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¿Por qué se dedicó a los temas indígenas desde hace 20 años?
Siempre me ha interesado el gobierno propio dentro de las comunidades indígenas. Esta autonomía, esta autodeterminación, es lo que me ha llevado a profundizar sobre la antropología del Estado y su distribución de poder, porque por lo general estamos muy acostumbrados a pensar únicamente en la democracia representativa occidental.
¿Su tesis de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, en la Universidad Autónoma de México, por qué la centró en los indígenas de la frontera de Colombia con Ecuador?
Porque he trabajado en esa frontera con organizaciones de primero y segundo grado y en la tesis comparo las perspectivas de plurinacionalidad de la organización de la Sierra ecuatoriana y la organización el Consejo Regional Indígena del Cauca.
¿Qué hay en sus raíces que la llevó a dedicar su vida a estos temas?
Mi abuelo permaneció en la cárcel de Mérida, Venezuela, más de 30 años y esto me llevó a pensar en que las fronteras y lo que pasa allí puede ser limitante frente al acceso a la justicia. Se piensa que son líneas divisorias absolutas y no se contempla la permeabilidad que hay en ellas y toda la violación de derechos humanos que sucede allí. Inicialmente tuve el interés por la frontera venezolana y luego me especialicé en la frontera colombo ecuatoriana.
En la frontera colombo ecuatoriana sobrevive la cultura awá. ¿Por qué se interesó en ella?
Con ese pueblo indígena llevo más de siete años trabajando. Además del tema de frontera, en las afectaciones que sufren. Estamos hablando, por ejemplo, de la zona de Barbacoas, explotada por la minería después de los años 30 y una zona explotada por las madereras desde los años 60, por donde, además, cruza un oleoducto y ha impactado la producción de agrocombustibles como la palma aceitera. Economías alrededor de intereses que generan una violencia vigente por el abandono de esas regiones por parte del Estado. Es una frontera permeable donde se está arrasando una cultura como es la del pueblo awá.
Esas investigaciones la llevaron a una estancia doctoral en el Instituto de Estudios Latinoamericanos Teresa Lozano, de la Universidad de Texas en Austin.
Sí. Es uno de los institutos más importantes y reconocidos en estudios latinoamericanos. Para mí lo más importante fue aprender en la biblioteca Nettie Lee Benson, que tiene una amplia bibliografía y custodia documentos históricos que nos ayudan a entender la historia del mundo indígena.
Luego usted escribió un libro sobre la autonomía los pueblos indígenas a partir de la cultura de los pastos, sur de Colombia.
Sí. Son reflexiones sobre esa permeabilidad del Estado en las fronteras, que no es un fenómeno nuevo, sino viene desde lo colonial, lo republicano. No existía esa figura de la institución del Estado en estas regiones y el papel de administración pública lo ocupaban personajes como los empresarios caucheros. El libro se centra en la contemporaneidad de la frontera colombo ecuatoriana en sus 586 kilómetros y donde hay algo muy valioso que es un páramo transnacional, fuente de agua, pero que no es visto de manera integral, es como si esas montañas y ese cruce de volcanes del Nudo de los Pastos fuera solo un muro de ladrillos, y así no funciona la naturaleza. Entonces hay que entender cómo se gobierna el páramo y cómo se gobierna la naturaleza para poder entenderlo. Y esas son las formas de poder propias de los pueblos indígenas.
También estudió en la Escuela Superior de Administración Pública, antes de llegar a la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), a coordinar el Observatorio de Derechos Humanos y de Paz.
Yo regreso al país en 2016 de manera permanente, porque antes siempre iba y venía de mis estudios en el exterior. En ese año, tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Farc se genera algo muy importante para todos los pueblos indígenas, que es el capítulo étnico y, como siempre había estado ligada a la defensa de los derechos de los pueblos, empecé a trabajar con organizaciones en las selvas de Vichada y Tolima. Luego, cuando el consejero Rider Pay Nastacuas asume el cargo de consejero de Derechos de los Pueblos Indígenas, vuelvo a la organización, donde ya había estado en 2017.
Junto a él acaban de publicar el informe de derechos humanos de los últimos tres años y hablan de 1.210 afectaciones, subrayando que donde está más grave la situación es la frontera con Ecuador. ¿Explique la importancia del documento?
Es muy importante porque se hace una descripción de lo que implica la guerra en el contexto de las economías. Mostramos unos corredores específicos, por ejemplo, la ruta geoestratégica que hay entre Colombia y Ecuador y hacemos énfasis en el interés por la minería que tienen los diferentes grupos armados ilegales. De la misma manera, mostramos el interés por los cultivos ilícitos y, en ese contexto, por las tierras colectivas de los pueblos indígenas. Analizamos otros corredores, como el de Arauca con el Catatumbo, que tiene fuertes intereses de hidrocarburos, y el del Urabá chocoano y antioqueño. Son los corredores que representan unas riquezas naturales muy grandes y donde hoy en día los grupos armados como los llamados Comuneros del sur, la Segunda Marquetalia, el Ejército Gaitanista, etc., tienen una presencia importante y causan hechos como ahorita comenzando noviembre cuando registramos el desplazamiento de 500 miembros de comunidades indígenas en el Catatumbo.
Aparte de los asesinatos selectivos, que siguen ocurriendo, ¿el reclutamiento forzado de menores de edad se agravó?
Sí. Desde la Consejería de Derechos Humanos y Paz hemos identificado nuevas formas. Aparte del fenómeno de ese menor de edad que extraen de una comunidad y se lo llevan a un grupo armado, en este momento estamos denunciando reclutamiento intracomunitario, donde se recluta al menor a través de promesas y múltiples estrategias y este menor se queda cumpliendo una función dentro de la comunidad, que es el debilitamiento del gobierno propio. En muchos casos son hablantes de lengua indígena, entonces eso les permite volverse ese puente de conexión regular, generando conflictos internos de justicia e intrafamiliares, tensión interna que termina siendo algo mucho más grave para la comunidad. No solo sufren por la militancia armada en los diferentes grupos, sino que ahora viven una desarmonía interna porque estos militantes desequilibran la vida diaria y hasta terminan juzgando sobre conflictos, inmiscuyéndose en el gobierno propio, en asambleas y en el ejercicio de la justicia propia. Están desestructurando a las comunidades de una manera más agresiva.

El informe dice que estas comunidades viven más que nunca en medio de restricciones a la movilidad, amenazas, presencia de minas antipersonal, afectaciones a las escuelas y dificultades para conseguir alimentos. ¿Es el caso de los awá?
Esta comunidad de la frontera colombo ecuatoriana presenta problemas muy graves de movilidad. Es un pueblo seminómada cuyo método de conseguir alimentos es la cacería y la pesca, pero con un territorio minado no pueden andar por donde les gustaría hacerlo. Ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares buscando su protección. Sumado a ello, la minería tiene contaminada las fuentes hídricas, por hidrocarburos y por minería. No olvidemos que la Corte Constitucional ya avizoraba en el auto 004 de 2009 el peligro de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas. Algo similar le sucede al pueblo Barí, asentado en el Catatumbo, en la zona de La Gabarra y Tibú, donde a pesar de que ha tenido sentencias a su favor, no ha logrado desarrollar ni recuperar su territorio.
¿En el caso awá de cuántas personas estamos hablando?
De unas 46.000 del lado colombiano y otro tanto del lado ecuatoriano.
Usted hablaba de corredores y en el informe alarman también sobre el corredor del Pacífico, desde Nariño, hacia el Valle del Cauca y el Chocó. ¿Qué pasa ahí y qué comunidades están afectadas?
Los más afectados son el pueblo nasa, en la región del Cauca, y el pueblo embera que habita hacia Chocó hasta el Urabá antioqueño. Los desplazamientos, los confinamientos son una cosa impresionante y ahora nos tocó sumarle la tragedia por el terremoto. Entonces se encuentran en situación muy lamentable. Los pueblos indígenas en Colombia han hecho un llamado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo porque no fueron incluidos en el Registro Único de Damnificados.
¿Por qué no los incluyeron?
Porque había una dificultad para que los alcaldes generen el certificado desde su Comité de gestión y vayan a hacer los censos. En otros casos, como son comunidades tan alejadas, los alcaldes no han podido ingresar. Entonces hay poblaciones que ni atención humanitaria recibieron, mucho menos ahorita en reconstrucción de vivienda.
Las cifras del informe parecen menores a la dimensión de la realidad en las regiones.
Sí. Es que en el fenómeno del reclutamiento o la desaparición forzada, las personas tienen mucho miedo porque su familiar puede seguir vivo y aspiran a recuperarlo, entonces prefieren no denunciar. En todo caso, las cifras son muy elevadas y vienen en crecimiento con respecto a estudios anteriores. Un corte muy importante fue desde 2020, por pandemia. Fue un momento muy delicado para la movilidad de los pueblos indígenas, limitada por los grupos armados que aprovecharon la situación. Eso se evidenció con otro pico muy importante en 2023 y ahora nos preocupa 2026, que aún sin terminar está llegando a cifras más preocupantes que las de 2025.
Denuncian la falta del cumplimiento del acuerdo del capítulo étnico y más de 2.500 afectaciones reportadas desde 2016. ¿De qué sirvió la paz total promovida por el gobierno Petro?
Si bien es cierto que se iniciaron nueve procesos regionales de paz en el anterior gobierno y esos procesos generaron alrededor de 64 acuerdos, hoy de un carpetazo, fueron cerrados con resoluciones y directivas. Eso había generado impactos en territorios donde sigue la presencia de esos actores armados y ahora solo con un enfoque militarizado no será posible resolverlo.
¿Pero alcanzó a haber avances significativos?
Hubo negociaciones y hubo cambios, no absolutos, ni todos positivos, ni todos negativos. Todavía hay ocupación de algunos resguardos y comunidades indígenas. Por ejemplo, hay una zona de ubicación temporal en Putumayo y otra en Nariño y hay muchas personas esperando una respuesta. Eso tendrá gran impacto para las comunidades.
¿De qué comunidades estamos hablando?
Del pueblo awá y del impacto que ha vivido por el diálogo de paz con los llamados Comuneros del Sur, y así en el resto del país donde no hubo una solución definitiva.
¿Han podido hablar con el nuevo gobierno para ver cómo se va a terminar de cumplir el capítulo étnico después de diez años del acuerdo de paz?
Hasta el momento no ha existido comunicación con el actual gobierno, pero esperamos que el capítulo étnico siga su implementación como corresponde. Ojalá prontamente sesione la Mesa Permanente de Concertación.
Si uno compara el gobierno pasado, donde había mucha representación de las comunidades indígenas, incluidos ministros, con el actual el panorama el horizonte parece oscuro en cuando a negociaciones de paz en coordinación con las comunidades.
En este gobierno ya han ocurrido dos cosas que son bastante preocupantes: la Directiva Presidencial 06 del 14 de octubre de 2026, que transforma los procedimientos de consulta previa con pueblos indígenas y comunidades étnicas, lo cual es transformar un derecho fundamental a través de una directiva, algo que es improcedente y tendrá que analizarse a la luz jurídica. Y también se anunció la creación de un sistema de información sobre guardias indígenas, que son quienes regulan todo el proceso de los sistemas de autoprotección de las comunidades. Pregunto ¿por qué estas personas necesitan tener un registro o estar censadas? Eso no corresponde con la autonomía y la libre determinación que tienen los pueblos. También esperamos que el gobierno entre en conversación con las comunidades indígenas sobre la consulta del Plan de Desarrollo en la Mesa Permanente y el licenciamiento ambiental. Son cosas que generan gran preocupación.
Una buena noticia fue la imputación que acaba de hacer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de 44 crímenes de lesa humanidad cometidos contra comunidades indígenas de toda la Amazonia bajo la responsabilidad de diez miembros de la antigua cúpula de las Farc.
Sí. Nosotros acompañamos la presentación de este auto que le permite a pueblos como los Bacá, Coreguaje y Siona conocer un poco más de la verdad. Ese reconocimiento para las personas que han sido víctimas implica un momento muy importante de su sanación a futuro, teniendo en cuenta que lo que propone el acuerdo de paz es que sea restaurativo.
En el informe que ustedes publican la mayor agresora de los pueblos indígenas en este momento es la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc, con más de 100 anotaciones. ¿Por qué?
Porque la mayoría de estos hechos manifestados por las comunidades son en el suroccidente colombiano, donde existen corredores totalmente dominados por este grupo y por otros diez grupos armados, situación que ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo. La población indígena está a merced de las armas.
¿El caso del llamado Clan del Golfo, cómo impacta a los indígenas?
El Urabá chocoano y antioqueño son las zonas que mayor reflejan los reportes de ese actor armado.
Pensando en la autonomía, la paz y la supervivencia de los pueblos indígenas de Colombia, ¿qué retos tienen en el corto plazo?
Seguir avanzando apoyados en lo que la legislación internacional ha decretado para los pueblos indígenas sobre su libre determinación y protección. Eso por mucho tiempo ha sido interpretado como separatismo, como unos indígenas que quieren hacer su propio Estado, pero lo que se busca es pensar nuestros países como plurinacionales, donde puede existir esa convivencia entre la diferencia, y esa convivencia permite que cada pueblo desarrolle sus formas propias de gobierno, de cuidar la naturaleza, de ejercer justicia, de gobernar su territorio.
¿Cuál es la importancia de la visión de género en la organización indígena colombiana?
En la ONIC mantenemos el enfoque de mujer, familia y generación, porque son las familias las que dan soporte a esas comunidades. Y esto no es algo novedoso, esto es prehispánico. El rol que ejercen las mujeres parte de que en muchos casos han visto partir los hombres a la guerra, donde fueron asesinados, y han tenido que tomar la vocería y los liderazgos. Muchos de los casos que denunciamos surgen de propuestas lideradas por mujeres que han tenido que defender sus comunidades e ir a buscar a sus hijos reclutados en misiones de recuperación o en estrategias de prevención de reclutamiento.
¿Por qué le gusta lucir en el pecho y en el pulso la bandera de la ONIC?
Para mí es un motivo de orgullo, porque el movimiento indígena permite que lo acompañemos desde un conocimiento técnico, que es la asesoría jurídica que se brinda las comunidades. También significa el agradecimiento porque mis manos puedan ser de utilidad para ese proceso.
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Sandra(32346)•15 de noviembre de 2026 – 20:00… aplicando la estrategia de romper la unidad interna para crear división y apropiarse de los recursos del territorio…