Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Capítulo 7: Refundando la patria: la parapolítica, Urrá y el impacto sobre los emberas
Cualquier duda sobre el nexo entre la violencia paramilitar, la evolución de la represa y la tragedia embera fue despejada años después por los propios victimarios. Las declaraciones y versiones libres de los exjefes paramilitares desmovilizados desde 2005, recogidas por investigadores de la Corte Suprema de Justicia y fiscales, dan cuenta de cómo la muerte de Kimi Pernía era, en realidad, apenas una señal de un proyecto político y militar que se tomó a Córdoba y buena parte del país en la primera década del siglo XXI. (El discurso de Kimy Pernía contra Urrá que le costó la vida).
Las fechas, los acontecimientos y los actores del asesinato del líder indígena (2001) parecen calcados de los que rodearon el llamado Pacto de Ralito, que selló la alianza entre los paramilitares en ascenso y la dirigencia política y económica de la región para tomarse el poder local y nacional. Las declaraciones de Carlos Castaño a Henry-Lévy tuvieron lugar en julio de 2001, el mismo mes en que Salvatore Mancuso ordenaba convocar una reunión con miembros de la clase dirigente de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena en la vereda de Santa Fe de Ralito, jurisdicción de Tierralta en Córdoba. El encargado de convocar la reunión fue nadie menos que el gobernador de Córdoba Jesús María López Gómez, de quien Mancuso diría más adelante: “Era un hombre muy afecto a mí, era como mi padre, un convencido de la lucha antisubversiva”.
El mismo que, tras la desaparición de Kimy Pernía el 2 de junio, detuvo en Tierralta la movilización embera en búsqueda de su líder. “Con mucho gusto, a partir del 18 de junio, cuando termine la Feria Ganadera, la marcha indígena tendrá todo el apoyo de mi gobierno y de las fuerzas del orden, pero en este momento es imposible,” advirtió López Gómez.
Más de 60 políticos y funcionarios de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena acudieron a la cita el 23 de julio. Los asistentes se encontraron cara a cara con los jefes paramilitares que ya ejercían control sobre sus jurisdicciones: Salvatore Mancuso, Diego Fernando Murillo, alias “Don Berna”’, Edward Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”, y Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”.
Según los informes de la Fiscalía General de la Nación, los políticos presentes ya eran colaboradores de los paramilitares o pretendían incorporarse al proyecto político de las autodefensas. Mancuso había preparado días antes un documento en el que se planteaba una alianza entre dirigentes políticos y jefes paramilitares para consolidar una plataforma electoral a escala nacional. El “Pacto” refrendaba el acuerdo existente acceso a cargos de elección popular a cambio de la expansión del dominio de las autodefensas en el territorio–, pero buscaba además que la organización ganara voz dentro del Congreso de la República ante un eventual proceso de negociación con el Gobierno nacional. El objetivo de los paramilitares era alcanzar un poder y un estatus políticos tales que les permitiera obtener condiciones favorables y evitar la extradición a los Estados Unidos por narcotráfico durante un eventual proceso de desmovilización acordado con el Gobierno.
El documento confidencial del Acuerdo de Ralito retrata la ambición del proyecto. Parafrasea en su apertura el preámbulo de la Constitución Política de Colombia de 1991, al invocar al pueblo, la protección de Dios y el fortalecimiento de la Nación, y confiere a sus suscriptores “la irrenunciable tarea de refundar [la] patria, de firmar un nuevo contrato social”. Por sugerencia de los presentes, el texto dispuso la conformación de comisiones de trabajo que presentarían sus resultados en una próxima reunión en el mes de octubre. El documento fue firmado por los participantes más reconocidos de la reunión, seleccionados en un listado que fue agregado a la versión final del documento por uno de los guardaespaldas de Mancuso: cuatro exjefes paramilitares, dos exgobernadores, cinco exalcaldes, seis excongresistas y siete líderes regionales.
Entre los firmantes estaban el mismo Jesús María López (exgobernador de Córdoba, hoy detenido y con proceso penal pendiente), Salvador Arana (exgobernador de Sucre, condenado a 40 años de cárcel), Alfonso Campo Escobar (exrepresentante por Magdalena, condenado a 6 años de prisión), William Montes (exsenador de Bolívar con proceso archivado), Juan Manuel López Cabrales (exsenador, condenado a 74 meses de prisión), Luis Carlos Ordosgoistia (exrepresentante a la Cámara por Córdoba, absuelto), Miguel de la Espriella (exrepresentante a la Cámara por Córdoba, condenado a 45 meses de prisión) y Eleonora Pineda (concejal de Tierralta y representante a la Cámara, condenada a 45 meses de prisión).
El Pacto de Ralito encarnó la traducción del poder militar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en un “enorme poder económico, no solo gracias al control de las rutas del narcotráfico, sino porque se convirtieron en coadministradores de los recursos públicos. Una vez consolidado ese poder militar y económico, las AUC iniciaron un proyecto político para infiltrar las instancias del poder público a niveles regionales y para el año 2001 y 2002, proyectándose a otras instituciones del nivel nacional”, según las conclusiones de la Fiscalía General de la Nación.
El acuerdo tuvo los resultados esperados por sus signatarios. Los “paras” aseguraban votos a cambio de porciones del presupuesto municipal y departamental. La clase política proveía recursos públicos para la financiación de las actividades de los grupos de autodefensa, mientras estos garantizaban su permanencia en el poder, coaccionando poblaciones enteras de electores o manipulando los resultados de los comicios.
En su declaración en Washington en noviembre de 2008, Mancuso confesó que desde el año 2000, las Autodefensas Unidas de Colombia decidían los candidatos a las diferentes corporaciones públicas en el departamento de Córdoba. Por ejemplo, en marzo de ese año, en una reunión en la vereda de Nueva Granada a la que líderes comunales y políticos del Alto Sinú asistieron, se impuso la elección anticipada de los siguientes tres alcaldes para el municipio de Tierralta.
Mancuso lideró una votación interna (después de vetar a algunos candidatos) que determinó el orden de los ganadores: primero, Sigilfredo Senior Sotomayor; segundo, Humberto Santos Negrete; y tercero, Aníbal Ortiz Naranjo, como de hecho sucedió. Estos resultados electorales llegaron a conocerse como el “Pacto de Granada”; algunos políticos niegan su existencia, otros aseguran haber sido presionados a participar en él.
La estrategia nacional también rindió frutos, como lo ilustra la trayectoria política de Eleonora Pineda. Nacida en el corregimiento de El Caramelo, Tierralta, pasó de ser una concejal de este municipio, elegida con 748 votos en 2001, a obtener el año siguiente una votación de alrededor de 80.000 en el departamento, como aspirante a la Cámara de Representantes para el periodo 2002-2006. Pineda cumplió su parte: intervino abiertamente a favor de los intereses “paras” en el trámite de la Ley de Justicia y Paz y apoyó el proyecto presentado por la representante Rocío Arias (también condenada) para evitar la extradición a Estados Unidos de personas que firmaran acuerdos de paz o se desmovilizaran.
Apenas dos años después del Pacto, en el mismo corregimiento de Tierralta, las Autodefensas Unidas de Colombia celebraron el “Acuerdo de Ralito” con el Gobierno nacional. Con su firma, el 15 de julio de 2003, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, dio por terminada la fase de exploración del proceso de paz para dar inicio a una etapa de negociación. Las AUC prometieron desmovilizar a la totalidad de sus miembros, en un proceso gradual que comenzaría antes de terminar el año y que debería culminar a más tardar el 31 de diciembre de 2005.
Por su parte, el Gobierno se comprometía a adelantar las acciones necesarias para reincorporarlos a la vida civil. El 10 de diciembre de 2004 se inició el proceso de desarmes colectivos de los grupos paramilitares con la desmovilización de uno de sus jefes máximos, Salvatore Mancuso. Las AUC iniciaron negociaciones formales de paz con el Gobierno en enero de 2004.
En febrero se puso en marcha la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA); y, el 31 de marzo, una Mesa de Diálogo unificada con la concurrencia de las AUC y su frente del Bloque Central Bolívar estuvo lista para la firma del Acuerdo de Fátima en mayo. El Acuerdo de Fátima permitió instalar desde el 15 de junio una zona de ubicación temporal para los paramilitares desmovilizados en Tierralta.
El 18 de enero de 2005, en la cancha de fútbol de Santa Fe de Ralito, 925 miembros de los bloques Sinú y San Jorge de las Autodefensas Unidas de Colombia entregaban sus armas. Se trataba de los bloques herederos de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que rodeaban como una tenaza los territorios emberas, desde el sur del departamento de Córdoba hasta los límites con el Urabá antioqueño.
Con las negociaciones, vinieron varias de las concesiones que las autodefensas tenían en mente cuando sellaron el pacto de la parapolítica en 2001. Por ejemplo, a través de la Ley 975 (de Justicia y Paz), se los homologaba con delincuentes políticos y, gracias a ese estatus, se les otorgaban laxas condiciones penales. Para que los “exparas” cumplieran las penas que impusieran los tribunales de Justicia y Paz, el Ministerio del Interior y de Justicia anunció la construcción de cárceles en unos casos y la adecuación de sitios de reclusión en otros.
En un gesto que demostró simbólicamente el nexo entre la suerte de las autodefensas y la historia de Urrá, algunos paramilitares exigieron que uno de los centros de reclusión fuera el campamento que había servido a los ingenieros durante la construcción de la represa de Urrá. La propuesta fue acogida y resultó en el alistamiento del centro de reclusión de Urrá, compuesto por una construcción que ocupaba 80 hectáreas y otras 600 para proyectos agrícolas.
Al final, el proceso de desmovilización no terminaría como lo habían previsto el Gobierno y los grupos de autodefensa. De un lado, muchas de las estructuras paramilitares no desaparecerían, sino que se convertirían en escuadrones neoparamilitares (las “bandas criminales” o bacrim) que continúan controlando la zona de Urrá y, junto con las FARC, asolando a los emberas. Del otro, los beneficios de la Ley de Justicia fueron condicionados por la Corte Constitucional en mayo de 2006, en un fallo de constitucionalidad que declaró inexequible el artículo que homologó al paramilitarismo con el delito político y ordenó reparar a las víctimas incluso con los bienes legales; y manifestó que los paramilitares perdían los beneficios de la Ley de Justicia y Paz si omitían algún delito en la primera confesión.
Finalmente, mientras la Corte Suprema adelantaba las investigaciones de los vínculos de políticos con paramilitares que han llevado a varios de los parapolíticos a la cárcel, los doce jefes de las autodefensas recluidos en cárceles del país que declaraban en los procesos judiciales fueron extraditados. Su sorpresiva salida del país hacia Estados Unidos en la madrugada del 13 de mayo de 2008 causó controversia. El Gobierno colombiano alegó que los jefes paramilitares seguían delinquiendo desde la cárcel, pero el tema de fondo era que en el exterior solo serían juzgados por narcotráfico.
Las cortes nacionales y representantes de las víctimas objetaron la obstrucción de los procesos de investigación de la parapolítica y previsibles dificultades para continuar con las diligencias internas de Justicia y Paz. El Embajador de Estados Unidos en Colombia prometió públicamente la cooperación judicial entre los dos países, pero un informe de la Fundación Ideas para la Paz constató que en ese país tan solo se han hecho 26 audiencias con estos jefes, mientras en Colombia se han realizado más de 7.400 versiones libres.
Más de la mitad de los jefes “paras” extraditados se retiraron del proceso judicial en el marco de la Ley de Justicia y Paz: de un total de catorce, solo seis continuaron su colaboración con la justicia. Uno de ellos fue Salvatore Mancuso, quien envió desde el exterior una carta a la Corte Suprema de Justicia afirmando su voluntad de seguir contando lo que pasó en Córdoba, como lo había comenzado a hacer al confesar la suerte de Kimy Pernía.
Los efectos del paramilitarismo no se limitaron a la política. La avanzada de las autodefensas y la disputa con la guerrilla por el control del territorio y las rutas del narcotráfico forzó el desarraigo de más de 30.000 habitantes de Tierralta y se plasmó en 22 masacres en Córdoba, así como en el asesinato de cientos de personas, entre ellas al menos nueve líderes indígenas opuestos a Urrá.
Junto con las secuelas sociales, fueron evidentes las consecuencias económicas. A la concentración extrema de la tierra que históricamente había marcado a Córdoba se sumó el despojo violento o la venta forzada de tierras a favor de los paramilitares y sus aliados. El valor creciente de las tierras tras el llenado de Urrá terminó siendo un aliciente adicional para la usurpación, como nos lo relató Juan Martínez, delegado de derechos colectivos de la Defensoría del Pueblo: “El impacto sobre la tenencia de la tierra ha sido muy grave, porque el hecho de que [la represa de] Urrá regule la cuenca y haya hecho que ya no tenga esas inundaciones que tenía antes, ha hecho que se [mire] hacia muchas tierras que antes no eran de interés, [y] se haya sacado a los campesinos y pescadores. Ellos han sido amenazados de una manera u otra, incluso con la compra de la tierra de una manera violenta. Siempre ha sido así, pero Urrá hizo que se incrementara eso que existía de usurpación de tierras. El proyecto Urrá hizo que de manera indirecta los campesinos y los pequeños propietarios perdieran el acceso a la tierra por interés de grandes terratenientes”.
De ahí el interés de las autodefensas en la continuación del proyecto hidroeléctrico y la persecución que desataron contra los indígenas y campesinos que se oponían a ella mediante marchas y acciones judiciales. De ahí también que sus contrapartes en la parapolítica, como el gobernador del departamento y varios congresistas de la Comisión Quinta Constitucional Permanente del Senado de la República (hoy investigados o condenados por vínculos con los grupos de autodefensa) hicieran lo propio desde las oficinas públicas y el recinto parlamentario. Diez años después, resulta nítido el entrelazamiento de los destinos de la represa, el pueblo embera, el proceso de consulta previa, la licencia ambiental, la violencia y la usurpación de tierras.
Pero los nexos no eran visibles en ese entonces para la mayoría de los actores del caso que nos ocupa, especialmente para los funcionarios estatales. Como lo reconoció la funcionaria del Ministerio de Medio Ambiente encargada del licenciamiento ambiental de la represa de Urrá, “infortunadamente, el Ministerio [de Medio Ambiente] era supremamente técnico, y el país estaba de espaldas a un proceso que no teníamos identificado: el paramilitarismo”. Y agregó: “¿En dónde era su núcleo? En el Nudo de Paramillo, exactamente en donde se construyó la represa. Uno, pasados los años, dice, aquí había un modelo que se estaba imponiendo, que nosotros no vimos. Eso no se tuvo en cuenta, la Defensoría [del Pueblo] tampoco lo tuvo en cuenta. Es una lástima, porque seguramente de haberse medianamente anticipado, temas como la indemnización, de pronto hubieran tenido un manejo distinto […]. Nosotros no tuvimos en cuenta que ese territorio estaba en disputa entre EPL, FARC y paramilitares, nunca. El contexto real no se tuvo en cuenta. De ahí, de esa zona, se iba a generar todo el crecimiento del paramilitarismo, y en efecto fue lo que sucedió“.
A falta de una visión de conjunto de lo que pasaba en Córdoba y en los territorios emberas, las entidades estatales se concentraron en los síntomas de la situación. La más activa fue la Defensoría del Pueblo, que, como vimos, era la encargada de monitorear el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y el pueblo indígena que pusieron fin a la marcha de 1999-2000.
El 19 de junio, apenas un par de semanas después de la desaparición de Kimy Pernía, el Defensor del Pueblo expidió la Resolución Defensorial No. 013 “sobre la violación de los derechos humanos de la comunidad indígena embera katío del Alto Sinú”. El documento hizo un recuento de las agresiones perpetradas por los grupos armados en los últimos dos años, para presentar los resultados de su monitoreo de la respuesta estatal ante los hechos.
Como garante del cumplimiento del acuerdo de 2000, la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría había organizado reuniones periódicas con las instituciones nacionales responsables de las acciones y políticas públicas que demandaban los compromisos asumidos en materia de derechos humanos.
La Defensoría concluyó que el Estado había incumplido los compromisos adquiridos en el acuerdo con los emberas y resaltó la ineficiencia de los ministerios encargados de su gestión. Documentó la falta de voluntad política institucional para emprender las acciones del caso y para agilizar trámites burocráticos. Y denunció la notoria falta de esfuerzo del Gobierno por adoptar los programas de protección de derechos humanos que protegieran a las comunidades indígenas frente al riesgo permanente al cual se encontraban expuestos y que preservaran sus territorios convertidos en corredores por los actores armados ilegales.
Una voz de alerta similar vino del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que desde Ginebra respondía a la queja elevada por el movimiento sindical colombiano por la violación de la consulta previa del Convenio 169. En el informe de la OIT quedó claro que, en semejantes circunstancias, la consulta con los emberas estuvo muy lejos de ser libre, previa e informada: “Hubo incidentes criminales tendientes a intimidar a los miembros de la comunidad embera-katío, incluyendo el asesinato el 24 de abril de 1999 de Lucindo Domicó Cabrera, uno de los líderes y portavoces de los embera-katíos en el proceso de consulta. El Comité tomó nota igualmente de que actos criminales semejantes han continuado produciéndose durante el año 2001, particularmente el secuestro y desaparición el 2 de junio de 2001 del líder tradicional Kimy Domicó Pernía”.
Ante el recrudecimiento de la violencia paramilitar y guerrillera y el incumplimiento de los acuerdos de 2000, los emberas decidieron movilizarse de nuevo en 2004. Nueve buses trasladaron a cuatrocientos miembros del pueblo, entre mujeres, hombres y niños, desde la capital del departamento de Córdoba hasta la capital del país.
Llegaron la noche del 23 de diciembre a Bogotá e intentaron instalarse en los jardines del Ministerio del Medio Ambiente, como lo habían hecho cinco años antes. Pero esta vez fueron desalojados. En la madrugada del 24 de diciembre debieron trasladarse a la casa donde funciona la ONIC, en el centro histórico de la ciudad.
Convertida en su dayi ebera druade duanaita (territorio de resistencia), la sede de la ONIC albergó a los manifestantes de los Cabildos Mayores del río Verde y río Sinú a lo largo de casi cuatro meses, en graves condiciones de hacinamiento. Los indígenas se instalaron en el piso de los corredores de la vieja casona, que se llenó de cuerdas atiborradas de bolsos y ropa en las paredes. Algunos pasaban el tiempo en los andenes de la fachada, que fue cercada por barras metálicas y miembros de la Fuerza Pública durante la ocupación. Otros recorrían las calles del barrio la Candelaria.
A pesar de las incomodidades, la mala alimentación y los problemas de salud, el grupo permaneció inamovible para exigir que el Estado colombiano modificara la licencia ambiental de Urrá I y se reconocieran los nuevos impactos ambientales y sociales que se habían tornado evidentes tras cuatro años de funcionamiento de la hidroeléctrica.
Para hacer visible su causa celebraron varias manifestaciones públicas a lo largo de la carrera séptima y en la zona del Parque de la 93, un exclusivo sector de Bogotá rodeado de restaurantes y oficinas. Muchos vecinos de la zona se sorprendieron al presenciar la marcha, en parte porque la mayoría nunca había visto a un compatriota indígena. “Otro que no la creía era Michael, un niño de 8 años, hijo de una señora que cuida carros en la zona […]”, reportó la prensa en enero de 2005: “¿Esos niños son de otro país? Es que hablan como inglés”, comentó el menor sin saber que se trataba del embera bedea, la lengua de los embera-katío.
Finalmente, el 8 de abril de 2005, los emberas y el Gobierno llegaron a un nuevo arreglo. El acuerdo estableció mecanismos para cumplir y hacer seguimiento a los compromisos pendientes desde el otorgamiento de la licencia ambiental de Urrá, en particular las obligaciones sobre la protección del territorio embera.
En las instalaciones del Ministerio del Interior y de Justicia se acordó que Urrá S.A. financiaría por dos años el Plan Integral de Vida de los Cabildos Mayores, y se negociaron compromisos en materia de educación y salud para la comunidad. Los acuerdos del 19 de abril de 2000 sobre derechos humanos fueron ratificados y se crearon mecanismos para darles cumplimiento.
Con respecto a la idea de construir un nuevo embalse (Urrá II), el Gobierno reiteró su palabra del año 2000 en el sentido de no promoverlo, autorizarlo o construirlo. Se acordó también la manera como se comenzaría a indemnizar a las comunidades agrupadas en los Cabildos Mayores del río Verde y río Sinú, según lo había ordenado la Corte Constitucional desde su sentencia de 1998.
El acuerdo estableció que Urrá S.A. giraría a una fiducia un anticipo de 6.800 millones de pesos para iniciar el pago de la indemnización a los Cabildos Mayores de los ríos Sinú y Verde. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2005, la empresa y los Cabildos Mayores acordaron que la distribución de la indemnización se haría retroactiva desde 1999 y consistiría en que cada miembro de la comunidad recibiría mensualmente 100.000 pesos, con un reajuste anual de acuerdo con el aumento del índice de precios del consumidor.
Para hacer efectivos los pagos, fueron precisos dos años más, durante los cuales la empresa y los cabildos concertaron el número de personas beneficiarias y la forma de certificar los nacimientos y sobrevivencia de estas. En 2007, casi diez años después del fallo de la Corte Constitucional que ordenaba la indemnización, los emberas comenzaron a recibirla. Sin embargo, los efectos divisivos del dinero recibido súbitamente y a título individual vendrían a sumarse a las dificultades relacionadas con la violencia persistente y el incumplimiento de los demás acuerdos con el Gobierno, incluyendo el de archivar la idea de Urrá II.
* Abogados, investigadores y defensores de derechos humanos. “Adiós río. La disputa por la tierra, el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá”. Bogotá: Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, 2012.