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La más reciente Alerta Temprana Estructural 020 de 2025, emitida por la Defensoría del Pueblo, confirma lo que líderes, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos venían advirtiendo desde hace meses: la Sierra Nevada de Santa Marta atraviesa un reordenamiento del poder armado, en el que dos estructuras —las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)— no solo se enfrentan entre sí, sino que controlan buena parte de la vida cotidiana en 21 municipios de Magdalena, La Guajira y Cesar.
Lo que durante mucho tiempo fue una disputa casi silenciosa y circunscrita a zonas rurales específicas, se convirtió en una confrontación organizada, territorializada y de efectos visibles en áreas urbanas, corredores turísticos, zonas portuarias, resguardos indígenas y comunidades campesinas.
Para la Defensoría, el riesgo que enfrenta la población es alto y está en fase de escalamiento, con impactos humanitarios cada vez más evidentes y extendidos.
De acuerdo con la alerta, el territorio se encuentra dividido entre dos modelos de dominación armada con cinco dinámicas de confrontación como el control hegemónico de las Autodefensas Conquistadoras-en diálogos de paz con el Gobierno- sobre áreas urbanas y costeras, principalmente Santa Marta, Ciénaga y Dibulla, donde gobiernan economías, movilidad, reglas sociales y mecanismos de castigo.
A través de la emisión de la Alerta Temprana 016 de 2025 para la Sierra Nevada de Santa Marta (SNSM) y su área de influencia, exhortamos a las entidades competentes a adoptar acciones para la protección de la vida de las comunidades del territorio.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 3, 2025
La Alerta se focaliza en 21… pic.twitter.com/uuIgG0zFNQ
Otras dinámicas son el avance sostenido del Clan del Golfo (autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia) por las rutas rurales que conectan los tres departamentos.
El tercer factor es justamente la disputa abierta entre ambos grupos armados en zonas donde confluyen intereses y corredores estratégicos. En esos puntos se presentan desde ataques armados, hostigamientos, amenazas y homicidios derivados del enfrentamiento directo.
Pese a ello, ambos grupos tiene arreglos por debajo de la mesa, sobre todo en sectores estratégicos de Santa Marta, como zonas cercanas al puerto.
Por último, hay un tránsito y presencia en territorios potencialmente estratégicos.
Según la alerta, el dominio de las ACSN ha trascendido hasta la imposición de normas sobre horarios, movilidad, comportamientos y castigos. Se trata de una presencia que no es nueva, sino que se ha reforzado y sofisticado con el tiempo.
La investigadora y defensora de derechos humanos, Norma Vera Salazar, una de las voces que más ha insistido en documentar estos fenómenos, afirma que control armado del territorio que pone en riesgo “la seguridad, la vida y la integridad de comunidades campesinas, indígenas, negras, jóvenes y mujeres”.
Tanto ella como organizaciones que documentan estas dinámicas han denunciado la reactivación de prácticas de control social armado que evocan los peores años del paramilitarismo con torturas, humillaciones, “limpiezas sociales”, castigos públicos y grabación obligada de videos que circularon luego en redes sociales como TikTok.
Hace apenas unos días, la Oficina de ONU Derechos Humanos señaló que entre las víctimas hay mujeres obligadas a realizar trabajos forzados y otras a quienes se les ha rapado el cabello de manera humillante. Estos actos, advierte el organismo, “atentan contra su autoestima y su identidad, estrechamente vinculadas con su autonomía y control personal”.
En contexto: Sierra Nevada: Población denuncia que Autodefensas los hace barrer calles, rapa el pelo a mujeres o las asesina
La investigadora Vera ha denunciado la existencia de al menos 18 videos en los que se observan rapas forzadas, azotes, humillaciones y solicitudes de perdón frente a cámara, muchas veces manipuladas por los propios armados para disciplinar y aterrorizar.
4/Denunciamos 18 videos de torturas, rapas forzadas, azotes, humillaciones y “pedidos de perdón” obligados frente a cámara. Jóvenes, mujeres y poblaciones vulnerables convertidas en blancos de disciplinamiento mafioso. Esos casos fueron incluso llevados a organismos…
— Norma Vera Salazar (@NormaVeraSa) December 2, 2025
La afectación es especialmente grave para los pueblos Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Ette Ennaka y la comunidad de Taganga, así como para poblaciones afrodescendientes, campesinas, pescadoras y liderazgos sociales que han visto limitada su movilidad y su integridad por la presencia permanente de actores armados.
El Clan del Golfo busca el poder territorial
Mientras tanto, el Clan del Golfo avanza por otra vía. Aprovechando la desconexión entre zonas rurales y urbanas, el grupo está consolidando posiciones en Puebloviejo, El Retén, Algarrobo, Aracataca y Fundación en Magdalena; en El Copey, Bosconia, Valledupar y Pueblo Bello en Cesar; y en San Juan del Cesar, Distracción y Fonseca en La Guajira.
Según la alerta de la Defensoría, esta expansión no es espontánea ni fragmentaria, sino que responde a un plan que busca dominar corredores estratégicos como la Troncal del Caribe, rutas internas que conectan la Sierra con el interior del país y pasos necesarios para el tráfico de sustancias, armas y mercancías.
Para Norma Vera, la situación ha alcanzado un punto de inflexión particularmente evidente en Santa Marta. En su análisis señala que las mismas lógicas de control que durante décadas dominaron las zonas rurales comenzaron a trasladarse al casco urbano. “15 homicidios solo en noviembre, cinco de ellos en un fin de semana. Patrones de tortura asociados a la llamada ‘limpieza social’. Pérdida del control territorial ante gobernanzas armadas. ¿Quién gobierna hoy en Santa Marta?”, cuestionó en su cuenta de X.
La Defensoría señala que en sectores como la Localidad 2, donde funciona el puerto y se concentra buena parte de la actividad turística, se presentó una coexistencia forzada entre clan del Golfo y ACSN, lo que revela un orden paralelo que regula aspectos esenciales de la economía local.
La estructura del conflicto responde a intereses claros. La Sierra Nevada es un territorio estratégico donde confluyen rentas asociadas al turismo, el transporte en Santa Marta y Ciénaga, la agricultura de alto valor como café y banano, la ganadería, la minería informal, el tráfico de gasolina, el flujo de armas y el narcotráfico.
A ello se suma su ubicación privilegiada, con acceso a un puerto marítimo, un corredor troncal y rutas hacia Venezuela. La multiplicidad de actividades ilegales y semilegales convierte el control territorial en una disputa de alto valor para los grupos armados ilegales.
Las recomendaciones de la Defensoría
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo trazó una hoja de ruta con 38 recomendaciones dirigidas a 25 entidades nacionales, gobernaciones y alcaldías, para frenar el escalamiento del conflicto entre las ACSN y el EGC en Magdalena, La Guajira y Cesar. En conjunto, el paquete de medidas busca reforzar la presencia estatal en un territorio donde —según la misma alerta— hoy mandan estructuras armadas que regulan la vida cotidiana, las economías y la movilidad de la población.
El eje más robusto se orienta a la prevención y la protección, con medidas destinadas a evitar el reclutamiento de menores, atender violencias basadas en género, prevenir la trata de personas, reforzar rutas de protección con enfoque étnico y territorial, fortalecer la autoprotección comunitaria y garantizar la seguridad de líderes sociales y autoridades ambientales.
Otras recomendaciones buscan retomar o evaluar diálogos exploratorios con las ACSN, estudiar la posibilidad de declarar la Sierra Nevada como región de paz, incrementar la presencia militar en corredores estratégicos, priorizar investigaciones penales contra ambas estructuras y avanzar en la titulación de tierras colectivas y el saneamiento de resguardos.
La alerta exige que alcaldías, gobernaciones y la Unidad de Víctimas aseguren respuesta inmediata ante nuevos desplazamientos, confinamientos y emergencias derivadas de enfrentamientos. La Defensoría advierte que la capacidad actual de respuesta es insuficiente, especialmente en municipios rurales.
Además, la Defensoría insiste en reactivar compromisos del PDET Sierra Nevada–Perijá y en diseñar estrategias que permitan incorporar a jóvenes en riesgo a procesos de educación o empleo formal.
El frágil equilibrio entre la hegemonía de las ACSN y la expansión del EGC puede romperse en cualquier momento, generando enfrentamientos más violentos y una crisis humanitaria de mayor escala, dice la entidad.
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