Colombia + 20
Haciendo País

Operación Europa: así hostigó el DAS a defensores de DD.HH. en ese continente

Un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad revela una operación ilegal de espionaje y sabotaje de enorme envergadura en la que participaron el extinto Departamento Administrativo de Seguridad y algunas embajadas.

Camilo Alzate González
10 de noviembre de 2022 - 08:45 p. m.
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue disuelto durante el gobierno de Juan Manuel Santos. REUTERS/Carlo Julio Martinez
El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue disuelto durante el gobierno de Juan Manuel Santos. REUTERS/Carlo Julio Martinez
Foto: REUTERS - STRINGER/COLOMBIA

Un archivo de 94 carpetas A-Z con ganchos metálicos para reunir los documentos por folios es lo que queda como prueba física de uno de los mayores operativos ilegales de espionaje y sabotaje internacional orquestado por el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe.

La “Operación Europa” se ejecutó con otras operaciones de espionaje internacional por órdenes de los máximos directivos del DAS de entonces, quienes estaban supeditados de manera inmediata al presidente de la república. Jorge Noguera, director de esa entidad para la época, y José Miguel Narváez, subdirector, acabaron además condenados por sus vínculos probados con los grupos paramilitares. Por iniciativa de Narváez se creó un grupo de inteligencia especial llamado el G-3, que según múltiples testimonios funcionó durante esos años como un órgano relativamente autónomo dentro de la entidad.

En contexto: La versión del mayor (r) Ospina sobre el DAS

En paralelo con el famoso caso de las interceptaciones ilegales a políticos, periodistas y opositores, conocido como el escándalo de las “chuzadas”, existió una serie de crímenes menos conocidos que se cometieron principalmente en países europeos, también en algunos países latinoamericanos y dentro de Colombia. Estos hechos incluyeron acciones de sabotaje, amenazas directas, campañas de desprestigio y hasta presuntos atentados contra defensores de derechos humanos, de acuerdo con un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad que puso el foco sobre estos crímenes.

Testimonios de ex-agentes de la entidad ante la Corte Suprema y otras instancias que investigaron las irregularidades indicarían que la mayor parte de la evidencia fue destruida, aquello ocurrió justo antes de los allanamientos que permitieron incautar las 94 carpetas, de esta manera se perdieron documentos, discos duros, fotografías e informes reservados, que darían cuenta de las operaciones ilegales. La Comisión asegura que “se presume que aún existe mucha información sobre el funcionamiento del DAS, sus objetivos (blancos) y las estrategias utilizadas en su contra que aún se desconoce”.

No obstante, los investigadores de la Comisión de la Verdad pudieron entrevistar a víctimas y rastrear en miles de páginas de los expedientes judiciales, lo que permitió confirmar los hechos para recomponer el engranaje de “la infiltración de las comunicaciones privadas, [...] interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos, [...] violaciones a la intimidad, [...] estigmatizaciones, señalamientos y amenazas, entre otras violaciones defensores de Derechos Humanos, tales como hostigamientos, sabotajes, montajes judiciales”.

Vea: Con asesinatos y desapariciones se persiguió al movimiento estudiantil

Las persecuciones y hostigamientos

Los crímenes documentados por la Comisión son tenebrosos. A Soraya Gutiérrez, una de las cabezas más visibles del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, le hicieron llegar un paquete con una muñeca llena de sangre para amenazar a su hija menor de edad, que además había sido objeto de seguimientos durante el recorrido en la ruta escolar.

Al periodista sueco Dick Emanuelsson lo hostigaron en vuelos internacionales, incluso llegaron a borrar información de sus dispositivos electrónicos con aparatos magnéticos durante una falsa requisa, como consta en una de las carpetas incautadas por la Fiscalía.

A un antiguo empleado del Parlamento Europeo lo detuvieron arbitrariamente y funcionarios oficiales lo acusaron ante representantes extranjeros de ser miembro de las Farc. Otras denuncias incluyen correos electrónicos borrados e información desaparecida misteriosamente, publicaciones falsas de panfletos y comunicados espurios para incriminar a las organizaciones que eran blanco de la persecución, sabotaje en vuelos para que los activistas perdieran aviones y conexiones, y así no pudieran viajar a eventos o giras, y seguimientos e infiltración de espacios en donde participaban activistas exiliados. El anexo reseña una reunión de carácter privado del doctor Carlos Gaviria Díaz en Europa a la que llegó un hombre colombiano que no estaba invitado ni era conocido por ninguno de los asistentes.

Otros casos configuraron campañas de desprestigio cuyo propósito era relacionar a toda costa a los activistas de derechos humanos como miembros de las guerrillas, para lo que se fraguaron montajes judiciales y publicaciones en medios de comunicación como el periódico El Tiempo. La Comisión reseña el caso de una filtración de informes del DAS alterados, que terminaron alimentando noticias falsas o imprecisas para señalar a dichos activistas de presunta cercanía con la guerrilla. Tras estas publicaciones varios de los involucrados aparecieron en un comunicado de amenaza que hizo circular el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.

Lea: Las disculpas del ex-director del DAS por chuzadas

Entre los blancos estuvieron el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas, La Federación Internacional de Derechos Humanos, pero también organizaciones extranjeras como la Taula Catalana por la Paz, Diakonia, Oxfam, colectivos y activistas de Bélgica, Francia, Suecia y España, entre otros. Un objetivo fundamental de los operativos sería, según la Comisión, sabotear las actividades de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el país, en un momento en que esa entidad documentaba graves violaciones a los derechos humanos y la relación de los paramilitares con las altas esferas del Estado.

Los hechos además tendrían una relación con las giras del presidente Álvaro Uribe por Europa y las protestas de exiliados colombianos y organizaciones de Derechos Humanos en su contra. Según la Comisión de la Verdad, el propósito de los hostigamientos y sabotajes era impedir que estas organizaciones recibieran apoyo y financiación, ya que funcionaban en gran parte con recursos de cooperación internacional.

De acuerdo con la Comisión “las actividades, la amplitud de las personas consideradas “blancos” de las mismas y el nivel de registro y la relación con grupos paramilitares funcionó, según la propia Fiscalía, como una red criminal al interior del DAS”.

Estos son sólo algunos ejemplos de centenares de agresiones coordinadas e ilegales, muchas de ellas realizadas con la colaboración de otros funcionarios públicos como embajadores o agregados diplomáticos.

Álvaro García, antiguo embajador en Argentina es mencionado en el anexo, también Ernesto Yamhure, agregado a la embajada colombiana en Estocolmo, que es señalado en el documento de haber hostigado a manifestantes y activistas en ese país, a los que tomó fotografías durante una protesta. Yamhure era cercano al jefe paramilitar Carlos Castaño y fue investigado por ello, aunque dicho proceso terminó archivado.

Vea también: “Me hubiera gustado avanzar más con los militares”

Una relación que no es circunstancial, pues según la Comisión “hay que tener en cuenta que el DAS actuó de forma coordinada con grupos paramilitares, autores de graves violaciones de derechos humanos y cuya actuación criminal suponía la extensión de serias amenazas a la integridad personal y el trabajo que realizaban las personas y organizaciones”.

“El hecho de que un estado lleve a cabo un operativo de espionaje y difamación de tal envergadura y de forma tan extensa, supone un cuestionamiento del sentido y de la relación con Colombia”, concluye la Comisión de la Verdad: “es revelador de hasta dónde puede llegar el Estado colombiana para tratar de frenar el trabajo de derechos humanos al que ha considerado como enemigo”.

Lea el anexo completo aquí:

Camilo Alzate González

Por Camilo Alzate González

Licenciado en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira. Cubre temas relacionados con paz, derechos humanos y conflicto armado.@camilagrosocalzate@elespectador.com

Temas recomendados:

 

Sin comentarios aún. Suscribete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta política.
Aceptar