En Bojayá, los jóvenes indígenas se quitan la vida ante el temor a la violencia

Solo en 2022 van unos 20 suicidios en el departamento.

Foto: Getty Images - ranplett

El dolor y el llanto contrastan con la voz fuerte de José*, un líder indígena embera dobida de Bojayá (Chocó), que se quiebra al hablar de la ausencia de sus hijas. Sus ojos no pueden ocultar los sentimientos y pronto se vuelven agua: no puede contener las lágrimas y llora.

El 30 de marzo de 2021, en plena pandemia y luego de circular entre los emberas de Quibdó (Chocó), llegó a él la noticia de una muerte: Ana María*, su hija mayor, había decidido poner fin a su vida en esa ciudad, ubicada a cuatro horas en lancha rápida de su pueblo.

Su suicidio no fue un evento extraordinario dentro de las comunidades indígenas, ni en el Bajo y Medio Atrato. En lo que va de 2022, otra menor de Bojayá se quitó la vida en Quibdó y dos más lo han intentado en zona rural del municipio. En 2021 fueron al menos 40 intentos, y entre 15 y 18 suicidios, según la Secretaría de Salud de Bojayá. A nivel Chocó, de acuerdo con datos de la Mesa Departamental de los Pueblos Indígenas, 138 jóvenes se quitaron la vida desde 2015 hasta marzo de 2022, y en lo corriedo de este año van al menos 20.

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Tampoco era nuevo en la familia, Ana María fue la cuarta: en menos de dos años su hermana y dos primas también se suicidaron.

Ana María tenía 27 años y cuatro hijos. Llevaban apenas unos meses viviendo en Quibdó, a donde habían llegado para estar con su esposo, pero de él recibía visitas ocasionales, porque al tiempo tenía otra familia. “Ana María era muy buena hija, era un apoyo muy grande para nosotros, una vez nos regaló un bote que compró con su esfuerzo”, dice su padre, de unos 60 años y semblante serio y duro que se transforma con el recuerdo. José se lamenta por no haber previsto el suicidio, pues días antes habían escuchado algo que ahora interpretan como una señal.

Su nieto alertó una noche a otro de sus hijos porque Ana María se movía en la cama y se escuchaba algo raro. Al llegar a la habitación la encontraron acostada, con una cobija que envolvía su cuello, “como si quisiera ahorcarse”. Al despertarla, ella contó que vio a una persona de tez oscura, corpulenta y de estatura alta que buscaba hacerle daño. “Para todos fue raro, pero no le pusimos mucho cuidado a la situación”, recuerda José. Unos días después, el 30 de marzo de 2021, lo llamó y le dijo que ya no soportaba más. “Me dijo que tenía mucha desesperación, que le dolía mucho la cabeza. Le dije que en esos días bajaba a Quibdó para hablar bien y colgamos. Y minutos después la encontraron muerta”, cuenta con la voz entrecortada.

José está en la sala de su casa, un espacio amplio en obra gris con una luz tenue que entra por la ventana y la puerta. A su lado su esposa llora y de vez en cuando comenta en lengua embera, mientras cuatro niños de entre 3 y 6 años corretean, piden atención, se encaraman sobre ella y ríen, ignorando la situación. En esa misma sala encontraron en 2019 a Lucía*, la hermana menor de Ana María, colgada de su paruma, una falda tradicional embera, desde una especie de altillo.

José cree que las muertes de ambas están relacionadas. A comienzos de 2019 había tenido discusiones con un grupo de hombres que talaban árboles y se robaban la madera de su finca. Por seguridad, siempre iba toda la familia a reclamar, pero como resultado, cuenta José, “metieron unos animales que acabaron con el maíz y el plátano, y lo que había sembrado”. Le robaron un motor, lo acusaron de robar madera y después vinieron las amenazas. Los hombres eran paramilitares.

Pero, además, José cuenta que Ana María estaba agotada con la situación en su hogar: “Ella estaba muy asustada por la situación aquí, porque nosotros ya habíamos ido a la Personería, la Policía y el cabildo, y no nos ayudaban. Y cuando llegó a Quibdó se encontró con falta de plata y malos tratos del esposo, quien la golpeaba”.

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El de Ana María es uno de los pocos casos recientes en los que la víctima era mayor de edad. Son más continuos los suicidios o intentos de suicidio en menores. Así lo explica Juvenal Álvarez, comisario de familia de Bojayá, quien atribuye esa decisión al panorama de conflicto armado en esas zonas, especialmente en las más alejadas de los centros urbanos, en donde viven las comunidades indígenas.

“Hablando con la gente y haciendo análisis, uno concluye que se debe al confinamiento, al riesgo de reclutamiento forzado y a los múltiples hechos victimizantes que viven las comunidades indígenas. Bojayá es un territorio extenso, cubierto de bosque y de difícil acceso, lo que hace que los grupos armados ilegales se apoderen más fácil de estas zonas y empiecen a generar dificultades para ellos. Por eso hay un asocio directo entre la guerra y los suicidios”, dice.

Tal y como ha pasado en otros territorios, con la salida de las Farc tras el Acuerdo de Paz, el Eln y las Agc iniciaron una campaña de expansión y fortalecimiento en las subregiones del Pacífico norte, San Juan, Baudó y Alto y Medio Atrato (en donde está Bojayá), por ser corredores estratégicos de movilidad y por el control de economías ilícitas. Bojayá también limita con la subregión del Bajo Atrato, también conocida como Urabá chocoano, fronterizo con Panamá y cercano al Golfo de Urabá y al océano Pacífico. En la Alerta Temprana 004 de 2022, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia continuada del bloque Resistencia Cimarrón del Eln en Bojaýa a través de la compañía Néstor Tulio Durán. Sin embargo, las comunidades hablan de una presencia más evidente y fortalecida de miembros de las Agc, que serían de la compañía Pablo José Cuítiva.

En otras cinco alertas tempranas, emitidas entre 2018 y 2021, la Defensoría ya había llamado la atención sobre las amenazas contra civiles, el desplazamiento, el confinamiento forzado y los riesgos de reclutamiento e instrumentalización de niños, niñas y jóvenes, las minas antipersonales en los resguardos y el escalamiento de la confrontación entre ambos grupos armados. El defensor Carlos Camargo también alertó a finales de 2021 que estos suicidios en jóvenes indígenas se estarían presentando también en Amazonas y Vaupés.

Pese a esto, como en el caso de Ana María, el panorama de conflicto no es la única razón que se ha identificado en los casos de suicidio. “En otras ocasiones hemos encontrado que ha sido producto de la violencia intrafamiliar, del maltrato de su pareja, y llama la atención que en las comunidades indígenas es más grave porque las mujeres indígenas no hablan, son muy calladas y no denuncian. Por ellas habla casi siempre su marido”, indica Álvarez.

Los intentos de suicidio

Uno de los casos que generó impacto este año fue el de una niña de apenas 11 años. “Sucedió en la comunidad de Chanó. La mamá de la niña murió el año pasado de una enfermedad y solo un mes después su papá murió al pisar una mina antipersonal”, cuenta Luis Alberto Sotello, enlace indígena de la Alcaldía. “Se sintió sola y pensó en terminar su vida para dejar de sufrir; por eso necesitamos apoyo, porque los menores en Bojayá están muy afectados por este ahorcamiento”, reclama Sotello.

Funcionarias de la Secretaría de Salud de Bojayá dijeron que no ha sido falta de voluntad no atender estos casos, sino que las distancias de entre cuatro y doce horas en bote hasta las comunidades más lejanas, sumadas a la situación de orden público, la poca información oficial de las comunidades y la falta de recursos hacen que “se salga de sus manos”.

Sin embargo, aseguraron que, en compañía de la Unicef, en 2021 desarrollaron el proyecto “Retorno de la alegría”. Allí capacitaron y brindaron herramientas psicosociales y materiales didácticos a líderes indígenas de las comunidades de los ríos Uva y Bojayá: es decir, 11 comunidades beneficiarias para que identifiquen problemas emocionales y de comportamiento en los menores.

Pero las comunidades indígenas y las entidades coinciden en que no es suficiente. El padre Rogelio Salazar, párroco de Bojayá, asegura que la intervención debe ser integral. “Esto no es responsabilidad de las agencias de cooperación ni del Ministerio de Salud. Se necesita una solución profunda de parte del Estado para resolver este problema social y de salud, y la clave es: buena alimentación, buena educación, buena pervivencia en el cabildo indígena y despeje absoluto de las fuerzas del conflicto que hay en la región. Pero solo presentando informes va a ser muy difícil que lo solucionen”, asevera.

* Nombre cambiado por solicitud de la fuente.