Conflicto

21 Apr 2022 - 12:00 p. m.

Regular la coca y la cocaína: ¿el reto del próximo gobierno?

Expertos coinciden en que es la única vía para desescalar la violencia en los territorios y reducir los riesgos para los consumidores. Colombia tiene 143.000 hectáreas sembradas de coca.
 En una eventual regulación del mercado de la coca, el Estado controlaría todos los eslabones, desde el cultivo hasta el consumo. / AP
En una eventual regulación del mercado de la coca, el Estado controlaría todos los eslabones, desde el cultivo hasta el consumo. / AP
Foto: Fernando Vergara

Ya es más que un consenso entre políticos, academia y organizaciones sociales que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso. Pese a los miles de millones de dólares invertidos (solo el Plan Colombia requirió alrededor de US$16.000 millones por parte de EE. UU. y Colombia), la producción y el consumo de drogas continúan en aumento a escala mundial. Colombia, que se mantiene como el mayor productor de cocaína, sigue padeciendo los efectos de un conflicto entre armados que se disputan esas rentas ilegales.

Por eso, expertos consultados por Colombia+20 insisten en que culminar la regulación del cannabis de uso medicinal y recreativo e iniciar la regulación de la hoja de coca y la cocaína es una labor crucial del próximo gobierno para desescalar la violencia en el país y reducir los riesgos para los consumidores. Actualmente, el país tiene 143.000 hectáreas sembradas de coca.

Pese a las críticas, la regulación del cannabis ha avanzado en los últimos años, pero la de la hoja de coca y cocaína continúa generando controversias. Para Estefanía Ciro, doctora en sociología e investigadora del Centro de Pensamiento A la Orilla del Río, se debe iniciar por desmontar mitos: “No es cierto que este mercado no está regulado. Está regulado por actores armados a través de la violencia, y lo que debe haber es una regulación legal pacífica, porque tampoco es cierto que con la prohibición se va a lograr acabar este negocio”.

Las cifras lo demuestran. Pese a que al cierre del 2021, el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que durante el gobierno de Iván Duque se han erradicado 350.000 hectáreas de coca, la disminución de hectáreas sembradas según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito ha sido solo de 26.000 (un 15,4 %). Es decir, Colombia pasó de tener 169.000 hectáreas de coca en 2018 a 143.000 en 2020. Además, esa disminución también contrasta con el incremento en la producción potencial de clorhidrato de cocaína: pasó de 1.058 toneladas métricas (tm) en el 2017 a 1.228 tm en el 2020.

Por eso se han hecho intentos a nivel interno por regular este mercado: en abril de 2021, la Comisión Primera del Senado votó 12 a favor y cero en contra un proyecto de ley presentado por Feliciano Valencia e Iván Marulanda, que buscaba regular toda la cadena de valor de la hoja de coca, desde su producción hasta su procesamiento y distribución en el mercado. “Ese proyecto está vivo, está listo para plenaria. No va a pasar por asuntos políticos Sin embargo, el proyecto no ha avanzado. “Lo que deben entender el próximo gobierno y la sociedad misma es que los próximos 10 años van a estar determinados por la regulación de los mercados ilegales de drogas a escala internacional y tenemos dos opciones: o nos montamos a ese tren o nos pasa lo que nos pasó con el cannabis medicinal, y es que perdimos el escenario competitivo que teníamos por decisiones conservadoras del Gobierno”, asegura Julián Quintero, investigador de la Corporación Acción Técnica Social.

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Claves para la regulación interna

En la misma línea del Acuerdo de Paz, la mayoría de candidatos proponen una solución al problema de la cocaína desde los tres eslabones principales de la cadena: sustitución para los cultivadores (a lo que algunos añaden erradicación y glifosato), persecución para los narcotraficantes y políticas de salud pública para consumidores.

Según la ONG de Reino Unido Transform Drug Policy Foundation, en una eventual regulación todas las fases serían controladas por el Estado. Es decir, es este el que decidiría quién produce, quién vende, a qué precios y quién consume. “El Estado debería comprarles a los campesinos la materia prima, brindar licencias a laboratorios para su procesamiento y tendría el monopolio de la distribución en puntos de venta estilo farmacia, teniendo en cuenta que la cocaína genera más riesgos que, por ejemplo, la marihuana y su venta debe contemplar factores como la edad y la historia médica”, asegura Mary Ryder, investigadora de esta ONG.

Sobre los actores que actualmente se lucran de este mercado, Ryder, Ciro y Quintero coinciden en que tendría que haber amnistías para delitos no violentos. Mary Ryder menciona como ejemplos a California, “donde se introdujo la eliminación de los antecedentes penales para delitos relacionados con el cannabis”, y a Massachusetts, “que ha establecido varios mecanismos para garantizar que las comunidades afectadas por la prohibición se benefician de la regulación”.

Para la ONG, además, el nivel de rigidez de las medidas reguladoras debe ser acorde a los riesgos que genera cada producto. Es decir, entre más riesgos genere una droga, más estrictos deben ser los controles, por lo que sería esperable una regulación menos estricta para la hoja de coca que para la cocaína en polvo. Así lo explica Ryder, quien añade que “si Colombia fuera pionera en la regulación de la coca y la cocaína le sería más fácil iniciar con una regulación estricta que podría ampliarse con el tiempo, contrario a lo que pasa con mercados como el del alcohol y el tabaco que ya son muy difíciles de restringir pese a los riesgos que generan esos productos”.

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Una de las preocupaciones es que la transición sea cuidadosa y los debates incluyan a todos los sectores para que este no pase de ser un mercado ilegal violento a un mercado legal igualmente violento, principalmente para los eslabones débiles de la cadena como los campesinos cultivadores y los consumidores. Para esto, coinciden los tres investigadores, el enfoque debe estar en los derechos humanos, la salud pública y la captación de las rentas de esta economía.

“Regular la coca y la cocaína en Colombia debe tener como objetivo principal resolver el problema de pobreza y violencia del campo con un altísimo componente de justicia social”, asegura Quintero. Igualmente, Ciro añade que “los campesinos deben ser parte de la creación e implementación de la política, porque su criminalización solo ha justificado violencias”. Además, señala que esas discusiones deben contemplar a actores que no suelen ser mencionados: “No es solo la compra y venta, hay gente encargada de lavar dinero, de mover plata y de ejercer violencia, por lo que debemos ver cómo moverlos hacia la legalidad”.

Una conversación internacional

La guerra contra las drogas ha tenido un amplio apoyo internacional, principalmente desde EE. UU., que ha invertido entre US$640 mil millones y un billón a escala mundial, pero también desde la ONU con la Convención Única sobre Estupefacientes, por lo que los candidatos a la Presidencia han puesto sobre la mesa la necesidad de crear o reformar acuerdos internacionales previo a la regulación.

Ciro asegura que, al mantenerse como el mayor productor, Colombia tiene la batuta de iniciar este diálogo. “Esto pasa por una discusión desde una posición soberana de Colombia sobre qué hacer con las drogas. No implica para nada romper relaciones, sino definir qué va a pasar con el dinero que viene, qué pasa con las operaciones de las agencias internacionales como la DEA, qué pasa con la extradición. Hay que abrir el debate”.

Para Quintero, Colombia tendría autoridad y legitimidad para seguir el ejemplo de Uruguay, con la regulación de la marihuana, y de Bolivia, con el inicio de la regulación de la hoja de coca. “Lo que ha faltado ha sido un gobierno con carácter. Pepe Mujica puso por encima la Convención de Derechos Humanos de la de Salud Pública y prefirió que los jóvenes compraran marihuana en una farmacia y no en una olla, y desde ahí muchos países están tratando de hacer lo mismo. Evo se salió de tratados internacionales y volvió con la salvedad de la hoja de coca. Y Canadá desconoció de manera respetuosa los tratados internacionales y legalizó la marihuana”, asevera, e insiste en que existen los mecanismos para hacerlo.

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Expertos coinciden en que es la única vía para desescalar la violencia en los territorios y reducir los riesgos para los consumidores. Colombia tiene 143.000 hectáreas sembradas de coca.
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