Crisis humanitaria en el Triángulo de Telembí, Nariño, ya suma 3.150 desplazados

La subregión del Triángulo de Telembí en Nariño lleva más de un año de crisis humanitaria por confrontaciones entre grupos armados ilegales.

Foto: Santiago Valenzuela

Unas 3.150 personas han sido desplazadas entre abril y lo corrido de mayo de 2022 del Triángulo de Telembí, una de las tres subregiones del departamento de Nariño y que está integrada por los municipios de Barbacoas, Magüí Payán y Roberto Payán. De acuerdo con Médicos Sin Fronteras (MSF), una organización de acción médico-humanitaria que tiene presencia en el territorio, ese problemática se ha venido alertando desde 2021 cuando la cifra sumó más de 21.000 personas desplazadas.

Lea también: No cesan los desplazamientos en el Triángulo de Telembí

Esa organización tenía registrado que en esos dos meses se han desplazado 2.050 personas en Roberto Payán, 600 en Magüí Payán y 500 en Barbacoas. Las cifras podrían sumar casi 6.000 desplazados si se cuentan las 3.400 personas que han tenido que dejar sus territorios en Bocas de Satinga, ubicada en el municipio de Olaya Herrera. Día a día la cifra aumenta exponencialmente y llevar un registro certero es cada vez más complejo por las continuas disputas entre los grupos armados ilegales que tienen presencia en el territorio y la falta de denuncias de la población.

“Tenemos más de 10 días sin alimentos y nadie ha venido hacia nosotros. Este es el único país en que el Gobierno Nacional se acuerda de los que más tienen y se olvida de los más necesitados. En este desplazamiento hay adultos mayores, mujeres en embarazo, mujeres lactantes y gestantes, personas enfermas y se necesita atención médica. Necesitamos que el gobierno nacional y departamental nos apoye porque la situación que estamos viviendo acá es catastrófica”, comentó un habitante de Roberto Payán a Colombia +20, quien por temas de seguridad pidió reserva de su nombre.

En coliseos, albergues, refugios comunales, casas de alquiler, salones sociales o en casas de familiares y amigos se han estado ubicando estas personas que durante más de un año han sido desplazadas de Roberto Payán, Magüí Payán y Barbacoas para preservar sus vidas del fuego cruzado entre grupos armados.

Muchas familias deben compartir colchonetas para dormir, los baños y duchas, e incluso, en varios de estos lugares se ha generado hacinamiento. Una de las personas afectadas le comentó a Colombia +20 las dificultades que se han presentado y que han tenido que consumir agua lluvia por el desabastecimiento. “Salimos con lo que teníamos puesto, ni colchonetas tenemos. La capacidad de respuesta no es suficiente porque es un municipio de sexta categoría y somos tantos desplazados que algunos tienen que dormir en la calle”, expresó el habitante de Roberto Payán.

Le puede interesar: Triángulo de Telembí: balas, desplazamientos y hambre

La alimentación también se ha convertido en un problema porque, según el enlace municipal de víctimas de la Alcaldía de Roberto Payán, ya no hay suficientes insumos y el hambre no da espera. “Se han venido haciendo solicitudes a la Gobernación de Nariño, a la Unidad de Víctimas y ellos dicen que los esperemos, que van a ingresar pero no ha pasado nada, la gente está desesperada y nosotros también porque sabemos que muchos de ellos tienen hijos y que no se pueden quedar sin alimentación pero las entidades gubernamentales y departamentales no nos ayudan”, resaltó.

Un año de crisis humanitaria en el Triángulo de Telembí

Caroline Debrabant, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Nariño le dijo a Colombia +20 que las principales necesidades de higiene básica que se viven en estos albergues y la importancia de intervención institucional. “La mayoría de estos sitios no están adaptados para recibir a un gran número de personas, en estas infraestructuras hay hacinamiento, carencia de tasas sanitarias, letrinas, duchas, agua potable y puntos de lavado de manos. Hay personas en riesgo de contraer enfermedades respiratorias y gastrointestinales, también como riesgos de violencia sexual porque hay falta de privacidad en los albergues, en especial para las mujeres desplazadas sin pareja o apoyo familiar”, comentó.

En el caso de Barbacoas, la directora del Instituto Municipal de Paz, Margaret Benavides, relató el estado de los albergues de este municipio y que al igual que los demás, la gran cantidad de población desplazada ha superado los espacios inicialmente pensados como albergues. “El municipio actualmente tiene construido un albergue de víctimas completamente dotado y en perfecto estado. Tiene capacidad para 80 personas pero actualmente están albergadas 90 desplazados de la vereda Pampeta de Magüí Payán. Como son muchas personas, hemos tenido que adecuar otro tipo de espacio que está sirviendo de albergue temporal”. Benavides agregó que Barbacoas también ha sido municipio receptor. Este jueves 12 de mayo declararon otro desplazamiento de 60 familias, aproximadamente, de la vereda Piri del municipio de Roberto Payán.

En contexto: Tumaco, Nariño: una década entre los 100 municipios más violentos de Colombia

En Magüí Payán la situación es similar y los desplazamientos no han cesado. “Todos los días llega gente en condición de desplazamiento a rendir declaraciones ante el señor Personero. Magüí es un municipio que viene muy golpeado por la violencia desde 2017 y todos los problemas se han comentado pero la verdad uno no mira la voluntad política del Gobierno Nacional por mitigar o darle un poco de tranquilidad a la población”, respondió un habitante del sector a Colombia +20, quien también reservó su identidad por cuestiones de seguridad.

Casi un año después de los primeros casos de desplazamiento, la situación en el Triángulo de Telembí parece no mejorar, al contrario, empeora. La institucionalidad local ha superado su capacidad de respuesta, empeorando la situación de la población que ha tenido que desplazarse en repetidas ocasiones durante el último año.

La pandemia también hizo su aporte y de forma no muy positiva, reforzando las dinámicas de confinamiento que las comunidades ya padecían por parte de la guerra. Santiago Valenzuela, responsable del equipo de comunicaciones de Médicos Sin Fronteras en Colombia agregó una serie de adversidades que las poblaciones han tenido que sortear. “Además de los desplazamientos, están las personas confinadas en veredas luchando a diario por comida, servicios médicos o agua potable, sino que viven con el temor de amenazas, minas antipersonales y de verse forzados a abandonarlo todo para salvaguardar sus vidas y las de sus familias”.

En fotos: la crisis humanitaria en el Triángulo de Telembí

Según la coordinadora de MSF en Nariño, “las dinámicas del conflicto armado en la región han cambiado en los últimos años. Existen nuevos actores, nuevas disputas que se enmarcan en el recrudecimiento de la violencia. Tras la firma del Acuerdo de paz en 2016 las disputas territoriales son frecuentes y lo que estamos viendo ahora es que la violencia se ha recrudecido y la población civil está siendo la principal afectada”.

La Defensoría del Pueblo en sus Alertas Tempranas ha referenciado que en estos municipios de Nariño hacen presencia y se disputan el control territorial la Columna Móvil Franco Benavides-Frente 30 del Comando Coordinador de Occidente; el Frente Oliver Sinisterra del Bloque Occidental Alfonso Cano de las Disidencias de las Farc; el Frente Comuneros del Sur del Eln y las Agc o Clan del Golfo.

El municipio de Roberto Payán es uno de los más afectados actualmente y donde 949 familias están ubicadas en dos albergues municipales, tres casas de arriendo y en dos invasiones creadas por ellos, según explicó el enlace de víctimas de la Alcaldía. Esto se debe a su ubicación estratégica que lo conecta con Tumaco para la salida al Océano Pacífico y con el centro del departamento por Barbacoas y Magüí Payán. “Este municipio cuenta con un gran red hidrográfica, siendo los ríos de mayor importancia el Patía y Telembí, las cuales han sido aprovechadas por grupos armados ilegales como rutas de transporte, acceso y comunicación para el narcotráfico y derivados”, explicó la Defensoría del Pueblo en su Alerta Temprana 015-21.

Retornar no es una opción para la población desplazada, pues las condiciones de seguridad en el territorio continúan difíciles y la presencia del Estado no ha llegado. Uno de los habitantes del municipio de Roberto Payán le dijo a Colombia +20: “Hemos intentado, pero no las condiciones de seguridad no están prestas para retornar allá. La confrontación sigue y es un peligro inminente, hay muchísimo riesgo. Por muchas ganas que tengamos de retornar no lo vamos a hacer, lo más importante es la vida y esa la cuidamos mucho”.

Además, alertan que en sus veredas no queda prácticamente nadie y que en cada uno de los desplazamientos que han tenido que realizar desde hace más de un año, cuando han podido retornar, deben empezar desde cero. “Siempre nos toca empezar de cero, todo lo se llevan, todo desaparece cuando nos toca salir del territorio. Aquí lo que está claro es que la falta de gobernabilidad del Estado, el abandono del Estado porque nos ha tocado vivir en los últimos cuatro años que vamos a cumplir, un gobierno caprichoso y soberbio. La no implementación de los acuerdos de La Habana es uno de los combustibles para que la violencia se incremente”.

Vea: Las mujeres de Los Pastos que son las guardianas ambientales de su territorio

¿Qué está pasando en Olaya Herrera?

El recrudecimiento de la violencia en esta parte del país y en especial, en la subregión del Triángulo de Telembí, no ha cesado en más de un año e incluso se ha extendido hacia el norte del departamento. De acuerdo con MSF, el municipio de Olaya Herrera tenía registradas 3.400 personas desplazadas en su cabecera municipal de Bocas de Satinga y las instituciones alertan un incremento diario.

“La situación en Olaya Herrera está relacionado al conflicto y los enfrentamientos entre los grupos armados presentes en el departamento que ha afectado a las comunidades del río Satinga y Sanquianga, quienes por miedo a quedarse inmersos en los enfrentamientos se desplazaron de sus veredas a la cabeza municipal. Según el último censo del municipio de Olaya Herrera, 3.400 personas están actualmente desplazadas en la cabecera y en las veredas cercanas”, resaltó Caroline Debrabant, coordinadora de Médicos Sin Fronteras en Nariño.

Según Médicos Sin Fronteras, el alto número de víctimas de desplazamiento evidencia la incapacidad institucional y la normalización de este tipo de eventos. “Una de nuestras mayores preocupaciones es la falta de asistencia y protección cada vez más flagrantes que sufren estas comunidades, es fundamental que todos los actores garanticen la protección de la misión médica y el acceso humanitario a estas comunidades cuyo sufrimiento no debe ser normalizado ni ignorado por el resto de la sociedad”, manifestó la coordinadora de MSF en Nariño.

También: Nariño, la frontera de la que nadie habla

Las afectaciones de los desplazamientos y la situación de violencia que se viven en estos territorios no solo están relacionadas con temas económicos, sociales y de salud física, sino también mental. “Identificamos que el apoyo en salud mental es una necesidad porque hay un malestar emocional generado por estos eventos recurrentes, una desconfianza, un debilitamiento de vínculos comunitarios y familiares, hay miedo, angustia por parte de la población desplazada a causa de las situaciones vividas, una preocupación por el abandono forzado de las pertenencias y así como una afectación en la seguridad alimentaria y en la capacidad de conseguir a otros medios de subsistencia”, resaltó Debrabant. Por esto, las acciones de esta institución también han estado enmarcadas al desarrollo de actividades de psicoeducación para la población.

Día a día las afectaciones sociales, económicas, alimentarias, físicas y de salud mental crecen al igual que el número de personas desplazadas en el Triángulo de Telembí y el municipio de Olaya Herrera en Nariño. Un grito ahogado de auxilio lanzan estas comunidades para que la institucionalidad, no solo desde lo militar, haga presencia en el territorio y frente las olas de desplazamiento que parecen reciclarse tras la firma del Acuerdo de paz, como la reconfiguración de control territorial de los demás grupos armados al margen de la ley.