Ser la siguiente víctima de los ‘paras’: el temor de los líderes en Santa Marta
Doce defensores de DD. HH. interpusieron derechos de petición ante entidades distritales para pedir protección por el incremento de las amenazas por parte del Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Denuncian que ambos grupos paramilitares se disputan el control de las economías legales e ilegales de la ciudad.
Natalia Romero Peñuela
Mientras el país celebraba las fiestas de fin de año, en Bastidas y Mamatoco —dos barrios de Santa Marta— circuló un panfleto intimidatorio que invitaba al funeral de cuatro líderes sociales. Era una amenaza, una sentencia de muerte contra Lerber Dimas Vásquez, Jennifer del Toro, Rosa Jiménez y Yasmeri Marañón.
Según esos defensores, las intimidaciones provienen de grupos paramilitares que se disputan el control de la ciudad y pretenden callar las denuncias sobre su presencia y sus acciones delictivas como reclutamiento forzado de menores, homicidios, explotación sexual, cooptación de bandas de microtráfico, extorsión a turistas y agencias de viajes y la pelea por el corredor del narcotráfico.
Lerber Vásquez, quien ha denunciado el fenómeno paramilitar en Santa Marta desde la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2006, explica que desde inicio de 2021 se ha recrudecido la disputa entre el Clan del Golfo o Agc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura local derivada de las Auc. “Ese conflicto ha dejado intimidación, extorsión, amenazas, desplazamientos intraurbanos e interdepartamentales, exilios y homicidios. Cerramos el 2021 con 164 muertes violentas, una cifra mayor a la del 2020, cuando fueron 127”, dice.
Vásquez denuncia que los líderes se sienten huérfanos porque en Santa Marta no tienen a quién acudir. “La alcaldesa y las entidades distritales brillan por su ausencia frente al tema. Si me preguntas a dónde acudir, yo te respondo que a cualquiera, pero que no sea en Santa Marta, porque aquí no hacen nada”.
(También le puede interesar: Líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta, acorralados por el dominio paramilitar)
Al respecto, la alcaldesa Virna Johnson y el personero Edwar Orozco aseguran que han hecho todo lo que pueden en el marco de sus funciones para atender a los 140 ciudadanos que han manifestado encontrarse amenazados en el último año.
Según Johnson, durante su mandato “se logró la captura de más de un centenar de ciudadanos presuntamente dedicados al concierto para delinquir dentro de esas organizaciones criminales y, a su vez, se logró la desarticulación del grupo conocido como La Silla”, afirma. Sobre los “grupos restantes” (Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra Nevada) señaló que aunque “intentan ejercer algún tipo de temor en la ciudad”, el Ejército Nacional, por medio del Batallón de Alta Montaña que hace presencia en la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe y la Sijín de la Policía, “continúan realizando procesos coordinados con la Fiscalía Seccional y las unidades especializadas para judicializar y abrir procesos a quienes delincan en la ciudad”, explica.
El personero Orozco añade que su entidad ha solicitado a la Fiscalía resultados en las investigaciones frente a esas denuncias: “Queremos que nos den las ubicaciones de donde salieron esos correos y se determine los responsables. Sabemos que ya hay resultados, pero no se han dado a conocer”, indicó. Colombia+20 intentó conocer el avance de las investigaciones, pero no fue posible obtener respuesta de la Fiscalía. El director seccional de Magdalena, José Pineda, nos dirigió a la fiscal Sonia Gallego, de la Fiscalía 36 seccional, quien adelanta la investigación, pero al estar de vacaciones nos redirigió a José Alvear, fiscal encargado de cinco fiscalías, quien dijo no tener tiempo para hablar.
Por esas dilaciones y tras tres reuniones de asesoría jurídica con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, los cuatro líderes mencionados en el panfleto junto con otros ocho defensores amenazados enviaron derechos de petición a la Alcaldía, Gobernación, Fiscalía, Defensoría, Unidad Nacional de Protección y otras entidades para solicitar información de en qué van las investigaciones, cuál es la caracterización del riesgo y qué protección van a darles a los amenazados. Al menos quince líderes fueron asesinados entre el 2008 y el 2021 en la ciudad (ver imagen arriba).
El temor de ser el siguiente
Una de las muertes más recientes y que causó mayor impacto en los líderes de Santa Marta fue la de Christina Cantillo, una lideresa trans que abogaba por los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Ella había trabajado contra el reclutamiento de menores y había denunciado connivencia entre la Policía y las Agc. Cantillo interpuso más de cincuenta denuncias por amenaza y hostigamiento, según sus allegados y, aunque contaba con esquema por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue asesinada el 7 de diciembre pasado.
(Sobre este caso: Christina Cantillo: el asesinato advertido de esta lideresa trans de Santa Marta)
Ese mismo día mataron a Francisco Javier Peña, escolta de Yasmeri Marañón, en Barranquilla, ciudad a la que la lideresa llegó en julio huyendo de las constantes amenazas en Santa Marta. Para Marañón, es claro que el ataque iba dirigido hacia ella, por lo que ese día pudo haber dos asesinatos a defensoras de derechos humanos de la ciudad.
Por eso, Jennifer del Toro decidió salir de la ciudad el 10 de diciembre, luego del funeral de su amiga Christina Cantillo. “Ese día, al salir del sepelio, llegó una persona cercana a mi casa y me dijo que mi pareja Lino Pereira y yo estábamos en un listado de defensores a los que ya se había dado la orden de matar. Y por eso salimos, apenas con una maleta, huyendo. Sin avisarles, por autoprotección, al escolta que me dio la UNP ni a la Policía, en la que uno duda si confiar”, relata Del Toro., refiriéndose a su salida como un desplazamiento forzado. “Yo no quería salir de Santa Marta. Allá yo tengo mi trabajo, mi casa, mi vida. Yo no me quería ir, menos en esas fechas, y menos con el duelo que tengo por el asesinato de mi amiga”, dice con la voz entrecortada.
Como Christina, las recientes amenazas hacia Jennifer se deben a su trabajo en contra del reclutamiento forzado. Las intimidaciones empezaron en 2016, cuando denunció el desplazamiento forzado de familias indígenas en la cuenca del río Don Diego, en el corregimiento turístico de Guachaca. Luego llegaron otras cuando hizo parte del equipo de incidencia contra el puerto de Taganga, junto al también asesinado líder ambiental Alejandro Llinás, y en su candidatura al Concejo Distrital en 2019, en donde la acompañaron Llinás y Cantillo. A principios de 2021, conformó la casa de apoyo del Frente Amplio de Mujeres en el barrio San Martín, contiguo al puerto, en una cuadra en la que había tres ollas de microtráfico.
“Allí, apoyábamos a sesenta jóvenes en conflicto con la ley, que estaban desarrollando proyectos productivos de panadería y diseño textil, y a 130 niños, a través de los Jueves de Película, estrategia lúdico-pedagógica con la que enseñamos habilidades para la vida y reconocimiento de emociones”, cuenta. El trabajo llegó a generar tal confianza en la comunidad que hasta “el Tony”, un expendedor conocido en el sector, les pidió ayuda para que sus hijos se retiraran de ese negocio. Pero según relata Jennifer, a dos de los muchachos los mataron y al “Tony” le hicieron un atentado.
Tras denunciar esta situación, sumada al riesgo de reclutamiento para los jóvenes del sector y señalar la influencia de los paramilitares en el puerto por su interés en exportar cocaína, en septiembre del año pasado, la Fundación se vio obligada a cerrar la casa por amenazas y hostigamientos.
Lugares y fechas importantes
Luego del desplazamiento de Pereira y Del Toro, en la mañana del 29 de diciembre, la familia de Lerber Vásquez, quien lidera la Plataforma para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, encontró en la terraza de su casa un papel: “Los invitamos al funeral de los sapos. Son los próximos (...) Los vamos a matar terminan como la maricona Cristina en el ollo vajo tierra (sic)”.
Era el mismo panfleto que estaba circulando en los parques cercanos a Mamatoco y Bastidas. Por ello, el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía de Santa Marta, generó una noticia criminal y una reunión con los líderes que permanecían en la ciudad para iniciar la ruta de apoyo.
“Esta ruta de atención inicia con la denuncia, luego se indican unas medidas de autoprotección, activamos rondas policiales a sus hogares o los lugares donde normalmente están y les enviamos los oficios a las autoridades como a la UNP para que evalúe el riesgo para estas personas”, explica el coronel Reyes. Aseguró, además, que un cuerpo especializado de la Dijín investiga la autenticidad y el origen de los panfletos. Por ahora no hay resultados y las amenazas no cesan.
“Solo 32 horas después volvieron a surgir más. Esta vez por mensajes de texto y WhatsApp simultáneos que incluyeron a otros líderes”, insiste Vásquez. “Parece que el mensaje no ha quedado claro. Que se callen ya o despídanse. Malditos sapos guerrilleros”, se lee, seguido de mensajes misóginos y racistas como “Matilde negra hp” o “Jenifer sabemos donde te escondes zorra”.
Los líderes concuerdan en que las fechas y lugares de las amenazas o de los asesinatos también tienen un mensaje claro. “A Christina la hubieran podido matar el 5 o el 6 de diciembre, porque el seguimiento lo venían haciendo desde hace tiempo. Prueba de ello son las más de cincuenta denuncias que ella había interpuesto. Pero la mataron el 7, Día de Velitas, porque era marcar con dolor un día especial”, dice Lerber. Por eso, pese al desasosiego de dejar a sus familias, la mayoría decidió salir de Santa Marta antes del 31 de diciembre.
Matilde Ester Maestre dice que la situación la hace sentir presa, “como si fuera una delincuente”. Hace parte de la Asociación Nacional Afrocolombiana y de la Coordinación Política del Consejo Nacional de Paz y es líder de la Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela, de la que hacía parte también Maritza Quiroz, asesinada en 2019. Desde hace casi diez años lidera y acompaña procesos de restitución de tierras del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán y del predio La Conquista, en Pueblo Viejo.
Pero ante el temor, está encerrada en su casa. “Estoy aquí embruteciéndome. Es demasiado doloroso”, señala. Y dice que si no fuera por la visita diaria que le hace un patrullero de la Policía, estaría sola. “Ni la Alcaldía, ni la Gobernación, que son los primeros respondientes según la ley, han salido a decir nada”.
No es por falta de documentación
Pese a que desde las entidades no se señala a los grupos paramilitares como responsables y que la presencia paramilitar no se menciona a menudo, porque los habitantes temen que esta información desincentive el turismo, los líderes apuntan a que estas amenazas se incrementaron desde que se recrudeció el conflicto entre las Agc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
“Nosotros hemos documentado que entre el 2006 y el 2021 han pasado por Santa Marta trece estructuras criminales de tipo paramilitar, que extorsionan, desplazan y matan”.
“Nosotros hemos documentado que entre el 2006 y el 2021 han pasado por Santa Marta trece estructuras criminales de tipo paramilitar, que extorsionan, desplazan y matan, y a todas las hemos denunciado desde ese momento, porque es un tema ligado al narcotráfico y el sostenimiento de espacios para enviar droga hacia Centroamérica y luego a EE. UU., pues la salida por Santa Marta es una de las rutas más cercanas que pueden encontrar los narcos”, asegura Lerber Vásquez.
No es una denuncia nueva. Desde 2019, con la alerta temprana 044, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre este conflicto. Además advirtió sobre la presencia ininterrumpida de las doce estructuras derivadas del grupo comandado por Hernán Giraldo —también conocido como el Señor de la Sierra— y los riesgos ante el posible regreso de quienes fueron procesados por Justicia y Paz. Tal como lo documentó Colombia+20 hace menos de dos meses en un recorrido por la Sierra Nevada, los nombres cambian pero el control permanece intacto.
Mientras el país celebraba las fiestas de fin de año, en Bastidas y Mamatoco —dos barrios de Santa Marta— circuló un panfleto intimidatorio que invitaba al funeral de cuatro líderes sociales. Era una amenaza, una sentencia de muerte contra Lerber Dimas Vásquez, Jennifer del Toro, Rosa Jiménez y Yasmeri Marañón.
Según esos defensores, las intimidaciones provienen de grupos paramilitares que se disputan el control de la ciudad y pretenden callar las denuncias sobre su presencia y sus acciones delictivas como reclutamiento forzado de menores, homicidios, explotación sexual, cooptación de bandas de microtráfico, extorsión a turistas y agencias de viajes y la pelea por el corredor del narcotráfico.
Lerber Vásquez, quien ha denunciado el fenómeno paramilitar en Santa Marta desde la desmovilización del Bloque Resistencia Tayrona de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2006, explica que desde inicio de 2021 se ha recrudecido la disputa entre el Clan del Golfo o Agc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una estructura local derivada de las Auc. “Ese conflicto ha dejado intimidación, extorsión, amenazas, desplazamientos intraurbanos e interdepartamentales, exilios y homicidios. Cerramos el 2021 con 164 muertes violentas, una cifra mayor a la del 2020, cuando fueron 127”, dice.
Vásquez denuncia que los líderes se sienten huérfanos porque en Santa Marta no tienen a quién acudir. “La alcaldesa y las entidades distritales brillan por su ausencia frente al tema. Si me preguntas a dónde acudir, yo te respondo que a cualquiera, pero que no sea en Santa Marta, porque aquí no hacen nada”.
(También le puede interesar: Líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta, acorralados por el dominio paramilitar)
Al respecto, la alcaldesa Virna Johnson y el personero Edwar Orozco aseguran que han hecho todo lo que pueden en el marco de sus funciones para atender a los 140 ciudadanos que han manifestado encontrarse amenazados en el último año.
Según Johnson, durante su mandato “se logró la captura de más de un centenar de ciudadanos presuntamente dedicados al concierto para delinquir dentro de esas organizaciones criminales y, a su vez, se logró la desarticulación del grupo conocido como La Silla”, afirma. Sobre los “grupos restantes” (Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra Nevada) señaló que aunque “intentan ejercer algún tipo de temor en la ciudad”, el Ejército Nacional, por medio del Batallón de Alta Montaña que hace presencia en la Sierra Nevada y la Troncal del Caribe y la Sijín de la Policía, “continúan realizando procesos coordinados con la Fiscalía Seccional y las unidades especializadas para judicializar y abrir procesos a quienes delincan en la ciudad”, explica.
El personero Orozco añade que su entidad ha solicitado a la Fiscalía resultados en las investigaciones frente a esas denuncias: “Queremos que nos den las ubicaciones de donde salieron esos correos y se determine los responsables. Sabemos que ya hay resultados, pero no se han dado a conocer”, indicó. Colombia+20 intentó conocer el avance de las investigaciones, pero no fue posible obtener respuesta de la Fiscalía. El director seccional de Magdalena, José Pineda, nos dirigió a la fiscal Sonia Gallego, de la Fiscalía 36 seccional, quien adelanta la investigación, pero al estar de vacaciones nos redirigió a José Alvear, fiscal encargado de cinco fiscalías, quien dijo no tener tiempo para hablar.
Por esas dilaciones y tras tres reuniones de asesoría jurídica con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, los cuatro líderes mencionados en el panfleto junto con otros ocho defensores amenazados enviaron derechos de petición a la Alcaldía, Gobernación, Fiscalía, Defensoría, Unidad Nacional de Protección y otras entidades para solicitar información de en qué van las investigaciones, cuál es la caracterización del riesgo y qué protección van a darles a los amenazados. Al menos quince líderes fueron asesinados entre el 2008 y el 2021 en la ciudad (ver imagen arriba).
El temor de ser el siguiente
Una de las muertes más recientes y que causó mayor impacto en los líderes de Santa Marta fue la de Christina Cantillo, una lideresa trans que abogaba por los derechos de las mujeres y la población LGBTI. Ella había trabajado contra el reclutamiento de menores y había denunciado connivencia entre la Policía y las Agc. Cantillo interpuso más de cincuenta denuncias por amenaza y hostigamiento, según sus allegados y, aunque contaba con esquema por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), fue asesinada el 7 de diciembre pasado.
(Sobre este caso: Christina Cantillo: el asesinato advertido de esta lideresa trans de Santa Marta)
Ese mismo día mataron a Francisco Javier Peña, escolta de Yasmeri Marañón, en Barranquilla, ciudad a la que la lideresa llegó en julio huyendo de las constantes amenazas en Santa Marta. Para Marañón, es claro que el ataque iba dirigido hacia ella, por lo que ese día pudo haber dos asesinatos a defensoras de derechos humanos de la ciudad.
Por eso, Jennifer del Toro decidió salir de la ciudad el 10 de diciembre, luego del funeral de su amiga Christina Cantillo. “Ese día, al salir del sepelio, llegó una persona cercana a mi casa y me dijo que mi pareja Lino Pereira y yo estábamos en un listado de defensores a los que ya se había dado la orden de matar. Y por eso salimos, apenas con una maleta, huyendo. Sin avisarles, por autoprotección, al escolta que me dio la UNP ni a la Policía, en la que uno duda si confiar”, relata Del Toro., refiriéndose a su salida como un desplazamiento forzado. “Yo no quería salir de Santa Marta. Allá yo tengo mi trabajo, mi casa, mi vida. Yo no me quería ir, menos en esas fechas, y menos con el duelo que tengo por el asesinato de mi amiga”, dice con la voz entrecortada.
Como Christina, las recientes amenazas hacia Jennifer se deben a su trabajo en contra del reclutamiento forzado. Las intimidaciones empezaron en 2016, cuando denunció el desplazamiento forzado de familias indígenas en la cuenca del río Don Diego, en el corregimiento turístico de Guachaca. Luego llegaron otras cuando hizo parte del equipo de incidencia contra el puerto de Taganga, junto al también asesinado líder ambiental Alejandro Llinás, y en su candidatura al Concejo Distrital en 2019, en donde la acompañaron Llinás y Cantillo. A principios de 2021, conformó la casa de apoyo del Frente Amplio de Mujeres en el barrio San Martín, contiguo al puerto, en una cuadra en la que había tres ollas de microtráfico.
“Allí, apoyábamos a sesenta jóvenes en conflicto con la ley, que estaban desarrollando proyectos productivos de panadería y diseño textil, y a 130 niños, a través de los Jueves de Película, estrategia lúdico-pedagógica con la que enseñamos habilidades para la vida y reconocimiento de emociones”, cuenta. El trabajo llegó a generar tal confianza en la comunidad que hasta “el Tony”, un expendedor conocido en el sector, les pidió ayuda para que sus hijos se retiraran de ese negocio. Pero según relata Jennifer, a dos de los muchachos los mataron y al “Tony” le hicieron un atentado.
Tras denunciar esta situación, sumada al riesgo de reclutamiento para los jóvenes del sector y señalar la influencia de los paramilitares en el puerto por su interés en exportar cocaína, en septiembre del año pasado, la Fundación se vio obligada a cerrar la casa por amenazas y hostigamientos.
Lugares y fechas importantes
Luego del desplazamiento de Pereira y Del Toro, en la mañana del 29 de diciembre, la familia de Lerber Vásquez, quien lidera la Plataforma para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, encontró en la terraza de su casa un papel: “Los invitamos al funeral de los sapos. Son los próximos (...) Los vamos a matar terminan como la maricona Cristina en el ollo vajo tierra (sic)”.
Era el mismo panfleto que estaba circulando en los parques cercanos a Mamatoco y Bastidas. Por ello, el coronel Jesús de los Reyes, comandante de la Policía de Santa Marta, generó una noticia criminal y una reunión con los líderes que permanecían en la ciudad para iniciar la ruta de apoyo.
“Esta ruta de atención inicia con la denuncia, luego se indican unas medidas de autoprotección, activamos rondas policiales a sus hogares o los lugares donde normalmente están y les enviamos los oficios a las autoridades como a la UNP para que evalúe el riesgo para estas personas”, explica el coronel Reyes. Aseguró, además, que un cuerpo especializado de la Dijín investiga la autenticidad y el origen de los panfletos. Por ahora no hay resultados y las amenazas no cesan.
“Solo 32 horas después volvieron a surgir más. Esta vez por mensajes de texto y WhatsApp simultáneos que incluyeron a otros líderes”, insiste Vásquez. “Parece que el mensaje no ha quedado claro. Que se callen ya o despídanse. Malditos sapos guerrilleros”, se lee, seguido de mensajes misóginos y racistas como “Matilde negra hp” o “Jenifer sabemos donde te escondes zorra”.
Los líderes concuerdan en que las fechas y lugares de las amenazas o de los asesinatos también tienen un mensaje claro. “A Christina la hubieran podido matar el 5 o el 6 de diciembre, porque el seguimiento lo venían haciendo desde hace tiempo. Prueba de ello son las más de cincuenta denuncias que ella había interpuesto. Pero la mataron el 7, Día de Velitas, porque era marcar con dolor un día especial”, dice Lerber. Por eso, pese al desasosiego de dejar a sus familias, la mayoría decidió salir de Santa Marta antes del 31 de diciembre.
Matilde Ester Maestre dice que la situación la hace sentir presa, “como si fuera una delincuente”. Hace parte de la Asociación Nacional Afrocolombiana y de la Coordinación Política del Consejo Nacional de Paz y es líder de la Asociación de Afrodescendientes Nelson Mandela, de la que hacía parte también Maritza Quiroz, asesinada en 2019. Desde hace casi diez años lidera y acompaña procesos de restitución de tierras del Consejo Comunitario de Comunidades Negras Rincón Guapo Loverán y del predio La Conquista, en Pueblo Viejo.
Pero ante el temor, está encerrada en su casa. “Estoy aquí embruteciéndome. Es demasiado doloroso”, señala. Y dice que si no fuera por la visita diaria que le hace un patrullero de la Policía, estaría sola. “Ni la Alcaldía, ni la Gobernación, que son los primeros respondientes según la ley, han salido a decir nada”.
No es por falta de documentación
Pese a que desde las entidades no se señala a los grupos paramilitares como responsables y que la presencia paramilitar no se menciona a menudo, porque los habitantes temen que esta información desincentive el turismo, los líderes apuntan a que estas amenazas se incrementaron desde que se recrudeció el conflicto entre las Agc y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
“Nosotros hemos documentado que entre el 2006 y el 2021 han pasado por Santa Marta trece estructuras criminales de tipo paramilitar, que extorsionan, desplazan y matan”.
“Nosotros hemos documentado que entre el 2006 y el 2021 han pasado por Santa Marta trece estructuras criminales de tipo paramilitar, que extorsionan, desplazan y matan, y a todas las hemos denunciado desde ese momento, porque es un tema ligado al narcotráfico y el sostenimiento de espacios para enviar droga hacia Centroamérica y luego a EE. UU., pues la salida por Santa Marta es una de las rutas más cercanas que pueden encontrar los narcos”, asegura Lerber Vásquez.
No es una denuncia nueva. Desde 2019, con la alerta temprana 044, la Defensoría del Pueblo llamó la atención sobre este conflicto. Además advirtió sobre la presencia ininterrumpida de las doce estructuras derivadas del grupo comandado por Hernán Giraldo —también conocido como el Señor de la Sierra— y los riesgos ante el posible regreso de quienes fueron procesados por Justicia y Paz. Tal como lo documentó Colombia+20 hace menos de dos meses en un recorrido por la Sierra Nevada, los nombres cambian pero el control permanece intacto.