El temor en las regiones tras ruptura de cese al fuego con disidencia de las FARC

Grafitis de las disidencias de las FARC.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ni siquiera seis meses duró el cese bilateral al fuego que el gobierno de Gustavo Petro acordó con las autodenominadas disidencias del Estado Mayor Central, al mando de Iván Mordisco. Este es el grupo más grande de estructuras residuales que no firmaron el Acuerdo de Paz con el que se desarmaron las extintas FARC. La ruptura del cese bilateral fue anunciada después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo este domingo 21 de mayo en el Palacio de Nariño.

La decisión estuvo motivada por la masacre de cuatro niños indígenas que habían sido reclutados por el Frente Carolina Ramírez, una de las estructuras de dicha disidencia, en zona selvática entre Putumayo y Caquetá. “Hemos demostrado nuestra voluntad de paz desde el 22 de septiembre de 2022″, replicó el grupo en un comunicado, asegurando que prueba de ello es que cesaron las “ofensivas contra las fuerzas militares y, posteriormente, se aceptó un cese al fuego bilateral con el fin de crear un ambiente propicio para una eventual mesa de diálogo”.

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El cese bilateral al fuego por ahora solo está suspendido en cuatro departamentos del país, en donde operan la mayoría de grupos adscritos a dicha disidencia: Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. En esas mismas regiones hay gran preocupación entre líderes y organizaciones sociales que piden a todos los actores retomar el camino del diálogo, pues temen que se recrudezca la violencia.

Colombia+20 habló con organizaciones sociales, autoridades y líderes y lideresas de esas zonas que prevén una ofensiva y el aumento de la violencia e inseguridad en las regiones. Así está el panorama.

Meta

De todos los departamentos donde se suspendió el cese, Meta es el que tiene la incidencia más alta del grupo. En esa región, además, la situación tiene un agravante: las distintas amenazas que esa guerrilla ha hecho contra los firmantes de paz de los espacios territoriales de Vista Hermosa y de Mesetas.

Justamente la semana pasada, excombatientes que viven en el ETCR Georgina Ortiz enviaron un comunicado en el que alertaban por amenazas contra esa población y denunciaban los asesinatos de Henry Buitrago y Alfonso Correa Zapata, dos firmantes que llevaban allí su proceso de reincorporación.

“Los hijos e hijas de Georgina Ortiz están en riesgo, están amenazados y los están asesinando. Les quitaron dos hijos, dos hermanos y dos compañeros a dos familias que tuvieron la posibilidad de recuperarlos gracias a la paz; pues, nuevamente, aquellos que se empecinan en la guerra como herramienta política se los arrebataron”, decía el comunicado. Aunque el documento no mencionaba a ningún grupo armado, el Estado Mayor Central es el que tiene más presencia en la zona.

Luz Marina Giraldo, firmante de paz y actual consejera de derechos humanos del Partido Comunes, afirmó a este diario que temen que se aumente la situación de inseguridad en ese departamento y particularmente contra los reincorporados. “Meta es el departamento con más población en reincorporación. Hay alrededor de 2.000 firmantes en diferentes municipios y eso sin contar los que han tenido que trasladarse de Guaviare y Arauca por lo que también está pasando allá. Sumado a eso, ya las disidencias nos había advertido -antes de esta suspensión- que necesitan les desocupáramos la región porque eran sus corredores estratégicos. Eso ocurrió en plena negociación con el Gobierno, ¿qué pasará ahora que se rompió ese cese? Sencillo: quedamos más vulnerables”, afirma.

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En efecto, Meta es una ruta importante para esos grupos. De acuerdo con Insigth Crime, desde allí se tiene acceso a la producción de cocaína que se realiza en el Guaviare (con posibilidad de mover la droga) y se “controlar rutas para el narcotráfico desde allí hasta Vichada, Caquetá y Guainía”. Además, tienen salida para llegar hasta Bogotá, a través de Sumapaz. Hace un mes, de hecho, se presentaron amenazas sobre supuesta refundación del frente 53 de las FARC en esa zona.

Además, no era el primer caso de amenazas y violencia reciente contra firmantes de paz en el Meta. El pasado marzo, cerca de 200 familias ubicadas en el ETCR Mariana Páez en Mesetas, recibieron amenazas de la disidencia de la autodenominada Estado Mayor Central de las FARC, que les dio 30 días para abandonar el territorio.

La situación obligó la respuesta del Gobierno y el mismo presidente Gustavo Petro viajó al ETCR de Mesetas, donde acordó con los firmantes de paz que se quedaran en el territorio durante tres meses -que se cumplirán en junio- mientras se reubican totalmente.

Según Giraldo, el Gobierno fue desacertado en no implementar con diligencia un protocolo de monitoreo y verificación del cese al fuego, y también en no priorizar el Acuerdo de Paz. “El alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, se dedicó que a algo que por ahora es posible, en lugar de proteger al Acuerdo de Paz y a las personas que están cumpliendo. Es por ahí que tenían que empezar y ahí sí empezar con lo otro (… ) Ahora las disidencias dicen que van a empezar por demostrarle al Gobierno que los acuerdos de paz no funcionan. ¿Qué pensamos nosotros de eso? Que quiere decir que van a empezar por nosotros. Sentimos que nos pusieron una cruz”, dijo Giraldo.

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Los hechos violentos también han afectado a la población del departamento. De acuerdo con el Defensor del Pueblo, Carlos Carmago, desde inicios de 2023 hasta abril en Meta se han presentado ataques, secuestros y restricciones a la movilidad en medio de combates.

En la Alerta Temprana 004 del 2023, esa entidad afirmaba que al menos 26.000 habitantes de los municipios de Lejanías, El Castillo y Cubarral se encuentran en alto riesgo de afectaciones a sus derechos humanos como consecuencia de las disputas entre grupos armados ilegales, entre los que están las disidencias de las FARC.

“En este departamento, la Defensoría del Pueblo encontró graves afectaciones a los derechos humanos por homicidios selectivos, amenazas, extorsiones y la exigencia, de manera violenta, del pago de ‘impuestos’ contra campesinos y habitantes de estos tres municipios”, dijo el defensor Carlos Camargo.

A través de redes sociales, el Gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, respaldó la decisión de Petro de suspender el cese y dijo que los grupos armados se han aprovechado de las propuestas de paz. “En estos últimos meses se aprovecharon de la mano generosa del Gobierno en su anhelo por encontrar la paz. Ahora lo maltratan y amenazan con más muertos”, dijo.

Ahora mismo, se lleva un consejo de seguridad en el departamento para determinar las medidas que se tomarán al respecto.

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Putumayo

En este departamento se ha concentrado una de las disputas más fuertes entre grupos residuales de las antiguas FARC por cuenta de la confrontación del Frente Carolina Ramírez con los llamados Comandos de la Frontera (una unión de disidentes del Frente 48 de las extintas FARC con la estructura criminal denominada La Construi), que controlan toda la cadena del narcotráfico en la zona. Aunque los Comandos se han considerado como un grupo autónomo, con frecuencia relacionado con antiguas estructuras paramilitares, ellos mismos aseguran que están adscritos a la Segunda Marquetalia, otro grupo disidente enfrentado con los hombres de Iván Mordisco.

Es por esto que líderes sociales del Putumayo como Yuly Artunduaga sostienen que la situación ha generado“alertas e incertidumbres”. Así lo explica: “Para nosotros significó gran alegría que el presidente Gustavo Petro quisiera adelantar diálogos con estos grupos armados”. Según esta lideresa, que también fue candidata al Congreso por la curul de paz de su departamento, se busca una solución ante esta situación. “En este momento no estamos para buscar culpables, sino una salida definitiva a estos conflictos armados”, y por ello es urgente “que se reconsidere la reactivación de los protocolos de verificación, pero no la suspensión del cese al fuego”.

Artunduaga agrega que lo urgente es escuchar la voz de las comunidades que piden que haya una desescalada de la confrontación, en lugar de las posturas de “gente y políticos de las grandes urbes que no viven en estos territorios, desde allá les queda muy fácil seguir atizando la guerra”.

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Caquetá

En el departamento de Caquetá, que años atrás fue zona de repliegue de la extinta guerrilla de las FARC y hoy tiene presencia de dos de sus disidencias, hay preocupación luego del anuncio del fin del cese al fuego bilateral con el EMC en la región. “Lo que se espera es que a la lógica expansionista del grupo se añada la agudización que implica que las Fuerzas Militares entren a hacer operativos”, dice el investigador y periodista caqueteño Óscar Neira.

Hace apenas unos días, el viernes 19 de mayo, la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana de inminencia sobre cinco corregimientos donde hay una disputa territorial activa entre la Segunda Marquetalia y el EMC. Producto de esa disputa se han registrado enfrentamientos, asesinatos, confinamientos, desplazamientos y desapariciones forzadas.

Según Neira, durante el cese al fuego “hubo una disminución en la confrontación del EMC con el Estado, pero se mantuvo la expansión del proyecto armado y sus unidades en la región. Han impuesto su agenda a sangre y fuego”. De hecho, la disidencia liderada por Iván Mordisco se habría desplegado para tomarse las zonas de cordillera.

En el departamento también hay zozobra por las eventuales incursiones del Ejército. “El Estado a veces es muy ciego, porque comienza no solo a hacer presencia militar en terreno, sino también a capturar gente que estigmatizan, liderazgos sociales, y hay antecedentes de hechos de violencia como lo que pasó en Alto Remanso (Putumayo), donde terminaron matando a gente civil inocente. La gente ya sabe cómo es la guerra y las intenciones de por medio, por eso hay tanta incertidumbre de lo que pueda pasar”, dice Neira.

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Guaviare

Una lideresa del Guaviare que prefiere omitir su nombre por temas de seguridad, le contó a Colombia+20 que en el territorio no se sintió el cese al fuego porque los reclutamientos, amenazas, y acciones armadas violentas no han menguado. “Están llegando a los caseríos a imponer las leyes que ellos tienen y sujetarnos a eso. Para nosotros no ha habido cese al fuego, siempre fue de palabra.

Sigue el reclutamiento, la muerte de algunos líderes e incluso de reincorporados, la guerra sigue. El riesgo es inminente para nosotros, quedar en medio de fuegos cruzados. Estamos pendientes que la bala no nos vaya a dar, tener cuidado con lo que decimos y hacemos porque nos señalan de un lado u otro que somos guerrilleros o parte del bando contrario”.

Norvey Caro Duque, líder de la Asociación de Desplazados de Peñas Coloradas, corregimiento de Cartagena del Chairá (Caquetá): “La gente tiene nervios porque nos toca vivir con mucho cuidado porque no se saben por dónde nos puedan hacer daño y como siempre, el campesino es el perjudicado. Esa gente con tal de hacerse notar puede hacer muchas embarradas. Esperamos que cambien de opinión y piensen que la paz es lo que todos queremos”.

Por su parte, la alcaldía de San José del Guaviare declinó pronunciarse sobre las implicaciones que tiene el rompimiento del cese bilateral en su territorio.