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El líder juvenil Alan Josué Valencia Cuero tenía 17 años y soñaba con ser futbolista. Su asesinato, ocurrido en septiembre de 2025 cuando regresaba a su casa en Buenaventura (Valle del Cauca), recordó una realidad que golpea con crudeza a nuestro país: la violencia contra quienes defienden los derechos humanos sigue siendo una práctica sistemática.
El caso de Alan hace parte de los 187 líderes sociales asesinados en el país durante 2025, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). De acuerdo con esa organización, la cifra aumentó cerca de un 8 % frente a 2024, cuando fueron asesinadas 173 personas con distintos tipos de liderazgo.
Como lo había contado Colombia+20, el país entra entra al año electoral con un mapa teñido por la violencia. Los investigadores de Indepaz ya habían adevertido que cada ciclo electoral se acompaña de una nueva oleada de amenazas y asesinatos que buscan reorganizar el poder en los territorios.
El panorama para los firmantes del Acuerdo de Paz tampoco fue positivo. En 2025, 39 excombatientes de las FARC fueron asesinados, ocho más que en 2024.
“Como país, nos rajamos en derechos humanos y en garantías de seguridad. Fallamos en la prevención, en la protección oportuna, en la investigación efectiva y en la divulgación de la verdad”, escribió hace unos días Leonardo González, director de Indepaz, en su cuenta de X.
El suroccidente del país continúa siendo la región más afectada. En 2025, el departamento con más homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos fue Cauca, con 40 casos, seguido por Antioquia (30) y Valle del Cauca (17). Les siguen Norte de Santander (13), Putumayo y Nariño (ambos con 7 casos).
En el caso de los excombatientes de las FARC en 2025, los homicidios se concentraron principalmente en Norte de Santander, con 7 casos. Esta cifra se explica por la arremetida del ELN en enero de 2025 en el Catatumbo y los posteriores combates con el frente 33 de las disidencias de las FARC, que tuvieron como característica la persecución contra firmantes de paz.
En contexto: Viaje al Catatumbo: así se vivió la mayor crisis humanitaria de los últimos tiempos
El primer homicidio reportado entonces fue en el municipio de El Tarra, cuando hombres armados llegaron hasta la vereda Buenos Aires y sacaron de su vivienda a la víctima, identificada como Pedro Rodríguez Mejía.
Los otros departamentos con más casos de firmantes de paz asesinados fueron Antioquia (6) y Cauca y Meta, con 5 asesinatos cada uno. También se registraron hechos en Valle del Cauca (3), Arauca (2) y Caquetá (2), lo que confirma que la violencia contra excombatientes sigue focalizada en territorios con fuerte presencia de actores armados y disputas por el control territorial.
Para González, el país enfrenta una deuda colectiva que involucra al Estado en todos sus niveles, a las instituciones, a los actores armados, a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto.
“Identificar qué está fallando no es un ejercicio retórico, es una condición indispensable para cumplir con nuestra responsabilidad común de garantizar la vida, la seguridad y los derechos humanos”, afirmó.
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