Sustitución de coca: un incumplimiento riesgoso

El diagnóstico en el caso de Deobaldo Cruz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cumbre, en Puerto Asís (Putumayo), fue contundente: perdió el ojo izquierdo como consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno que recibió en un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en medio de operativos para la erradicación de cultivos ilícitos.

La comunidad denunció que la Policía dio la orden de atacar con gases en momentos en que Deobaldo trataba de convencer a los miembros de la Fuerza Pública de que suspendieran el procedimiento de erradicación forzosa en la zona mientras llegaba un delegado de la Personería que pudiera acompañar a la comunidad. De hecho, una comisión de verificación compuesta por delegados de organizaciones sociales, campesinas, representantes de ONU Derechos Humanos y delegados de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona este jueves para evaluar la situación y escuchar a los campesinos, que insisten en que hay represión por parte de las autoridades.

“Lo que nos manifestaron las comunidades es que entienden que la erradicación debe suspenderse solo si el Gobierno así lo define. Por eso nos pidieron poder interlocutar con la Policía Antinarcóticos y el Esmad, al menos para solicitar unos derechos mínimos de las comunidades, el respeto y la no estigmatización”, aseguró a El Espectador Sonia Cifuentes, representante de la Asociación Minga y quien participó en la misión de verificación.

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También hubo diálogo con los integrantes de la Fuerza Pública que estuvieron en la confrontación, quienes insistieron en que no pueden dejar las labores de erradicación sin una orden directa del Gobierno Nacional: “Por eso estamos tratando de incidir ante los ministerios de Defensa y del Interior, sobre todo para que prioricen estas veredas en lo que tiene que ver con la implementación de lo acordado en temas de sustitución de cultivos”, detalló Cifuentes.

El Gobierno, por su parte, ha hecho énfasis en que hay un compromiso absoluto para cumplir lo pactado con las comunidades y que los acuerdos no se van a modificar. Así lo quiso dejar claro este viernes el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien precisamente viajó a Puerto Asís para encabezar un Consejo Asesor Territorial (CAT) del programa de sustitución, en el que participaron, además, la gobernadora, Sorrel Aroca, y alcaldes de seis municipios.

“En el caso de sustitución voluntaria, al contrario de debilitar los programas, lo que hemos hecho es fortalecerlos. Está el compromiso del presidente de que a todas las familias que confiaron en el Estado les vamos a cumplir. Pero las dificultades están siendo muy grandes”, sostuvo Archila.

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Más allá de los cruces de mensajes, lo cierto es que el caso de Puerto Asís deja claro cuál puede ser el panorama ante el estancamiento del programa de sustitución de cultivos en los territorios con más hectáreas de coca sembradas. De acuerdo con el último censo realizado por el Simci, en Putumayo —con 29.589 hectáreas en 2017— la tendencia histórica de concentración de cultivos en frontera se mantiene: San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís son los municipios núcleos de siembra más significativos. En el caso de Puerto Asís, concretamente, la cifra de hectáreas cultivadas supera las 9.000 y aunque el plan piloto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) arrancó en febrero de 2017, en un núcleo veredal alrededor de La Carmelita, los avances han sido pocos.

Según Pedro Arenas, representante del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, el de Puerto Asís es uno de los procesos más atrasados en el país, al igual que el de Caño Indio, en Catatumbo. “Es muy curioso que en Nariño, Putumayo y Catatumbo, las tres zonas con más coca del país, haya tan poco andamiaje institucional y focalización de recursos para el programa de sustitución. Las comunidades se quejan de un papel ineficiente de la Unodc y de operadores de la Asistencia Técnica, de sobrecostos en insumos para seguridad alimentaria, de exclusiones de familias sin justificación, pero sobre todo de demoras”.

De hecho, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que por lo menos 13.351 familias han sido suspendidas del programa en 49 municipios en los que opera el PNIS y siete municipios concentran el 62 % de los casos: Tumaco, en Nariño (3.735 suspensiones); Tarazá, en Antioquia (1.043); Orito (1.138), Puerto Asís (986), Puerto Guzmán (879) y San Miguel (539), en Putumayo, y Cartagena del Chairá, en Caquetá (721 suspensiones).

A eso se suma que para la comunidad es un incumplimiento que aún no hayan recibido los recursos para los proyectos productivos como quedó previsto en los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado casi dos años desde que las primeras familias comenzaron a arrancar su coca.

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“De esto se queja hasta el gobierno departamental. La actitud de funcionarios nacionales es señalar a quienes hablan de incumplimientos como enemigos de su legalidad. En lugar de pararle bolas a lo que está pasando y escuchar al campesinado, se han limitado a echarle la culpa de todo al anterior Gobierno y a decir que van a cumplir. Pero cumplir no es solo hacer unos pagos atrasados a las familias. Cumplir es atender todo lo que quedó previsto en el punto 4 del Acuerdo de Paz para esas familias”, agrega Arenas al señalar que en las comunidades existe la percepción de que hay un impulso a la erradicación forzada, como está pasando ahora en Puerto Asís, una situación que naturalmente mina la confianza que se estaba construyendo.

Una percepción que comparte Marco Rivadeneira, representante legal de la Asociación Campesina de Puerto Asís, quien sostiene que hay una presión más fuerte de parte de la Fuerza Pública, que está entrando a los territorios con la orden de erradicar: “No hay intención de dialogar primero con la comunidad. Es muy grave hacer la erradicación forzosa porque la gente tampoco se va a dejar. La política de represión es más fuerte, el programa está mal implementado. Nosotros decimos que tienen que ser los voceros y el campesino cultivador de hoja de coca el que vaya y diga cómo tiene que ser la sustitución”.

Rivadeneira insiste en que la comunidad no se está oponiendo a que se reduzcan los cultivos ilícitos sino que solicita un proceso de diálogo previo, pues, además, no todas las comunidades de las veredas del departamento han suscrito acuerdos de sustitución con el Gobierno. “Estamos haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional haga presencia y podamos llegar a un acuerdo y evitar más enfrentamientos, no solo en Puerto Asís, sino en otros municipios en los que también hay planes de erradicación, como en San Miguel. Esto no es solo el cambio de una mata por otra mata. Están haciendo solo la erradicación y están dejando a la deriva a la comunidad”.

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De ahí que la preocupación sea que la misma situación que se registró esta semana en Puerto Asís comience a replicarse en otras regiones del país que reúnen características similares: altísima densidad de cultivos de coca, incumplimiento del Gobierno a las comunidades y dependencia económica de los cultivos ilícitos. Un panorama que no se ve muy lejano si además se tiene en cuenta que, como señala Pedro Arenas, el PNIS se estancó en casi todo el país, pues el Gobierno decidió no firmar acuerdos individuales con el resto de las 132.000 familias que manifestaron su voluntad de erradicar ellas mismas en 67 pactos colectivos que vienen del anterior Gobierno.

“El PNIS tiene casi 100.000 acuerdos individuales. Pero el actual Gobierno se tomó ocho meses aprendiendo del programa, consiguiendo plata para reactivar pagos atrasados, revisando y excluyendo familias de este último grupo. La junta de direccionamiento del programa no se reúne periódicamente como lo hacía antes. El presidente eliminó la dirección de sustitución de Presidencia y, a cambio de concentrarse en ajustar rápido y cumplir el PNIS, ha estado pidiendo el retorno de fumigaciones”, señala.

Sin embargo, el consejero Emilio Archila ha insistido en que la prioridad es cumplir los compromisos adquiridos con las familias ya inscritas, antes de integrar y suscribir más acuerdos de sustitución voluntaria. Eso en cifras se traduce en 130.203 familias que firmaron acuerdos y una hoja de ruta que involucra 88 núcleos en 56 municipios de 14 departamentos.

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Aun así, a las comunidades les sigue preocupando el tema de la plata, pues el Gobierno ha dicho que recibió el programa desfinanciado y que los esfuerzos se han concentrado en conseguir los recursos para mantener la implementación. Según el balance sobre sustitución de cultivos, revelado por Ideas para la Paz en abril pasado, el Gobierno necesitaría alrededor de $2,7 billones para terminar de ejecutar el PNIS con las familias que hoy hacen parte del programa. Los cálculos son claros: solo entre 2016 y 2018 los recursos invertidos fueron alrededor de $1 billón y las estimaciones señalan que en 2019 el programa necesitaría para su implementación cerca de $1,6 billones.

“Para este año, el PNIS cuenta con alrededor de $338.000 millones del proyecto de inversión de 2018. Además, a través del Fondo Colombia en Paz, se tienen proyectados $1,2 billones, de los cuales $712.000 millones son para sustitución de cultivos. Para cubrir el 2019, el PNIS requeriría de alrededor de $600.000 millones adicionales (...) para 2020 y 2021 se requerirían alrededor de $1,1 billones”, detalla el documento.

Entretanto, algunos sectores insisten en que la primera medida que debería tomar el Gobierno es retomar el ministerio del posconflicto y otorgarle institucionalidad nacional al programa, es decir, ponerle un doliente. “Desde el gabinete del posconflicto se decidía sobre las necesidades de presupuesto o concurso interinstitucional para atender una zona de urgencia. Putumayo lo requiere, al igual que Nariño, Bajo Cauca, Catatumbo y Cauca, entre otras regiones. Además hay que buscar fondos para el funcionamiento del programa. Seguro que a Europa y Asia les interesa contribuir para mejorar las condiciones de vida del campesinado donde están los cultivos”, concluye Pedro Arenas.

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Aun así, y pese al difícil panorama para la implementación de los acuerdos, en muchas zonas, como Briceño y San José del Guaviare, los campesinos se sostienen en la decisión de no resembrar, a pesar de que desde hace un año no reciben los pagos mensuales acordados, además de la demora e inconsistencias de la asistencia técnica y de que aún no les llegan proyectos productivos de reemplazo.

El diagnóstico en el caso de Deobaldo Cruz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cumbre, en Puerto Asís (Putumayo), fue contundente: perdió el ojo izquierdo como consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno que recibió en un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en medio de operativos para la erradicación de cultivos ilícitos.

La comunidad denunció que la Policía dio la orden de atacar con gases en momentos en que Deobaldo trataba de convencer a los miembros de la Fuerza Pública de que suspendieran el procedimiento de erradicación forzosa en la zona mientras llegaba un delegado de la Personería que pudiera acompañar a la comunidad. De hecho, una comisión de verificación compuesta por delegados de organizaciones sociales, campesinas, representantes de ONU Derechos Humanos y delegados de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona este jueves para evaluar la situación y escuchar a los campesinos, que insisten en que hay represión por parte de las autoridades.

“Lo que nos manifestaron las comunidades es que entienden que la erradicación debe suspenderse solo si el Gobierno así lo define. Por eso nos pidieron poder interlocutar con la Policía Antinarcóticos y el Esmad, al menos para solicitar unos derechos mínimos de las comunidades, el respeto y la no estigmatización”, aseguró a El Espectador Sonia Cifuentes, representante de la Asociación Minga y quien participó en la misión de verificación.

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También hubo diálogo con los integrantes de la Fuerza Pública que estuvieron en la confrontación, quienes insistieron en que no pueden dejar las labores de erradicación sin una orden directa del Gobierno Nacional: “Por eso estamos tratando de incidir ante los ministerios de Defensa y del Interior, sobre todo para que prioricen estas veredas en lo que tiene que ver con la implementación de lo acordado en temas de sustitución de cultivos”, detalló Cifuentes.

El Gobierno, por su parte, ha hecho énfasis en que hay un compromiso absoluto para cumplir lo pactado con las comunidades y que los acuerdos no se van a modificar. Así lo quiso dejar claro este viernes el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien precisamente viajó a Puerto Asís para encabezar un Consejo Asesor Territorial (CAT) del programa de sustitución, en el que participaron, además, la gobernadora, Sorrel Aroca, y alcaldes de seis municipios.

“En el caso de sustitución voluntaria, al contrario de debilitar los programas, lo que hemos hecho es fortalecerlos. Está el compromiso del presidente de que a todas las familias que confiaron en el Estado les vamos a cumplir. Pero las dificultades están siendo muy grandes”, sostuvo Archila.

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Más allá de los cruces de mensajes, lo cierto es que el caso de Puerto Asís deja claro cuál puede ser el panorama ante el estancamiento del programa de sustitución de cultivos en los territorios con más hectáreas de coca sembradas. De acuerdo con el último censo realizado por el Simci, en Putumayo —con 29.589 hectáreas en 2017— la tendencia histórica de concentración de cultivos en frontera se mantiene: San Miguel, Valle del Guamuez y Puerto Asís son los municipios núcleos de siembra más significativos. En el caso de Puerto Asís, concretamente, la cifra de hectáreas cultivadas supera las 9.000 y aunque el plan piloto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) arrancó en febrero de 2017, en un núcleo veredal alrededor de La Carmelita, los avances han sido pocos.

Según Pedro Arenas, representante del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, el de Puerto Asís es uno de los procesos más atrasados en el país, al igual que el de Caño Indio, en Catatumbo. “Es muy curioso que en Nariño, Putumayo y Catatumbo, las tres zonas con más coca del país, haya tan poco andamiaje institucional y focalización de recursos para el programa de sustitución. Las comunidades se quejan de un papel ineficiente de la Unodc y de operadores de la Asistencia Técnica, de sobrecostos en insumos para seguridad alimentaria, de exclusiones de familias sin justificación, pero sobre todo de demoras”.

De hecho, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que por lo menos 13.351 familias han sido suspendidas del programa en 49 municipios en los que opera el PNIS y siete municipios concentran el 62 % de los casos: Tumaco, en Nariño (3.735 suspensiones); Tarazá, en Antioquia (1.043); Orito (1.138), Puerto Asís (986), Puerto Guzmán (879) y San Miguel (539), en Putumayo, y Cartagena del Chairá, en Caquetá (721 suspensiones).

A eso se suma que para la comunidad es un incumplimiento que aún no hayan recibido los recursos para los proyectos productivos como quedó previsto en los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado casi dos años desde que las primeras familias comenzaron a arrancar su coca.

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“De esto se queja hasta el gobierno departamental. La actitud de funcionarios nacionales es señalar a quienes hablan de incumplimientos como enemigos de su legalidad. En lugar de pararle bolas a lo que está pasando y escuchar al campesinado, se han limitado a echarle la culpa de todo al anterior Gobierno y a decir que van a cumplir. Pero cumplir no es solo hacer unos pagos atrasados a las familias. Cumplir es atender todo lo que quedó previsto en el punto 4 del Acuerdo de Paz para esas familias”, agrega Arenas al señalar que en las comunidades existe la percepción de que hay un impulso a la erradicación forzada, como está pasando ahora en Puerto Asís, una situación que naturalmente mina la confianza que se estaba construyendo.

Una percepción que comparte Marco Rivadeneira, representante legal de la Asociación Campesina de Puerto Asís, quien sostiene que hay una presión más fuerte de parte de la Fuerza Pública, que está entrando a los territorios con la orden de erradicar: “No hay intención de dialogar primero con la comunidad. Es muy grave hacer la erradicación forzosa porque la gente tampoco se va a dejar. La política de represión es más fuerte, el programa está mal implementado. Nosotros decimos que tienen que ser los voceros y el campesino cultivador de hoja de coca el que vaya y diga cómo tiene que ser la sustitución”.

Rivadeneira insiste en que la comunidad no se está oponiendo a que se reduzcan los cultivos ilícitos sino que solicita un proceso de diálogo previo, pues, además, no todas las comunidades de las veredas del departamento han suscrito acuerdos de sustitución con el Gobierno. “Estamos haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional haga presencia y podamos llegar a un acuerdo y evitar más enfrentamientos, no solo en Puerto Asís, sino en otros municipios en los que también hay planes de erradicación, como en San Miguel. Esto no es solo el cambio de una mata por otra mata. Están haciendo solo la erradicación y están dejando a la deriva a la comunidad”.

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De ahí que la preocupación sea que la misma situación que se registró esta semana en Puerto Asís comience a replicarse en otras regiones del país que reúnen características similares: altísima densidad de cultivos de coca, incumplimiento del Gobierno a las comunidades y dependencia económica de los cultivos ilícitos. Un panorama que no se ve muy lejano si además se tiene en cuenta que, como señala Pedro Arenas, el PNIS se estancó en casi todo el país, pues el Gobierno decidió no firmar acuerdos individuales con el resto de las 132.000 familias que manifestaron su voluntad de erradicar ellas mismas en 67 pactos colectivos que vienen del anterior Gobierno.

“El PNIS tiene casi 100.000 acuerdos individuales. Pero el actual Gobierno se tomó ocho meses aprendiendo del programa, consiguiendo plata para reactivar pagos atrasados, revisando y excluyendo familias de este último grupo. La junta de direccionamiento del programa no se reúne periódicamente como lo hacía antes. El presidente eliminó la dirección de sustitución de Presidencia y, a cambio de concentrarse en ajustar rápido y cumplir el PNIS, ha estado pidiendo el retorno de fumigaciones”, señala.

Sin embargo, el consejero Emilio Archila ha insistido en que la prioridad es cumplir los compromisos adquiridos con las familias ya inscritas, antes de integrar y suscribir más acuerdos de sustitución voluntaria. Eso en cifras se traduce en 130.203 familias que firmaron acuerdos y una hoja de ruta que involucra 88 núcleos en 56 municipios de 14 departamentos.

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Aun así, a las comunidades les sigue preocupando el tema de la plata, pues el Gobierno ha dicho que recibió el programa desfinanciado y que los esfuerzos se han concentrado en conseguir los recursos para mantener la implementación. Según el balance sobre sustitución de cultivos, revelado por Ideas para la Paz en abril pasado, el Gobierno necesitaría alrededor de $2,7 billones para terminar de ejecutar el PNIS con las familias que hoy hacen parte del programa. Los cálculos son claros: solo entre 2016 y 2018 los recursos invertidos fueron alrededor de $1 billón y las estimaciones señalan que en 2019 el programa necesitaría para su implementación cerca de $1,6 billones.

“Para este año, el PNIS cuenta con alrededor de $338.000 millones del proyecto de inversión de 2018. Además, a través del Fondo Colombia en Paz, se tienen proyectados $1,2 billones, de los cuales $712.000 millones son para sustitución de cultivos. Para cubrir el 2019, el PNIS requeriría de alrededor de $600.000 millones adicionales (...) para 2020 y 2021 se requerirían alrededor de $1,1 billones”, detalla el documento.

Entretanto, algunos sectores insisten en que la primera medida que debería tomar el Gobierno es retomar el ministerio del posconflicto y otorgarle institucionalidad nacional al programa, es decir, ponerle un doliente. “Desde el gabinete del posconflicto se decidía sobre las necesidades de presupuesto o concurso interinstitucional para atender una zona de urgencia. Putumayo lo requiere, al igual que Nariño, Bajo Cauca, Catatumbo y Cauca, entre otras regiones. Además hay que buscar fondos para el funcionamiento del programa. Seguro que a Europa y Asia les interesa contribuir para mejorar las condiciones de vida del campesinado donde están los cultivos”, concluye Pedro Arenas.

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Aun así, y pese al difícil panorama para la implementación de los acuerdos, en muchas zonas, como Briceño y San José del Guaviare, los campesinos se sostienen en la decisión de no resembrar, a pesar de que desde hace un año no reciben los pagos mensuales acordados, además de la demora e inconsistencias de la asistencia técnica y de que aún no les llegan proyectos productivos de reemplazo.