Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Hay alerta por los enfrentamientos en el Catatumbo entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF).
En el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú (Norte de Santander), los combates entre ambos grupos armados no solo continuaron, sino que se intensificaron, dejando comunidades confinadas, desplazamientos forzados y un temor creciente de que se repita la grave crisis humanitaria que golpeó a la región hace un año.
De acuerdo con autoridades y organizaciones humanitarias, alrededor de 250 personas han sido desplazadas en los últimos días desde zonas rurales de Tibú y otros puntos del Catatumbo hacia municipios como Cúcuta y Ocaña, en plena temporada navideña.
Al mismo tiempo, se mantiene la alerta de que unas 6.000 personas estarían en riesgo de confinamiento o nuevos desplazamientos si los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 continúan.
Luis Fernando Niño, consejero de paz de Norte de Santander, habló con Colombia+20 y dice que se están preparando para el peor escensario.
¿Cómo está la situación hoy en Catatumbo? Estos combates no son nuevos, pero se han intensificado
Así es. Es exactamente lo que nosotros hemos. Cuando el gobierno nacional viene, hablan de la guerra que hubo de enero a marzo, pero resulta que la situación ha sido permanente. A tal punto que hoy, 11 meses después de esa guerra tenemos enfrentamientos en toda la zona. Desde hace tres semanas, al parecer los dos grupos se rearmaron en zonas estratégicas y están cooptando territorios que eran de un grupo a otro. Todos vimos ese video del Frente 33 en el municipio de Pacheli. Eso solo quería decir que le quitaron ese territorio al ELN.
Esa noche se nos llevaron dos muchachas de 25 y 27 años con una bebé recién nacida de un mes. ¿Qué pasó con eso? Cada grupo le echó la culpa al otro grupo
Y ahora lo que pasa desde el pasado fin de semana es que hubo enfrentamientos en varios puntos del Catatumbo, cerca de la zona rural de Tibú. Es puro reacomodamiento de tropas de los dos grupos. Desde el 24 de diciembre, en la medianoche, comenzaron enfrentamientos en el kilómetro 16 y kilómetro 25, en el área rural de La Gabarra, zona rural de Tibú. Eso es lo que lleva a que hoy haya 180 núcleos familiares, más o menos 252 personas desplazadas, la mayoría de ellos mujeres y niños.
¿Se están desplazando desde La Gabarra hasta Cúcuta o hasta Tibú?
A ambos, pero la mayoría llegó a Tibú en la noche del 24 y la noche del 25. Pero como ese municipio está en la zona de conflicto, pues no van a estar tan seguros. Entonces, ya se están desplazando a Cúcuta. El Defensor del Pueblo regional me confirmó que está recibiendo declaraciones de desplazados de este ataque en Cúcuta.
¿Y hay seguridad para que se desplacen por las carreteras?
Esta mañana también me reuní con el Comando General de la Segunda División del Ejército y ellos me aseguraron que el carreteable estaba totalmente asegurado. Esas palabras textuales “carreteable” quiere decir que el camino está despejado para que la gente pueda huir. Lamento decirlo así, pero preparamos todo para que la gente pueda huir en caso de que se presente lo que pasó en enero. Usted me dirá que yo por qué le digo esto. Simple. En enero tuvimos 30.000 confinados y fue básicamente porque no podían salir de la vía. Porque en la vía estaban los grupos armados esperando a los contrarios para asesinarlos.
Hace un año hubo una situación similar que terminó en una crisis humanitaria de proporciones enormes. ¿Ustedes han hablado con Gobierno Nacional para prevenir que se llegue a lo que llegó en enero o si se necesita ayuda para los desplazamientos?
El último contacto formal fue el 11 de diciembre, que estuvo presente el señor Ministro de la Defensa. Pedro Sánchez, con toda la cúpula militar y dio un parte de tranquilidad en cuanto al refuerzo de hombres, de mujeres, de la Policía y del Ejército, de unidades antidrones, de tanquetas, etc., debido a los últimos ataques terroristas que se habían dado en el área metropolitana de Cúcuta por parte del ELN.
Nosotros jugamos ahí de aves de mal agüero porque uno es el que escucha a las comunidades, a los párrocos, a la gente, y ellos desde hace raro nos dicen que allá está pasando algo y con la autorización del Gobierno nosotros entablamos una conversación, los obispos, la Iglesia, la Defensoría, con los actores del conflicto para que hicieran un cese al fuego. De ahí fue que salió el pronunciamiento de que iban a dejar los ataques hacia el Estado, pero ellos sí siguen confrontados entre ellos. Lo que hemos venido solicitando, insistiendo, es que se respete el derecho internacional humanitario. Le avisamos al Gobierno Nacional de que esto iba a suceder. En este momento la emergencia la están manejando las alcaldías y, pues, obviamente la Gobernación del departamento. Esperamos que no se suba a mayores porque no queremos otro estadio lleno para fiestas de fin de año.
¿Usted no ha podido hablar con alguien de la Oficina del Comisionado de Paz o con los delegados del gobierno en el proceso con la disidencia de la que hace parte el Frente 33?
Tenemos contacto tanto con el Gobierno como con los grupos armados. La respuesta de las dos partes, del ELN y del Frente ha sido la misma, que en el Catatumbo solo puede quedar uno de los dos.
Pero, ¿ha podido hablar con la delegación de Gobierno en ese proceso de paz o con el comisionado, Otty Patiño?
Hemos enviado mensaje al señor Patiño o a María Paz (Lara), que es la que contesta cuando no está Otty. Ellos dicen que transmiten a las mesas, pero ya no sé qué tan rápido sea.
Pero por ahora solamente hablamos con Gloria Quiceno, que es la jefe de la delegación de Gobierno en ese proceso. Ella en ese momento nos manifestó que ya estaba sobre la mesa reducir las confrontaciones. Ella dijo que sobre la mesa del séptimo ciclo de negociaciones se estaba desarrollando eso de desescalar el conflicto entre ellos.
¿Pero el séptimo ciclo fue hace un mes? ¿Desde entonces no habla con la delegación?
Así es.
La Defensoría decía que había 250 personas desplazadas y 6.000 en riesgo de confinamiento. ¿El departamento está preparado para atender ese desplazamiento?
Como aprendizaje de un año, esta mañana la instrucción fue asegurar los carreteables, las vías principales, Ocaña, Ábrego, Cúcuta, con el ánimo de sacar enfermos, heridos, muertos, entrar alimentos y que no haya confinamientos. Y, lamentablemente, decirlo así, que la gente pueda escapar si llega a haber un enfrentamiento. En La Gabarra hay presencia, siempre hay un batallón y una estación de Policía, pero hoy está todo reforzado. Además, las alcaldías de Ocaña, Tibú y Cúcuta ya están preparadas para un desplazamiento. Y la gobernación instala el PMU para tener control de cuánta gente va a salir y cuánta está llegando. Lo que no queremos es crear un albergue para fin de año, pero si toca hacerlo, toca hacerlo.
¿Hay suficiente presencia humanitaria y estatal en Tibú y La Gabarra?
Cada sector está moviendo su personal. Unidad de riesgo, unidad de víctimas, operadores en la zona para apoyar a los alcaldes. En Cúcuta llega gente por “gota a gota”, eso quiere decir que son familias que pueden pagar transporte y se arriman donde un familiar mientras calma la situación.
Uno de los principales riesgos fueron las minas antipersonal. Ayer una mujer resultó gravemente herida. ¿Cómo se está atendiendo este tema?
Sí, eso se está incrementando. La semana pasada fue asesinado el conductor de una ambulancia durante el paro armado del ELN. Nosotros emitimos un comunicado exigiendo respeto al derecho humanitario en las misiones médicas. Y lo de las minas es una forma de contener a la gente, minar carreteras y escuelas, eso va en contra de cualquier hecho internacional. Y otro evento que se está dando es el reclutamiento de menores. La Defensoría habla de un aumento del 252%, pero yo creo que puede ser más alto, porque con tantos combates y muertos se necesita mano de obra, y esa mano de obra la sacan de los muchachos, niños y niñas, incluso indígenas.
¿Le preocupa que esto se agrave hacia el 31 de diciembre?
Yo creo que es un deber y una responsabilidad moral contar lo que está pasando para que cuando pase algo más grande no digamos que no advertimos. El 11 de diciembre, en el consejo con el ministro de Defensa, dijimos: las comunidades y los curas están diciendo esto, hay que hacer caso. Ellos dijeron que tenían todo bajo control.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com, nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
