15 Aug 2021 - 2:00 a. m.

Triángulo de Telembí: balas, desplazamientos y hambre

Solo en el primer semestre de 2021 fueron desplazadas 21.106 personas por combates entre grupos armados. Los albergues no son suficientes, como tampoco lo son los alimentos y el agua potable, y las enfermedades van en aumento.

Santiago Valenzuela (Especial para El Espectador) / @santiagov72

Amanece en Roberto Payán. El ruido de las lanchas que atracan en el pequeño puerto despierta al bebé de Agustina*, líder social de la subregión del triángulo de Telembí. Ella, sus dos hijos y su esposo duermen en una colchoneta sobre el cemento de lo que antes era un colegio y hace un año es un albergue para familias desplazadas. Para consolar al niño, Agustina busca la última botella que guarda con agua potable para preparar un tetero. Su esposo, con la luz del alba, baja al río por agua, busca comida y hace una fila en la letrina que comparten con otras cinco familias desplazadas. “El COVID es lo de menos”, dicen todos.

En el sur de Colombia, cerca de la frontera con Ecuador, está el triángulo de Telembí, una subregión del departamento de Nariño integrada por los municipios de Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán, que por décadas ha sido escenario de conflictos armados. Allí, el 90 % de la población vive bajo condiciones de pobreza multidimensional —sin acceso de calidad a salud, servicios públicos o educación—, mientras que el promedio del país en este indicador es del 19 %, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación.

Después de la firma del Acuerdo de Paz, en 2016, se generaron expectativas en la región por las promesas de reparación que contemplaba lo pactado, así como por nuevos proyectos productivos y mayor seguridad. Sin embargo, desde 2018 las ilusiones comenzaron a desvanecerse por el recrudecimiento de la violencia. Desde entonces, grupos armados se empezaron a disputar las zonas que quedaron vacías tras las desmovilizaciones, generando desplazamientos que no han cesado. De acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), organización que tiene proyectos de atención humanitaria en estos municipios, en el primer semestre de 2021 fueron desplazadas 21.106 personas en Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán y Tumaco.

Como la familia de Agustina, la mayoría de la población desplazada ha llegado a las cabeceras municipales, mientras que otras comunidades viven confinadas, encerradas en sus veredas. También hay familias que se quedan en casas de amigos en veredas vecinas. Solamente en el municipio de Roberto Payán, según MSF, 12.902 personas están viviendo en condiciones precarias: 5.000 están confinadas en áreas rurales y 7.902 han sido desplazadas y hoy están pernoctando en albergues de la cabecera municipal. Esta última cifra casi duplica la de la crisis en Ituango (Antioquia), donde hace dos semanas 4.000 personas tuvieron que abandonar sus veredas.

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Agustina, como líder social, asegura que muchas veces siente que está hablando sola. Aunque la violencia se agudizó en 2020, no ha habido respuesta del Estado. Además de los desplazamientos, están las personas confinadas en veredas luchando a diario por comida, servicios médicos o agua potable, sino que viven con el temor de amenazas, minas antipersonales y de verse forzados a abandonarlo todo para salvaguardar sus vidas y las de sus familias.

Miedo y desespero

A Roberto y Magüí Payán se puede llegar desde Tumaco o Pasto. Esta última opción implica un trayecto de ocho horas en carretera con tramos destapados. De hecho, por la vía a Magüí solo pueden pasar motos y camionetas, por el mal estado en el que se encuentra. Para salir del municipio —que no tiene atención especial en salud—, una ambulancia puede tardar mínimo cinco horas para llegar a un hospital de segundo nivel. A las malas condiciones viales se suma el peligro de encontrar algún retén de un grupo armado ilegal en carretera. En este municipio los albergues que servirían para acoger a personas desplazadas están vacíos porque, según un líder social, “las familias tienen miedo de que les hagan seguimiento, las identifiquen y amenacen”.

Este líder social, así como los demás que están en Magüí, prefiere mantener su nombre en reserva. La razón: en el primer semestre han sido asesinados tres líderes sociales y diez han sido desplazados en los municipios del triángulo de Telembí. “Aquí hay más ojos que hojas. Yo puedo saber quién es usted, pero no estoy seguro de quiénes nos están escuchando ahora. Llevo dos años sin ir a mi vereda, le puedo decir eso. Me da miedo ir por mis cosas porque no sé qué puedo pisar por ahí o qué me puede pasar”, contó el líder.

En Magüí Payán, MSF ha encontrado no solo una situación compleja de desplazamiento en las zonas urbanas, sino confinamientos en las zonas rurales. En los consejos comunitarios Manos Amigas y Voz de los Negros, por ejemplo, 7.460 personas han sido confinadas y están rodeadas no solo de minas antipersonales, sino de actores armados que cambian de nombre constantemente.

Hablan los líderes de Roberto Payán

Después de subir las escaleras que reciben a todas las embarcaciones que llegan a la cabecera de Roberto Payán se ve un paisaje poblado: en las esquinas de las calles hay familias sentadas a la sombra de los árboles, con la ropa extendida en las vías públicas. Los niños en condición de desplazamiento pasean por el municipio, algunos jugando y otros subiendo baldes de agua del río, la única a la que han podido acceder en las últimas semanas y que puede escasear en temporada seca.

Los niños suben el agua a los albergues, que en realidad son espacios comunes de los que dispone la Alcaldía de Roberto Payán: coliseo, colegio, bodegas y antiguos centros de salud. A diferencia de Magüí Payán, en Roberto no son suficientes las habitaciones en las casas para recibir a familias desplazadas y no queda otra opción que moverse a los albergues. Las necesidades, como señala Luis Ángel Argote, coordinador de MSF en Nariño, “han venido aumentando. En la medida en que llegan más familias se comienza a ver que no alcanza el agua, la comida, los elementos de higiene e incluso los medicamentos”.

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En un antiguo centro de salud abandonado que hoy sirve como albergue, seis líderes sociales hablaron sobre su situación durante el último año. El COVID-19, como dicen, ha sido una preocupación menor teniendo en cuenta las amenazas, los reclutamientos de los jóvenes, la falta de agua, de alimentos y el duelo que pasan por abandonar, muchos por primera vez, sus tierras sin garantías de retorno. “El 19 de mayo decidí venirme con mi familia para la cabecera municipal, porque había muchos enfrentamientos y uno de los grupos estaba tomando como base la vereda en donde vivíamos, entonces cada día escuchábamos disparos y ruidos en las noches… Nada de eso pasaba antes. Pensé en quedarme, pero ya empezaron a llegar heridos a la vereda y yo tengo hijos; así no se puede vivir. Recogimos algo de ropa y nos vinimos a Roberto Payán”, explica Juan*, líder de una de las veredas en las que hoy las casas están deshabitadas.

James* es otro líder de una vereda cercana. Se despierta en una colchoneta pequeña, en medio de varios niños durmiendo a su lado en el albergue. Con sus dos hijos y su esposa han tenido que pasar las noches de los últimos meses en un espacio de tres metros cuadrados, lo que en un albergue vendría siendo una “habitación”, que en realidad es una suerte de cuadrado de cemento separado por lonas. “Acá vivimos con muy poco y también con el temor al contagio de COVID, porque estamos muy cerca los unos de los otros. No hay suficientes baños y como ve hay mucha agua empozada, eso trae infecciones y nos preocupan mucho los niños”.

Pasar de trabajar, comer tres veces al día y tener sus enseres y su casa a estar por meses en un albergue con calor, malos olores y poca comida, es un cambio que se dio cuando los nuevos grupos armados llegaron al territorio: “Para sobrevivir, uno trabaja con el que sea. Antes estaba solo una guerrilla y pues si ellos estaban en la vereda uno hacía caso, pero ahora hay muchos grupos, entonces si llega X y nosotros les obedecemos, luego puede llegar Z y nos mata por supuestamente ser colaboradores. Y no se sabe quiénes son los comandantes o qué se puede hacer, entonces es muy peligroso”.

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El caso de James es también el de miles de familias desplazadas de Colombia — según la Unidad para las Víctimas, en el país han sido registradas cerca de 8,5 millones de personas desplazadas por la violencia—. Cuando tenía veinte años, grupos paramilitares lo desplazaron de Córdoba y encontró trabajo en Nariño, donde se tuvo que mover varias veces hasta encontrar un lugar en una vereda de Roberto Payán para él y su familia. “La verdad es que aquí llevaba varios años y tenía mi terreno para cultivar, cazar y subsistir. Hoy estoy igual que antes, pero más viejo y cansado, preocupado porque a mis hijos les toque esta misma vida”.

No quieren retornar

De acuerdo con Katherine Sinisterra, enlace de víctimas de la Alcaldía de Roberto Payán, por lo menos el 70 % de las familias no van a retornar a sus veredas, teniendo en cuenta sondeos que han hecho. “Desde mayo hemos tenido siete desplazamientos masivos y hay familias que ya se han desplazado tres o cuatro veces y las condiciones no son dignas”. En efecto, además del agua potable, en los albergues veinte personas deben compartir una letrina. Organizaciones como MSF han donado kits para potabilizar el agua, pero, ante la llegada masiva de personas desplazadas mensualmente, la oferta de servicios resulta insuficiente.

“La verdad es que estamos orinando o defecando en cualquier parte porque no hay agua, no hay aseo y la humedad y el calor no ayudan”, asegura James, quien pese a estar en estas condiciones, prefiere mantener a sus hijos a salvo. “Las cocinas tocó montarlas en las calles como podíamos, porque acá no había ni dónde calentar un plato de comida”, dice Agustina. Cuando le preguntan sobre la posibilidad de volver a su casa, responde: “Antes sabíamos que si regresábamos estaba un solo grupo armado y ahí uno sabía cómo manejarse. Ahora si volvemos no sabemos quién es quién; son grupos que todos los días se cambian de nombre y se llevan lo poco que tenemos en nuestras casas. Y nosotros somos agricultores, pero en Roberto Payán no hay cómo cultivar ni comercializar; ni siquiera tenemos tierra”.

Ahora es un momento crucial, como dice Luis Ángel Argote, coordinador de MSF en Nariño, para que la atención se centre en esta subregión del país que está viviendo su peor crisis humanitaria en los últimos veinte años: “Cuando ves que muchos niños no pueden ni siquiera tomar agua porque se enferman y ves desde la atención de salud mental cómo la angustia también comienza a enfermar a las personas, te das cuenta de que eso requiere una atención urgente, porque lastimosamente esto no es nuevo y las consecuencias de este tipo de crisis son desastrosas. Ha pasado más de un año, es inaceptable que la situación sea no solo la misma, sino que en muchos casos haya empeorado. Por momentos parece que estuviéramos normalizando el sufrimiento como sociedad y también es muy triste que la reacción a estas crisis sea tan tardía e insuficiente”.

Nota del editor:

La respuesta del Gobierno Nacional

Desde el Gobierno de Colombia, el Ejército ha participado en jornadas para la entrega de ayuda humanitaria en el triángulo de Telembí y el ministro de Defensa, Diego Molano, señaló el pasado 9 de julio que estaban trabajando con las autoridades departamentales para garantizar el regreso de las familias a sus veredas, pues en la Gobernación han solicitado mayor presencia militar, teniendo en cuenta que el control, hoy, está en manos de grupos armados, que son quienes realmente dan permisos para ingresar a la región.

Las Fuerzas Militares dijeron que mantendrán operaciones en el área rural de Magüí Payán y Roberto Payán, con el fin de mantener control territorial y combatir grupos armados organizados que están en confrontación, y con el fin de asegurar a las personas.

Sin embargo, el 70 % de las familias han dicho que no volverán a sus casas por las constantes amenazas.

*Los nombres de los líderes sociales fueron cambiados para preservar su seguridad.

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