis Group, publicado este 12 de febrero en el Día de las Manos Rojas, advierte que ese crimen de guerra se ha disparado durante la última década en el país.
La cifra que calcula la organización –a partir de registros de la Policía Nacional y del Ministerio de Defensa– es de más de 1.000 niños en las filas de las estructuras armadas, lo que equivaldría a unos 91 equipos de fútbol. Esto representa alrededor del 3,7 % de los 27.000 integrantes de grupos armados que estima la Fundación Ideas para la Paz. Dentro de ese número, la población más afectada es la indígena.
“Para estos grupos, los menores se han convertido en combatientes baratos y prescindibles que pueden desempeñar las funciones más peligrosas, ya sea en la primera línea de combate o en la producción y distribución de artefactos explosivos. Son soldados rasos en las campañas de expansión y carne de cañón en las luchas con sus rivales. Los jóvenes son inicialmente incorporados a las redes criminales haciendo recados o montando guardia; también son explotados sexualmente por los miembros de los grupos”, dice el informe.
En efecto, antes de empuñar un arma, muchos niños son incorporados de forma gradual a las redes criminales. Comienzan haciendo mandados, montando guardia o actuando como campaneros (vigías) para alertar sobre la presencia de la Fuerza Pública. También participan en prácticas coercitivas contra la población civil, como en el control de toques de queda o en la extorsión.
Los menores de edad están al servicio de las estructuras y, en contextos de confrontación activa, suelen ser enviados al frente sin entrenamiento. “Al llegar, te dan un camuflado y entras al combate”, dijo al Crisis Group una niña de 14 años que fue rescatada de las filas de una disidencia de las FARC.
Es una dinámica que refleja que los comandantes los consideran prescindibles. Por eso “casi todos corren un alto riesgo”, explica el informe. Un miembro de la Policía citado en el documento lo resumió así: “son lo más mínimo” dentro de las filas.
Esa instrumentalización alcanza niveles alarmantes en algunas estructuras. Por ejemplo, en el Estado Mayor Central (EMC) –la disidencia de las FARC comandada por Iván Mordisco– los niños y niñas podrían representar hasta el 37 % del total de combatientes, según cifras citadas por el Ministro de Defensa en diciembre de 2025.
“Cada niño tiene un valor, según sus características”
En el reclutamiento infantil –dice el informe– casi nada es improvisado. Las redes que expone el documento dan cuenta de ello. Según Crisis Group, en algunos casos los menores pasan a integrar de manera formal organizaciones armadas ilegales, a través de estructuras diseñadas específicamente para captar niños y adolescentes. Los altos mandos delegan esa tarea en coordinadores y reclutadores de bajo nivel “con cuotas y parámetros específicos que deben cumplir”. Este sistema es utilizado, entre otros grupos, por el EMC y otras disidencias de las antiguas FARC.
En paralelo, existen reclutadores que operan de manera independiente. Captan a menores con cualidades consideradas útiles para la guerra y los ofrecen al grupo armado dispuesto a pagar más. “En ambos casos, los grupos que reciben a estos niños suelen pagar por cada recluta”, advierte la organización.
Meses antes de ser asesinado en marzo de 2025 por rescatar niños reclutados, el líder indígena del Cauca Edgar Tumiña resumió esta lógica ante Crisis Group: “Cada niño tiene un valor, según sus características”. Los precios –según contó otra fuente a la organización– varían: entre 500.000 pesos (unos 135 dólares) y 2.000.000 (unos 540 dólares), dependiendo de lo que los grupos consideren “valioso”.
“Los grupos que compran a estos menores suelen llevar registros detallados con su información, incluyendo el hecho de que son menores de edad”, añade el informe.
En algunos casos, los niños y niñas son trasladados a nuevos territorios para que sean más difíciles de encontrar y para fortalecer las filas del grupo en zonas donde intentan expandirse.
Ese fenómeno quedó expuesto con la muerte de 15 niños en bombardeos que ordenó el presidente Gustavo Petro contra el EMC entre agosto y octubre de 2025. “Los menores que murieron… estaban radicados en los departamentos de Guaviare y Amazonas, pero habían nacido en el Putumayo, Nariño, Caquetá, Norte de Santander y Arauca”, recuerda Crisis Group en el documento.
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Las redes sociales, una carnada
Las dinámicas de reclutamiento infantil se vuelven aún más complejas en el terreno de las redes sociales. A través de TikTok, Facebook y otras plataformas, los grupos armados ilegales buscan posibles reclutas. Los métodos son diversos: videos musicales, canciones, promesas de cirugías plásticas a niñas y “testimonios personales de reclutas sobre sus supuestas vidas de aventuras como combatientes”, describe el informe. Se trata de una práctica que la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción para la Paz (JEP) y otras organizaciones han denunciado desde hace meses.
Al final, el dinero y la promesa de estatus social está en el centro de un discurso que explota la vulnerabilidad de las familias. Es un fenómeno marcado, además, por la pandemia del COVID-19. Según la organización, las “carnadas” utilizadas por los grupos armados resultan especialmente atractivas para una generación cuya infancia estuvo atravesada por el confinamiento y “que ve pocas oportunidades laborales y perspectivas de una vida estable en su futuro”. Para estos niños y adolescentes –advierte Crisis Group–, las promesas de dinero, pertenencia y estatus encuentran terreno fértil.
“Los grupos armados y criminales identifican sistemáticamente los hogares en los que los menores viven en condiciones precarias y las redes de traficantes se encargan de atraerlos deliberadamente. Los niños suelen incorporarse con la falsa esperanza de gozar de una vida mejor o escapar de hogares difíciles”, explica Elizabeth Dickinson, directora adjunta de Crisis Group para América Latina y el Caribe.
Las estructuras armadas no solo se aprovechan de la necesidad económica de los niños y niñas, sino de los vacíos afectivos. “Una estrategia muy común consiste en intentar que se “enamoren” de un integrante del grupo”, expone el documento.
En Caquetá, por ejemplo, una niña de 14 años fue visitada durante meses por un miembro de un grupo armado que la convenció de irse con él. “Aunque su familia la rescató pocas semanas después de su desaparición, el mismo hombre volvió a contactarla por WhatsApp y ella abandonó su hogar por segunda vez”, cuenta el Crisis Group.
¿Cómo se explica el aumento acelerado del reclutamiento después de 2016?
Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016, dentro de las FARC –para entonces el grupo armado con mayor número de combatientes– el número de niños y niñas en sus filas se redujo a unos 130 casos, el nivel más bajo registrado en una década, según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
Ese descenso, sin embargo, no se sostuvo. El informe del Crisis Group advierte que el reclutamiento de menores aumentó de manera acelerada después de 2016, en buena medida, porque la salida de las FARC de amplias zonas del país dejó vacíos de poder que el Estado no logró ocupar de forma sostenida. El repliegue abrió paso a una reconfiguración del conflicto armado, en la que otros actores –nuevos y ya existentes– se apresuraron a disputar el control territorial. En ese escenario, niños y adolescentes volvieron a convertirse en un recurso estratégico.
El ELN, por ejemplo, avanzó sobre antiguos espacios de influencia de las FARC y recurrió al reclutamiento de menores para afianzarse en esos territorios, mientras que las disidencias “reclutaron a una nueva generación y ahora son los que más dependen de los niños”, dice el informe.
En esas dinámicas también entra el Clan del Golfo –el grupo armado que más ha crecido desde 2016–. Aunque suele privilegiar el reclutamiento de mayores de 18 años, autoridades advierten que también ha incorporado menores en contextos de expansión y control territorial. “Hoy en día, todos los grandes grupos armados y criminales de Colombia reclutan menores sin excepción”, dice el informe.
El fenómeno se extiende a todos los departamentos, aunque con patrones diferenciados: “Las disidencias de las FARC han estado particularmente activas en el suroccidente del país (con aumentos alarmantes en el reclutamiento de menores en los departamentos de Cauca, Huila y Guaviare, en el sur del país). El EGC, por su parte, se ha centrado en los jóvenes de la zona central del país (especialmente en Caldas, Sucre y Cesar)”, se lee en el documento.
Es una dinámica violenta que permanece aun cuando estructuras armadas como el Clan del Colfo, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y Comuneros del Sur –todas en un diálogo de paz con el Gobierno Petro– han firmado acuerdos para prevenir el reclutamiento o entregar niños y niñas que están en sus filas.
Los efectos del reclutamiento infantil: ¿qué pasa cuando un niño sale de las filas?
Las secuelas del reclutamiento se extienden a las comunidades donde se vive este crimen de guerra y rompen el tejido social, especialmente de las comunidades indígenas. El miedo a las represalias de los grupos armados reprime, en muchos casos, su resistencia. “No se atreven a denunciar por temor a que sus propios familiares sean objeto de represalias”, escribe el informe.
Es un ciclo de miedo del que parece no haber salida. Miedo a ser reclutado. Miedo a oponerse a ese crimen. Miedo a denunciarlo. Miedo a escapar. Miedo a que no haya salida. En cada fase, hay un riesgo.
Para los menores de edad que participan en grupos armados, la primera y más trágica forma de salir es morir en combate; algunos son rescatados por sus familias o comunidades, unos pocos regresan por otros medios. En la otra mayoría de casos, son rescatados por los militares.
Quienes huyen enfrentan riesgos extremos: “Son ejecutados si se les descubre”, dice el informe. Mientras tanto, los que logran volver a sus hogares se enfrentan al peligro inminente de volver a ser reclutados, con amenazas dirigidas a ellos y a sus familias. “En ocasiones, los miembros de los grupos armados van físicamente en busca de los niños. Con mayor frecuencia, el acoso comienza de forma digital, ya que el menor mantiene el mismo número de teléfono y sus cuentas de redes sociales”, dice el informe.
A eso se suma que “muchos de los menores que logran regresar se enfrentan a un persistente estigma en sus comunidades”.
Frente a ese bucle violento, el informe del Crisis Group señala que los esfuerzos del Estado para detener el reclutamiento infantil han sido desarticulados, “dejando a menudo a las comunidades como primera línea de respuesta”.
En ese contexto, la investigadora Dickinson explica que “Colombia debería invertir en mejorar la seguridad en las escuelas, apoyar las defensas de las comunidades locales, reforzar las investigaciones judiciales sobre las redes de reclutamiento y mejorar la atención a los menores combatientes rescatados y a sus familias”.
De lo contrario, los niños, niñas y adolescentes seguirán siendo carne de cañón en una guerra que nunca eligieron.
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