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17 Aug 2022 - 8:29 p. m.

“El periodismo también fue víctima del conflicto”: Comisión de la Verdad

El Informe Final revela la violencia contra los medios de comunicación y reporteros en el marco del conflicto armado, así como su rol dentro de la guerra.
Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador asesinado por órdenes del Cartel de Medellín.
Guillermo Cano Isaza, director de El Espectador asesinado por órdenes del Cartel de Medellín.

En octubre de 1938 Eudoro Galarza, director de la Voz de Manizales, denunció en su periódico que el teniente Jesús María Cortés maltrataba a su tropa. Cortés, ofendido por la publicación, fue hasta las oficinas del diario y mató de tres balazos a Galarza, que se convirtió en el primer periodista asesinado por ejercer su oficio en Colombia, de acuerdo con la Fundación para la Libertad del Prensa. Con este episodio empieza el documento “La verdad victimizada: El periodismo como víctima y su rol y responsabilidades en el marco del conflicto”, un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad escrito por Nubia Rojas, que registra ataques contra la prensa y los medios de comunicación en el marco del conflicto armado.

Pero no sólo hubo victimización. El documento también explica el papel que medios y reporteros jugaron en perpetuar lógicas del poder que justificaron o alentaron la violencia. “El periodismo colombiano ha tenido, desde la aparición de los primeros periódicos en la época de La Colonia, un estrecho vínculo con el poder político -fuera este oficialista u opositor; pero, sobre todo, oficialista- y así se convirtió él mismo en una forma de poder que sus dueños han sabido siempre capitalizar para favorecer sus intereses”, asegura el texto, que reseña prácticas como el mal uso del lenguaje y la revictimización en los cubrimientos.

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Desde el comienzo mismo de la violencia política tras el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán la prensa fue blanco de ataques. El informe recuerda como hubo agresiones contra los periódicos liberales ”el 6 de septiembre de 1952, cuando fueron incendiadas las instalaciones de los periódicos El Tiempo y El Espectador, la sede de la Dirección Nacional Liberal y las residencias de Alfonso López Pumarejo y Carlos Lleras Restrepo”. Según el documento “resultaba claro que [estos ataques] fueron apoyados por agentes secretos y miembros de la policía”.

Luego la prensa se plegó a la versión oficialista del Frente Nacional, que buscaba “ocultar” la violencia, de acuerdo con la autora, lo que se soporta en múltiples fuentes documentales y testimoniales. Se reseña un pacto entre directores de 38 grandes medios en 1962 que se comprometieron a no informar hechos relacionados con bandolerismo y violencia, con el pretexto de que darle visibilidad a estos hechos los estimulaba.

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Este documento destaca la importancia de la Unidad Investigativa de El Tiempo, surgida en los años setenta, “que contribuyó a abrir, en su momento, la puerta a la aparición de secciones similares en otros periódicos e inspiró la creación de nuevos medios cuyo trabajo entraba en franca contradicción con la prensa tradicional defensora de los intereses del gobierno y del Estado”.

Aquella fue una ruptura con la versión oficialista que se había impuesto años antes. Es también el momento en que aparecen nuevos medios como la revista Alternativa, que impulsaron agendas y miradas diferentes sobre el país, una revista que “pagó caro su posicionamiento político y el haberse convertido en el único medio de comunicación que denunciaba las violaciones a los derechos humanos, y fue blanco de varios ataques de todo tipo”, de acuerdo con el texto.

La prensa fue víctima del conflicto

Este anexo enumera también casos famosos de ataques por parte de los actores del conflicto hacia periodistas y medios que se opusieron a sus intereses. El caso más famoso y conocido fue el de Guillermo Cano, director de El Espectador, por su postura frontal contra el narcotráfico, emblemático “por ilustrar la impunidad ocasionada por decisiones judiciales que debilitan la investigación, la sanción a los responsables y la reparación a las víctimas por parte del Estado”, según el informe.

Pero este no fue el único caso: el documento reseña los asesinatos del director del Diario de Occidente Raúl Echavarría y del periodista de televisión Jorge Enrique Pulido, ocurridos también en el marco de las presiones de los narcotraficantes a la prensa.

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Pero además existió el lado contrario: medios y reporteros que fueron cómplices en “la propagación de un discurso favorable al paramilitarismo” durante los años noventa, cuando el país caía en los peores momentos de la guerra sucia y la degradación del conflicto. Una narrativa que era “consecuencia de que los medios no entendieron las dimensiones y las implicaciones del proyecto paramilitar”, según el documento.

Como ejemplo concreto cita a William Enrique Salleg, fundador de El Meridiano de Córdoba, quien según el documento fue señalado por un Tribunal de Justicia y Paz de tener vínculos con los grupos paramilitares.

Lea el anexo completo del Informe Final aquí.

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