“Tuvieron que pasar 4 fiscales generales, 8 fiscales departamentales, 8 fiscales encargados y 33 investigadores, para que el caso se moviera”, esa es la cuenta que hace Yuri Neira, papá del estudiante de 15 años Nicolás Neira que fue asesinado por el Esmad el primero de mayo del 2005 mientras participaba de la marcha por el Día internacional del Trabajo. Para visibilizar miles de casos como el de Nicolás, unas 57 organizaciones defensoras de derechos humanos marcharon el 6 de marzo en Bogotá, como lo vienen haciendo desde 2008. El mensaje de la movilización fue contundente: "Las víctimas de crímenes de Estado existimos, somos miles, quizás millones, y queremos justicia y verdad".
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La vida de Yuri es un ejemplo del camino que han tenido que recorrer las víctimas de crímenes de Estado en Colombia. El padre de Nicolás se encuentra en España, hacia donde salió hace unos años debido a que recibía constantes amenazas. Cuenta que fue detenido unas 25 veces por fuerzas estatales, que el 16 de enero allanaron una casa cultural llamada el Salmón Cultural de la cual él era el coordinador de actividades y que ha habido un engranaje parte de las instituciones estatales para dejar el asesinato de su único hijo en la impunidad.
Según el informe Basta Ya, del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1980 y 2012 las fuerzas estatales desaparecieron forzosamente a 2.484 personas, asesinaron selectivamente a 2.399, cometieron 158 masacres con 870 víctimas mortales y registran 57 casos de sevicia y tortura. Las anteriores cifras no incluyen los casos de crímenes que cometieron los paramilitares en conjunto con la Fuerza Pública.
La justicia en el caso de Nicolás ha sido más que demorada y se ha encontrado con diversos tropiezos. Por ejemplo, el 26 de noviembre de 2009 la entonces viceprocuradora Martha Isabel Castañeda destituyó al capitán Julio César Torrijos Devia y al Subintendente Edgar Fontal Cornejo, encargados de las escuadras del Esmad estaban en el lugar del asesinato. Sin embargo, seis meses después el destituido exprocurador Alejandro Ordóñez los devolvió a sus cargos. Tiempo después de la restitución de ambos policías, Torrijos fue capturado mientras conducía un vehículo que transportaba más de 100 kilos de cocaína.
El caso de Nicolás reposó en la Fiscalía unos 12 años sin grandes avances. “No sólo fui victimizado con el asesinato de mi hijo, he sido revictimizado por el Estado”, asegura Yuri. El caso comenzó a avanzar a finales del 2016 cuando Torrijos aceptó haber encubierto a los asesinos de Nicolás, manifestó que él sabía que la muerte se produjo tras el disparo, que habría hecho el patrullero Néstor Julio Rodríguez Rúa, de un gas lacrimógeno a la cabeza del joven.
Para Yuri es claro que los avances se hubieran podido lograr hace mucho tiempo. Llevaba años y años padeciendo los cambios de fiscales y asegura que uno de ellos le había dicho que el caso se podía resolver fácilmente si hubiera la voluntad de hacerlo. Ese fiscal fue removido de su cargo poco después.
La razón se la dio a Yuri el Consejo Superior de la Judicatura el 13 de septiembre de 2017. Por medio de una providencia expresó que “llama profundamente la atención” que pese a que el 8 de octubre de 2007 ese mismo alto tribunal había instado a la Fiscalía a darle celeridad a las investigaciones, la solicitud de imputación contra Rodríguez Rúa se radicó el 9 de junio de 2017. El magistrado Camilo Montoya ordenó compulsar copias contra los funcionarios que habían conocido los hechos por “la tardanza y la negligencia”.
Yuri asegura que los avances se han dado gracias al “cambio de estrategia” para exigir justicia. Junto a su abogado han interpuesto innumerables derechos de petición exigiendo saber el estado de las investigaciones. “El actual fiscal Juan Carlos Molina tiene la intención de llegar a un fin. Ha hecho parte de su trabajo. Ha tenido la intención de lograr las cosas”, puntualiza. Pero no cree que la actitud del fiscal se deba solamente a su buena disposición, sino a las investigaciones que ordenó hacer el Consejo Superior de la Judicatura contra otros funcionarios que habían dilatado el proceso: “Este nuevo fiscal sabe que no soy fácil”.
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La voluntad por esclarecer el caso se ha traducido en medidas judiciales. Además del reconocimiento de responsabilidad por parte de Torrijos Devia, fue imputado Fabián Mauricio Infante Pinzón, quien era comandante del Esmad el día de los hechos, por presuntamente haber ayudado a ocultar la verdad sobre lo que pasó ese primero de mayo. Rodríguez Rúa, por su parte, no aceptó los cargos por el asesinato de Nicolás, pero tiene medida de aseguramiento y se encuentra en prisión domiciliaria.
“Esperaría que todo se resuelva este año”, dice Yuri. Falta que se adelanten los juicios contra Rodríguez Rúa y contra Infante Pinzón. Yuri espera que también se investigue a los policías que declararon en el proceso judicial y aseguraron que la muerte de Nicolás se debió a una estampida de los manifestantes, esa fue la primera versión de los uniformados.
Yuri no tiene planes de devolverse a Colombia, dice que en España tiene una vida tranquila “no me han requisado ni detenido una sola vez”, cuenta. Cree que lo que necesitan las víctimas de crímenes de Estado es que la institucionalidad los deje de revictimizar por medio de la impunidad y la persecución que él sufrió en carne propia. “Queremos que en el 2050 se acabe el movimiento de víctimas. Sí se puede, pero depende del Estado”, enfatiza.
Concluye con un llamado a quienes han sido víctimas del Estado, un mensaje que es el del movimiento que hoy marchó por la carrera séptima de Bogotá pidiendo que se esclarezcan los responsables de los crímenes: “El silencio no es la solución, hay que denunciar y resistir”.