“[Estaban] mi tía Clemencia, los tipos esos los guerrilleros, yo, mi hija, mi cuñada y todos que empieza a decir: “mis hijas, mis hijas, mis hijas... no me dejen llevar, mis hijas, no me dejen llevar”. Este testimonio de una habitante del río Anchicayá, a pocos kilómetros de Buenaventura, podría tomarse como el símbolo de la deriva violenta que desde los noventa golpea al principal puerto de Colombia, azotado desde entonces por guerrillas, paramilitares y ahora bandas criminales que controlan la mayoría de barrios de la ciudad.
El testimonio corresponde a una mujer que presenció el secuestro masivo de Anchicayá, cuando la guerrilla de las FARC incursionó en la hidroeléctrica del mismo nombre y se llevó a cien personas, entre trabajadores y pobladores de los alrededores. Al igual que en el relato de la mujer, los bonaverenses llevan tres décadas arrastrados por una corriente imparable de violencia, que muta cada tanto de actores y circunstancias.
En un caso anexo al informe final de la Comisión de la Verdad titulado «Violencia urbana, reconfiguración paramilitar y expansión portuaria en Buenaventura» se exploran los hechos y dinámicas subyacentes que han perpetuado la violencia en el puerto aún a pesar de varios procesos de desmovilización de estructuras armadas de paramilitares y guerrilleros.
La Comisión empieza por señalar algo evidente: aunque por Buenaventura pasa buena parte de la riqueza del país en importaciones y exportaciones hacia la cuenca del Pacífico, poco o nada de esa riqueza se refleja en sus habitantes pues el índice de pobreza multidimensional cubre al 63,5% de los hogares en el casco urbano del municipio, pero es todavía más vergonzoso en la zona rural, donde el 91,6% de los hogares se encuentran en situación de pobreza.
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“Esa paradoja entre un puerto próspero que aporta riqueza a la Nación y una población hundida en la pobreza y la violencia es parte del contexto que explica la persistencia del conflicto armado”, explica la Comisión de la Verdad, agregando que hay dos factores imprescindibles para entender por qué no desaparece el conflicto: el primero tuvo que ver “los cambios en la estrategia política y militar de las insurgencias, sus formas de insertarse socialmente y el involucramiento de la sociedad civil en sus filas”, que implantó un modelo de guerra urbana y control territorial en los barrios del municipio, y lo segundo fueron “los desarmes incompletos, incumplimiento de acuerdos y otros factores asociados a la desmovilización de las AUC y al actual proceso de paz con las FARC”.
En otras palabras, fueron procesos de paz fallidos que no garantizaron las transformaciones estructurales para que cesaran las condiciones que dan origen a la violencia.
Víctimas del desarrollo
La Comisión advierte un hecho que ya es consenso entre los estudiosos de la historia de Buenaventura y tiene que ver con que el desarrollo portuario se ha hecho de espaldas a la comunidad. De esto se puede hablar al menos desde 1966, cuando la ampliación de una zona franca aledaña al puerto implicó la demolición de casas y el despojo de afrocolombianos en los barrios Balboa y Cristo Rey.
La privatización del puerto en 1993 bajo las políticas neoliberales de la presidencia de César Gaviria implicó una crisis social que coincide la llegada de las FARC apenas un par de años más tarde, buscando controlar las importantes rutas de cocaína que salían por el puerto y sus alrededores. No obstante, había antecedentes de violencia urbana en las calles de Buenaventura ya en la década del ochenta, con bandas dedicadas al contrabando y el narcotráfico en lo que se conocía como el “norteñismo”, es decir, la práctica de enviar alijos de cocaína y polizones en los buques.
También la limpieza social que dejó estampas como el célebre “Carlitos El Fusilero”, un asesino a sueldo que ejecutaba a ladrones y mendigos en los barrios, violencia que según la Comisión era auspiciada por comerciantes e inversionistas foráneos que llegaban al puerto y en la que participaron además agentes estatales: “En la memoria de la gente quedó grabada esta alianza oculta entre las Fuerzas Armadas del Estado y los comerciantes de la ciudad, como el inicio del período de violencia en la ciudad puerto”, asegura el documento.
Pero es realmente a finales de los años noventa cuando emerge la violencia del conflicto armado en toda su dimensión en la ciudad. El frente 30 de las FARC, que había llegado primero a la zona rural en los ríos Raposo y Mayorquín abriendo un corredor desde los farallones de Cali, empieza a “tener una presencia más agresiva en la vía Cali - Buenaventura y la ciudad puerto. Su accionar giraba alrededor del control de las carreteras Cabal Pombo y Simón Bolívar vías que conectan con Cali y el centro del país, con repertorios como los retenes, quemas y robos de camiones de carga y secuestros extorsivos”.
El 11 de noviembre de 1995 las FARC cometen la primera masacre de Zabaletas, cerca de la vía que conduce a Cali, contra cinco jóvenes a los que acusaban de robar turistas en la zona. Será la primera de una veintena de masacres ocurridas en las siguientes dos décadas, la mayoría de ellas atribuidas a las Autodefensas Unidas de Colombia.
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En 1998 llega una segunda estructura de las FARC al mando de J.J o Milton Sierra, su primer comandante, abatido por el Ejército en 2007. Se trataba del Frente Urbano Manuel Cepeda, que había sido expulsado de Cali por la persecución de las autoridades. Aunque primero se instalaron en la zona rural, coparon pronto los barrios de Buenaventura con una estrategia de reclutar jóvenes inexpertos o miembros de las bandas criminales.
“Un pelado salía de allá y te podía armar una bomba en una pitadora, se hicieron a poner pitadoras bombas o cogían el carro del gas y robaban las pipas y ponían pipas bomba, donde hubiera una pipa era un peligro. Entonces, fácilmente pudieron reclutar, entonces cuando llegó todo eso el proceso de arremetida contra ellos, ahí uno miraba las alianzas de los policías en conjunto disparándoles a los milicianos”, contó a la Comisión un líder afrocolombiano que fue testigo de aquel proceso.
También cooptaron a delincuentes o personas con problemas judiciales con quienes tercerizaron el accionar bélico. De acuerdo con la declaración de un antiguo miembro de las FARC se trataba de “hacer que esa gente que tenía problemas con paramilitares o con fuerza pública, darles dinero para eso y darles un dinero para que hicieran esas actividades, en un principio un dinero propio para que pagaran arriendo para los transportes para las actividades de subsistencia allá, pero ya después se planteó de darles un dinero extra por acción que redundase con resultados de muertos o heridos por parte de la fuerza pública”.
Llegan los paramilitares
El dominio de las FARC duró poco y el quiebre de la situación estuvo marcado, según la Comisión, por el deseo de empresarios del Valle del Cauca de frenar las extorsiones y bloqueos que la guerrilla imponía en la carretera al puerto, para lo cual financiaron la llegada del Bloque Calima de las Autodefensas a la región, con Éver Veloza, alias H.H., al mando.
“En el año 2000 hubo una reunión de Vicente Castaño (hermano de Carlos Castaño jefe máximo de las Autodefensas Unidas de Colombia) con algunos empresarios del puerto en la Cámara de Comercio de Buenaventura, la cual tuvo como propósito crear una estrategia para “acabar con la guerrilla″, estableció la Comisión, agregando que “los acuerdos con comerciantes y empresarios locales incluían desde el mantenimiento de la nómina del grupo hasta el pago de fuertes sumas de dinero, que permitieron el sostenimiento del pie de fuerza paramilitar en el municipio”.
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Entre los empresarios mencionados en el documento hay dueños de empresas pesqueras, comerciantes, transportadores y hoteleros como Julio Aristizábal, Julio Martínez, Gustavo Calle, Fernando González, Stewart Armitage y Jessica Armitage.
Las cifras de la escalada violenta entre paramilitares y guerrilleros por el control del puerto y sus zonas aledañas son una buena radiografía de la brutalidad que supuso la guerra. En sólo tres años comprendidos entre 2000 y 2003 se cometieron 19 masacres con 118 víctimas, ocurrió el desplazamiento de 36.165 personas (64% de la población desplazada en todo el Valle del Cauca y los tres municipios de la costa caucana juntos en el mismo período).
Se registraron además 3.210 personas asesinadas por los paramilitares entre 1998 y el 2003, y según la Comisión esos crímenes representan “el 59,4% de los homicidios cometidos en todo el departamento del Valle y los tres municipios de la costa caucana juntos”.
La estrategia de los paramilitares fue sencilla y contribuyó a profundizar el fenómeno mencionado en el que las guerrillas instrumentalizaron a bandas criminales y población civil para escalar la guerra en la ciudad. Los ‘paras’ aprovecharon el bajo nivel político de milicianos y miembros de las estructuras guerrilleras para cooptarlos hacia su bando. Un ex combatiente de las FARC contó a la Comisión que “los vínculos entre los mandos y los milicianos fueron frágiles y permitieron la deserción y el cambio de bando de sus integrantes, así como la falta de control en algunas acciones individuales de las milicias. Estos errores derivaron en la derrota militar del frente urbano como consecuencia del asesinato de su primer comandante J.J. en 2007 y la captura de su sucesor, conocido como Santiago en el año 2008″.
Una declaración del ex paramilitar Yesid Pacheco, El Cabo recogida en el documento da cuenta de ello: “Empecé a hacerles ofrecimientos, con estos muchachos conocedores, que le hicieran saber a guerrilleros y milicianos que quisieran estar con las Autodefensas, que se vinieran. Que trajeran su fusil y yo se los compraba, que se vinieran con sus lanchas que yo se las compraba, y así fue, y funcionó”.
Pero además los paramilitares reclutaron al menos a 180 miembros de las bandas criminales del puerto tan sólo en sus dos primeros años de operaciones. La confrontación entre ambas estructuras tuvo su punto culminante en 2005, cuando la escalada de violencia urbana incluyó innumerables atentados con granadas y petardos en las calles céntricas de Buenaventura, y hasta una “lancha bomba” que las FARC activaron en contra de la Sociedad Portuaria.
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Los mecanismos del terror
Buena parte de los repertorios violentos que han escandalizado al país en los últimos años en Buenaventura, como las célebres “casas de pique”, son una herencia de aquellos años, cuando las Autodefensas refinaron las técnicas de ejercer el terror contra la población civil para afianzar su dominio.
El documento señala que “las organizaciones de la ciudad han identificado cerca de 18 casas de Pique entre 2004 y 2021 y acuafosas que están conectados con los ríos y con la gran red de esteros, de los cuales los principales son el Aguacate y San Antonio. Además, estaría la modalidad de los cementerios clandestinos ubicados en zonas baldías de los barrios”.
El asunto tenía una motivación macabra, según una declaración del comandante del Bloque Calima Éver Veloza alias H.H. ante los tribunales de Justicia y Paz: “desaparecimos muchas personas porque cuando comenzamos a la gente se le daba muerte en las veredas, en el pueblo y que se quedaban ahí, pero la Fuerza Pública nos dijo que no dejáramos los muertos tirados en la carretera sino que los desapareciéramos porque eso les subía los índices de homicidios a ellos y eso los perjudicaba y entonces empezamos a desaparecer la gente”.
De acuerdo con la Comisión “el entrenamiento para la guerra se hacía con animales, matando, torturando o hiriendo a gatos y perros por lo cual se los conocía popularmente como “matagatos”. Se aprovechaba que los niños y jóvenes se drogaban y se los llevaba a ver películas violentas para entrenarlos en técnicas de asesinato. También, a manera de prueba de lealtad, entregando a familiares o amigos a las filas de los grupos o participando en actos de violación sexual. Esta peculiar pedagogía formó a toda una generación de niños y niñas en las lógicas de la violencia”.
Es la misma generación que retornó al puerto después de la controvertida desmovilización de las Autodefensas para incorporarse a las nuevas bandas criminales ligadas al narcotráfico que después de múltiples disputas, fraccionamientos y reagrupamientos desembocaron en las dos facciones criminales conocidas hoy como Shottas y Espartanos.
Según la Comisión de la Verdad 80 desmovilizados de las Autodefensas volvieron a Buenaventura, principalmente a los barrios Lleras, Viento Libre y Juan XXIII, algunos de ellos fueron asesinados y a los demás el Gobierno de la época les incumplió con verdaderas estrategias de resocialización, por esto terminaron integrandose a grupos neoparamilitares y mafiosos como Los Rastrojos y La Empresa.
En Buenaventura se ensaya ahora un nuevo intento de pacificar la ciudad tras décadas de violencias que no han hecho más que reciclarse y cambiar de rostro. Quizá la mejor conclusión de esta historia sea el reclamo que hizo una mujer en medio de una reunión de lideresas propiciada por la Comisión de la Verdad: “la guerra nosotros no la buscamos, la guerra nos llegó a nuestro territorio y todo el daño que ha causado en la familia, en la misma madre tierra, en todo esto ¿por qué?, por unos beneficios de los más grandes, y siempre aplastándonos a nosotros los más indefensos [...] solamente porque tenemos el territorio que para ellos si son aptos para vivir, para hacer edificios; para la comunidad no, a la comunidad la desarraigan de sus bienes, todo eso, entonces uno mira y uno dice ¡caramba! hasta cuándo?”.