El 18 de agosto de 1987 se suscribió el contrato 9319 de explotación minera entre el Estado colombiano y la minera El Roble, en la que los herederos del ex senador Guillermo Gaviria Echeverri tienen un 5.2% de la participación accionaria.
La explotación en la mina de los Gaviria estaba reglamentada por el Decreto 2477 de 1986, que dicta disposiciones sobre pequeña, mediana y gran minería. En el contrato de El Roble (que se venció en enero 2022) se aplica una cláusula que establece que “cuando el nivel de producción anual supera las 100.000 toneladas, la participación nacional por la explotación será equivalente al 3 % del precio de venta del mineral en bruto, puesto en boca de mina o en plaza”.
Esto quiere decir que si el material extraído de la mina superaba ese tope, la empresa debía reconocer al país ese porcentaje después de la venta del mineral.
Durante los 24 años que la familia Gaviria fue dueña de la mina, entre 1990 y 2013, los topes de producción nunca superaron las 100.000 toneladas, por ello la empresa no canceló el 3 % de participación nacional. El propio Guillermo Gaviria Echeverri reconoció, en 2009, al diario El Tiempo que su empresa no pagaba ningún tipo de contraprestación por el cobre, pues la explotación era catalogada como “mediana minería” y quedaba exenta gracias al Decreto 2477.
No obstante, aquello cambió en 2013, cuando la mina pasó a manos de la multinacional canadiense Atico Mining Co., que invirtió más de US$70 millones en su modernización. Con ello lograron para el año siguiente incrementar la producción de modo considerable. Los reportes de la empresa aseguran que en 2014 extrajeron 133.332 toneladas de mineral de cobre. Antes de ese año la producción solía promediar entre las 40.000 y 80.000 toneladas anuales. El máximo tope se había alcanzado en 1994, con algo más de 98.000 toneladas.
Y ahí empezó el lío jurídico. Una interpretación diferente del Decreto 2477 tiene enfrentadas a la Contraloría, la Agencia Nacional de Minería y la multinacional. De acuerdo con la empresa, el tope se refiere al mineral procesado y no al producido en boca de mina, y en ese caso las exportaciones nunca superan las 100.000 toneladas. Pero tanto la Contraloría como la Agencia Nacional de Minería sostienen que la norma es clara en que se trata del material extraído “en boca de mina”, con lo que las cuentas desde 2014 implican que la empresa debe pagar a la nación el porcentaje del 3 %.
Los reportes de la compañía indican, por ejemplo, que solo en 2021 se extrajeron de la mina 286.278 toneladas de mineral en bruto. Es decir, casi tres veces por encima del nivel que establece la norma para que se pueda cobrar la participación nacional.
Durante años el Gobierno interpretó erróneamente las cláusulas del contrato y por esto no cobró dicha participación, hasta que el 14 de enero de 2021 el ingeniero de minas Darío Cújar entabló un derecho de petición ante la Contraloría para que revisara esta anomalía.
“Esperaban que nadie reclamara hasta que se hiciera una renegociación del contrato y ahí sí empezar a pagar las regalías. Si nadie las reclamaba, pues eso se perdía”, asegura Cújar, quien cree que hubo negligencia de las autoridades responsables de hacer los cobros, no solo de la participación del 3 %, sino también de las regalías por oro, que desde 1991 estaban consignadas en la Constitución: “Nunca las pagaron mientras la mina estuvo en poder de los Gaviria, pero el Gobierno tampoco las pidió”, asegura.
El mismo Cújar hizo los estudios cuando la mina empezó operaciones para valorar cuánto porcentaje de oro había en el mineral extraído. Gracias a la presión de Carlos Arturo Mazo, quien fungía como alcalde de Carmen de Atrato en 1990, se logró que la compañía reconociera la participación nacional por el oro extraído.
En marzo y abril de 2021, la Contraloría investigó el caso y se pronunció señalando un presunto detrimento patrimonial causado por la Agencia Nacional de Minería por $21.955 millones, por “la no liquidación y cobro” de la participación nacional en la producción de la mina El Roble a partir de 2014. La Contraloría consideró que la gestión de la Agencia Nacional de Minería para cobrar estos recursos había sido “inoportuna e ineficaz”.
También hizo fuertes señalamientos contra la Agencia Nacional de Minería, asegurando que “en el desarrollo de los procedimientos operativos”, la Agencia “no aplica el cumplimiento de sus funciones al no tener en cuenta en los informes de las visitas de fiscalización a los registros de los libros de la producción y venta de concentrado de cobre con contenido de oro y plata de la Minera el Roble”.
Además, la Contraloría evidenció que la operación del contrato superó “las 100.000 toneladas de producción en bruto”, según consta en el auto. El ente también agrega que, basados en los registros de exportaciones de cobre que la empresa reportó entre 2014 y 2020, al Estado le correspondería una suma de US$6’140.000 por participación. La propia minera El Roble ha declarado y reportado este total de participación nacional calculada.
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Después de tanta presión y a menos de dos meses de que expirara el contrato de concesión entre la minera y el Estado, por fin la Agencia Nacional de Minería ordenó, el 15 de diciembre, a Miner S. A. pagar la suma de $87.750 millones por concepto de regalías y participaciones en la explotación de cobre, oro y plata.
La decisión estuvo basada en un concepto técnico emitido dos días antes por el grupo de proyectos de interés nacional de esa misma entidad y el plazo para pagar era de diez días, a partir de los cuales se comenzarían a liquidarse intereses por mora. Enviamos a la Agencia un derecho de petición para conocer detalles del caso, pero al cierre de esta edición aún no había respuesta.
La postura de la multinacional
Consultamos a Paola Henao, directora de comunicaciones de Miner S. A. para conocer la postura oficial de la empresa, pero afirmó que por ahora no hay “pronunciamientos al respecto”.
Sin embargo, el pasado 14 de julio, Fernando Ganoza, presidente de la multinacional, declaró al periódico Portafolio que la empresa estaba al día. En la nota aseguró que habían cumplido “todas las obligaciones del contrato 9319 firmado en 1987” y su argumento fue que por más de 25 años todas las autoridades que debían fiscalizar el contrato lo interpretaron “de la misma manera”.
Pero la norma que Ganoza invoca también aclara que “se interpretará y aplicará teniendo en cuenta que la industria minera es de utilidad pública y de interés social” y más adelante añade que “la prevalencia de los intereses públicos o sociales sobre los intereses privados es principio fundamental que consagran y reglamentan las normas constitucionales y legales en vigencia”.
Por ello, la sociedad chocoana reclama de forma unánime que la mina debe pagar por el cobre que ha extraído durante la última década. Incluso, esa fue una de las exigencias del paro minero realizado en octubre del 2021 en el departamento. Andrés Palacios, secretario de desarrollo económico del Chocó, envió una nota a Sandra Sandoval, viceministra de Minas, y a Juan Miguel Durán, director de la Agencia Nacional de Minería, solicitando respuestas frente a la posible renovación del contrato con la minera que estaba vigente hasta enero de 2022.
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Si la empresa se niega a pagar el cobro que la Agencia Nacional de Minería hizo en diciembre, eso podría significar la caducidad del contrato por incumplimiento. La multinacional sigue operando porque hay una norma del Plan Nacional de Desarrollo que lo permite mientras se negocia una prórroga.
Muchos en el Chocó consideran que el Gobierno Nacional realizó un acuerdo vergonzoso: no exigió el pago previo de los $87.750 millones correspondientes a regalías y participaciones no canceladas que la multinacional debía efectuar el 25 de diciembre de 2021 y supeditó el tema a un arbitraje privado en la Cámara de Comercio de Bogotá.
El Gobierno está negociando, en total secreto, la firma de un nuevo contrato de concesión con la multinacional canadiense, sin que haya mayor claridad sobre cuáles serán los términos. “No sabemos qué se está negociando, no está participando la Procuraduría, que debería participar porque tiene la experiencia de renegociar una prórroga del contrato de explotación carbonífera con la Drummond, y en este contrato con tanta falta de transparencia deberían participar”, dice Darío Cújar.
La mina El Roble es la única explotación de cobre que hay en el país, con una capacidad de procesamiento de mil toneladas por día. En los últimos 22 años la mina ha procesado unos 1,8 millones de toneladas de mineral con una ley promedio de 2,67 % de cobre y un estimado de 2,63 gramos de oro por cada tonelada extraída. Las reservas probadas de la mina superan los cien millones de toneladas de mineral, una veta que los geólogos de la multinacional Atico Mining calculan en más de diez kilómetros de profundidad.
Hoy en día, el cobre experimenta un auge de precios globales a causa de la transición energética, que busca reemplazar los combustibles fósiles por energías renovables. De allí el interés de la multinacional en la mina.
“La sociedad civil se va a enterar de qué es el contrato cuando ya esté firmado y no haya nada qué hacer”, se lamenta el ingeniero Cújar, “no es lo ideal para un contrato que ha tenido tantas irregularidades”, concluye.
*Director de Chocó 7 Días.
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Rectificación de la noticia: En la publicación inicial se había informado que la mina El Roble era de propiedad del ex senador liberal Guillermo Gaviria Echeverri, un minero y terrateniente antioqueño condenado por vínculos con los paramilitares en el Urabá. El Espectador se permite rectificar dicha información así: 1) la participación a la fecha en la Minera El Roble del grupo familiar del ex senador Gaviria Echeverri asciende al 5.1% del total accionario. 2) el señor Guillermo Gaviria (q.e.p.d.) no fue condenado por parapolítica, como lo informó El Espectador el día 27 de septiembre de 2013, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Medellín precluyó la investigación que se adelantaba en contra del empresario antioqueño, haciendo tránsito a cosa juzgada.